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POLITICA EDUCATIVA EN MÉXICO
Luis Ortega Morales
Cada año encontramos en los diarios nacionales y poblanos una especie de catarsis en la que se describe una terrible situación con los jóvenes que intentan ingresar a las universidades y los cuales son rechazados. Se describen frustraciones que rayan en el morbo, la burla y hasta en el escarnio, culpando a los jóvenes por su mala preparación. Los más común es la superficialidad con la que se aborda el tema, colocando la responsabilidad del fracaso en el individualismo y se califica a los que lograron ingresar como la futura generación del éxito, el liderazgo y de los cuales lo menos que podemos esperar son “sembradores de empresas”. La “Visión de la Universidad” es aquella que forma a verdaderos políticos y empresarios exitosos. Como lo pregonan los rectores de las universidades privadas y los tres últimos rectores de la “Benemérita” Universidad Autónoma de Puebla, quienes han ingresado con sus familias al grupo de los nuevos ricos poblanos, junto con la mayoría de los funcionarios del gobierno y de los ayuntamientos.
Estos han creado una mentalidad de emprendedores a los estudiantes aceptados en la UAP y sobre todo a aquellos que son becados, como privilegiados que están por encima de aquellos que han sido rechazados y que por supuesto son “unos fracasados”. Las universidades de éxito son sólo para los estudiantes de éxito o para aquellos que pueden pagar las altas matrículas que se cobran en las universidades particulares. Estos son capaces de competir, por los niveles de reconocimiento por medio de la certificación que desarrolla la SEP con las universidades que tradicionalmente han formado a los hijos de los empresarios como lo son el ITESM, la UDLA y por lo tanto, tienen asegurado el empleo en las empresas, al mismo nivel que los hijos y sobrinos de los dueños de estas universidades. Estos nuevos ricos, no solo se identifican por su exitoso pasado empresarial sino que además coinciden con enviar a sus hijos a estudiar a estas dos instituciones así como a los posgrados al extranjero.
Pues bien, la visión universitaria del liberalismo es que la educación es también una mercancía, que lejos ha quedado el concepto de que la educación es un servicio que está obligado a prestar el estado y que debe darse a las grandes masas. La Universidad es de pocos y para pocos, para los exitosos y los que pueden competir y pagar la educación. Son los demandantes de esa mercancía que también tiene su precio. Es decir, finalmente el concepto pro empresarial y de derecha, que forma estudiantes pro empresariales y dispuestos a competir en el mercado se impuso. La derecha y los empresarios de la educación dominan al mercado y la mente de los jóvenes mexicanos.
Sin embargo, la contrapartida a esta realidad es que esta política, en consecuencia ha contribuido directamente a la creación de una masa de jóvenes generacionalmente frustrados que hemos denominado “ninis”
El rector de la UNAM José Narro afirmó “que en el país son más de 7 millones los jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) y no 285 mil como lo aseguraron la semana pasada las secretarías de Gobernación y de Educación Pública en un comunicado conjunto” y agregó que “es preocupante la realidad de jovencitas de entre 15 y 19 años que ya tienen uno o dos hijos. “Cerca de medio millón de jóvenes están en esa condición y, para que no quede duda, esa cifra la dice el Plan Nacional de Salud”. En 2005, casi 7 mil 200 mujeres de entre 10 y 14 años parieron”. Por su parte la SEP en Puebla señaló que “El titular de la dependencia, Darío Carmona García, añadió que el siguiente paso es echar a andar el "Parque Temático" para prevenir al estudiantado de todos estos peligros, ya que se vuelven presa fácil con el ofrecimiento de dinero”. “La directora de Atención y Educación a este sector de la población en el gobierno municipal, Érika Alatorre Abundis, informó que de un millón 346 mil habitantes que hay en el municipio de Puebla, aproximadamente 460 mil son jóvenes y que de éstos, 5 por ciento han consumido algún tipo de droga. Sostuvo que la cifra supera en mucho al cinco por ciento reportado por autoridades, ya que él mismo ha efectuado estudios y ha encontrado que “en un salón de clases de entre 50 y 55 niños, 30 por ciento ha consumido una droga, desde las comunes hasta las más adictivas como la cocaína y heroína”.
Por su parte en la UAP se anuncia “Desde este sábado, 20 mil 590 jóvenes pueden considerarse estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, quienes fueron aceptados tras el examen de admisión hace unas semanas. Otros 22 mil 58 fueron rechazados”. “En el camino se quedaron 6 de cada 10 aspirantes a la BUAP”
En estos días se han publicado muchos datos sobre la educación superior, y en especial que la UAP rechazó a cerca de 20 mil aspirantes, pues de los 29 473 jóvenes que solicitaron su ingreso, solo 10 783, es decir el 36.5% obtuvo un espacio. Estos jóvenes pasaron a la calidad de los “ni ni” y se orquesta una de las mayores burlas a los padres de familia, para que los dueños de las universidades privadas hagan su agosto. Ofrecen 1 200 becas por un semestre, del 20 y del 50 % del costo de la matrícula (Milenio Puebla 170810, p. 17) para que estos jóvenes paguen matrículas altísimas. Estas universidades en su mayoría no cumplen los mínimos requisitos de calidad y a decir de la prensa poblana, el 95% de las 234 universidades no están certificadas. Lo más absurdo es que promuevan estas becas los funcionarios universitarios y se entreguen a través de la Casa de la Juventud Poblana del gobierno del estado.
El tema de fondo consiste en que los universitarios no tenemos ninguna posición crítica a la política educativa del gobierno federal, ni a la posición de aceptación del gobierno del estado, a pesar de que esté permanentemente criticando a los gobiernos panistas. En el fondo, ellos iniciaron la propuesta de política educativa neoliberal y, seguramente, el próximo gobierno de Rafael Moreno Valle, continuará con esta política pues está más cercano a quienes la han elaborado. Lo más lamentable es el entusiasmo con que los universitarios poblanos aplican esta política, la difunden y reproducen en diplomados y en la exposición de motivos de programas de estudio. Los universitarios nos henos vuelto cómplices de este “juvenicidio” que hoy está a la orden del día.
Los candidatos se olvidaron de los jóvenes
Este tema no fue discutido en la campaña electoral por los candidatos y estos solo ofrecieron más becas y computadoras a los mejores promedios. Todo un engaño. El problema de fondo, que es el de solucionar la educación gratuita a estos jóvenes, no fue motivo de reflexión.
El ridículo mayor lo hizo Javier López Zavala al ofrecer una nueva ciudad universitaria. Exactamente abordó el problema al revés. Un edificio cuya construcción requiere la aprobación del Consejo universitario de la UAP y los recursos económicos que deben ser aprobados por el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado y la UAP.
Pero ¿acaso era suficiente ofrecer una nueva ciudad universitaria, sin anunciar el incremento de la matrícula? Nunca se comprometieron a eso, ya que implica contratación de personal, principalmente docente, con prestaciones laborales incluidas, laboratorios y centros de investigación.
El incremento de presupuesto a la UAP
Lo primero era, entonces garantizar un incremento de subsidio a la UAP para garantizar un ingreso económico constante que le permitiera sostener el gasto del incremento de la matrícula y, posteriormente, pensar en las instalaciones lo cual solo es viable con un compromiso con el gobierno federal, lo cual es imposible. Si no es así, entonces, ese ofrecimiento es pura palabrería de campaña, es decir, en términos claros, pura demagogia.
Claro, el gobierno federal, no tiene ninguna disposición en incrementar el gasto para la educación superior pública, porque su punto de vista es incrementar la educación superior privada. En esto no solo hablamos de los dos últimos regímenes, sino que incluye a los anteriores, desde Miguel de la Madrid. El neoliberalismo impuso a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del TLC, una política de disminución de los subsidios a la educación superior en el mundo y la liberalización de los precios en las matrículas y los salarios de los profesionistas, suprimiendo las barreras al trabajo profesional calificado. Introdujo la certificación de las instituciones y carreras de licenciatura y posgrado y puso a competir como iguales a las instituciones públicas con las privadas. Es decir, introdujo a las instituciones públicas al mercado y a la competencia por la calidad y la eficiencia en la educación y por ende a los académicos y funcionarios universitarios, quienes son valorados y pagados en función del rendimiento académico. La educación cambió de contenido y cambió de un servicio público a una mercancía y su usufructo en una empresa privada y no en una obligación del Estado.
De ahí el discurso, engañoso y a la vez ingenuo, del rector de la UAP de que los jóvenes poblanos prefieren ingresar a la UAP por su eficiencia y calidad de la enseñanza. Está claro para todos que la UAP es la institución con recursos públicos federales y estatales cuantiosos como para garantizar una formación de calidad y además para sostener un cuerpo de investigadores de primera línea que compiten con holgura a nivel nacional e internacional y que está por encima de cualquiera de las universidades privadas del estado de Puebla. La UAP no tiene necesidad de confrontarse con alguna de las universidades estatales, pues ninguna de ellas se encuentra a la altura de su presupuesto, planta de investigadores y la fuerza de la construcción por décadas de su prestigio académico. El asunto principal es que los jóvenes aspirantes conocen la calidad de la enseñanza universitaria, pero además, por ser una universidad pública, los costos de la enseñanza son casi gratuitos y que en nada se comparan con las colegiaturas mensuales de hasta 2 500 pesos mensuales más inscripción semestral y otros gastos que cobran las instituciones particulares, que llegan hasta los 100 mil pesos mensuales en algunos casos y que de ningún modo están al alcance de los jóvenes las clases populares .
La política educativa
El tema de fondo, entonces se refiere a la política educativa del gobierno federal y estatal y la aceptación de esta política por parte de las autoridades universitarias y del conjunto de las organizaciones, los sindicatos y agrupaciones de profesores y estudiantes. Cada año, al mismo tiempo que los diputados aprueban el Presupuesto de egresos de la Federación, se aprueba la política educativa hacia la educación superior y gobernadores, funcionarios de disponen a aplicarla íntegramente. Los diputados locales y presidentes municipales hacen lo mismo.
El fondo de esta política es desalentar la universidad pública, reduciendo su matrícula y sus recursos económicos y alentar la educación privada, otorgándole ayudas en programas de investigación, formación de profesores y estímulos a la eficiencia y calidad académica, además de incluir a sus profesores en programas de becas y del Sistema Nacional de Investigadores.
Lo que mínimamente requerimos –y es precisamente lo que demandan los rectores de la UAP y de la UNAM, es que los candidatos, gobernadores y diputados electos, se comprometan a incrementar sustancialmente los subsidios a las universidades públicas y garantizar su sostenimiento para incrementar la matrícula y aceptar a la mayoría de los jóvenes aspirantes. De no ser así, continuará la crisis social que afecta a los millones de jóvenes entre los 15 y 23 años que no tienen opción de estudio ni de trabajo.
Los candidatos apoyan la política educativa neoliberal
Regresando al tema electoral, ninguno de los candidatos en Puebla abordó el tema de la educación superior, porque en el fondo, están de acuerdo con el desaliento a la educación pública y en la promoción de la educación privada. De la misma forma, los rectores y funcionarios de las universidades y de los gobiernos, no inciden en este punto, porque sostienen un conflicto de intereses, pues son a su vez dirigente de las universidades públicas y dueños de universidades privadas. Es más, ellos mismos, siendo rectores de la UAP, gobernadores o presidentes municipales, envían a sus hijos a estudiar a las universidades privadas, demostrando con ello que no confían en la calidad de la enseñanza que ellos mismos dirigen.
En fin, hoy tenemos un cuadro de 20 mil jóvenes rechazados por la UAP a los cuales no les damos opciones de estudio ni de trabajo, una reducida movilización de estos para exigir la ampliación de la matrícula y por la modificación de la política educativa del gobierno federal, estatal, municipal y de las autoridades universitarias.
LA POLÍTICA EDUCATIVA EN MÉXICO
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Un estudio de la política educativa en México nos lleva, como lo han apuntado diversos autores, a la implementación de una de las demandas más sentidas por la población. “Educar” se convirtió en una demanda, pero también en una oferta política, es decir como una tarea del estado. El Estado estaba obligado a ofrecer a la población una educación que resolviera su integración como tal, es decir, como estado, como nación, como poder, como economía, como sociedad y como cultura.
La construcción de la nación mexicana tiene su origen en la Reforma y se desarrolla o implementa plenamente en la revolución de 1910-1917, en sus dos vertientes, como continuidad de esta política liberal, o como una ruptura y construcción de una política social. Sin embargo, no es sino hasta en el cardenismo donde se plasma plenamente esta visión y se construye la Nación, como hasta ahora la conocemos.
Una tarea de este tipo implicaba construir un Estado, con un poder ejecutivo fuerte y con capacidad de implementar las políticas definidas previamente. En ese entonces los militares tenían la palabra, pero con la característica de que también eran revolucionarios. Un gobierno que tuviera el control de toda la nación, sin posibilidades de sublevaciones que pusieran en peligro la estabilidad del estado.
Significaba un estado que fuera producto de la unidad nacional entre diversas fuerzas, lod obreros, que habían jugado unpapel importante en la revolución, los campesinos que poseían las fuerzas demandantes anti latifundista y la masa revolucionaria, y el ejército que contaba cojn la disciplina y el poder miliar para combatir.
Los enemigos estaban claros desde la guerra de reforma y la guerra cristera: los conservadores, l a iglesia, los latifundistas y los ricos.
Sin embargo, esta visión que poseían los revolucionarios no era sufiainete, lo rpofunfo de nuestra realidad se encontraba en la servidumbre como base de la elación de trabajo, en el caciquismo como base en la relación de contratación de mano de obra y de control económico y político, en el corporativismo y su hermano el clientelismo como fundamento político para la elección de gobernantes, quienes adherían a pueblos enteros a favor de tal o cual cacique o candidato, resultado del control que ejercían los caciques, indígenas o mestizos en la contratación de mano de obra, en la gestión de inversiones estatales y de favores de los gobiernos, en la compra del apoyo a cambio de la ayuda económica, como instrumento para paliar la pobreza.
Fue en el cardenismo en qu ese construó un eswtado fuerte, con una base social suficiente para garantizar la legitimidad del gobierno y con un poder eco nómico estatal suficjnete comp para conducir la economía por rumbos propios de desarrollo. Lograr estenivel deindependencia implicaba una visión nacvionalista, intyegrafdora que incorporara a las grandes masa de la poblaci´pomjn euq qtodavía proveníamn de los combatientes revolucionaios. Las milicias revolucionarias, enrtilTIFUNDISTAS, pero principlmene revgoluconarias, eran el resguarso preciso de un estado fiuerte y cvapaz de controlar cualquier ricón delk paóis. Uno de loas prinxipLWAS instrumentos d este objetido fieron los maestros, quiene cosnruyeron esta NACIÓN desde el ámbito ideológico y social.
Eldebate no es si el precursor de esta política de educación nacoanl fue tal o cual, sin p comn der fue condstruyendo hasta darle cuerpo coheren te n un política d eetado.
LA POLITICA EDUCATIVA EN MEXICO: REALIDAD SIN ALTERNATIVA
LUIS ORTEGA MORALES
La ponencia que aquí presentamos trata de exponer los que han sido de política que tuvo un largo período de gestación desde 1970 en que se iniciaron los trabajos para la elaboración del Plan de Educación Superior.
Esta política fué introducida como propuesta directa del gobierno opuesta a la que impulsaron las universidades democráticas luego del movimiento estudiantil popular nacional de 1968.
El proyecto de universidad democrática, crítica y popular se expresó en varias universidades mexicanas después del movimiento del 68, fué enfrentado por el gobierno con una política nacional de control centralizado de las instituciones de la educación superior (IES). La SEP, la ANIUES y los rectores de la mayoría de las INES presentaron en 1978, en la Asamblea Nacional de la ANIUES, celebrada en Puebla, en el Plan Nacional de Educación Superior (INES).
