Fwd: México, Peña, Slim, Tv Azteca y Televisa. ¿Y los que no tienen voz? No a la interrupción del embarazo: Televisa. Telecomunicaciones, reforma esperada. De políticos y dueños. Vuelta a la presidencia imperial

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De: "Forumenlinea" <forum@forumenlinea.com>
Fecha: 25 de marzo de 2013 12:51:40 GMT-06:00
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Asunto: M?xico, Pe?a, Slim, Tv Azteca y Televisa. ?Y los que no tienen voz? No a la interrupci?n del embarazo: Televisa. Telecomunicaciones, reforma esperada. De pol?ticos y due?os. Vuelta a la presidencia imperial

 

 

Forum en Línea 262

                                                                                                                                                                                    Del 16 al 31 de marzo de 2013

 

 

 

Forum en Línea sigue gracias a ustedes

http://www.forumenlinea.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56

 

 

 

Siete libros y dos ensayos de José Francisco Gallardo Rodríguez y Eduardo Ibarra Aguirre

http://www.forumenlinea.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=68

 

 

 

México, Peña, Slim, Tv Azteca y Televisa

 

José Luis Camacho Acevedo

grupocamachonoticias@gmail.com

 

El presidente Enrique Peña Nieto presentó su iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones.

Lo que se esperaba de la propuesta presidencial en este delicado tema se cumplió.

Con la reforma habrá simplemente reglas más claras en el mundo de las telecomunicaciones en México que hasta ahora funcionan entre la opacidad y las lagunas jurídicas. Esto si los legisladores no la analizan a la luz de sus intereses particulares en lugar de verla en función del interés nacional.

Por supuesto que una reforma de fondo en telecomunicaciones transformaría el status en el que se encuentra este sector tan sobreprotegido, mal regulado y convertido en un poder fáctico que condicionó, y hasta mantuvo como un rehén mediático, a los gobiernos de Fox y Calderón que no tenían ni información, ni interés y menos agallas para cambiar las reglas de las telecomunicaciones nacionales.

Habrá un nuevo órgano encargado de la regulación del sector que aspira a tener autoridad moral y elementos jurídicos y políticos para frenar la desbordada presencia de los poderes fácticos.

Condiciones que prevalecen gracias a algunas argucias legaloides como los amparos a la condición de "dominancia" que, por citar el caso más emblemático de los monopolios de las telefonías fijas y móviles en México, tiene Telmex de Carlos Slim, serán revisadas en función del interés nacional y no de los arreglos en lo oscurito o de negociaciones perversas de promover figuras, lo mismo de los negocios que de la política, a cambio de impunidades y sobreprotección legal por parte del gobierno a los concesionarios de los espacios telecomunicativos.

Peña Nieto tuvo el valor de darle un sustento jurídico a una transformación largamente reclamada por la sociedad en el ámbito de las telecomunicaciones nacionales.

Todos los especialistas decían qué era lo que tendría que hacerse para sanear el mundo de las telecomunicaciones en México. Pero ningún presidente había tenido el valor de convertir esa demanda social en una iniciativa que cambiara las reglas sucias de ese juego.

Los discursos que los políticos pronunciaron en el evento del día 11, cuando Peña Nieto presentó su iniciativa en materia de telecomunicaciones que de verdad contiene propuestas que transformarán el esquema vicioso que hoy se padece en ese ámbito, siguen siendo puro bla, bla, bla.

Apoyan de dientes para afuera el proyecto peñista en materia de cambios a las telecomunicaciones, pero esperemos a ver como se comportan cuando se discutan los puntos que pueden quitar o afirmar los privilegios que hasta ahora han tenido los poderes fácticos.

Pero lo importante es que Peña Nieto sigue en la transformación de México.

Y algo que hay que dejar muy claro es el acierto con el que lo viene apoyando Luis Videgaray en estos pasos fundamentales de la consolidación peñista.

Videgaray, sin duda, es el factor de confianza de Peña Nieto.

En tiempo real

1. Los panistas no entienden. Siguen teniendo los tribunales y los despachos mafiosos como reductos para ganar dinero de la manera más gansteril que se pueda uno imaginar. Se ventila un caso ahora en donde el inefable Santiago Creel, se lanza contra la presidenta en México de la empresa de energía de origen francés llamada ALSTOM. Creel, al parecer apoyado por amigos de Pedro Aspe y de Fernando Gómez-Mont, acosan a la presidenta de la empresa, la mexicana Cintia Angulo, por el hecho de que cumple con su trabajo y lo hace en función de las directrices que le marca la empresa a la que sirve como es el caso de la demanda laboral a favor de un excolaborador que ya ni quien se acuerde de él, pero que les dijo a Creel y asociados que le podían carrancear 50 millones de dólares a los empresarios galos. Nadie mete las manos al fuego por los franceses; pero menos por unos abogados con fama de gánsteres como son Lozano Gracia, Santiago Creel y en menor grado Fernando Gómez-Mont.

