■ La mayoría no han presentado iniciativas ni sus miembros se ha reunido a sesionar
Las 11 nuevas comisiones ordinarias y las 27 especiales creadas en septiembre por la Cámara de Diputados para dar un cargo a legisladores no funcionan, a pesar de que las primeras representarán un costo de 145 millones de pesos, y las segundas 134 millones durante los tres años de la 62 Legislatura.
Esas instancias legislativas, que se constituyeron para hacer presidentes de comisiones a diputados que no lograron ese puesto en el primer reparto, prácticamente no tienen iniciativas, y de las pocas que han recibido, sólo hay un dictamen votado por el pleno –en diciembre– para que microempresas de mujeres reciban créditos.
El reparto discrecional de comisiones se reflejó en que el pleno avaló entregar las especiales de Análisis de la Agroindustria Azucarera y de Lucha contra la Trata de Personas a los hermanos Tomás y Leticia López Landero, respectivamente –que militan en el PRI y el PAN–, aun cuando no son especialistas en esos temas.
La ausencia de materia en las comisiones ordinarias y especiales implica que ni aun quienes las presiden han presentado iniciativas de su especialidad.
El gasto en cada comisión ordinaria es de 4.4 millones de pesos al año, que incluye automóvil, chofer, secretario técnico, asesores, teléfono celular y vales de despensa para el presidente, mientras que el cálculo del subsidio a las especiales es de 1.7 millones, porque sólo se les autoriza un secretario técnico, un menor saldo de telefonía móvil y de vales de despensa.
Durante los primeros seis meses de la Legislatura, y a un mes de que termine el segundo periodo ordinario de sesiones, las siguientes nuevas comisiones no han recibido iniciativas y, por tanto, no se han reunido a sesionar: Agua Potable y Saneamiento, que preside Kamel Athie Flores (PRI), ex coordinador de asesores del gobernador de Chihuahua, César Duarte; Asuntos de la Frontera Norte, que encabeza Jaime Bonilla (PT); Asuntos Frontera Sur-Sureste, que está a cargo de Eduardo Ramírez Aguilar (PVEM); Cambio Climático, presidida por Antonio Sampayo (PAN); Ganadería, que dirige Salvador Barajas del Toro (PRI), e Infraestructura, en manos de Alberto Curi Naime, ex secretario de Educación del estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la ex gobernadora de Zacatecas Amalia García Medina, que pretendía coordinar la Comisión de Vigilancia, ha recibido una iniciativa para impedir la violación de derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración y garantizar el tránsito seguro de indocumentados, presentada el 6 de febrero.
En contraste, la Comisión de Competitividad, que preside Adolfo Orive (PT), dictaminó –y el pleno la votó en diciembre– una iniciativa del PAN para financiar microempresas de mujeres, la única que se le ha turnado para su análisis.
Aunque dos comisiones de nueva creación sí han recibido iniciativas, de plano no trabajan. Es el caso de la del Deporte, que se entregó al ex medallista olímpico Felipe El Tibio Muñoz (PRI), donde están pendientes tres propuestas para acotar la discriminación en el deporte y garantizar la seguridad en recintos deportivos. También la de Recursos Hidráulicos, que preside Gerardo Goudiño (PRD), donde están congeladas cuatro iniciativas.
Asimismo, la Comisión de Protección Civil tiene pendientes dos iniciativas recibidas, una de éstas de su propio presidente, Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano), para reducir de cinco a tres días el plazo para declaratoria de desastres naturales.
La misma inactividad se refleja en las comisiones especiales, que por su estatus no pueden recibir iniciativas ni presentar dictámenes, sino sólo opiniones. Aun así, su récord de trabajo es cero y el nivel de participación de diputados se reduce.
En este caso están las tres comisiones especiales para las cuencas Lerma, de Burgos y Cutzamala; para Impulsar la Agroindustria de la Palma de Coco y Productos Derivados; la de Agenda Digital, que preside Juan Pablo Adame (PAN), hijo del ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame.
También la de Desarrollo Sustentable, de la que es presidente el nieto de Elba Esther Gordillo Morales, René Fujiwara Montelongo; la de Industria Automotriz, que preside el empresario alcoholero y de metanol Salvador Romero Valencia (PRI).
Diputados del PVEM que forman parte de la llamada telebancada fueron beneficiarios del reparto, como Ana Lilia Garza, ex subdirectora jurídica de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión y con vínculos con Tv Azteca, y no ha presentado una sola iniciativa en medio año. En el sistema de información parlamentaria sólo aparece como adherente o suscriptora de iniciativas de otros diputados.
La comisión especial para dar seguimiento a la corrupción con permisos en casinos durante el sexenio de Felipe Calderón no se ha integrado.
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