La experiencia de los universitarios durante el movimiento de 1968, fue de participación colectiva y aurogestionaria. Los universitarios se apropiaron de las universidaddes y posteriormente del proveso educativo. El tránsito de un cuestionamiento al dsiedtema de enseñanza llegó hasta el autogobierno. Los críticos de este proveso lo llamaron asambleísmo y el Dr. Soberón en 1976 combatía a fondo este proyecto. “esta no puede entenderse -.decía- como un derecho de ejercicio colectivo, pues significaría supeditar la libertad a decisiones de asamblea.
La tradición de lucha popular del movimiento estudiantil poblano y las propias condiciones nacionales del movimiento de 1968, obligaba a salir a la calle y buscar el apoyo popular a las demandas propiamente universitarias para combatir y enfrentar los ataques de la reacción poblana, que no dejaban de manifestarse. Este movimiento -bajo la determinante influencia nacional- hacía vivir a los estudiantes una nueva experiencia en la lucha popular, cuestionando en su profundidad la ideología de la Revolución Mexicana y el sistema capitalista en su conjunto. La desconfianza en el gobierno y el partido oficial, la destrucción de modelos y fetiches, el abandono de formas y esquemas, se tradujo en un despertar democrático del estudiantado poblano, que no encontró resistencia de grupos organizados de derecha capaz de enfrentar este embate de lucha democrática. La defensa de la autonomía universitaria y el divorcio de los gobiernos priistas ante su responsabilidad, se convirtieron en principios de lucha.
El modelo priísta de universidad entró en crisis a partir de 1961, y se profundizó, alejándose totalmente de él, en una profunda crítica al sistema y en particular al gobierno, en 1964. En este período se gesta un nuevo proyecto democratizador con vínculos directos con organizaciones y el movimiento popular. Al mismo tiempo crecían y presentaban al movimiento un modelo distinto de universidad, con transformaciones más profundas que las contempladas en la Ley Orgánica. El grupo oficial, heterogéneo y con profundas divisiones, resultado de las contradicciones en el seno del aparato gubernamental y de las modificaciones sufridas en el bloque en el poder, no podía tampoco presentar una alternativa de conjunto, sobre todo después del movimiento de 1964. Los grupos mazones trataron de apoderarse de la UAP a través del rector Garubay, pero se enfrentaron a otros intereses dentro del mismo estado, posteriormente lo intentaron a través de los santillanistas y después del grupo de “La saleroza”. Las más conservadores habían mantenido hasta entonces sus posiciones de poder universitario sosteniendo una dinámica académica y administrativa de sobrevivencia, alrededor de la Junta Administrativa.
La profunda crisis del gobierno universitario obligaba a los grupos gubernamentales y de derecha a tratar de mantener el poder en la UAP. El 15 de enero. la Junta Administrativa se entrevista con el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República y el 25 de enero da principio el proceso de auscultación para la designación de un nuevo Rector o para mantener una junta Administrativa. Los reacomodos continuaban y 1º de Abril de 1968 el Consejo universitario, acordó la renuncia del Lic. Manuel López Gallo como director de la Escuela de economía de la U.A.P., designando a Francisco Adame Díaz. El 9 de Abril de 1968 el Congreso del Estado expidió la “Ley para el reconocimiento de validez oficial a las Escuelas e Institutos Particulares de tipo Universitario”, en donde se sujeta a las instituciones incorporadas a la Ley Orgánica de la U.A.P.. y sus estatutos. A otros institutos se les sujeta solo a la aprobación de la Dirección general de Educación Pública. El 24 de Mayo, en respuesta al llamado de la U.A.P.., para integrar el patrimonio universitario, todos los sectores de ciudadanos poblanos acordaron la formar el Patronato Universitario. Con la asistencia de alumnos, el Directorio Estudiantil, autoridades universitarias, personalidades, funcionarios y prominentes hombres de la iniciativa, se acordó la formación de una comisión para tal efecto. Expusieron los motivos Amado Carrillo por la junta administrativa, Manuel Espinoza Iglesias de la fundación Jenkins, Francisco Ortegón de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), Gonzalo Bautista, Juan Torres Vivanco, Horacio Hidalgo, Carlos Fabre del Rivero, Fernando Arruti, Alfredo Toxqui y otros. El 5 de Julio, después de un proceso de auscultación el Consejo Universitario acordó adoptar el sistema de gobierno colegiado en lugar del rectorado, prolongando la existencia de la junta administrativa. Para tal efecto se nombró una comisión de consejeros que elabore en proyecto de Ley Orgánica. El 1º de Octubre, la junta administrativa de la U.A.P., rechaza el proyecto de iniciativa para el patronato por querer convertir a la U.A.P.. en institución privada y anunciar el envío de otro proyecto y el 4 de Octubre, el congreso del estado aprueba en sesión extraordinaria las reformas a la Ley Orgánica de la U.A.P.. del 22 de Febrero de 1963. En estas se suprime el cargo de rector de la U.A.P. y en su lugar se crea una junta de gobierno. La XLIII Legislatura reformó los artículos del 6 al 19 y el 21. Ante la posibilidad de que el Congreso del Estado aprobase el proyecto del patronato de cientos de estudiantes realizaron un mitin en el Zócalo. 15 de Mayo. “En caso de que se originen paros, huelgas que se suspenda toda actividad, escolar el fondo económico que se destiene para la U.A.P., será enviada a la clase campesina” señaló el gobernador Rafael Moreno Valle ante los miembros del Consejo Universitario.
El movimiento de 1968 vino a alejar los riesgos de que la izquierda y los grupos democráticos fueran destruidos o absorbidos por el gobierno, como lo intentaron en muchas ocasiones; por el contrario, las fuerzas más representativas de éstas, los comunistas, se fortalecieron debido principalmente a su presencia en la base estudiantil y al acercamiento con los grupos populares. Esto explica en parte el recrudecimiento del enfrentamiento directo contra estos, hacia el interior de la Universidad, por medio de los grupos de choque.
El movimiento del ‘68 representaba algo más que la aglutinación de la masa estudiantil en torno a la solidaridad a los estudiantes de la UNAM; es un periodo de formación de nuevos dirigentes estudiantiles universitarios, en donde los jóvenes activistas encuentran continuidad y explicación, en el marco de la lucha nacional, a las posiciones de reforma universitaria y de transformación de la UAP y justificaba con mucho las posiciones críticas de la CNED y la JCM, conociendo a sus verdaderos dirigentes y a su vez, identificando a los representantes del gobierno en el seno de la universidad.
El movimiento poblano no fue ajeno a las contradicciones que se desenvolvían en el plano del movimiento nacional; a él llegaron las influencias de la distintas posiciones de la izquierda que surgieron al calor de este movimeinto. De este modo, en Puebla surgieron también las posiciones izquierdistas radicales, las cuales no pudieron aflorar precisamente por las perspectivas de un proceso universitario de reforma y por la presencia de dirigentes estudiantiles que pudieron convertirse en cabeza visible de la huelga universitaria, es estrictamente hablando un proceso de continuidad al movimeitno democratizador que ya existía en la UAP. desarrolladas en movimientos con una liga concreta y directa de la universidad con los intereses populares. La CNED y la JCM se radicalizaron sobre todo a partir de la utilización de los métodos de lucha de la derecha, que obligaba a una respuesta directa y a veces al enfrentamiento, y en el espacio amplio de discusión que significaban las asambleas de los comités de lucha. El movimiento estudiantil de 1968 permitió construir una capa de dirigentes que le dieran continuidad a la construcción de una universidad democrática, de servicio al pueblo que se iniciaba en 1961.
El año de 1968 dio como resultado la constitución de núcleos de activistas aglutinados en los comités de lucha de las distintas escuelas. Algunas sociedades de alumnos lograron sobrevivir, y fueron contados los casos que se incorporaban como tales a las asambleas de los comités de lucha, otras, pasaron al enfrentamiento y la disputa de la representación con los activistas en una permanente lucha por la hegemonía.
En una gran parte de estas escuelas, los comités de lucha tomaron la dirección; los dirigentes de la JCM en Puebla, junto con los núcleos de activistas y los comités de lucha pasaron a constituir la dirección general del movimiento a través de Asambleas Generales de Comités de Lucha. El movimiento había pasado a una nueva fase.
Después de reprimido el movimiento estudiantil con la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y del encarcelamiento del sector más importante de la dirección estudiantil y de las fuerzas de izquierda, se dispersó el movimiento. El CNH terminaba sus funciones. Sin embargo, los estudiantes aglutinados en los comités de huelga, no tenían otra instancia de representación y organización de aquella que le había despertado la conciencia. Los comités de lucha debían ser mantenidos para las acciones necesarias y para la atención de los problemas educativos. Con un movimiento, difícilmente podía anularse el ímpetu y la actividad potencial de los estudiantes. La continua denuncia de las represiones y asesinatos, las exigencias de liberación de los presos, el recuerdo de los universitarios muertos, la sostenida lucha contra el sistema despótico y represivo, tenían que desembocar en una actividad organizada; la única alternativa era la que se presentaba a la mano. Por ello se tornaba imprescindible transformar los comités de huelga en comités de acción permanentes de lucha, que incorporara a los estudiantes más conscientes para continuar el movimiento iniciado el 26 de julio. Los comités de lucha aglutinaron así principalmente a los activistas y, en un proceso inmediato, la base estudiantil eligió a sus representantes por medio de las asambleas generales.
Estos eran totalmente horizontales, con discusiones largas, pero con acuerdos que se implementaban en las escuelas. A su vez en estas se llevaban asambleas cuyos acuerdos eran llevados a la asamblea general. Los comités de lucha se enfrentaron a los grupos pro gubernamentales, se solidarizaban con las luchas populares y combatían a la derecha poblana con la propaganda nacional y local que producían. La multiplicidad de grupos y posiciones que se expresaban, daban lugar hasta la infiltración policiaca.
"Los comités de lucha obreros y populares -decía la Coordinadora de Comités de Lucha- formados por el curso del movimiento, son organizaciones de avanzada del pueblo que permitían que las futuras luchas obreras y populares sigan una ruta de acción independiente del Estado "
"En Puebla -se señalaba en una declaración de los Comités de Lucha- todo esto se comprueba. La represión desatada violentamente los días 27 y 28 de octubre así lo indica. Ante esta situación, nuestra tarea más importante (es la) ORGANIZACION en comités populares para una larga lucha complicada que nos lleve HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. "
Sin embargo, esta situación de radicalización -señalaba la JCM- al mismo tiempo que expresaba una concepción distinta del movimiento estudiantil, mostraba su debilidad teórica, política y orgánica.
Los activistas se aferraron a lo que en el pasado sirvió, y esto les impidió impulsar nuevas formas de organización. "
Aunque el movimiento de 1968 superó la lucha estrictamente universitaria y se volcó a la crítica más general del sistema; en su propio seno se gestaron transformaciones importantes que tuvieron que ser profundizadas con el repliegue hacia el interior, basándose primeramente en una posición que propugnaba el impulso a la creación de un ambiente democrático en los centros de estudio, desembocado finalmente en la actitud de generar una total transformación de éstos. En el fondo, los distintos criterios giraban en torno a "conquistar''' una completa libertad de acción política y acceso y uso de locales por los estudiantes, poner en alto a la represión escolar, a las represalias y denuncias que ciertas autoridades académicas ejercen contra los dirigentes (y) abrir nuestras casas de estudio a los trabajadores, hacerlas democráticas y luchar por acabar con la educación selectiva y clasista. "
En los momentos de mayor movilización, los estudiantes de Arquitectura de la UNAM planteaban "superar la inoperancia de los consejos técnicos y otros sistemas, y que las 'brigadas' difundan la cultura superior al pueblo y que traigan a los centros de educación superior los requerimientos de esta realidad externa constantemente. . . "
Para llegar a esta, proponían el establecimiento de un organismo autogestionario de transformación, durante la "vigencia del cual no regirían los ordenamientos de tipo estructural", con miras a "sentar las bases para la institucionalización de la autogestión, en el cual queden establecidas la Nueva Ley Orgánica y el Estatuto. Todas estas medidas junto con el establecimiento del gobierno paritario, permitirán sentar las bases para la institucionalización de la autogestión".
El movimiento del ‘68 sentaba así las bases para la transformación estructural de la educación. Se desarrollaba de este modo, por un lado, una lucha por la autogestión y el autogobierno, lo cual pasaba por conformar estructuras democráticas, por rechazar los viejos métodos de enseñanza y por ligar los fines educativos con las transformaciones democráticas de la sociedad. Por otro lado, fuertes núcleos de estudiantes exigían su derecho a la educación y formaban las preparatorias populares.
El movimiento estudiantil repercutía en el interior de la Universidad. El regreso a clases significó un triunfo importante para las posiciones de los estudiantes, que exigían a los profesores cursos suficientes para terminar sus programas, en lugar de "marchas forzadas", y proponían la ampliación del calendario escolar. Al mismo tiempo, se reaglutinaban para combatir a los grupos porriles que intentaban desvirtuar el movimiento.
Estos fenómenos aislados también se dieron en Puebla. Se reflejó por ejemplo en el llamado del CNH, sección Puebla, a los profesores universitarios, en el que se reconocía el hecho de que, si bien en un principio éstos habían estado ausentes del movimiento, ahora mostraba un gran interés en los problemas universitarios. "Ahora estamos conscientes de que nuestros anhelos no deben estar ocultos a nuestros maestros, más aún, cuando en éstos días nuestra universidad atraviesa una fuerte crisis económica que afecta su funcionamiento y pone en peligro su existencia.
En el mismo sentido, en el llamado a los empleados universitarios, se señalaba que: "Nuestra Universidad Autónoma de Puebla atraviesa una grave crisis económica debido a que el gobierno no ha cumplido su obligación de cubrir el presupuesto, este hecho repercute de manera grave en las familias de los compañeros y compañeras al servicio de esta Casa de Estudios. El hecho de que el gobierno no administre de manera capaz el dinero del pueblo a grado tal que no pueda cumplir las obligaciones de la enseñanza superior, origina la peor crisis que pueda sufrir nuestra universidad, ya que amenaza su existencia y su funcionamiento. Este problema, pues, debe interesar a todo universitario, sea catedrático, empleado o alumno.
"Por estas razones, el Consejo Nacional de Huelga, sección Puebla, que posee la representación estudiantil en la actual lucha por las libertades democráticas, ha considerado como su obligación elevar la voz del estudiantado exigiendo al Gobierno que cubra el subsidio y la deuda que tiene con nuestra Universidad. "
Por decreto presidencial publicado el 28 de marzo, se separa la enseñanza prevocacional y vocacional del IPN. Ante tal hecho se suceden diferentes manifestaciones de repudio, y se reinicia la actividad de los estudiantes politécnicos.
"La respuesta de los estudiantes politécnicos no se ha hecho esperar; el viernes 11 de abril, a iniciativa del Comité Coordinador del IPN, se realizó un paro de labores que tuvo éxito en un buen número de escuelas politécnicas, como un primer paso para detener las agresiones burocráticas del gobierno. "
En estas mismas fechas, la Secretaría de Educación Pública acuerda suprimir el sistema de enseñanza normal rural, desapareciendo los 29 internados existentes. En su lugar, se acuerda separar el ciclo secundario, implantando el sistema de enseñanza media técnico-agropecuaria y el aumento de un año más al ciclo profesional normalista. En respuesta, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) convoca a la huelga general en contra de tal medida. El Estado responde con medidas represivas: suspende las raciones alimenticias y las becas, expulsa a 400 dirigentes y desmembra la organización estudiantil, reprime diversas manifestaciones de lucha y encarcela a varios dirigentes.
El 10 de diciembre, cerca de cien presos políticos se lanzan a la huelga de hambre en demanda de su libertad inmediata e incondicional, recibiendo apoyo nacional e internacional.