El procurador capitalino, Rodolfo Fernando Ríos Garza, debe cuidar muy bien la actuación de sus ministeriales en este caso.

2. Sigue calentándose el caso Michoacán. Las versiones son cada vez más fuertes en el sentido de que es muy remota la posibilidad de que el gobernador con permiso, Fausto Vallejo, alcance a recuperarse totalmente de su salud y regrese al cargo. El nombre que encabeza la lista para el interinato es el senador Ascención Orihuela Bárcenas, seguido del diputado Alfredo Anaya Gudiño. Orihuela es el favorito por ser un peñista de origen.

 

 

 

¿Y los que no tienen voz?

 

Francisco Gómez Maza / Análisis a fondo

analisisafondo@cablevision.net.mx

 

La iniciativa de reforma a las telecomunicaciones, apoyada ya por 340 diputados,  presenta avances en lo que se refiere al aspecto mercantil del espectro radioeléctrico. Pero de ello a que pudiera ser una reforma democrática hay una enorme distancia.

Desde el cuadrante de la sociedad que no tiene derecho de participar en el llamado debate público, la iniciativa adolece de importantísimos olvidos. Uno: las radios comunitarias.

Lo único claro en la iniciativa es la propuesta de un organismo público autónomo para operar los sistemas de radio y de televisión asignados al gobierno federal, incluido el OPMA (Organismo Promotor de Medios Audiovisuales), que proveería el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. Los otros serían el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Pero nada de la comunicación comunitaria, y especialmente de la radiodifusión comunitaria, que representa uno de los principales instrumentos de la ciudadanía organizada para hacer efectiva su libertad de opinión y expresión a través de sus propios medios.

Los dos organismos públicos que controlarían las telecomunicaciones  contarían con un consejo ciudadano, elegido a propuesta del Poder Ejecutivo, para asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva.

Sin embargo, como lo ha advertido la secretaria de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara, Luisa María Alcalde Luján, una inconsistencia grave es la forma en que habría de elegirse a los comisionados. Contrasta con el objetivo de la iniciativa: el reconocimiento a la libertad de difusión de las ideas como derecho fundamental, constitucional.

Se concentraría el poder en los comisionados, que durarían nueve años en el encargo. Participarían en el comité que evaluaría a los aspirantes a ocupar un puesto en esos dos organismos el INEGI, el Banco de México y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No se entiende por qué dejaron fuera a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Otra inconsistencia: en el caso del otorgamiento de concesiones y revocaciones por parte del instituto, tendría que haber una previa opinión del Ejecutivo federal, aun cuando el organismo tendría autonomía.

Desde una perspectiva de derechos humanos, de acuerdo con el criterio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, resulta imprescindible, para consolidar una sociedad democrática, que coexista una mezcla de medios públicos, privados y comunitarios, por medio de los cuales todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, logren expresar sus voces, promuevan el debate en sus comunidades, intercambien información y conocimiento, y participen en la toma de decisiones públicas.

            Frente al desarrollo incesante de las tecnologías de la comunicación, este reto obliga a gobiernos, empresas y sociedad en su conjunto a democratizar el entorno mediático, conforme al principio de pluralismo y diversidad que debe regir el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Pero desafortunadamente esta libertad, junto con otras libertades fundamentales, está limitada por la violencia y criminalizada por una ideología impositiva de la seguridad, que pasa por encima de los derechos fundamentales de las personas.

Y la comunicación comunitaria, y especialmente la radiodifusión comunitaria, resulta todavía más vulnerada debido, por un lado, a la concentración empresarial y gubernamental de los medios masivos de comunicación y, por el otro, a la falta de un reconocimiento explícito en las leyes de medios, y de un marco que regule su funcionamiento.

De acuerdo con diversas denuncias de organizaciones civiles encabezadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México, autoridades federales y estatales han realizado operativos para desmantelar cabinas de radio, e imponer sanciones penales desproporcionadas a quienes participan en estos proyectos comunitarios, debido principalmente a la falta del otorgamiento de un permiso legal para utilizar el espectro radioeléctrico.

 

 

 

No a la interrupción del embarazo: Televisa

 

Sara Lovera 

saraloveralopez@gmail.com   www.diezcomunicacion.com.mx

 

Mientras los grupos de mujeres apoyan al sector más crítico y democrático de "expertos" que estarán vigilando la reforma a las telecomunicaciones, Televisa lanzó, el 9 de marzo, a todo color, una serie de 10 historias que se trasmitirán los sábados a las 18 horas, dedicado a homenajear el embarazo, el parto y las bondades de la maternidad.

Nueva Vida, como se llama el programa, reforzará los cambios legislativos estatales en que se ha construido lentamente la idea de que interrumpir un embarazo no debe ser un derecho para las mujeres.

