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A LA OPINIÓN PÚBLICA
La democracia en
Puebla ha sido nuevamente mancillada por el gobierno estatal y municipal, como
sucedió en el avilacamachismo, el diazordacismo, con Nava Castillo y Bautista
O’Farril. De nueva cuenta, las consignas anticomunistas y anti oposicionistas
resuenan en las filas de la intolerancia y el autoritarismo de los gobernantes
que satanizan a los dirigentes populares. Como siempre, pretextando el
cumplimiento de la Ley, pretenden callar la voz y hasta la presencia de sus
opositores encarcelando a los dirigentes. Reaparecen los presos políticos y de
conciencia.
En el estado de Puebla las juntas auxiliares ejercen “la
autoridad local”, y tienen el carácter
de representantes populares ante el ayuntamiento que pertenecen. Los presidentes
municipales interviene directamente influyendo en favor de los candidatos que
les son afines.
En todo el estado de Puebla se manifestó el descontento
en los municipios de Chíetla, Chinconcuautla, Huaquechula, Huatlatlauca, Lara
Grajales, Pahuatlán, Tecali, Tlatalauquitepec, Tehuacán, Tulcingo del Valle. A
la fecha se mantienen los conflictos en los municipios de Santa Clara Ocoyucan,
San Pedro Cholula y Puebla.
En el municipio de Santa Clara Ocoyucan las juntas
auxiliares de San Bernardino Chalchihuacan, Santa Martha Hidalgo y Santa María
Malacatepec sostienen un plantón, las presidencias municipales cerradas y
demandan nuevas elecciones porque fueron suspendidos los procesos electorales,
en una confrontación de cerca de 15 años con Antorcha Campesina. En el
municipio de Cholula, la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, en demanda de
la anulación de las elecciones, se ha declarado como “gobierno popular”. En
todos estos casos, las autoridades impuestas, con apoyo de los presidentes
municipales y del gobierno del estado, despachan en casas particulares.
La protesta ha sido provocada por la actitud de cerrazón
de las autoridades municipales, por el uso permanente del fraude electoral, la
violación de la convocatoria y los convenios, como métodos para sostener el
control político y económico del municipio.
En el municipio de Puebla, el 24 de abril se suspendieron
las elecciones en San Baltasar Campeche y en San Sebastián de Aparicio, debido
a que sus habitantes quemaron la paquetería electoral. La gran mayoría de las
impugnaciones son en contra de miembros del Partido Revolucionario
Institucional. Los habitantes de la ya legendaria San Miguel Canoa, fueron
dispersados con balas de goma en el centro de la ciudad de Puebla.
La protesta más fuerte ocurrió en el antiguo municipio
indígena náhuatl de San Francisco Totimehuacán, que en 1962 fue agregado con
una parte de su territorio como Junta Auxiliar del municipio de Puebla. El 21
de junio se presentaron las autoridades municipales para darle posesión al
presidente y desalojar a los ciudadanos
-que se habían instalado en plantón desde el 24 de abril-, acompañados
de 200 granaderos y 20 perros amaestrados, generando por cuarta ocasión un
enfrentamiento con los habitantes “donde los golpes y lluvia de piedras por más
de 20 minutos crearon un escenario de alta tensión”. Los policías golpearon y
arrastraron a la gente y detuvieron a 10 personas entre los que se encontraban
los dirigentes y escolares que pasaban por el lugar, acusados de motín,
resistencia de particulares, lesiones dolosas, daño en propiedad ajena, ataques
a las autoridades, ataque a las vías generales de comunicación. Estos denuncian
que fueron golpeados por la policía en el trayecto hacia las oficinas de la
Procuraduría de Justicia del Estado.
El gobierno del estado ha declarado que su mediación ha
terminado dando carta abierta a la represión y a la violencia, acotando que no es viable la repetición de
las elecciones puesto que “el grupo
minoritario no goza de legalidad ni legitimidad”.
Los movimientos postelectorales, se han convertido en
verdaderas luchas por la democracia, la limpieza electoral, contra el
autoritarismo y por la liberación de los presos políticos. Hasta ahora solo se
ha intentado imponer unos resultados por ellos calificados. La respuesta del
gobierno municipal que encabeza Enrique Doger Guerrero, ha sido “abrir juicio a
los responsables de interrumpir violentamente el proceso, por delitos
electorales”, acusando previamente a sus contrincantes y lejos de negociar y
reconocer el descontento de la población, insisten en que “las denuncias no
será retiradas para que no queden impunes los delitos que cometieron diversos
manipuladores”. En una clara violación a la Constitución General y con una
actitud fascista, señalan que “grupos minoritarios alteran el orden” y que no
tolerará más el cierre de calles o la toma de presidencias municipales”, que
“es un grupo político quien está detrás de los manifestantes ... llama a
“retirarse de la población”, ya que son “externas” a ella y “tienen como objetivo
dañar al gobierno de la ciudad”, como mencionó el propio presidente municipal
Enrique Doger Guerrero.
Se recurre
al viejo método policiaco de amenazar a los que supuestamente “manipulan por
puros intereses políticos”. Si “insisten -dice el secretario de gobernación
municipal- acuérdense que existen averiguaciones previas abiertas y un proceso
judicial, que pueden ser citados a declarar y si se les encuentra responsables
de estar gestando otro acto violento pueden ser procesados” y agrega: “pero siguen
vigentes las denuncias en contra de los agitadores como el perredista Luis
ortega Morales. ... quien se apostó en el lugar con el supuesto objetivo de
enarbolar causas sociales, sin embargo solo quiso incorporar adeptos hacia
López Obrador”, ‘para terminar diciendo que “las denuncias ya fueron
interpuestas ante la autoridad correspondiente para que no queden impunes los
delitos que cometieron diversos manipuladores”, como lo informaron los medios
de comunicación el pasado 22 de junio.
Por todo lo anterior los abajo firmantes demandamos:
1.
Respeto al derecho constitucional
de tránsito, de opinión y manifestación en el Estado de Puebla.
2.
La inmediata liberación
incondicional de Angel Luna Rosas, Luis Alberto Carmona, Eduardo Luna
Rosas, José Luis Rosas González, Miguel Luna González, Luis Alberto Luna
González, Marino Atenco, Juventino Rosas Rosas, Armando Bernal de Lázaro y Juan
Flores Serrano.
3.
El retiro de la policía
4.
El cese de la persecución y las
amenazas en contra de los dirigentes
5.
La adopción de medidas y reformas
legales para que los presidentes municipales saquen las manos de los procesos
electorales, se utilicen padrones confiables como los del IFE y estos sean
regulados por órganos ciudadanos imparciales.
6.
Apertura de un diálogo abierto
sobre el federalismo y municipalismo, las Juntas auxiliares y los mecanismos de
elección de autoridades.
7.
Cese de la campaña fascistoide de
descalificación y amenazas de aplicación de “supuestos expedientes judiciales
abiertos” que se han desatado en contra
del Lic. Luis Ortega Morales, asesor de los dirigentes, promovida
personalmente por el secretario de gobernación
del Municipio de Puebla, Omar Álvarez Arronte.