Durante este periodo los comités de lucha desarrollan como tarea principal la denuncia de las actividades represivas del régimen y la difusión de las luchas de los obreros, campesinos y grupos populares. También despliegan una fuerte actividad de repudio general al sistema, básicamente concentrado en el llamado a repudiar el proceso electoral que se avecina con la consigna de la abstención activa, es decir, la no asistencia a las urnas o el voto con el símbolo "AA. "
Desmembradas las federaciones estudiantiles y la FNET desprestigiada por sus posiciones, los comités de lucha se transformaron en el único elemento organizador del movimiento estudiantil. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que basaba su membresía en las federaciones, poco a poco también fue rebasada A pesar de que la Central dirigió luchas de resistencia como la de las normales rurales, gracias a su predominio en la dirección de la FECSM y a la defensa de las vocacionales, no pudo llegar a constituirse en la alternativa. La represión académica, al mismo tiempo, obligaba a los estudiantes a concentrarse en una lucha interna para enfrentar la antidemocracia prevaleciente en los centros de estudio.
La falta de confianza en una salida democrática y las actitudes represivas de régimen, generaron la conformación de grupos que buscaban la continuidad de la actividad revolucionaria de los estudiantes que los llevaban a concebir a los comités de lucha como organizaciones políticas capaces de arrastrar tras de sí a la masa estudiantil por la transformación socialista de México. Muchos de los dirigentes buscaron distintas salidas, hasta la creación de organizaciones revolucionarias de combate directo. Muchos de éstos comités de lucha fueron puntos de cooptación de una fuerte masa de estudiantes para engrosar las filas de las organizaciones guerrilleras surgidas como resultado de las condiciones existentes en el país y la falta de perspectivas para la lucha democrática.
LAS ENSEÑANZAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968
Como lo señalamos arriba, el proceso de transformación democrática de la UAP se inicia desde 1961 y logra consolidarse hasta 1980. En este período, el movimiento de 1968 juega su papel como parte de este proceso, pero, por su fuerza y profundidad nacional, lo alimenta de un contenido de transformación democrática. Los estudiantes de la UNAM transitaron a la autogestión, los universitarios poblanos continuaron su rumbo del movimiento estudiantil popular y llevaron la universidad al pueblo. Ambos fenómenos en una posición crítica, independiente y autónoma del gobierno.
El movimiento universitario poblano continuó en su lucha democratizadora por la conquista del poder universitario en la rectoría y en el Consejo Universitario y ante la crisis del Directorio Estudiantil Poblano de la cual ya no pudo recuperarse, los comités de lucha asumieron la representación estudiantil en las escuelas, lucharon desde ahí por sus demandas, exigían la solución a una mejor calidad académica y la transformación de los contenidos en los planes y programas de estudio y el mejoramiento de sus condiciones de estudio vía el incremento del subsidio a la universidad pública. Pero a partir de 1968, la demanda de democratización de las instituciones se hizo más clara. La recuperación de los estudiantes y maestros de su derecho a decidir el rumbo de la universidad significaba apoderarse de su casa de estudios y formar parte de ella, con firmeza, plenamente, arrebatándola de la burocracia y los intereses político-gubernamentales y sus representantes que la dirigían. La universidad había sido secuestrada por una camarilla que se había apoderado del Consejo Universitario, del presupuesto, de los consejos técnicos, de las direcciones de escuelas y de la representación estudiantil. Recuperarla significaba el gobierno estudiantil y magisterial al margen de la burocracia.
En consecuencia la autogestión significaba la decisión colectiva sobre la definición y solución del rumbo académico y de gobierno universitario, el establecimiento de los órganos deliberativos paritarios entre estudiantes y profesores, poner a la asamblea general como el máximo órgano de gobierno. La autogestión significaba democracia directa y participativa, militante y permanente, resolviendo los distintos problemas en una relación de unidad e igualdad, donde la autoridad o la administración universitaria es parte misma de la asamblea y emanada de ella.
El gobierno federal inicia reformas educativas para descabezar el movimiento estudiantil, separa las escuelas vocacionales del IPN y desaparece las normales rurales. En Puebla, durante 1969 a 1972 continuaron los enfrentamientos entre los grupos.
Uno de los actos más significativos de los comités de lucha fue que a partir de que el 5 de Noviembre de la comisión coordinadora de la Preparatoria “Benito Juárez”, declara su incapacidad de dar cupo a los 2 mil alumnos que solicitan su ingreso, por lo cual prevían más de mil rechazados. El 19 de Noviembre de 1969, los alumnos rechazados fueron convocados por los comités de lucha a formar una preparatoria popular en la U.A.P., la cual, después de un fuerte movimiento desarrollado por estudiantes, profesores y padres de familia y se nombró una Comisión Coordinadora que dirigía a la Prerparatoria Popular “Emilianio Zapata”, como fue denominada por los propios preparatorianos, la cual mantenía un estrecho contacto con los estudiantes, profesores y padres de familia para su organización. fue reconocida en febrero, pero sin presupuesto. Esta inició sus labores el 1 de enero del siguiente año en el edificio Carolino.
La experiencia desarrollada por esta preparatoria en cuanto a su estructura de gobierno y desarrollo académico fue ejemplar. Los profesores, a pesar de que no contaban con ningún sueldo se esmeraron en cumplir puntualmente con sus labores, el nivel académico fue garantizado con una planta de profesores experimentada y otra parte compuesta por pasantes de los últimos años de la carrera profesional. Aunque se nombró a sus consejeros universitarios alumno y profesor, no contó con director hasta un año después, cuando fue incorporada plenamente a la vida universitaria. Las actividades académicas y políticas fueron definidas en asamblea general y en órganos colegiados a través de asambleas de jefes de grupos estudiantiles, sesiones de academias de maestros. Los estudiantes discutían el desarrollo de sus actividades escolares permanentemente. La visión autogestiva que predominaba en el gobierno de esta preparatoria, se combinaba con una permanente información y participación política, una visión crítica en la enseñanza, con eventos académicos y científicos permanentes y una participación en las demandas de solidaridad que diversos grupos populares solicitaban. La dinámica del movimiento universitario obligaba a una participación política ante la amenaza permanente de desconocer a la preparatoria. Por otro lado, las agresiones y posiciones de los grupos universitarios que se aglutinaron en el Bloque de Ciudad Universitaria quienes se cobijaron en el gobierno del estado, eran lo suficientemente agresivas y obviamente intolerantes que fueron evidenciando su postura de derecha, fácilmente identificados con las enarboladas en 1961 por el Frente Universitario Anticomunista (FUA)
Todo el año de 1971 fue de enfrentamientos y movilizaciones de los comités de lucha con los grupos gubernamentales, pero también de consolidación de la Preparatoria Popular y de la dirección política del movimiento. El 8 de Febrero los Comités de Lucha exigen al Lic. Amado Carrillo firmar su renuncia y se da a conocer un documento “Por una educación comprometida con la liberación”, El 9 de Febrero son tomadas las instalaciones universitarias y el edificio Carolino de la U.A.P. por los comités de lucha y hacen público un manifiesto planteando la necesidad de dar un nuevo impulso a la Reforma Universitaria Democrática.
Se inicia el movimiento que se prolonga por varias semanas terminando después de largas sesiones del Consejo Universitario en el Palacio de Gobierno. En estas se acuerda entre los grupos de “Reforma Universitaria” y “Bloque de Ciudad Universitaria” la ratificación de la Preparatoria Popular que había sido desconocida; el traslado de los estudiantes de la Preparatoria Popular que se habían inscrito en la Preparatoria Diurna, desconocimiento del nuevo rector una vez renovado el consejo universitario, el levantamiento de las expulsiones contra Luis Ortega Morales, Marco Antonio Sánchez Sosa y Alberto Moreno, dirigentes estudiantiles integrantes de la Comisión Coordinadora que dirigía a la Prerparatoria Popular “Emilianio Zapata”, la entrega del edificio Carolino y de los rehenes secuestrados por ambos bandos.
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Los comités de lucha por su parte, desarrollaron en las escuelas formas de participación política y académica, las reuniones de profesores y de academias por materias para la discusión de la reforma a los planes y programas de estudio, impulsadas por la Comisión para la Reforma Universitaria, fue desarrollándose paralelamente con la instalación de consejos de gobierno paritario, que sustituían a los consejos técnicos, que cada una de las escuelas fueron construyendo de acuerdo con las resoluciones de la asambleas generales. Al mismo tiempo se sustituyeron a los directores por coordinadores generales, sujetos a las decisiones de los consejos y de las asambleas generales.
La estructura de gobierno horizontal y de participación activa de los universitarios, permitieron impulsar las transformaciones académicas acordadas por el Consejo universitario. La garantía de que este proceso se desarrollara consistió en la elección de estos órganos de gobierno en votación universal directa y secreta por sectoresn, para la integración de los consejos de gobierno que tenían una composición paritaria y la elección del coordinador en votación universal directa y secreta de estudiantes, profesores y trabajadores. En estas contiendas, pesaba la decisión de los estudiantes. Esta estructura de gobierno, democrática, participativa y directa permitía que sobre todo los estudiantes decidieran el rumbo universitario.
Este fue un proceso de recuperación de los estudiantes y profesores del rumbo de la universidad, que antes de 1961 se encontraba en manos del Consejo de Honor y hasta 1970 de la Junta administrativa, vinculada al gobierno y a los intereses empresariales, ahora significaba que quienes decidían estaban involucrados en los problemas universitarios y tenían como único interés el mejoramiento académico y científico de la universidad, como institución que les pertenecía, como lo pretendió el movimiento estudiantil de 1968.
El que los universitarios, principalmente estudiantes y profesores, decidan el rumbo de su propia enseñanza, significaba participación académica y política, es decir universitaria, involucrarse en la problemática social regional y procurar con un sentido crítico las políticas públicas. Transformar la Universidad de una institución burocratizada donde una élite vinculada a la administración universitaria decidía con el apoyo o bajo los lineamientos del gobierno en turno, en una institución democrática y participativa . El siguiente paso de los consejos de gobierno paritarios y la elección de los coordinadores de escuela por votación universal, implicaba un procedimiento similar para la elección del rector, propuesta que se aprobó por el Consejo Universitario y que dio como resultado el triunfo de un rectorado que iniciara un proceso de regresión de la Reforma Universitaria Democratica. Esta regresión se plasmó en la reforma a la Ley Orgánica de la UAP que suprimió el voto universal, directo y secreto, le quitó a los estudiantes la capacidad de decidir y ponderó sus votos con los de los académicos. Sin embargo, entregó a los directores y por tanto a la burocracia universitaria la capacidad de decidir con el 30% de los votos, el destino y rumbo de la vida académica, administrativa y de las relaciones universitarias y por tanto la elección del rector. Los universitarios, principalmente estudiantes y profesores fueron separados de su institución al negárseles la capacidad de decidir su propia formación profesional y humana.
Paralelamente a este proceso el estado mexicano definía el Plan Nacional de Desarrollo de la educación superior, donde aprobaba los sistemas de estímulo a la calidad académica y constituía órganos nacionales como el CONACYT y el SIN, los sistema s de becas académicas, la certificación entre otros mecanismos, quienes hasta la fecha deciden el rumbo de los principales proyectos de investigación que realizan las universidades autónomas. (LOM. 1968)
En este plan se impulsó el sistema de planificación, de formación de profesores, de financiamiento y crecimiento, extensión universitaria y de modificaciones a las normas constitucionales, de reglamentos nacionales y estatales y de la Ley Orgánica de las instituciones. Entre ellas se impulsó la constitucionalización de la autonomía universitaria y regulación de las leyes laborales.
En la mayoría de las universidades donde el movimiento universitario independiente presentó iniciativas democráticas de transformación académica y de gobierno universitario, fueron derrotadas y conservan la presencia pluralística de sus órganos de gobierno, pero han variado de posición hasta coincidir plenamente con el Estado.
El balance de estos últimos diez años se muestran que el Plan Nacional de Educación Superior se impuso, así como sus últimas versiones; el PRONES y el PROIDES que son m s agresivos y centralizados.
POLITICA EDUCATIVA DEL REGIMEN
Para finales de 1976, los lineamientos generales de la política educativa estaban establecidos desde los planteamientos que el propio presidente de la república había señalado y en particular desde los resolutivos de la ANIUES. Sin embargo, a raíz de la aplicación de una política de austeridad en el gasto público, resultado de la devaluación del peso mexicano, acentuaba algunos rasgos que peligrosamente se pretendía imponer desde distintas posiciones y con el apoyo de los empresarios.
Ante los problemas marcados en relación a la calidad de la enseñanza y de obtención de mejores rendimientos de los estudiantes en cuanto a la aplicación del presupuesto, se exigía una mayor preparación de cuadros técnicos suficientes para satisfacer las demandas del desarrollo industrial mexicano, la política echeverrista había impuesto una "expansión del sistema de enseñanza técnica -cuya función educativa es la de proporcionar un enfrentamiento especializado para el trabajo-, menospreciado el `sistema tradicional`". (Manuel Pérez Rocha, proceso, 13 de septiembre de 1976).
Esta política era complementada con el impulso del programa de adoctrinamiento como el "Plan Industria-Escuela" a través del curso pretende convencer a los estudiantes de las "bondades" y "virtudes" de nuestro sistema empresarial, poniendo en manos del capital la mano de obra entrenada gratuitamente por el estado, sin embargo, a pesar de la bondad de tal política en favor de los empresarios muy lejos estaba de satisfacer sus necesidades de formación de cuadros técnicos, pues estas en general contratan, entrenan y promueven su personal, al margen del sistema de enseñanza técnica, atendiendo a sus propios intereses y a las condiciones que establecen los contratos colectivos.
La política de austeridad del régimen y los problemas presupuestarios que repercutían para el financiamiento de la educación superior, tenía pues los objetivos demostrar la incapacidad del r‚gimen para satisfacer las necesidades y requerimientos de formación de cuadros profesionales, adem s de tratar de lograr el que los empresarios se comprometieron a utilizar los recursos que el Estado les ofrecía en materia educativa. Así pues la política doble establecido por el régimen tendía por una parte al convencimiento de los propios universitarios de la necesidad de recurrir a la ayuda de los particulares y por el otro el permitir que estos intervinieran a la educación para influir directamente en su programación y desarrollarla de acuerdo a sus intereses, sobre la base siempre de la obligatoriedad estatal de otorgar el servicio a los mexicanos de la educación elemental y su imposibilidad, ante la limitación presupuestal de extenderlo a otro niveles educativos. Jaime Castrejón Diez, señalaba que "el estado se enfrenta a una crisis económica en materia de presupuestos educativos y que esta no era posible resolver sin la ayuda de los particulares, agregando que es necesario destituir el tabú, sobre todo en las universidades, de que este es un derecho frente al cual nadie tiene obligación, sobre todo porque la educación superior no corresponde ni a nuestros recursos económicos ni a nuestros ritmos de producción. "Nuestras Universidades, sobre todo las que están organizadas por facultades y que responden a un modelo tradicional, tienen señores feudales, los directores de las facultades, que con actitud individualistas, impiden la organización y canalización de los objetivos de la universidad, por los que se requiere transitar a una organización departamental de la enseñanza.
El impulso de nuevos centros de enseñanza, sobre todos los tecnológicos, organizados y financiados totalmente por el Estado, adem s de que creaba nuevas necesidades, reducía la posibilidad de continuar financiando a las universidades si estas no mantenían un modelo educativo que estuviera bajo el control y el plan nacional del gobierno, no se trataba entonces más que de adecuar las condiciones de educación superior a los planes generales del gobierno y por tanto de mantener el control de estas. Las únicas formas, respetando la autonomía era la de impulsar formas nuevas de organización y sobre todo de financiamiento. "La educación superior es responsabilidad del régimen federal y estatales y también en la iniciativa privada, de maestros, alumnos y profesionistas. Una de las formas de financiamiento podría ser el de becas-trabajos". (Heraldo de Puebla 20 de oct.)