Llama la atención el nivel de alejamiento entre la crítica social, en este caso de las feministas, a los medios y la realidad. Se ha promovido una cadena epistolar para promover que la reforma en las telecomunicaciones sea equitativa y democrática; que se amplíe el acceso de distintos sectores a las concesiones de cadenas y canales de televisión; que se ponga remedio al monopolio y que se abra todo el espacio radioeléctrico, sin reparar en el contenido misógino de la programación, el contenido retrógrado de las historias que en televisión abierta llegan a millones de personas.

Hasta ahora los sectores ocupados en la democratización de los medios no han proveído  el perfil discriminatorio del contenido de lo que transmiten los monopolios. Nadie puede hacerlo todo, se han ocupado perfecta y sistemáticamente en el tema de la propiedad de los medios. No tienen tiempo para analizar los contenidos. Eso supongo.

Durante décadas, las feministas han criticado la invisibilidad que se aplica a la mitad de la población, no obstante las discusiones y los acuerdos, la construcción del Capítulo J en los acuerdos de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (celebrada en Pekín, China, 1995), no existe ninguna instancia feminista de discusión. Hay, como siempre, las antropólogas o académicas que en tubo de ensayo analizan los medios, pero el activismo y la práctica feminista está totalmente alejada de esta problemática.

Preocupa  que la reforma está por encima de nuestras cabezas sin saber qué sucederá en este sentido.

Tal vez por eso, sin pena ni gloria comenzó Nueva Vida, una serie de diez capítulos para reverenciar a la maternidad en el siglo XXI, producción a cargo de Luis de Llano, con una hermosa canción de cuna cantada por Yuri y con la actuación de un elenco muy reconocido en el público, entre ellos, Héctor Suárez.

De esta forma, Televisa a través de su pantalla, multiplicada hasta el infinito, dará juego a esa polémica que ha atravesado a los congresos de 18 estados sobre el origen de la vida: a todo color se presentará cada sábado, el cigoto, en nombre de la vida. Una forma de apuntalar a la reforma constitucional que podría discutirse cualquier día en la Cámara de Diputados, cuya tendencia es anular las excepciones de ley sobre la interrupción del embarazo y por supuesto abatir el avance que en este sentido hemos logrado en el Distrito Federal.

Se anunció como un homenaje a las madres. Comenzó el 9 de marzo, cuando no habían sino comenzado las ceremonias, ritos, actividades y foros sobre la igualdad de las mujeres en torno al 103 aniversario del 8 de marzo. Cuando nos ocupábamos de invitar y convivir con la nueva administración, para defenestrarla enseguida y con una venda en los ojos que impide ver la construcción ideológica del poder.

¿Quién duda de la postura de Enrique Peña Nieto sobre el aborto? ¿Cuántos funcionarios y no sólo las mujeres del PRI condujeron el voto en los estados donde comenzó la andanada contra la tradición despenalizadora del aborto en México?

Frente a la reforma en las telecomunicaciones Televisa está presta a coincidir con los deseos del señor presidente; tanto que tan pronto conoció del envío de la iniciativa de la reforma en telecomunicaciones, se adhirieron a ella, mientras activan a quienes como legisladores forman lo que se denomina telebancada.

Es decir, las cosas no son aisladas unas de otras. Analizar a los medios, significa ver todo el panorama: medios que controlan la libertad de prensa de sus trabajadores y trabajadoras; que producen desde una perspectiva misógina y discriminatoria; tribunas para reafirmar los papeles tradicionales de hombres y mujeres, contrario a la ley que garantiza nuestros derechos, desde el artículo uno de la Constitución; mecanismos de propaganda de la ideología del gobierno en turno; concesionarios de la propiedad de la nación a quienes debíamos pedir rendición de cuentas.

También violan la Constitución en el tema del laicismo, después de las 12 de la noche, en Canal 4, entran los sacerdotes y las iglesias a decir, actuar y difundir sus dogmas, todo ello contra la ley, como explica muy bien Raúl Trejo Delarbre en un magnífico artículo del último número de la revista Zócalo.

Es muy parcial la participación feminista y como se dice desde la perspectiva de género en el debate de los medios de comunicación. Se ha dejado toda la cancha a especialistas poco sensibles a los derechos humanos de las mujeres, más preocupados por sus propios asuntos.

Debíamos también preocuparnos por la telebasura que ha impedido la alfabetización de mexicanos y mexicanas. Apenas este 12 de marzo, Emilio Chayffet, el secretario de Educación, aseguró que 15 millones de personas en México son analfabetas, pero seguro sí ven la televisión.

El horror de este entramado tendría que enfrentarse por todas sus aristas. Es muy importante, es básico quien los va a manejar, en la misma medida de cómo los manejan y qué contenidos se acuerdan.

Hasta ahora muchos sectores de la sociedad, incluidas las mujeres organizadas, progresistas y feministas, sólo piensan en los medios como instrumentos de propaganda, de sí mismas, de sus causas o sus dichos; se ha privilegiado tener algunos espacios de difusión sobre el conocimiento.