También se señalaba y es el mismo sentido que los empresarios no utilizan los servicios que los centros educativos les prestan, como es el uso de los investigadores y es el Estado el que más se ocupa de utilizar estos servicios. (Soberón, Exc‚lsior, 20 de oct. 76).
Definidos estos lineamientos generales, y perfilados las necesarias redefiniciones, se pasaba entonces a precisar las funciones educativa de la universidad, esto provoca pronunciamientos en torno a distintos aspectos que influía a distintos aspectos que influían en la definición de la nueva política de formación de profesionistas en las universidades y las funciones de éstas. Se pasaba entonces a buscar una redefinición en distintos planos que requerían ser superados para facilitar la introducción a la iniciativa privada a las universidades por medio del financiamiento, uno de estos aspectos se encontraba en el papel de los partidos políticos en las instituciones de educación superior partiendo del hecho de reconocer la necesidad de una "adaptación de los profesionistas al medio social en el cual van a ejercer sus conocimientos". Una sociedad -decía Fernando Rovirosa Wade, candidato entonces de la gubernatura del Estado de Tabasco- que exige gran cantidad de profesionistas en especialidades técnicos orientadas al desarrollo, la educación media y superior tiene que adecuarse a nuestras formas de vida y a las necesidades de tecnificación y reorganización del campo a la industrialización del país, etc.
Las universidades, por su propia naturaleza, son políticas -decía un editorialista-, y les es imposible sustraerse a las consecuencias que esta características les impone, por lo que siempre tendrán que tomar partido frente a la problemática social; sin embargo esto no significa de ninguna manera el que sean confundidas con partido políticos, lo que daba pie a puntualizar que esta posición política solamente de la observación cultural, científica y académica de ninguna forma por la actividad de los partidos políticos en su seno, por lo que los partidos políticos por tener intereses particulares no deben imprimir sus ideas a los universitarios, porque la actividad de estos deforma la actividad académica natural, la conclusión lógica, lleva entonces a la salida de los partidos políticos de las universidades que sólo causan un antiacademicismo y agitación políticas que desquicia la vida académica, suprimiendo la universidad de ideas (léase ausencia de ideologías) (Excélsior, 22 de octubre de 1976).
Junto con ello y en el tono alarmista ahora no se señalaba la imposibilidad del régimen de financiar la educación superior sino que además, por la explosión demográfica estaba en peligro la posibilidad de satisfacer las necesidades de educación elemental para los niños mexicanos. "Los padres de familia -dice Ramón G. Bonfil subsecretario de educación primaria y normal-, de todas las clases, deben estar consientes de esta realidad, y entender que el Estado no podrá seguir costeando, durante toda la vida, la educación de los niños".
Para puntualizar estos aspectos, se precisaba que la erogación que el estado otorgaba a las universidades de provincia, no redituaba en una productividad satisfactoria pues apenas ascendía al 45% y que esta iba a descender al 39.7% en 1977 y a pesar de ello, el Estado mantenía que erogar 400 mil pesos anuales más sólo para satisfacer las necesidades de incremento salarial correspondiente al 23%, a pesar de que 23 de ellas están emplazadas a huelga, a pesar de la improvisación de catedráticos y la admisión de jóvenes con deficiente preparación y una disminución en los rendimientos en investigación y esperanza (El Universal, 27 octubre de 1976).
"Las condiciones que imperan en las universidades son causas de agitación, brotes de violencia y paros de la marcha académica que sufren".
Así como se reconocía la existencia de una aguda crisis educativa en el país, esta se puntualizaba en una aguda necesidad de recursos humanos especializados en el área técnica. Se plantaba que estamos acostumbrados a una maquinaria extranjera, pero ya es urgente formar nuevos cuadros que diseñen equipos que eliminen la complejidad de lo que importamos. Debemos contar con tecnología propia y además dar especial impulso a la participación de recursos humanos.
El 3 de noviembre se anuncia la posibilidad de creación de la universidad pedagógica para la capacitación de maestros y profesores de magisterio. Esta, contar con normal, bachillerato especializado-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el IPN se afirma que "La enseñanza técnica -y con ella el sistema de educación media y superior del país- se enfrenta en nuestros días a pruebas aún más graves que las del pasado. Esto se explica como parte de un fenómeno más general: el modelo de desarrollo industrial de México ha entrado en abierta confrontación con las fuerzas productivas imperialistas y estas, por su parte, han tomado como blanco de sus ataques a los centros de cultura superior. De este modo mantienen condiciones de precaria tranquilidad políticos y lo que es lo más importante hacen abortar todo intento de formación de cuadros técnicos y profesores competentes.
Con estas declaraciones, denuncias abiertas, observaciones y puntos de vista, se prepara el terreno para las distintas proporciones. Así, gobernadores de cinco estados de la república se reunieron para presentar al ejecutivo federal una propuesta. Según estudios que estos mismos realizan, plantean que la educación a todos sus niveles sea pagada por la gente que tiene recursos económicos, recomendando que se haga una reestructuración del sistema educativo nacional para que en el aspecto económico, los gastos no recaigan sobre los gobiernos estatales y federal y haya participación m s ----- la iniciativa privada. "Se trata -decían- de buscar mayor acople de recursos y mayores capitales mediante la participación financiara de los usuarios de la educación, de los beneficiarios de la misma y, desde luego, de la iniciativa privada (Universal 5 de nov.1976).
Este aspecto fué rechazado y atacado por distintos sectores, recalando su radicalidad y los peligros de que sólo tuvieran acceso a esta el 9% de la población que cuenta con esos recursos, argumentando que en 1963, el 25% de los alumnos provenían de familias con ingresos del doble del salario mínimo; en 1972, este era del --- de los cuales la mitad la destinan a trabajar.
La imposibilidad del Estado de financiar la educación lo obligaba a la creación de centros educativos con su autonomía declarada, para permitir el autofinanciamiento y el costo de cuotas, ya que como el propio secretario de Educación señalaba, toda la educación que imparta el estado deberá ser gratuita (Novedades 7 noviembre 1976).
El 7 de noviembre se inaugura la V Asamblea de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), la cual tiene como objetivos, afianzar los principios de independencia política y liberación económica de las naciones latinoamericanas; contribuir al fortalecimiento de las libertades fundamentales de la democracia y la justicia social; propiciar la integración cultural y económica de los pueblos de América Latina; fomentar la investigación científica pura y encauzar la investigación aplicada y tecnológica aplicada y tecnológica para obtener el aprovechamiento de los recursos de cada país en beneficio del hombre y, asesorar al estado en todas las iniciativas científicas, técnicas y culturales que tiendan al progreso de la nación (El Día, 8 nov. 1976).
Otro de los aspectos que se abordaba en esta discusión, se refería a la autonomía de las universidades. La V Asamblea de la UDUAL resultó ser un foro adecuado para estas declaraciones, sobre todo en un marco en que los principios de esta Unión permitan ubicarlas con el contexto social antiimperialista y antidictatorial, en el marco de los países en desarrollo. El doctor Soberón señalaba al respecto que "la autonomía universitaria es un medio para garantizar su función espiritual, su libertad científica, administrativa y financiera, además de su desarrollo dinámico y creador" Es un derecho a dictar su régimen interno y a regular exclusivamente el poder que tiene para organizarse y administrarse a sí misma. Es consustancial a su propia existencia y no a merced que sea otorgada como una libertad de creación, investigación, organización y administración. (El Día 9 de noviembre de 1976).
En este foro, el mismo doctor Soberón planteó que la autonomía y el financiamiento de las universidades serán incluidos como preceptos constitucionales en nuestra carta magna, como es el caso de la Universidad de San Luis Potosí que señala que la universidad es "autónoma en todo lo que respecta a su régimen interior, la libertad de cátedra es la norma de funcionamiento cultural". El Estado, es la medida de sus posibilidades presupuestales, la dotar con un subsidio anual (El Universal 9 noviembre de 1976) y esta no puede entenderse como un derecho de ejercicio colectivo, pues significaría supeditar la libertad a decisiones de asamblea.
Se plantea así mismo que la autonomía como protección de la libertad de expresión y de cátedra no debe desviarse como instrumento para eludir las formas que el Estado se ha dado a sí mismo. Sobre todo porque en muchas universidades los recursos económicos se utilizan para funciones no precisamente destinadas por el Estado sino m s bien para atacarlo; por ello es necesario planificar el otorgamiento de los recursos sobre la base de una coordinación de todas las instituciones de educación superior por medio de un plan que dote al país de una infraestructura humana que el país necesita, para obtener la exacta comprobación documental de los gastos, la justificación de ellos y comparativamente los costos de cosas y servicios y la productividad de los servicios en función el plan; evitando así los saldos rojos, el despilfarro, el abuso y el enriquecimiento ilícito.
Alfonso Rangel Guerra, secretario Ejecutivo de la ANUIES señalaba que la Universidad es una variable dependiente del sistema económico, y una expresión de los grupos hegemónicos de la sociedad, y que por ello habr de buscar en la estructura socioeconómica las causas de la desvinculación entre la actual universidad y la realidad social, la universidad funciona de acuerdo a los fines establecidos por el r‚gimen vigente en favor de los sectores minoritarios de la sociedad en estrecha alianza con el orden capitalista mundial; prepara individuos que atienden las necesidades y requerimientos de los pequeños grupos privilegiados o de los emergentes en los estratos medios. Es un medio de permeabilidad social por medio del cual se ha permitido que grupos de bajos ingresos, por medio de la educación universitaria eleven su condición social.
Las universidades del país cada día reclaman mayores erogaciones y subsidios, con cargo al gasto público, por lo que deben ser productivas en sí mismas, mediante la ampliación de servicios e investigaciones que les permiten atender sus propias necesidades. Su crecimiento requiere de un nuevo modelo que permita el mayor acceso y evite la deserción. (Excélsior 13 noviembre de 1976).
En Los Mochis, Sinaloa, el presidente de la República exhortó a los estudiantes de las escuelas a acelerar la formación profesional ante la necesidad de industrializar el campo, y disminuir las tensiones agrarias por medio de la creación de empleos y productos básicos que requiere el país. (Excélsior 15 noviembre de 1976).
En el CONACYT se señalaba que el problema básico del sistema científico y tecnológico mexicano es la desarticulación existente entre los sistemas educativos y de producción de bienes y servicios. Se trata de un problema de vinculación entre los sectores, entre la generación y la aplicación de los conocimientos, muchos de los centros de investigación carecen de políticas activas de vinculación con las actividades productivas, resultado de una falta de conocimientos de las necesidades de las industrias y la dependencia del extranjero. (El Universal, 16 noviembre de 1976).
Se planteaba ante estos problemas la descentralización administrativa, un cambio de sistemas de educación, y nuevos sistemas de financiamiento. A este respecto se señalaba que el gasto educativo, lejos de beneficiar a las mayorías de escasos recursos benefician a los que si tienen, ya que en los niveles post-secundarios un fuerte porcentaje de la población estudiantil pertenece a sectores con altos ingresos y a la clase media elevada y solo una pequeña parte pertenece a la clase media; que los recursos tienen un aprovechamiento muy deficiente y que su asignación es defectuosa, y que está altamente concentrada en las zonas urbanas, haciendo crecer exhorbitadamente los centros universitarios concentrando y centralizando la administración y la vida académica, generando prejuicios en su nivel y desarrollo armónico.
Luis Echeverría, reconocía que apenas se iniciaba la transformación de la educación en México con la implementación de la reforma educativa, el presidente de la Asamblea Nacional de la ANIUES, rector de la universidad de Aguascalientes, sintetizaba el programa educativo en los aspectos de las funciones encomendadas en las universidades, empezando con la elevación del nivel académico; optimización de los recursos financieros y control por medio de auditorías, para el desarrollo académico; legislar sobre autonomía y financiamiento a través del establecimiento de programas y criterios acorde a las necesidades del país; conciencia al estudiante de participación en la problemática nacional alejados de todos sectarismos e intereses mezquinos; sin urgirlo de un criterio político-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se debe aumentar la productividad y para ella es necesario que se imparta más amplia y mejor la enseñanza industrial, programando la educación de tal manera que se busque mayor financiamiento a los centros de educación tecnológica pues en las universidades reina la politiquería, el desorden y la irresponsabilidad de catedráticos y estudiantes además que se perjudica la buena marcha de las instituciones con las huelgas y paros a los que injustificadamente se ven sometidas.
LEA planteaba que palpamos un gran rezago en materia cultural y educativa del país, por lo cual se ha procurado darle reconocimiento a la educación y a la cultura como los caminos fundamentales para la evolución de México, si no se modifican las estructuras sociales en que vivimos, no se ataca el rezago en materia cultural; no nos preparamos para sobrevivir en un mundo en crisis, no se puede atacar en los centros de cultura. (Excélsior 19 noviembre de 1976).
Por otro lado, los empresarios se pronunciaban por la necesaria participación de estos en la participación económica en las universidades.
Se señalaba también en que el Estado no debe renunciar al derecho de programar la educación nacional, fundamentalmente los niveles básico, primaria, normal y secundaria y fortalecer el gasto en materia educativa. Se requiere entonces precisar la autonomía.
Pérez Rocha en proceso señalaba que de "procurarse esta educación entre el producto de la enseñanza superior y los requerimientos de la planta productora del país, el nivel de dicha enseñanza se vería seriamente deteriorado pues el lento desarrollo de la economía mexicana y su oferta de empleos no alcanzan a aprovechar las capacidades que actualmente produce la educación superior impulsada por las aspiraciones del ascenso y preparación de amplios sectores de la población.
La Unidad de las diversas fuerzas universitarias nacionales o institucionales pasa necesariamente por fijar una posición coherente sobre la población educativa del gobierno y sus efectos. Porque no basta disponer la voluntad política para "Propiciar la unidad y la concertación" ni es suficiente pronunciarse "por un gobierno colectivo en el que participen todos los miembros de la Universidad" (Debate ante la sucesión rectoral en la UAP)
Por encima de la expresión de la voluntad política por mejorar la Universidad mexicana existe una política que la sobre determina y la regula por medio del financiamiento, la imposición de mecanismos de crecimiento, impulso de proyectos especiales de investigación, etc., que reduce las posibilidades de actuación democrática y la aplicación de proyectos "concertados" entre las diferentes fuerzas políticas. La autonomía universitaria se reduce ahora a cumplir los planes gubernamentales.
El gobierno nos obliga a formar la educación en marcos reducidos y decididos por él y "hacer una nueva lectura de la realidad" como la precisa el PROIDES. "La crisis del país y de las propias instituciones de educación superior señala el PROIDES -plantea la necesidad de una mayor racionalidad y congruencia en el uso de los recursos y en los objetivos y prioridades académicas (e) impulsar a una revisión de las funciones y tareas institucionales (SITUAM 21).
La posibilidad de impulsar y echar a andar un proyecto de universidad, no depende de la manifestación ingenua de una voluntad política para realizarla concertadamente y con respeto a la pluralidad, sino más bien de tener los medios económicos, políticos e institucionales para su realización. Porque toda declaración en lo general para unos puede ser ingenuidad, pero para otros -mal intencionados- es verdadera demagogia.
Recientemente el rector de la UNAM, Dr. Jorge Carpizo aplicó íntegramente las recomendaciones del Plan Nacional de Educación Superior y en su versión ajustada a la crisis han apreciado con toda claridad el significado de las reformas y por ello es explicable que en las calles se levante como una demanda fundamental acabar con los planes de Contingencia y con el PROIDES.