Somos una sociedad donde los observatorios de medios, se han desarrollado para la cuestión ciudadana y electoral, pero vivimos un atraso tremendo sobre esa observación desde la perspectiva de género. No tenemos un observatorio de género serio, con bases y con recursos que nos pudiera dar información profunda y análisis con hondura. Yo no creo en la crítica fácil acientífica, necesitamos saber y conocer.

Si hubiera crítica feminista, que no anda buscando presencia mediática únicamente, hace varias semanas que sabríamos y hubiéramos analizado el contenido de Nueva Vida, este programa que abonará contra nuestros derechos sexuales y reproductivos, y relevará la célula de nuestra opresión: la maternidad como destino principal de las mujeres.

En fin. Qué tarea tenemos. La sociedad mexicana tendría que tener claro que en la transformación de los medios de comunicación, su nuevo marco normativo, su renovación, no sólo está en la mesa de discusión lo de las concesiones y los plazos de concesión, sino porque sus emisiones son fundamentales para contrarrestar la ideología que ha mantenido a la mitad de la población en posición subordinada, ignorante, sumisa e incapaz de contribuir a la vida y a la libertad de las mujeres. Saber que no es suficiente una cadena epistolar y golpes en el pecho.

Urge una postura desde los sectores de mujeres progresistas. Urge una comprensión profunda que lo que podrá pasar sin alterarnos y sin indignarnos. En fin, que la cosa no es para menos. Veremos.

 

 

 

Telecomunicaciones, reforma esperada

 

Teodoro Rentería Arróyave / Comentario a tiempo

teodoro@libertas.com.mx   www.felap.info

 

Hasta los más escépticos y los más críticos tuvieron que recular cuando el presidente, Enrique Peña Nieto y los presidentes nacionales de los cuatro partidos más importantes del país, firmaron y entregaron al Poder Legislativo la propuesta de Reforma Constitucional de Telecomunicaciones.

Al igual que la anterior, ya aprobada por el Constituyente Permanente, la de educación, esta nueva de telecomunicaciones acabará de una vez y para siempre con los groseros y exagerados poderes facticos, al regresar al Estado la soberanía, que nunca debió perder, en materia tan delicada para el desarrollo del pueblo y de la nación en general.

La propia reforma prevé la creación de dos órganos autónomos con suficientes dientes para cumplir y hacer cumplir la ley a todos los involucrados en esta materia, se trata del Instituto Nacional de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Competencia Económica.

Estos organismos, que no son poca cosa, ya que para el nombramiento de sus integrantes se buscó una fórmula novedosa, por la cual intervienen en ese proceso, no solo los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino además las universidades y los organismos de la sociedad civil.

Especial énfasis puso el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en la disposición de la nueva normatividad, por la cual ninguna concesión en radio, televisión y telefonía, en todas sus ramas, "se otorgará o se quitará por motivos políticos".

Otro aspecto importante, es la oportunidad para los radiodifusores independientes, ya que el propósito de la reforma precisa limitar a los monopolios, que durante años han saturado el espectro radioeléctrico del país.

Así, en esa forma, habrá una mejor repartición para los concesionarios que sufren en estos momentos, la situación de arbitrariedad de los grandes consorcios.

Lo más importante, por consecuencia, es el público usuario, al que por ahora se le obliga a escuchar y ver una televisión que se reparten dos consorcios y algunas cadenas de radio, a partir de la nueva normatividad tendrá ocasión de de escoger entre varias opciones.

Es obvio imaginar que a partir de esta situación la competencia beneficiaría al pueblo todo. Ya no era posible soportar una programación de contenidos chabacanos, de violencia y de música de mínima calidad, así como de un periodismo dirigido.

La competencia en los medios: radio y televisión, se espera que irá en beneficio de todos, para que los programas de la buena música, de las obras de teatro, de la danza, en fin de las bellas artes retomen los contenidos, que nunca debieron de haber perdido. Si el Legislativo así lo aprueba, México volverá por el sendero de la cultura, de la sapiencia y del periodismo libre y crítico.

 

 

 

De políticos y dueños

 

Víctor Orozco

vorozco11@gmail.com

 

Hagamos un ejercicio de comparación entre los dueños del dinero y los políticos: a los primeros nadie los elige, su poder es indefinido en el tiempo, extensivo a cuanta rama de la economía o rincón de la sociedad puedan acceder, no rinden cuentas públicas, nunca se someten a consultas, con tal de poseer un buen sistema contable jamás estarán en la mira de la justicia. Si es su gusto, pueden permanecer casi en el anonimato o vivir con tal discreción que nunca tendrán que confrontar a las tropas de periodistas que asedian a las figuras públicas. Sus motivaciones únicas o centrales, están en el crecimiento de las ganancias, esto es, el aumento de su riqueza. Pese a ello, son capaces de imponer conductas, hábitos de consumo, actitudes, a colectividades gigantescas. Aun pueden subordinar a los gobiernos, uno tras otro y decidir por ellos legislaciones o políticas. En ciertos casos, su poder es en la práctica ilimitado, como puede constatarse si pensamos por ejemplo en la figura de Carlos Slim.

Los políticos, en cambio, tienen sus facultades acotadas por el tiempo y por la función que ejercen, deben someterse al escrutinio público para llegar al poder y para conservarlo, están obligados a rendir cuentas, a informar de su patrimonio a todo mundo, a responder ante la opinión pública o ante sus representados de cada uno de sus pasos. Puesto que sus fines privados han de subordinarse al interés general, la guía de sus acciones está  presidida por éste o dicho de otra manera, por ideales de beneficio colectivo. Se les considera por estas razones, "servidores públicos", que deben hacer frente y tratar de resolver a los usualmente graves problemas sociales.

Así están definidas conceptualmente las categorías de dueños y políticos. Sin embargo, la segunda pierde terreno de manera constante y adopta cada vez con mayor fuerza el modelo de la primera. El prototipo del estadista, animado por las grandes causas, capitula ante la mezquindad del funcionario ávido de fortunas que nunca deja de mirar al otro lado de la cerca, donde crece el verde pasto de los dueños. Y casi nunca resiste la tentación de brincarla y transfigurarse en ambas cosas. Como de inicio carece del capital, se lo procura con la llave de acceso al erario. Y con esto, ya tenemos la fuente inagotable de todas las corruptelas.

Si atendemos a la sustancia y no a la forma, el origen de los cuantiosos ingresos del dueño y del político-negociante es el mismo: el valor generado por el trabajo, no el suyo, sino el de los demás. Entre las aberraciones que imperan en el mundo, aquella según la cual un individuo o grupo de personas están en condiciones de disponer de la riqueza social –y aún abusar de ella– es de las mayores. En este hecho, convertido en norma general a pesar de la sinrazón, descansa el poder por poco omnímodo de los que aparecen cada año en las páginas de Forbes.

¿Qué hace diferente, entonces, a la fortuna de Carlos Slim y a la de Elba Esther Gordillo o Carlos Hank? ¿Por qué el primero no es sujeto de reproches si compra residencias en el extranjero y en los segundos la crítica puede llegar a la persecución penal? La distinción es tan sólo externa. En un caso, la ley permite y hasta estimula que un individuo adquiera el dominio de riquezas casi inconmensurables y con ello resortes básicos en la vida de las sociedades. En el otro, quiere que los funcionarios no se brinquen la cerca, aunque lo consigue muy de vez en cuando, pues lejos de ello, su enriquecimiento es ya un hábito, hasta elogiado. El viejo Hank González, lo enfatizaba con su celebrado dicho: "Un político pobre es un pobre político". E hizo escuela en todos los partidos. Recordemos al joven héroe panista Juan Camilo Mouriño, ocupando a la vez un alto cargo en la Secretaría de Energía, de la cual depende Pemex y la personería de la empresa privada que tiene contratos con… Pemex. Ni que hablar de líderes sindicales como Gordillo o Deschamps.

No obstante su inveterada reiteración y recurrencia, a estos actos les llamamos corrupción, porque en el curso de los últimos dos siglos nos hemos impregnado de una cultura en la cual suponemos apartados el interés público y el privado. A un español del siglo XVIII, para nada le extrañaría que el rey fuese soberano y al mismo tiempo dueño de todas las tierras "descubiertas" en el nuevo mundo, las cuales podía conceder a una porción de sus súbditos, por la vía de una "merced" o gracioso beneficio.

En los tiempos corrientes, propiedad pública y privada se diferencian en la forma, en el ámbito jurídico. De allí que los ciudadanos –esta abstracción integrada por aquello que nos es común a todos los humanos, sin considerar riqueza, sexos, colores, religiones– podamos exigir a los mandatarios una conducta ajustada a esta separación: una cosa son sus posesiones privadas y otras las pertenecientes al organismo cuya representación ostentan. La ley penal puede ser un buen instrumento, pero llega post festum, después de la fiesta y es apenas un sustituto. Mejor están todos aquellos recursos jurídicos y políticos que permiten a los gobernados o mandantes, enterarse oportunamente y a cabalidad de las cuentas generales, en las que deben incluirse además de las correspondientes a la administración pública, las de partidos políticos, universidades, sindicatos, asociaciones diversas. Y, a partir de los informes, exigir remedios inmediatos e instauración de responsabilidades.

La acción ciudadana tendría que ir mucho más allá del control sobre los políticos, para exigir igual potestad sobre los dueños. En su hambre de dividendos, devastan tierras y aguas, provocan crisis que conducen al desempleo, al hambre y desamparo de millones. Apenas mueven un dedo y deciden la suerte de pueblos enteros. El recientemente fallecido Stéphane Hessel, inspirador del movimiento de Los Indignados, lo escribía con la mayor claridad: "…el poder del dinero nunca había sido tan grande, insolente, egoísta con todos, desde sus propios siervos hasta las más altas esferas del Estado. Los bancos, privatizados, se preocupan en primer lugar de sus dividendos, y de los altísimos sueldos de sus dirigentes, pero no del interés general."