La reciente lucha que está dando el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en la UNAM no es la de los Universitarios mexicanos en su conjunto, sin ella no están incorporados los estudiantes de la mayoría de las universidades sobre todo de aquellas en las que las reformas educativas han sido ya aplicadas.
Los estudiantes de la UNAM están desarrollando una lucha contra la política educativa del régimen y en particular contra las iniciativas que el rector ha impulsado, pero al mismo tiempo, por lo violento de los métodos y por la profundidad de la reforma que ha afectado a la inmensa mayoría de los estudiantes, se han sintetizado correctamente una demanda que no sólo es para la UNAM sino que abarca a todo el país. Por ello es importante apreciar que desde la UNAM no se va a derrotar al conjunto de la política educativa del gobierno y mucho menos se puede detener y revertir las medidas aplicadas a nivel nacional. Para ello se requiere una coordinación nacional con los estudiantes de todo el país en un proceso político de identificación de las demandas, unitarios que logre desarrollar la m s amplia gama de demandas y orgánico que permita construir un organización estable, nacional y democrática.
A pesar de estos esfuerzos la aplicación del PLAN no logra resultados satisfactorios y en su periodo de reajuste se topó con las más profunda crisis económica y del modelo de desarrollo que afecta al país, frustrando con ello los intentos y las perspectivas planificadoras. Así, al PNES le siguió el PRONAES que finalmente se convirtió por la crisis en el PROIDES.
Antes de 1968, el trato que se les daba a las universidades era totalmente secundario; la importancia que podían tener en el modelo de desarrollo nacional no pasaba más allá de una formación ideológica sancionadora del sistema; nada justificaba las demandas estudiantiles de desarrollo universitario, de elevación del presupuesto, de una mejor formación de científicos y técnicos, de Reforma Universitaria democrática y radical, etc. Importantes movimientos nacionales fueron destruidos mediante el más cruel represión y apagados con las bayonetas del Ejército Mexicano. El cuerpo de paracaidistas asaltó el IPN, la Universidad Michoacana, la Universidad de Sonora. Los estudiantes, no en pocas ocasiones demandaban el esclarecimiento de asesinatos de sus compañeros.
La autonomía universitaria era pisoteada. El movimiento de 1968 significó también el repudio a un sistema económico y a un modelo de desarrollo que deformaba al país, el rechazo a su ideología caduca, y la exigencia de reconocer que las funciones de la universidad mexicana debía adecuarse a las condiciones nacionales.
La educación nacional recibió un gran apoyo económico y se produjo una considerable modificación en su estructura. En 1973 se creó el Consejo del Sistema Educación para los Adultos. El presupuesto educativo se incrementó en 8000 millones de pesos en 1970 y en 40,000 millones en 1976, y la inscripción pasó de 5 millones a 16 millones 600,000 educandos. Se crearon instituciones como la Universidad Metropolitana, el Colegio de Bachilleres y el Colegio de Ciencias y Humanidades, se fundaron 1012 instituciones técnicas, de las cuales 17 correspondían a institutos tecnológicos agropecuarios de nivel superior y 26 a institutos tecnológicos regionales, así como el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT).
El presupuesto destinado a las universidades era para 1970 de 1087 millones de pesos; en 1976 aumentó hasta 8,500 millones, de los cuales se destinaron para las universidades de provincia 1,500 millones. Para esos años, la población estudiantil ascendió de 208 000 a 496 133 estudiantes y las universidades de provincia pasaron de 93,000 estudiantes en 1970 a 180,000 en 1976. Se estima que para el período de 1977-1978 habrá en el sistema de educación superior unos 100,000 estudiantes de acuerdo a la tasa de crecimiento identificada con un 15% a 18% anual.
El impulso a la educación de ninguna manera consistía en una simple benevolencia del Estado a los universitarios cada medida se orientaba al objetivo de crear una estructura correspondiente a las necesidades del desarrollo nacional. Durante el régimen que analizamos fué impulsada la idea de la industrialización del campo y se dejaron bien sentadas las bases para ello, lo cual implicaba tener una infraestructura de cuadros medios suficiente para cumplir esta tarea para lo que se optó por el camino de desaparecer la mitad del sistema nacional rural y crear en su lugar las escuelas secundarias técnico agropecuarias, no sin antes expulsar a más de trescientos estudiantes y casi deshacer la Federación de Estudiantes Socialistas de México, de amplia trayectoria democrática y de la cual uno de sus presidentes fue LUCIO CABAÑAS; de desarticular las escuelas secundarias pre vocacionales del Instituto Politécnico Nacional creando escuelas de enseñanza técnica, industrial y comercial, y de separar las escuelas preparatorias de las universidades para sustituirlos por Colegios de Bachilleres, CONALEP, etc.
Las transformaciones en la estructura política y económica del país tuvieron repercusiones en las universidades. A las funciones asignadas a estas últimas en períodos pasados se les agregaban hoy nuevos elementos, no sólo por la nueva estructura educativa nacional sino también por las transformaciones que introdujeron los universitarios. La educación técnica dejó de ser exclusiva del Instituto Politécnico Nacional y además la educación media superior dejaba de ser sólo facultad de las universidades. Los estudiantes universitarios demandaban una mayor participación en el curso educativo y la redefinición de las funciones de sus instituciones, exigiendo una universidad que los formara críticamente ante los problemas sociales.
En distintas universidades la transformación educativa modificaba su fisonomía, impulsando reformas universitarias creando nuevas carreras, desarrollando la investigación y revisando los métodos de enseñanza. Las preparatorias populares eran la exigencia para facilitar el ingreso a las más amplias capas de la población, rechazando así el viejo concepto de la universidad elitista, al mismo tiempo que se impugnaban las formas autoritarias y despóticas del gobierno.
Se dieron también avances muy importantes en algunas universidades en donde las fuerzas democráticas pudieron realizar serias transformaciones y destruir viejas formas que impedían el desarrollo de las instituciones. La falta de alternativa de las autoridades y una correlación de fuerzas favorables permitió la llegada de autoridades democráticas que supieron aprovechar las nuevas condiciones, no sin antes pasar por agudos enfrentamientos. Se dieron procesos de democratización en las universidades de Zacatecas, Guerrero, Sinaloa y Puebla, resurgieron demandas de transformación en varias escuelas del Politécnico así como procesos importantes: el cogobierno en la Escuela Nacional de Economía, Medicina, Ciencias, Colegio de Bachilleres; el autogobierno en Arquitectura, etc., de la Universidad Nacional. El impulso de una educación científica, democrática, crítica y popular -como la definió el programa del FNAP- tomaba en cuenta el surgimiento del movimiento social del país y las transformaciones en el desarrollo científico que se daba en las universidades. El socialismo científico como método de análisis se desarrollaba en las instituciones educativas, permitiendo encontrar elementos para la transformación radical de los planes y programas de estudio. Todos estos fenómenos crearon una alternativa importante a la educación superior en México, y un modelo de desarrollo de la Universidad Mexicana.
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Nota bene. La profundidad de las transformaciones que proponían los estudiantes del 68, llevaban una profundidad que vgebería ser comprendida en el marco de una identificaión comunitaria, de desarrollar la comunidad universitaria, no solo en el marco de las transformaciones institucionales y legales que le dieran cuerpo a la autonomía y a las reformnas. Para lograrlo habá que estar identificado con estas transformaciones, de lo coantrario, solo se mantenía una areforma institucional en el marco del estado mexicano qu8e resolviera su finciionalidad y su desarrollo académico, eficiente y dispuesto a servir a sus finciones sustantivas. Esto nunca lo entendión Alfonso Vélez. Había que identifiacrse co9n una concepción comnhitaria con la cual nio estaba asociado. Su tyradici+ón familiar y su formación académica y política no se lo permitía. Por ello nbo po0día plasmar en las reformas a la ley ñlas transformaciones del movimientos. Su propuesta de Ley Irgánica se quedó en un mero trámite que finalmente fue un retrocveso a la vida universitaria demiocr´patica.
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La autonomía universitaria, en este contexto, pasaba a ser una de las cuestiones m s importantes que permitía a los universitarios desarrollar sus luchas internas e imprimirles a sus centros de estudio las modificaciones que de acuerdo a la correlación existente resultaron posibles. La educación científica, la estructura democr tica y la posición crítica, pasaban a formar parte del concepto de autonomía rechazándose al mismo tiempo todo intento del régimen por intervenir en los asuntos internos y desatarse de su obligación de financiar la educación superior.
Los objetivos del Estado, una vez creada esta estructura, no permitía alternativa y modelos distintos para cada universidad. La homogeneidad del sistema educativo nacional para cada uno de los distintos niveles debería corresponder a las necesidades de desarrollo económico y social del país, para lo cual se hizo necesario definir las medidas tendientes para ello, creando así un Sistema Nacional de Educación Superior con la intención de introducir en éste a todas las universidades. La primera medida buscaba la definición de las carreras que en estas se impartían y la planificación de su crecimiento, lo cual involucraba inmediatamente los aspectos de financiamientos condicionado; para lo cual se adoptó la decisión de separar las preparatorias de las universidades y crear el Colegio de Bachilleres. La aceptación de estas medidas fué impulsada utilizando el presupuesto. El nuevo modelo incluía la reducción del gasto público de restringir el crecimiento del sistema, y para ello se impulsaba la recreación de formas de financiamiento propias. De esta forma se daban las posibilidades de la creación de centros de producción industrial y agropecuaria fideicomiso, aumentos de cuotas y becas-crédito, etc.
El impulso de estas medidas por parte del régimen pasaba necesariamente por eliminar los obstáculos que a esta política se oponían, de aquí el intento de Luis Echeverría de legislar sobre autonomía universitaria en un marco constitucional tendiente a restringir este proceso.
LA CRISIS Y LA EDUCACION
El propio gobierno reconoce la profundidad de la crisis económica que afecta al país y tomándolo realísticamente ha dado pasos firmes para la transformación de la educación superior en México. La actual crisis económica -dice el PROIDES- afecta la función de docencia en la IES, a medida en que los supuestos de la economía y las realidades del mercado de trabajo de bienes y servicios, para los que forman profesionales, sufren severas modificaciones" (p.21, SITUAM)
LA PLANIFICACION DE LA EDUCACION
Con motivo de las discusiones en torno a la legislación laboral universitaria que propusiera el Dr. Soberón, rector de la UNAM, se confrontaron dos posiciones en torno a la universidad y en la que prevaleció el criterio oficial de una universidad de excelencia, autoritaria y con derechos laborales restringidos. Desde entonces, el abogado general de la UNAM, Jorge Carpizo se hace vocero del rector y anuncia cambios en la legislación Universitaria. El Dr. Soberón juega con estas iniciativas, un papel muy importante en la ANUIES y la conformación del Plan Nacional de Educación Superior que es coordinado por el Dr. Rafael Velasco, secretario ejecutivo de la ANUIES y hoy subsecretario de educación superior.
Los planes de educación superior prevén objetivos a cumplirse abarcando 1991. Son concebidos "como una función específica de la política estatal destinada a lograr el sustituto científico y tecnológico del país" (Ibid. p.29) pero más específicamente son mecanismos de regulación que proporciona "una mayor racionalidad al proceso de toma de decisiones, incluso en situaciones de crisis o conflicto".
La planificación es INTEGRAL, pues pretende cubrir la totalidad de las funciones educativas, integrar el conjunto del sistema de educación superior del país.
El PROIDES nos llama a "redefinir el papel que deberán desempeñar la IES en la sociedad mexicana en los próximos años, pero al mismo tiempo nos señala que ha sido concebido como un instrumento de planeación que permitir orientar e inducir el cambio en la educación superior...Tiende a consolidar de manera más armónica y equilibrada, el sistema de educación superior" (p.4).
El PROIDES afecta al sistema educativo nacional en su conjunto, no es solo para la institución, y obliga a todas por igual es "el compromiso de efectuar una planeación compartida y participativa" (p.4).
Es como ya lo señalaba el Plan Nacional de Educación Superior un mecanismo estable, ya que cuenta con un marco jurídico-político y de mecanismos sociales que garanticen la conservación de su naturaleza y su funcionamiento..."que permita preservarlas" de injerencia perturbadoras". La planificación de la educación y la aplicación del PROIDES sostienen mecanismos legitimadores que obligan a las instituciones a cumplirlo. La IES -agrega el PROIDES "requiere que se constituyan en un auténtico sistema que funcione de manera armónica y equilibrada" (p.26).
En este razonamiento repetimos lo señalado en la ponencia que presentamos al reciente Congreso Extraordinario del SUNTUAP. "Los planes de Educación Superior...son mecanismos de regulación y un instrumento para controlar desde el centro de la República el curso de la educación superior en México y la vida de las instituciones.
LA NECESARIA TOMA DE POSICION
Una de las primeras discusiones que tenemos que dar en el país se refiere precisamente a la posición de cada una de las fuerzas políticas y universitarias sobre el contenido el PROIDES, sus efectos en las Instituciones de Educación Superior y las limitadas que implica a la autonomía de las universidades. Por otro lado y junto con ello, la postura que la institución debe tener ante estos problemas gubernamentales y los mecanismos de consulta de los universitarios para resolver sobre su aceptación o rechazo y las resoluciones que necesariamente deben adoptar los Consejos Universitarios. Si los universitarios no adoptamos una posición concreta sobre este punto, lo más seguro es que se esté aplicando por vía administrativa, y se nos imponga medidas con las cuales no estamos de acuerdo o que vayan en contra de los intereses universitarios.
Estos son los límites que el Estado nos ha impuesto y es fundamental decidir si pueden hacerse a un lado o modificar este marco para emprender un camino hacia la democracia universitaria.
LEGISLACION
El Plan Nacional de Educación Superior pone el acento en la necesidad de una legislación general para tratar los problemas laborales. Estos, que han llegado hasta la suspensión de labores pasan por conocer los derechos de los trabajadores para construir organizaciones gremiales, pero, las instituciones "también tienen el derecho y la obligación de cumplir con sus funciones primordiales" como si las organizaciones gremiales las limitaran y señala: "La ausencia de una legislación que norme las relaciones laborales de la mayoría de los centros de educación superior con su personal ha sido invocada como un de los factores que principalmente inciden en la configuración de esta problemática situación, que repercute en forma lesiva para la vida académica de las instituciones".
El PNES toma como marco de referencia la necesidad de realizar "una planeación integral del sistema de educación superior" e impulsar una legislación que haga posible esta integración. De aquí que la legislación sobre la autonomía universitaria y las relaciones laborales adquiere un papel fundamental en el control central y nacional de la educación superior y sus instituciones.
Finalmente a partir del 10 de junio de 1980 entra en vigor las reformas a la fracción VIII del Artículo 3º. Constitucional que establece "la facultad y la responsabilidad de gobernarse" y que "fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico". Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123".
En la exposición de materia define que sólo podrá formarse sindicatos de personal académico, de personal administrativo o de institución se incorpora a los dos tipos de trabajadores que sólo pueden formarse sindicatos para cada institución.
El PNES proponía en su capítulo de AREAS ADJETIVAS, LA NORMATIVA. En ella se planteaba "obtener una definición...que pueda ver puesta en el texto constitucional como lineamiento general del Estado Mexicano en materia de educación superior", según el punto 27 (p.139) y se programaba para 1979, presentar el anteproyecto y "proponer por los cauces legales la enmienda constitucional".
El PRONAES se puso como meta para diciembre de 1984 y diciembre de 1985, dos aspectos: el jurídico y el financiero. El primero comprendería la complicación y actualización; elaboración de estudios comparativos; proponer modelos de ordenamiento jurídico y elaboración de reglas.
Estos planteaban incidir en el marco constitucional en las leyes generales de Educación Superior a nivel federal y estatal y en los modelos normativos de los diferentes tipos de instituciones. Para ellos pretendía modificar los ordenamientos internos como leyes orgánicas, estatutos, reglamentos y contratos colectivos, para diciembre de 1984 se pretende concluir sendos modelos de reglamentos de estatuto general, personal académico, reglamentos de admisión, exámenes y titulación.