No obstante la regla instaurada por el sistema que lo pone al servicio de los dueños, o mejor dicho justamente por ella, los pueblos han de resistir a la expoliación de la que son objeto. Tardará largo tiempo antes que se alcance un modo de vida en el cual la colectividad produzca para todos y su propio destino no quede en manos de unos cuantos. Es parte de la utopía.

Si no es posible arribar a una sociedad tal, sí lo es conseguir logros parciales, como poner en acto legislaciones y políticas públicas en las cuales se garantice la adquisición de bienes culturales y económicos substanciales para todos, protectoras de los recursos naturales y con cotos a la depredación y a la rapiña. A pesar de sus distancias conceptuales, dueños y políticos-negociantes, actúan de consuno en casi todos los campos: reparten las pérdidas pero no las utilidades, se baten contra limitaciones a las ganancias,  contra los impuestos progresivos, el aumento de los salarios y todo aquello que implique mayores poderes para la colectividad. Y cuando es necesario y factible también contra las libertades. En todo caso siempre están de acuerdo en un axioma del sistema: la democracia se detiene en la bolsa, justo allí donde su influencia benéfica sería determinante.

 

 

 

Vuelta a la presidencia imperial

 

Renato Consuegra / A vuelapluma

renatoconsuegra@yahoo.com.mx   Twitter: @renatoconsuegra   Facebook: renatoconsuegra

Cien días para darle rumbo a un nuevo gobierno no sólo son pocos, sino también lo son para poner las bases de una nueva forma de gobernar. De hecho, lo que hemos visto a partir del primero de diciembre es una restauración del pasado con visos de modernidad. Es volver a colocar el presidencialismo en su máxima dimensión de utilización del poder, vamos, la vuelta a la presidencia imperial, pero con los mismos vicios del pasado: grandes efectos mediáticos, simulación, besamanos, pero poca sustancia.

El manotazo a Elba Esther Gordillo fue sólo eso, una venganza política cobrada por el equipo cercano de Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray y Alberto Bazbaz Sacal en Hacienda, y Navarrete Prida desde la Secretaría del Trabajo. La Maestra quiso descarrilar la candidatura presidencial del hoy presidente en 2009-2010 y hoy sufre las consecuencias de su locura política.

Porque la reforma educativa no sólo necesita haberse promulgado, sino que sus acciones verdaderamente se lleven a efecto y no haya sido sólo una mascarada, como excusa para haber llevado a Gordillo a la cárcel con grandes efectos mediáticos para sentar que, ahora sí, se ejerce el poder.

Quizá el único acierto hasta este momento es haber podido sentar a los otros dos partidos mayoritarios en un pacto para discutir y, tal vez, más adelante aprobar las reformas estructurales puestas en la mesa hasta el momento, como son la hacendaria, la energética y la de telecomunicaciones.

Esta acción tiene que ver con los grupos de poder detrás de las vertientes partidistas que aceptaron sentarse. Y haberlo logrado es un buen paso, pero también la factura debió ser muy cara, como también lo será si, en su momento, aceptan modificaciones sustanciales. Así que todavía no hay nada dicho sobre la aprobación de las reformas.

Uno de los grandes desafíos de los albores de este gobierno será la reforma de las telecomunicaciones, donde los caminos están para convertir a México en un país moderno y con expectativas claras a convertirse en la gran potencia del futuro, capaz de que nos lo creamos todos los mexicanos como dice Andrés Hoppenheimer, o resultar un verdadero fiasco, donde el gatopardismo sea la divisa como ocurre generalmente en nuestro país, pues se generan grandes cambios que provocan enormes expectativas pero, al final, todo sigue igual, convirtiendo todo en una gran simulación.

En el tema de la seguridad, por ejemplo, no sólo no hay cambios dramáticos en su manejo, sino que algunos recuentos afirman que la inseguridad se ha incrementado, así como el número de muertos por la delincuencia organizada. La diferencia: en los grandes medios masivos, principalmente los electrónicos donde anteriormente se extrapolaban, los constantes reportes desde las "zonas de guerra", éstos dejaron de existir.

En tanto, mientras el Ejército y la Marina continúan con su labor de combate a la delincuencia organizada, en las oficinas del gobierno federal siguen sin ponerse de acuerdo en qué, quién y cómo, para dar el paso hacia la Gendarmería Nacional.

En el ámbito del desarrollo social, la Cruzada Nacional Contra el Hambre se plantea con una estrategia muy cercana en la forma pero sin ir al fondo de lo que en su momento fue el Programa Nacional de Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari. Difícil es hacer llegar al campo de lo social un cambio de fondo, mientras la estructura política del país no se transforme.

Por lo demás, los mexicanos no queremos un gobierno de cien días. Mucho menos una presidencia imperial como la del siglo pasado. Lo que deseamos es un gobierno que ejerza el poder de manera democrática pero, por sobre todo, que los cambios estructurales realmente permitan tener una nación que viva con la mira puesta en trabajar todos los días para mejorar su forma de vida de una manera sana, con armonía y un futuro como el que los expertos miran para México desde fuera.

 

 

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El espectro radioeléctrico en la Constitución

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/24/index.php?section=politica&article=015a1pol

El espectro radioeléctrico en la Constitución

Arnaldo Córdova

Según la letra del ar­tículo 27 constitucional, entre otras cosas, pertenece a la nación "el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional". Se trata de un bien que muchos quisieran tener en propiedad privada, pero, por su propia naturaleza, es imposible de apropiación personal. Por él circulan los aviones y por él viajan también las ondas hercianas que hacen posible la comunicación de radio y televisión, lo que denominamos el espectro radioeléctrico. Como un bien que pertenece a la nación, el espacio y el espectro radioeléctrico sólo puede ser administrado por el Estado que es no el propietario, sino el representante de la nación.

Como ocurre con otros bienes de la nación como el subsuelo y los mares territoriales, por supuesto, el espacio y, en particular, el espectro radioeléctrico son susceptibles de explotación privada mediante concesiones que otorgue el Estado con finalidades específicas. Las leyes fijan, por lo general, las condiciones y las finalidades con que se otorgan y deben ser utilizadas las concesiones del Estado. En la Constitución, hasta ahora, no había nada escrito más que el par de renglones del 27 transcritos más arriba. Ése fue un defecto que se utilizó, por la vía de la generalidad, para dictar normas secundarias imprecisas y, a veces, claramente anticonstitucionales.

La iniciativa que en materia de radio y telecomunicaciones han presentado los grupos parlamentarios de los partidos signatarios del Pacto por México viene a subsanar ese defecto y a inscribir en la letra de la Carta Magna la existencia y el uso debido del espectro radioeléctrico, tratando con amplitud el sistema de radiodifusión y telecomunicaciones. Dicha iniciativa propone reformas y adiciones a los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73,78 y 94 constitucionales. El objetivo es instituir en el cuerpo de la Carta Magna, expresamente, el dominio originario de la nación sobre el espectro radioeléctrico y el modo en que deben llevarse a cabo el otorgamiento de concesiones y el manejo de ese bien esencial de la nación.

En el artículo 6º se reivindica el derecho al libre acceso a la información y se establece la garantía, por parte del Estado, del derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como las condiciones de competencia en la prestación de esos servicios. Por primera vez en un texto constitucional se definen las telecomunicaciones como "servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libere y continuidad". La actual ley de radiodifusión y telecomunicaciones, que nos viene de finales de la década de los cincuenta, los define como "de interés público".

El mismo artículo 6º y, más en particular, el 28 establecen la existencia de un órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, "con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones… Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de esta Constitución" (texto propuesto para el 28).

Este instituto será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones, sustituyendo en la materia a la Comisión Federal de Competencia Económica. Le corresponderá, asimismo, el otorgamiento de concesiones para uso comercial, público, social y privado. No hay referencia en la propuesta de reforma a las radios comunitarias e indígenas, cuyos sostenedores han dado importantes batallas por su existencia; hecho que resulta inexplicable cuando se relee las propuestas para el artículo 6º. Evidentemente, los autores de la iniciativa multipartidista pensaron que este punto podría plantearse en la ley reglamentaria que seguirá a la reforma constitucional.

Con disposiciones que son más adecuadas para una ley reglamentaria que para un texto constitucional, el nuevo artículo 28, de ser aprobado, se extiende sobre la integración, el funcionamiento y las facultades de la Comisión Federal de Competencia y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como en los requisitos necesarios para ser integrante de los mismos y su designación. Acaso se quiso garantizar, desde el texto mismo de la Carta Magna, la autoridad y la integridad de dichos organismos, como fue el caso del Instituto Federal Electoral.

Como no podía ser de otra manera, visto que casi no se han presentado objeciones a la reforma constitucional, la discusión y la pugna entre los actores interesados, dentro y fuera del gobierno, se ha estado dando en torno a los 19 artículos transitorios que acompañan a la iniciativa. En parte, porque en ellos se establecen normas para el periodo de transición que correrá entre la aprobación de la reforma constitucional y la emisión de la nueva ley reglamentaria. En parte también porque mucho de lo que se decida en relación con los transitorios recalará en la ley reglamentaria y ésta será la que dé precisión y aun definición a los artículos constitucionales reformados.