En los aspectos financieros se propone el diseño de un sistema de información jurídica y presupuestal la elaboración de criterios, procedimientos y mecanismos de financiamiento "que regule la gestión, asignación, aplicación, central y evaluación de los recursos para una óptima administración de estos" y normas que regulen a nivel convenio, el equilibrio armónico.
Plantea que los proyectos de presupuesto deber n tener características similares sobre criterios cualitativos y cuantitativos; en los administrativo y en lo académico, que se presentan en las instancias financiadoras, se pretende entonces "elaborar una propuesta de un sistema de reglas, criterios, procedimientos y mecanismos de financiamiento a las instituciones de educación superior, que regule la estimación, asignación, aplicación control y evaluación de los recursos y que permite una óptima administración de los mismos".
EDUCACION Y PRODUCTIVIDAD
Fué interpretación generalizada, que el Programa Nacional de Educación Superior (ANUIES) respondió a las necesidades nacionales determinadas por los programas gubernamentales para combatir la crisis económica que afecta al país diseñados a partir del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el cual se busca una "ordenación racional y sistemática de los propósitos de la transformación del país".
El PND pretende "vencer la crisis y recuperar la capacidad de crecimiento sostenido"; es decir las modificaciones necesarias en la estructura productiva, de distribución, de recursos, etc., enmarcadas en seis grandes orientaciones donde una de ellas es la de la educación.
Es un instrumento que permite ordenar y regular las acciones de la administración pública federal, basados en las atribuciones legales que tiene la Presidencia de la República para la regulación y promoción de las actividades económicas, sociales y políticas para el país. Esto implica que "se fijar n metas, estratégicas y prioridades; se asignar n recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinar n acciones y, finalmente, se evaluarán resultados, metas prioritarias". En fin, el PND introduce la RACIONALIZACION de los recursos, las prioridades en la asignación y la evaluación como elementos reguladores.
En este marco de referencia, las actividades programadas por la Presidencia de la República en materia de educación obedecen al cumplimiento irrestricto del PRONAES y éste a su vez es resultado de las metas trazadas por la Presidencia en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
Para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, la Presidencia de la República convocó dos foros de consulta popular sobre el sector educación, cultura, deporte y recreación "cuyas propuestas, estrategias y lineamientos se recogen en la formulación de la primera fase del PRONAES". De estos foros realizados en Hermosillo y en Toluca, salieron las bases para la aprobación de las medidas que en el futuro regularían la vida de las universidades.
El Plan Nacional de Desarrollo afirma que la educación superior en México atraviesa una fase crítica y para su solución propone:
a) acrecentar el potencial de los recursos humanos,
b) integrar la ciencia y la tecnología en las tareas de desarrollo nacional,
c) fortalecer la cultura nacional. En este documento se establecen objetivos y metas precisas entre las que sobresalen como elementos reguladores básicos, el establecimiento de la elevación de la CALIDAD DE LA EDUCACION para estimular y fomentar la creatividad de la comunidad científica y tecnológica, la cual sienta las bases para el establecimiento de sistema de estímulos individuales. También establecen las metas de que "quienes han recibido el beneficio de la educación superior, REINTEGREN PARTE DE SU COSTO" y lograr un mejor equilibrio entre la continuidad de los servicios y la calidad con que se ofrece enfatizando necesariamente este último aspecto", para lo cual se ponen en operación los estímulos financieros adicionales ofrecidos por el gobierno federal para coadyuvar a la superación académica del sistema nacional de educación superior.
El PRONAES establece que las universidades deberán responder a los requerimientos del sistema productivo, que los criterios de asignación de recursos financieros tomen en cuenta no solo la dimensión de la población escolar, sino aquello que fortalezca a la CALIDAD y la EFICIENCIA, para lo cual se introduce la necesidad de sistema de evaluación que califiquen la correspondencia entre la asignación de recursos y los resultados. De esta manera, EFICIENCIA, CALIDAD, PRIORIDADES, PRODUCTIVIDAD PROBADA Y EVALUACION, son los aspectos reguladores que implementa el PRONAES. También busca una participación el gobierno y las empresas privadas "para introducir mayor participación del sector privado en la investigación.
Sin embargo debemos encontrar las relaciones existentes entre el PRONAES y el conjunto del programa que el actual gobierno está implicado para demostrar que éste no es aislado, que obedece a un conjunto de medidas que intentan por primera vez la adopción de medidas enérgicas para superar la crisis en donde una de ellas, tal vez la m s importante se ubica en la decisión de detener y destruir todo intento de insurgencia popular, de aplicar medidas regresivas en los mecanismos de expresión democrática y de acentuar el autoritarismo.
El PND implica un proyecto de racionalización de los recursos económicos que pasa por la reducción del gasto público, la política de austeridad, la optimización de recursos humanos y la mayor jerarquización de las prioridades en la administración pública, concentrando la atención en las áreas consideradas como estratégicas. En este programa de reforma administrativa para la racionalización del gasto del gobierno federal, el establecimiento del servicio civil de carrera y la implantación del tabulador único de puestos y salarios. En éste, al igual que el PRONAES, se pretende optimizar recursos acentuando la eficiencia, calidad, productividad y prioridades y que se aplica tanto en la UNAM como el IPN en una política diseñada y puesta en práctica terminada en su primera fase, de establecimiento de análisis, proyectos, información; que ha pasado ya a la aplicación de programas y a la implementación de medidas de planificación.
La última fase implica ajustar todos los mecanismos para la aplicación irrestricta de las medidas necesarias para la regulación del desarrollo de los planes elaborados, establecimiento de conexos, aplicación de reformas legales y regulación estricta en la aplicación de los recursos financieros.
El PRONAES que es la aplicación de un plan general significa:
1. Imposición violenta y coercitiva de los planes generales y nacionales a las universidades.
2. Una violación a las normas jurídicas autónomas de las universidades y una posterior modificación de estas normas, adecuándolas nacionalmente a la política nacional.
3. Un proceso de racionalización de los recursos económicos, los cuales se orientan prioritariamente hacia rubros previamente señalados.
4. Un reordenamiento del material humano, profesores, investigadores, trabajadores administrativos divididos en niveles número y deducción definidas.
5. Una regulación de ingreso, mantenimiento y relación laborales con los trabajadores.
6. Una determinación del ingreso escolar en su cantidad y orientado hacia carreras específicas.
7. Una modificación del currículum de las carreras que imparten.
8. Una orientación de la investigación.
9. Un control permanente de la aplicación de prioridades, efectividad, calidad, eficiencia y costos de los recursos aplicados.
El PRONAES no puede entenderse sino como la aplicación de medidas de regulación nacional que se ubican en la política presidencial del PND, lo cual ha implicado evitar la consulta a los universitarios y sobre todo a su previa aprobación. La implementación del PRONAES en las universidades se desarrolla en un permanente enfrentamiento entre los trabajadores académicos, administrativos y estudiantes contra el gobierno en la medida en que se afectan sus intereses de estudio con la aplicación del PRONAES de las autoridades, en la medida en que los sujetan y a la institucionalidad porque la determinación de la imposición de un plan de este tipo requiere la respuesta del conjunto de los universitarios y una amplia política de resistencia a la aplicación del PRONAES.
El PNES apuntaba ya en 1978 que la educación superior en México aunque está relacionada con el sistema productivo, todavía no ha sido adecuado a los requerimientos concretos (p.28). "Estos esfuerzos fueron apuntados posteriormente por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el que se apunta la anticipación progresiva para desarrollar tecnología sustitutiva para las industrias estratégicas de bienes de capital y desarrollar la tecnología tendiente a incrementar la producción y la productividad" orientando para esto a las especializaciones hacia los campos científicos y tecnológicos y ramas productivas estratégicas.
La educación superior y la investigación en México según el PND además de lo anteriormente señalado busca avanzar en reas de desarrollo tecnológico avanzando para producir efectos económicos importantes, "en particular en aquellos en los que las condiciones nacionales ofrezcan ventajas para destacar internacionalmente (p.166). Por otro lado el PND insiste en incrementar la capacidad para absorber los conocimientos científicos y tecnológicos que provienen del exterior, aprovechar óptimamente la transferencia de tecnología, para incrementar la competitividad del aparato productivo nacional". (p.185).
Todo ello requiere la formación de personal de alto nivel para el sector productivo. Se busca en síntesis, "relacionar adecuadamente la educación al sistema productivo" (p.89) y formar cuadros medios para la industria, por medio de la formación profesional técnica, integrando verticalmente las escuelas de educación tecnológica y la "capacitación dentro de las empresas", induciendo a los patrones a contribuir en el proceso productivo.
La política educativa, orientada a la actividad productiva y al mercado exterior con competitividad, requiere eficiencia y racionalidad por lo que se propone sólo impulsar los programas de investigación con productividad probada y una utilización eficiente de la capacidad e infraestructura física, racionalizando los recursos. Esto significa remodelar la educación hacia las ramas específicas, vinculadas a la producción, induciendo una mayor participación del sector privado en el financiamiento de los proyectos de investigación". (p.166)
Como resultado de estos ajustes, la SEP plantea una modificación al Plan Educativo con una "mayor racionalidad y congruencia en el uso de recursos y en los objetivos y prioridades académicas", revisando las funciones y tareas institucionales, tomando en cuenta la crisis del país y de las propias instituciones (PRIODES p.21).
El academicismo del PROIDES se resume como el mejoramiento de la calidad...eficiencia, eficacia y congruencia...usar de manera óptima los recursos institucionales (p.23) y que las instituciones de educación superior colaboran entre sí y con otros organismos y los sectores social, estatal y privado" (p.35).
FINANCIAMIENTO
Desde el PNES se planteó la necesidad de introducir una "estructura presupuestal y de organización administrativa" que facilitara la mejor asignación de los recursos y que haga del financiamiento y la asignación de recursos una relación estable, explícita y objetivamente evaluable. De esta manera se tendría un control de los recursos de la federación y de los estados. Estos aspectos permitieron la introducción del presupuesto por programas en todas las universidades y la aplicación de mecanismos impulsados por la SEP para el otorgamiento de subsidios que estableciera una correcta relación entre la presupuestación y los objetivos políticos y metas de la planeación. El financiamiento pues es una medida que el gobierno central utiliza para la asignación de recursos, por partida aprobadas previamente, para controlar los programas de desarrollo, las escuelas a las que debe impulsar y los proyectos que deben ser financiados.
El financiamiento y el control presupuestal es un medio de control de las universidades, de sus burocracias y de las demandas sindicales, pues en una flagrante violación de la autonomía la SEP decide la asignación, partida por partida, puesto por puesto, proyecto por proyecto y departamento por departamento y está en la posibilidad de suspender una partida si es que no la satisface como la ha sido la aplicación de los incrementos salariales y las respuestas a los sindicatos cuando demandan el poder adquisitivo de sus salarios.
El PND apuntó posteriormente la necesidad de que las Universidades busquen fuertes alternas de financiamiento "con el fin de aplicar sus recursos económicos o de sugerirles estrategia".
Finalmente, al PROIDES propone que "es conveniente que los beneficiarios de la educación superior (estudiantes, egresados, sectores productivos y de servicios, etc.) retribuyan en una mayor proporción los servicios que reciben. En cuanto a la INES -agrega- es recomendable que busquen mejores perspectivas económicas mediante la planeación y programación adecuada, el uso racional y eficiente de alternativa de ingreso y la complementariedad y elaboración interinstitucional. (p.26).
Sin embargo, lo más sobresaliente es la tendencia a reducir las posibilidades de financiamiento de la educación y su sustitución por mecanismos que permita que sean los estudiantes y sus familias quienes financian su educación por medio de otros caminos como el crédito, el aumento de colegiaturas, la disminución del ingreso.
Es interesante conocer las opiniones de los representantes del PRI en esta materia porque expresan claramente las posiciones gubernamentales. Al respecto la subsecretaría de divulgación ideológica del comité‚ estatal del PRI de Sinaloa, afirma:
"Al hacer referencia a las instituciones de educación superior, se puede apreciar que el presupuesto federal asignado se ha ido incrementando en los últimos años. En tanto que las aportaciones estatales muestran un leve crecimiento y las particulares han disminuido. Tal situación hace urgente la necesidad de buscar fuentes alternas de financiamiento y una m s adecuada y racional distribución. Además, en lo que toca a la educación superior no se han establecido criterios y mecanismos adecuados para que quienes han recibido el beneficio de la educación superior, reintegren solidariamente parte de su costo. Dentro de las limitaciones impuestas por su actual situación económica con la participación del sector público, así como de los gobiernos estatales se ha hecho ajuste financiero general para que los estados cuenten con recursos destinados a sostener sus instituciones educativas. Así mismo se han establecido criterios de asignación de recursos financieros que toman en cuenta no sólo en la dimensión de la población escolar, sino los esfuerzos realizados en favor de la calidad y la eficiencia...-continúa m s adelante-. En sí vuelve a manifestar la necesidad con carácter imperativo, de diversificar las fuentes de financiamiento de la educación superior, puesto que el estado no maneja recursos ilimitados y del uso racional de estos recursos depende del desarrollo económico que beneficia a todas las capas sociales.
"...La universidad -señala-, está obligada a utilizar adecuadamente sus recursos, a justificar la forma en que decide distribuir su presupuesto y en rendir un informe público de cómo lo ha ejercido. Se equivocan quienes piensan que con esto se merma la libertad de los universitarios para decidir autónomamente la aplicación de los recursos que se le conceden" (1).
(1) Ponencia presentada en el Encuentro sobre Educación Superior y Financiamiento celebrado en Culiacán, Sinaloa.
Primeramente deberíamos discutir los presupuestos universitarios entre todos los universitarios, como individuo, institución u organización universitaria, todos participando en las m s diversas instancias. Inmediatamente después, adoptar una actitud unitaria ante la postura del Estado en caso de no otorgar el financiamiento suficiente para la realización de los planes de desarrollo universitario definidas democrática y autónomamente.
Ante ello la realidad es m s insistente. Nos topamos inmediatamente con el PROIDES y consecuentemente con la SEP quienes condicionan la entrega del subsidio a la aplicación del PROIDES. En este momento nos encontramos en una encrucijada: o aplicamos nuestros planes sin financiamiento o aplicamos los planes gubernamentales con financiamiento. O bien, presionamos o negociamos, si tenemos la suficiente fuerza, decisión y sobre todo unidad interna y el apoyo popular.
La situación es mucho m s difícil de los que nos imaginamos, porque el financiamiento del estado a la educación no sólo la condiciona a la relación "adecuada" de la educación con el sistema productivo, sino además con las ramas estratégicas de la producción del propio gobierno ha decidido y con un monto que también ‚l mismo ha decidido.
El Plan Nacional de Educación Superior planta la homogeneización de una "estructura presupuestal y de organización administrativa". Esto ha significado para las instituciones la firma de convenios de otorgamiento de subsidios en los que se especifica las cantidades que se otorgan y por si fuera poco, en donde se van a aplicar y a quiénes. Se aprueba el monto, su aplicación, las metas y las formas de evaluación.
En este aspecto el PROIDES apunta las diferencias existentes en la relación "entre la presupuestario y los objetivos políticos y metas de la planeación; a indicadores y criterios que permitan... una mayor congruencia entre la programación del presupuesto asignado y el ejercicio del gasto en el marco de avanzar en a homogeneización nacional de los "criterios y procedimientos de asignación, gestión, administración y evaluación de los subsidios federal y estatal" (p.18). Señala además la gravedad de las perspectivas para compensar los índices de inflación, el crecimiento de la matrícula, como las necesidades de superación académica y las demandas de desarrollo institucional.