Se da, además, el hecho de que decisiones importantísimas que deberían estar en los artículos constitucionales se establecen indebidamente en los transitorios. Un ejemplo señero es el del artículo 5º que dice: "A la entrada en vigor del presente decreto [vale decir, de la reforma constitucional] se permitirá la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite y hasta el cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión". Esta disposición debió haberse integrado al texto del artículo 28. El problema, empero, debe ser discutido, por lo menos para evitar en lo posible que con nuestros medios de comunicación se lleve la competencia hasta el punto de que tiburones extranjeros acaben adueñándose de todo el sector, como ya sucedió con los bancos.

Otro ejemplo es el de la fracción primera del artículo 8º transitorio, que tiene que ver con el tema de la retransmisión de señales abiertas en los canales restringidos o de paga. De acuerdo con esta disposición, los concesionarios que presenten servicios de televisión radiodifundida (abierta) están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal ( must offer ) y estos últimos están obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida de manera gratuita y no discriminatoria ( must carry ). Se ha revelado que los cabilderos de Televisa están tratando de imponer una solución contraria, de modo que, en el fondo, lo que busca es que Sky quede libre de esas ­obligaciones.

Muchas otras maniobras podrán verse en el futuro inmediato que buscarán en todo momento limitar el alcance de la reforma constitucional en curso.

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No Sólo de Pan...

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No Sólo de Pan...

Yuriria Iturriaga

■ De educación y alimentación

El Instituto Técnico Universitario en Alimentación Pública (ITUAP) se distingue de las instituciones educativas sobre la llamada "gastronomía" en que considera el hecho alimentario como fenómeno fundador de lo humano, cuya existencia en la realidad constituye un sistema indisoluble que debe estudiarse mediante varias disciplinas vinculadas entre sí. Desde la salud y la cultura de una sociedad, donde confluyen producción de insumos, su distribución, consumo, desperdicios y reciclaje, así como los efectos de esta cadena sobre la naturaleza que incluye al hombre.

Se distingue también por un método pedagógico con fines laborales en escalafón, desde el nivel técnico al doctorado y la investigación, pasando por la licenciatura y maestrías como profesionalización académica. El ITUAP reúne en la carrera genérica de alimentación pública una docena de vertientes sobre lo que hasta ahora se ignora o bien se aborda tangencialmente en varias instituciones: nutrición en medicina, alimentación en antropología, producción en agricultura, impacto ambiental en ecología, manejo, transformación y comercialización de productos para el consumo humano en turismo…

Cuando el mundo entero enfrenta problemas de abasto alimentario, con hambrunas en partes del planeta, incluidas 7 millones de personas en México, con problemas de salud pública (desnutrición y obesidad, que implican desarreglos sicológicos), auge económico relacionado con la comida industrial elaborada con base en componentes químicos, en el polo opuesto un fenómeno de recuperación de prácticas productivas y de consumo con alimentos "orgánicos" y la extensión del comercio alimentario urbano en detrimento de la cocina y el consumo familiares, es urgente tomar conciencia de todo ello y actuar, ¿cómo?: formando conocedores de estos fenómenos, en todos sus niveles, para que puedan contribuir a resolverlos en un futuro, que ya es doloroso presente.

Era para ayer que el ITUAP fue concebido, ante la ignorancia o la inercia de la inmensa mayoría de quienes tienen el poder para actuar sobre las políticas alimentarias que afectan a la sociedad, incluidos entre ellos los académicos de saber respetable que, por su falta de interrelación multidisciplinaria y la atomización de sus intereses intelectuales, no logran transmitirlo a un número suficiente de nuevas generaciones que pueda llegar a influir eficazmente en soluciones duraderas para la alimentación pública. Por ello, el modelo del ITUAP concibe la formación de recursos humanos, técnicos y universitarios en las diversas ramas relativas a la alimentación pública, como un saber holístico y en el marco de una conciencia ética de donde egresen actores sociales responsables con su sociedad.

Una formación mixta y virtuosa: de técnicos en los primeros años, que permita a quienes se vean obligados o escojan pasar al campo laboral, hacerlo con un diploma terminal de primero, segundo o tercer año, mientras se enseña a quienes continúan sus estudios, prácticas en general despreciadas por las élites.

Innovador de una metodología específica para la rama del conocimiento de la alimentación pública, el ITUAP no exige inversiones millonarias, pues su originalidad está en la manera de conceptualizarla y transmitirla, pudiendo impartir parte de sus cátedras mediante convenios con instituciones cuidadosamente elegidas que poseen aulas, laboratorios y profesores ad hoc.

Hoy estaríamos celebrando la primera generación de licenciados en administración pública o privada de empresas alimentarias, con quién sabe cuántos egresados como técnicos de primero, segundo o tercer nivel en alimentación pública y con varios estudiantes en un posgrado de especialización en alimentos y bebidas o en desarrollo alimentario agropecuario rural y urbano, en salud por la alimentación; alimentación y medio ambiente, o alimentación y comunicación social…

Pero nuestra propuesta, hecha en 2008 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no fue atendida. ¿Habrá interés ahora?

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