Ante ello el gobierno ha aplicado una política para combatir la inflación de reducir el gasto público, lo cual implica necesariamente disminuir los gastos en educación y limitar los subsidios a las universidades. Por otro lado ha apresurado disminuir el crecimiento de la matrícula suprimiendo el pase automático, incrementando los requisitos de ingreso y prolongando la estancia en la Universidad. Aplica mecanismos de racionalización en la aplicación de los recursos, topes salariales, disminución de prestaciones y racionalización de la superación académica para determinadas reas y proyectos, así como regulando el desarrollo institucional en cuanto a crecimiento de profesores, aprobación directamente por la SEP, CONACYT, ANUIES y otros.
Podemos resumir el conjunto de planteamientos hasta aquí expuestos en relación a la política educativa del régimen:
1. Reducción del presupuesto para educación y por tanto reducción de los porcentajes de incremento de subsidio.
2. Búsqueda de nuevas formas de financiamiento. Becas-crédito.
3. Reducción del financiamiento para proyectos específicos del PRONAES.
4. Inversión productiva y racionalista dirigida a proyectos específicos y evaluando resultados.
5. Justificación de la distribución y aplicación del presupuesto universitario.
6. Control permanente de la aplicación, prioridades, efectividad, calidad, eficiencia y costos de los recursos aplicados.
Esto se ha traducido concretamente:
a) Establecer topes salariales y minimización de la asignación de recursos para prestaciones en las universidades, para los trabajadores.
b) Suspensión de la contratación de personal y prolongación de los períodos de ingreso (de semestral a anual) y despido de trabajadores de tiempo determinado.
c) Introducción de programas particulares de financiamiento de proyectos de investigación y de formación de profesores, estableciendo convenios particulares con los investigadores o los equipos de investigación y programas de superación, con el fin de garantizar la inversión y la productividad. (PRONAES, SUPERACION ACADEMICA, SNI, ETC.)
d) Control de asignación del presupuesto y designación de otorgamiento del subsidio a partidas específicas.
e) Eliminación de mediaciones extra académicas entre el investigador y la SEP (sindicatos).
f) Implementación de normas de legislación universitaria que asegura la implementación de los programas.
Con estas presiones se han afectado los programas educativos y ha obligado a disminuir la inversión de 1984 con los consecutivos recortes presupuestales afectados. A partir de 1982 la participación del gasto federal para educación y salud pasó del 27% al 24% en 1984. Se han hecho recortes presupuestales que han afectado la recontratación de personal con el consecuente despido de trabajadores acad‚micos en la UNAM, UAM y otras universidades.
El decremento el gasto público superior es del 27% en 1983, de 39% en 1984, de 45% en 1985 y de 2.8% en 1986.
LIMITES Y ORIENTACIONES DEL CRECIMIENTO DE LA IES
Las adecuaciones establecidas al PNES, por medio del PND son estrictas y afectan directamente a los centros de estudio. La posibilidad de echar a andar estas nuevas medidas y ajustes est n garantizados por los mecanismos ya implementados desde 1978. Estos se refieren a lograr una modificación de la demanda educativa hacia el sector productivo, es decir, hacia la capacitación de la mano en enseñanza media terminal.
Para regular el crecimiento de la IES, el PNES se propone la elaboración de "un proyecto de campaña de comunicación social tendiente a promover un mayor prestigio social para las carreras del sistema terminal post secundaria y las cortas de bachillerato" (PNES 80).
El PROIDES "ordena" que las Instituciones de Educación Superior participen activamente en campaña de orientación educativa para que aumente el número y proporción de demandas de los estudios de educación media terminal (p.27) y que cambien la actual distribución de la matrícula por carreras para impulsar aquellas estrat‚gicas y prioritarias", es decir, que ya no continúen los estudios universitarios y que disminuyan los recursos del bachillerato asignando mayor presupuesto para la enseñanza profesional y en reas tecnológicas (p.27) porque "probablemente el crecimiento agrave aún m s la situación, si se toma en cuenta la restricción de recursos económicos que la actual crisis impone" (p.15) recomienda "regular, equilibrar y complementar el desarrollo de manera que respondr m s eficazmente a las necesidades de la sociedad mexicana (p.26) dando preferencia a los doctorados en Ingeniería, Ciencias Exactas y naturales y a aquellas orientadas a aspectos productivos (p.27) que a partir de 1987 las universidades públicas no aumenten en números absolutos en derecho, contaduría pública, administración de empresas y que continúen disminuyendo medicina y odontología". (p.29).
Es ilustrativo para explicarse los recientes acontecimientos en la UNAM que la policía aplicada no proviene m s que del PROIDES. Este recomienda en su punto 16 de "políticas"; que las instituciones de educación superior establezcan y perfeccionen sus REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCION ACADEMICA PARA EL INGRESO A LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA, buscando LA ELIMINACION GRADUAL DEL PASE AUTOMATICO, y que implementa TOPES DE ADMISION por carreras (p.28). Propone adem s que las instituciones de m s de 30 mil estudiantes, detengan su crecimiento (p.20) y otras medidas por estilo.
Los planes educativos del gobierno pretenden, según el PND, racionalizar la matrícula hacia un crecimiento m s equilibrado y ordenado de la matrícula de los niveles medio superior y superior, lo cual implica:
Orientar el crecimiento hacia el rea productiva, estrat‚gica y prioritaria, consolidando ciencias naturales y exactas, humanidades e ingeniería y tecnología, y se disminuya la proporción con ciencias sociales y administrativas. (p.18)
Disminución del ingreso con: aumento de demandantes de educación media terminal con campañas de orientación vocacional; aumento de requisitos y procedimientos de selección acad‚mica para el ingreso, con eliminación gradual del pase autom tico, implantación de topes de admisión por carreras.
Unificación del tronco común curricular, años de estudio, fechas de ingreso del bachillerato. El PNES se propuso hasta 1980 crear nuevos centros de educación profesional postsecundaria y carreras cortas, postbachillerato, que cubrían los sectores industrial, agropecuario y pesquero..."es un sistema org nicamente descentralizado". De aquí surgieron los CONALEP y los Colegios de Bachilleres. "La implantación de 27 centros de educación profesional postsecundarias y carreras cortas postbachillerato en el rea metropolitana del D.F. y 47 en las entidades federativas" (PNES: 104).
El PRONAES por su parte procuraba "canalizar una gran proporción del flujo de alumnos, hacían las diferentes opciones de educación media, con el propósito de aminorar el impacto de la demanda en el nivel superior".
El punto de 3 "políticas" el PRONAES plantea "que las instituciones crezcan en los próximos años conforme a un planteamiento nacional que de prioridad a cierto tipo de educación, y a las regiones, estados e instituciones..." (PRONAES 10.5).
Dentro de las "Metas" se coloca "adoptar en 1984 criterios y políticas para distribuir el flujo en el nivel medio y medio superior instrumentarlas con recursos y acciones" y "contar en 1984 con un marco de políticas y acciones de orientación vocacional para ser aplicadas de 1985 a 1988 en secundaria y bachillerato". Finalmente se propone "lograr en 1984 un acuerdo con la INES autónomas la aplicación de las políticas de primer ingreso para el período de 1985-1988..." y lograr el compromiso para adoptar el modelo de ordenamiento respectivo de crecimiento.
El el programa 10.1, el PRONAES "fortalecer aquellas opciones distintas de la educación superior e influir en los valores de la sociedad y de la juventud para que modifiquen sus actitudes y preferencias". (p.10.11).
Esto es: "contar en diciembre de 1986 con un documento que establezca techos deseables año por año hasta 1988 sobre la atención a la demanda de ingreso a universidades, tecnológicos y normales superiores, por reas y carreras, a nivel nacional, regional y estatal" (1§.32) y contar hasta marzo de 1985 con una serie de convenios con las instituciones de educación superior autónomas para aplicar las políticas y techos establecidos" (Ibid).
En el subprograma 10.3 se establece "contar en septiembre de 1984 con el compromiso de las instituciones de educación superior autónomas de adoptar el modelo de racionalización del crecimiento de la población escolar" (p.10.41).
Por su parte el PROIDES impulsa que el proped‚utico se oriente hacia las matrículas de reas tecnológicas y que a su vez se limite a estudios de licenciatura y postgrado; que se impulse el crecimiento de las estatales de las regiones III, VI y VII, que se evite la concentración en el reas metropolitana del Valle de M‚xico. Que la IES de m s de 30 mil alumnos en licenciatura detengan su crecimiento, que las que tengan una matrícula, ente 10 y 30 mil fijen límite de crecimiento atendiendo a que este sea moderado y aquellas con menos de 10 mil aumente su población; los tecnológicos con una matrícula de m s de 10 mil estudiantes detengan su crecimiento y los de menos de 5 mil la aumenten.
Que para 1990 tengan en ciencias naturales un aumento de 2.85% a 6%; en humanidades de 2.93 a 5% y en ingeniería y Tecnología de un 28 a 35% con respecto de la población total de la licenciatura (PROIDES pp. 27-29). Que no aumenten en derecho, contaduría pública, administración de empresas y continúe disminuyendo en odontología y medicina (p.29).
Lograr una matrícula de postgrado del 3 al 5% del total de la población escolar.
Finalmente como parte de la política de crecimiento, el PROIDES propone la necesidad de establecer criterios y normas para la creación y funcionamiento de las universidades privadas.(p.28).
RELACIONES LABORALES
Es evidente que un elemento central para garantizar la productiva del trabajo acad‚mico es tener el control del personal acad‚mico y de investigación en las universidades. El PROIDES y el SNI, así como los convenios particulares que las universidades establecen con los trabajadores acad‚micos son medios para controlar individualmente a estos. Sin embargo, un elemento fundamental para impedir obstrucciones en este control est precisamente en la regulación de las relaciones laborales acad‚micas directamente controladas por las instituciones y no por los sindicatos.
La única posibilidad de dar cauce a este tipo de necesidades es sustituir las relaciones laborales bilaterales establecidas en los contratos colectivos de trabajo, por reglamentos del personal acad‚mico, suprimiendo de esta manera la bilateridad y la titularidad en la contratación del personal acad‚mico de las universidades. Contraponer lo acad‚mico con lo laboral y colocar los aspectos laborales como reductos sindicales y los acad‚micos como exclusivos en las instituciones como lo establece la Legislación Soberonista. Este conjunto de planteamientos conducen f cilmente al argumento de que los sindicatos violan la autonomía de las universidades al pretender introducir en la problem tica acad‚mica.
El argumento academista es el marco de fundamentación que pretende suponer que "se rescató la vieja idea de tener estructurada la organización acad‚mica por rea; saliendo de entre ellas los trabajadores universitarios acad‚micos de mayor prestigio, avalados en su grado acad‚mico (que debería ser de postgrado), una antigedad mínima de diez años de servicios prestados a la institución y, así mismo que no est‚ ocupando puestos de dirección universitaria o sindical, para ellos, en forma imparcial, pueden estudiar detenidamente a currículum de cada uno de los aspirantes a ocupar las plazas acad‚micas vacantes convocadas. Estos formar n lo que a la postre se denominó comisiones acad‚micas dictaminadoras..." (1)
(1) Manifiesto del Comit‚ Ejecutivo del SUNTUAP del 15 de octubre de 1985.
Esto recuerda la vieja pol‚mica sobre el apartado "C" donde los defensores del doctor Soberón señalaban: "no hay autonomía!", cuando los órganos acad‚micos que la propia universidad ha dado no quedan facultados para determinar el cumplimiento de los requisitos acad‚micos de ingreso a la docencia y a la investigación y para elegir a los que han de encargarse permanentemente de estas funciones (2).
(2) Mois‚s Hurtado Gonz lez, Consejero universitario de la UNAM, la Universidad en el mundo, número especial 4, octubre `76 p.11.
En el mismo debate, el Lic. Jorge Carpizo, abogado general de la UNAM y hoy rector de la misma universidad señalaba:... el rector Soberón consciente de la necesidad de ajustar el derecho a las nuevas realidades, dió instrucciones para revisar con urgencia las normas que regían a la comunidad universitaria. La tarea que significaba el estudio de la legislación, reglamentos y diversas disposiciones normativas... "Esta comisión dió entre 1973 y 1976: 1) el estatuto del personal acad‚mico, 2) los instructivos para la creación del profesorado de carrera en la enseñanza media superior; 3) el título de condiciones gremiales del personal acad‚mico y 4) el proyecto de reglamento de las comisiones dictaminadoras".
En lo que se refiere a estas últimas, "Carpizo señala: la elevación del nivel acad‚mico requiere de los procedimientos que garanticen una adecuada selección de profesores e investigadores. Dicha selección debe lograrse mediante jurados constituídos con los m s distinguidos representantes de las diversas disciplinas que se cultivan en la universidad. En nuestra Legislación, dichos jurados son las comisiones dictaminadoras del personal acad‚mico". Las comisiones dictaminadoras -continúa m s adelante- deben ser presididas por aquel de sus miembros que tenga mayor antigedad acad‚mica en la UNAM.
"De esta forma -termina Carpizo, el proyecto constituyen el instrumento para posibilitar la marcha regular de las instancias acad‚micas sobre las que recae la responsabilidad de la selección y promoción de profesores e investigadores" (1).
(1) La Universidad en el mundo, número especial 5, octubre de 1976 pp. 41-47.
No cabe duda que el estado mexicano ha tenido una proyecto de la educación superior que ha venido imponiendo a partir de la UNAM y con el doctor Soberón como arquitecto principal, donde la SEP, la ANIUES, la legislación laboral y la legislación institucional sobre la autonomía jugaron un papel fundamental y que ahora continúan teniendo a los rectores de las universidades como instrumento.
Los reglamentos del personal acad‚mico y las comisiones dictaminadoras han sido instrumentos que ha introducido en las Universidades, en ocasiones con la ausencia de los sindicatos otras con su total desconocimiento y en Sinaloa y Guerrero con chantajes y negociaciones, condicionando su aprobación a la entrega de los incrementos salariales.
El doctor Soberón fu‚ uno de los principales impulsores de la legislación laboral universitaria; su proyecto no sólo buscó la regulación de las relaciones laborales sino tambi‚n coadyuvar a la precisión de las relaciones del Estado con la universidad, ya que propuso en su iniciativa una mayor intervención del aqu‚l sobre las decisiones autónomas de las universidades.
Tanto por su proposición de agregado al artículo 123 constitucional como sus dem s proposiciones mantienen este principio. Por esto se ha convertido en el principal restriccionista de la autonomía universitaria.
Su concepto de autonomía es restrictivo no sólo por los sindicatos sino tambi‚n para el conjunto de los universitarios, ya que limita la participación de ‚stos en los marcos puramente acad‚micos. Su propuesta no tomó en cuenta que el desarrollo de las universidades ha permitido la organización de sus trabajadores y que, como tales, no pueden dejar sus opiniones respecto al conjunto de las esferas universitarias. Es precisamente el surgimiento de estas organizaciones -producto de situaciones objetivas- lo que ha venido a agudizar la crisis de la universidad tradicional y todo aquel complejo de conceptos y pr cticas que rectores como el de la UNAM tratan de preservar.
El doctor Soberón partió de la separación absoluta entre las relaciones acad‚micas y laborales, presuponiendo que los sindicatos sólo deben tener funciones estrictamente limitadas, la consecución de mejoras económicas de sus afiliados; según el ex rector de la UNAM, la posibilidad de que los trabajadores universitarios participen en las relaciones acad‚micas arrojaría un saldo negativo para las instituciones de enseñanza superior.
Por ello, el trabajador acad‚mico no puede estar desvinculado de su función de educador y formador de estudiantes, ya que su experiencia y su pr ctica cotidiana lo obligan a observar cercanamente las deficiencias o virtudes de los planes y programas de estudio, las deficiencias de la estructura educativa y los mecanismos de relación entre el profesor y el estudiante. De ahí la obligatoria necesidad de participar tanto en la definición de los objetivos de la enseñanza y la adecuación permanente de ‚sta a las condiciones del desarrollo nacional, como del tipo de profesores y su nivel de preparación.
A la discusión sobre el apartado "C" del artículo 123 de la Constitución que proponía Soberón, vino otra en relación con la autonomía universitaria y sobre la radicalización nacional de los trabajadores universitarios. Importantes movilizaciones se dieron para lograr un reconocimiento legal para los sindicatos universitarios. Finalmente, es elevado a rango constitucional la autonomía universitaria; se prohibe explícitamente la sindicalización nacional de los trabajadores de las universidades, pero quedan sujetos a la jurisdicción del apartado "A" de la Ley Federal del Trabajo. Señala que sólo podr n formarse sindicatos de personal acad‚mico, administrativo o de institución, sin incorporarse a los dos tipos de trabajadores y adem s faculta sólo a la institución para la contratación, permanencia y promoción de los trabajadores acad‚micos, suprimiendo la posibilidad de que los sindicatos intervengan en estos procesos.
El PNES plantea la necesidad de una legislación apropiada tanto para la planteación integral del sistema, como por la "diversidad de crecimientos en relación a la manera de tratar los problemas laborales que se presenten. Finalmente por la falta de criterios de revalidación de estudio entre instituciones.
El Plan Nacional de Educación Superior describe que de enero de 1975 a noviembre de 1978 hubo m s de 40 suspensiones de labores en 22 instituciones y que a pesar de los derechos legítimos de los trabajadores, tambi‚n tienen la obligación de cumplir con sus funciones y finalmente "repercute en forma lesiva para la vida acad‚mica de las instituciones" (p.45).
El PROIDES sostiene la caracterización de que las instituciones de Educación Superior existe "desatención a la superación y eficiencia del personal acad‚mico y administrativo por parte de las instancias sindicales" y que las actividades acad‚micas y administrativas se vean afectadas por secciones sindicales inapropiadas (p.16). Plantea la necesidad de precisar las normas jurídicas en los procedimientos administrativos relacionados con el personal, para definir "obligación de tareas, obligaciones y atribuciones, categorías, incorporación, contratación, ascenso y promoción" adem s, el establecimiento de criterios para decidir sobre la promoción y permanencia del personal, con una evaluación sistem tica para revisar tabuladores y otorgar compensaciones y estímulos.
Este tratamiento ha dado como resultado la introducción de tabuladores en sustitución de incrementos salariales, de reglamentos de personal Acad‚mico y Reglamento Interior de Trabajo el personal administrativo con un sentido autoritario y suprimiendo toda la participación de las organizaciones sindicales en la planificación de las instituciones. El Reglamento de Admisión y Promoción y Permanencia de los Trabajadores se han convertido en instrumentos con los Planes de Contingencia que, como en la UNAM provocan ajuste de personal y cierre de centros de investigación no priorista. Finalmente se ha provocado la actitud patronal de las autoridades universitarias se suprimir del clausulado del Contrato Colectivo de Trabajo la participación del sindicato en la vida acad‚mica.
El trato que les podemos dar a la política seguida ante el sindicalismo universitario puede dividirse en dos grandes corrientes enarboladas desde la posición universitaria por dos rectores, ambas abordan el problema correctamente, desde la posición universitaria y puede ubicarse como el intento por definir la política laboral de las universidades.
Una de ellas es la del doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la UNAM y actual secretario de salubridad. El doctor Soberón combatió el sindicalismo universitario, solicitó la declaratoria de inexistencia de huelga, solicitó la entrada de la policía a la UNAM y potencia de la huelga, solicitó la entrada de la policía a la UNAM y provocó que la policía detuviera a los principales dirigentes de la huelga que existía en la contratación colectiva para el sindicato (Unico de Trabajadores de la UNAM, que resultaba de fusionar los sindicatos de empleados y de acad‚micos. Ante la eminencia de la sindicalización nacional de los trabajadores universitarios presentó una iniciativa de adición al artículo 123 de la Constitución General de la República Mexicana.
El contenido de esta proposición se puede resumir en:
1. Los sindicatos y organizaciones del personal acad‚mico deber n ser distintos de los sindicatos del personal administrativos".
2. "No es concebible que los aspectos acad‚micos sean objeto de negociación" (ingreso, promoción, definitividad, entre otros).
3. "Los aspectos acad‚micos deber n ser establecidos por un órgano universitario de car cter t‚cnico".
4. "Para el personal acad‚mico no puede existir la cl usula de exclusividad en la admisión..." (1)
(1) Proyecto del apartado "C". La investigación en el mundo, UNAM, 1977.
A estos debemos agregar dos elementos m s aportados por la actual rectoría de la UAP.
5. Los trabajadores universitarios y sus organizaciones no pueden participar en las transformaciones universitarias.
6. Los sindicatos violan la autonomía universitaria. (2)
(2) "La negociación de las cuestiones acad‚micas sería la destrucción de las universidades" (Jorge Carpizo, La Universidad en el mundo" número especial 1. 1976, p.323).
Algunos de estos aspectos fueron introducidos en la Legislación Nacional aprobada por el Congreso de la Unión, adem s del criterio de que la sindicalización nacional de los trabajadores universitarios no es compatible con la autonomía de las universidades y tambi‚n era sostenido por el rector de la UAP.
Otros ejemplos encontramos en la iniciativa que presentó el Lic. Jorge Medina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al Consejo Universitario en la que demandaba la supresión de cl usulas del Contrato Colectivo de Trabajo en la UAS.
Así mismo se encuentra la demanda que presentó el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana ante la Junta de Conciliación contra las cl usulas del Contrato Colectivo de Trabajo que permitían la ingerencia del SITUAM en la vida acad‚mica de la UNAM. En el primer caso el Consejo Universitario rechazó la propuesta y en el segundo la Junta de Conciliación y Arbitraje falló a favor de la UNAM.
La otra posición ha sido sostenida por el Ing. Luis Rivera Terrazas rector de la UAP donde el Programa de Reforma plantea hacia los sindicatos universitarios:
1."El fenómeno del sindicalismo no atenta contra la existencia de la universidad ni en contra de sus fines" (3).
(3) Programa de Reforma, material de discusión. ob.cit.
2."Como Universitarios tenemos el pleno derecho de ubicar a las organizaciones de trabajadores como actores dentro de las instituciones de educación superior. Conocer, opinar y actuar para transformar la educación superior del país" (4).
(4) SUNTU, Encuentro de sindicatos universitarios, 23-24 octubre 1982. M‚xico, D.F.
3. "Ingreso por vía de concurso de oposición para los trabajadores acad‚micos así como garantizar su estabilidad laboral y la adopción de medidas que permitan instrumentar su promoción" Esta posición fu‚ sostenida recientemente por 126 organizaciones de trabajadores de la educación superior que pretenden formar una nueva Organización Sindical Nacional.
"Los trabajadores de la educación superior reclamamos participación directa en la definición de las políticas educativas nacionales, en el desarrollo y transformación de los centros de educación, en la admisión, promoción y permanencia de los trabajadores. Como parte intrínseca de los centros educativos reivindicamos adem s, la autonomía universitaria y su defensa ante las agresiones del estado, demandando, en una lucha de frente común el lado de los estudiantes y sus organizaciones y en el marco de una discusión
democr tica del presupuesto de las instituciones, el obligado financiamiento, sin restricciones, a los centros de educación superior" (5)
(5) Pacto Nacional de Trabajadores de la Educación Nacional 23 y 24 de noviembre de 1985, Culiac n, Sinaloa.
CONCLUSIONES
La aplicación del Plan Nacional de Educación Superior ha venido a desarrollar mecanismos de control y regularización centralizada del desarrollo de las Instituciones. Por medio de la asignación programada de los presupuestos, la definición de reas prioritarias, impulso de carreras y especialidades, y recomendaciones administrativas y de gobierno hasta de legislación
constitucional, han venido a reforzar estos mecanismos de control.
El PRONAES diseñó un programa preciso en diversas reas que poco a poco fueron imponiendo como pasos inmediatos despu‚s de la institucionalización del PNES. Estos programas impulsaron una homogenización del Sistema Educativo Nacional de Educación Superior que despu‚s de ya ocho años es difícil echar atr s.
El PROIDES ha sido una reconsideración de algunos aspectos del programa adecuados a la situación de la crisis económica y sobre todo para acelerar los pasos para el cumplimiento de las metas del PNES y del PRONAES sobre todo en lo que se refiere a la disminución de la matrícula, control de la eficacia, la racionalidad de los recursos y su evaluación permanente, el impulso de diversificación de las firmas de financiamiento, la vinculación con el sector privado y sobre todo hacer descansar el sistema educativo en el complemento para las reas de producción prioritarias, tanto en el nivel de incremento de la productividad de la planta industrial, como en la competitividad de los productos mexicanos con los extranjeros y, finalmente con la capacidad para absorber la tecnología de los países desarrollados.
La aplicación radical de estos lineamientos, sobre todo los contenidos en el PRONAES afecta principalmente a los estudiantes de bajos recursos, sobre todo, a aquellos que ven en la educación superior su salida promocional.
La limitación en el ingreso, como lo propone el PROIDES. La terminación del pase autom tico, el incremento de las cuotas, el impulso a la salida terminal como única alternativa despu‚s del bachillerato y mantener como expectativa sólo la posibilidad de llegar a "mano de obra calificada", provoca inquietudes en las capas de jóvenes que buscan nuevas alternativas. En ello tambi‚n incide la crisis económica que afecta a las familias que hacen verdaderos esfuerzos por sostener la educación de sus hijos.
En un ambiente de frustración social y de anulación de las posibilidades de promoción, es dable que las medidas autoritarias como las impulsadas por el doctor Carpizo, rector de la UNAM pudieran ser tomadas como punto de partida para una gran protesta nacional que tenía ya perspectivas de combatir el conjunto de la política educativa de educación superior del gobierno, es decir, podría frustrar los programas de ajuste educativo y su adecuación a las medidas emergentes contra la crisis.
Es el Plan Nacional de Educación que se ha venido aplicando en las universidades y que en gran medida ha sido aplicado ya como un medio de incorporación de las instituciones de educación superior al proceso de centralización del control político y autoritario.
A pesar del gran movimiento que se ha gestado por los estudiantes de la UNAM no ha quedado claro por la opinión pública ni con la fuerza del impulso de la demanda, que el problema principal radica en la política educativa del gobierno y sus planes de control del sistema tema educativo nacional que datan desde 1978. Para ello no basta que se coreen las manifestaciones o que se exprese en mantas. Se necesita un gran movimiento estudiantil nacional contra estos planes. No hay t‚rminos medios. La política educativa ahoga a todos los estudiantes y trabajadores y deja a las instituciones al servicio del gobierno federal y de su política. Es fundamental mantener una posición firme y decidida, sin ambigedades y sin frenos que la historia ya nos puso en otros momentos, sobre todo cuando vislumbr bamos la posibilidad de la democratización nacional. Hoy es la crisis. Y los responsables no son los estudiantes, ni los trabajadores, ni las amas de casa.
2. En M‚xico, la reconversión industrial est en curso. Y a ella obedece la reconversión de las Instituciones de Educación Superior (IES).
3. Los fundamentos y los instrumentos de la reconversión de la IES, son a saber: El Plan nacional de Desarrollo y el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES). Sus plazos, ritmos, niveles y formas de aplicación son diversos. Lo que ha impedido que haya en la IES, una respuesta global y a plazo fijo.
4. La reconversión de las IES es una ofensiva general del capital en contra de estas y sus contenidos, estructuras y fines democr ticos y populares. Sus objetivos m s evidentes y de fondo, son:
1§. La reducción de la matrícula escolar.
2§. Eliminación de la gratuidad de la enseñanza.
3§. Estandarización y reorientación del conocimiento, eliminación de la libertad de c tedra y de la pluralidad ideológica y política.
4§ Reorganización de los procesos del trabajo administrativo y acad‚mico, bajo la presión de nuevos mecanismos de coerción.
5§. Reducción del gasto educativo.
5. La reconversión de la IES es un proceso en marcha. Fu‚ aplicada en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (se intenta imponer en la UNAM y el IPN; y seguir , parece ser, con las universidades de provincia m s importante; la de Puebla, Sinaloa y Guadalajara.
Los resultados de la aplicación de la política de reconversión en la IES, en el nivel de los trabajadores, son reconocibles: excesivo deterioro salarial y pulverización de los tabuladores contractuales frente al movimiento de los salarios mínimos
generales y profesionales; despidos masivos, cancelación de nuevas contrataciones e incremento de las cargas de trabajo; reducción de prestaciones; crecimiento del personal de confianza y sus privilegios; y ruptura del equilibrio entre investigación y docencia, a favor de esta última.
Los esfuerzos de los trabajadores administrativos y acad‚micos por resistir a la conversión en la IES no han fructificado. El SUNTU y el PNTES no han mostrado esta capacidad.
8. En la UNAM, los trabajadores acad‚micos y administrativos fueron sometidos o integrados a la política de reconversión de la IES. Recibiendo esta política en todos los casos, el apoyo de la izquierda institucional.
Entre otros aspectos el de las relaciones laborales es el de los m s afectados ya que el PROIDES coloca al sindicalismo como uno de los fenómenos que, han afectado la superación y la eficiencia del personal acad‚mico y administrativo "debido a las acciones sindicales inapropiadas". (p.16) Señala la falta de criterios claros para la estabilidad y promoción de profesores (p.21) y recomienda la precisión en las normas jurídicas y en los procedimientos administrativos, definiendo categorías y atribuciones; incorporación y contratación, permanencia y estabilidad, ascenso y promoción (p.29) impulsando los mecanismos de evaluación (p.30) y la "revisión y modificación de los tabuladores en cuanto al número de categorías y niveles de personal". (p.30).
Una de las bases principales de la planificación educativa es apoyo y legitimidad institucional por medio de la legislación; es por ello que el PROIDES recomienda este paso como necesario.
Estos y otros muchos que contiene el PROIDES son el marco de referencia necesario para poder iniciar una discusión plural y democr tica universitaria como resultado de las huelgas por incremento salarial de emergencia, de política salarial, política laboral universitaria y participación de los universitarios en la renovación de los órganos de gobierno universitario.
Al pasar la reconversión al nivel de los estudiantes, se produjo una oposición. Transform ndose, despu‚s de cuatro meses de movilización y negociación, en la m s grande resistencia de masas universitarias despu‚s de 1968.
La UNAM es el único lugar en donde los estudiantes han sabido y en estos momentos, un significado estrat‚gico. Si los estudiantes llegan a triunfar, las condiciones de lucha en la IES, se modificar n de manera sustancial. Si son derrotados, los m rgenes de victoria en las universidades de provincia, ser n mínimos.
Las demandas del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) apuntan hacia la configuración de nuevos equilibrios de poder, por tal razón la lucha universitaria deber convertirse en lo inmediato, en una potente resistente nacional, estudiantil y popular.
Hoy, la resistencia universitaria es un fuerte estímulo moral y político para las clases subalternas. Su mensaje es claro, es posible resistir y vencer; la política del capital puede ser derrotada. En esa medida, el nuevo espíritu de la resistencia, le presta otro servicio a la Nación, desbroza la irrupción masiva de la clase obrera en un futuro cercano.
El Heraldo de Puebla 280810
El Heraldo de Puebla 020807
Intolerancia 15 de Agosto de 2010
Informe del primer punto del orden del día del III Congreso Nacional de la CJM, diciembre, 1970.
Organo informativo del Comité Coordinador POLI-UNAM, México, 1969.
"Hoja Popular" núm. 6, Puebla.
Comunicado de la FECSM, hoja volante.
