Recuento a 40 años de los dolorosos sucesos en los que intervino Agustín Arriaga Rivera
El movimiento universitario de 1966, una historia de confrontación política
■ Bajo una atmósfera de feroz anticomunismo, se endureció el panorama político del estado
Especial para La Jornada Michoacan
Una nota necesaria
La década de los años 60 en Michoacán transcurrió en un ambiente particularmente politizado; su rasgo más característico fue la polarización de dos bandos en pugna que ideológicamente se identificaban con la derecha tradicional, por un lado, y con la izquierda en todos sus tonos y modalidades, por el otro.
Los antecedentes del movimiento universitario de 1966 y la forma en que el propio movimiento se desarrolló, deben verse en este contexto, y además deben verse a la luz de las particularidades regionales de la historia política de Michoacán a lo largo del periodo posrevolucionario, considerando especialmente al cardenismo político como el factor político de mayor peso en el estado, y que desde luego influyó en los propios acontecimientos de los que aquí se van a dar cuenta.
Los antecedentes
Entre los años 20 y hasta principios de los años 60 del siglo XX, los cardenistas fueron los actores de la historia michoacana que ejercieron el poder prácticamente de manera ininterrumpida. Sin embargo, en 1962 hubo una ruptura importante, cuando el gobierno federal encabezado por Adolfo López Mateos revirtió aquella situación frenando el cardenismo político y oponiéndose a la llegada de un nuevo gobernador cardenista. Con la asunción de Agustín Arriaga Rivera como gobernador del estado, quien traía consigna de frenar a los cardenistas, y con el arribo de Gustavo Díaz Ordaz a la Presidencia de la República en 1964, bajo una atmósfera densa de feroz anticomunismo, el panorama estatal en el campo de la política se endureció.A partir de 1962 los estudiantes de izquierda que pasaron por las aulas de las Escuelas Normales en el estado y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tuvieron un campo muy propicio para iniciarse en las luchas estudiantiles de oposición a los gobiernos estatal y federal. Con el ánimo de unificar acciones y criterios entre el estudiantado con una orientación de izquierda, se alentó la fundación de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), impulsada por el Partido Comunista Mexicano (PCM). La Federación de Estudiantes Universitarios de Michoacán (FEUM) se afilió de manera entusiasta a la CNED porque en gran medida ésta se constituyó a iniciativa de la propia FEUM, luego del descalabro sufrido por el movimiento estudiantil de febrero y marzo de 1963, realizado en apoyo al rector Elí de Gortari, quien había impulsado una reforma académica en la Universidad Michoacana bajo un esquema de renovación de la enseñanza.
La forma en que finalizó el movimiento universitario de 1963 estuvo inscrita en un contexto nacional de efervescencia política de cara a la sucesión presidencial de 1964, frente a la cual pretendieron incidir diversos actores de oposición política aglutinados en el Frente Electoral del Pueblo (FEP). En ese contexto, por supuesto hubo otros factores relevantes en los que también destacaron estudiantes michoacanos. Como secuela del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el PCM constituyó en ese año de 1963 la Central Campesina Independiente (CCI) que aglutinó a comunistas y cardenistas con el propósito de romper el aparato corporativo de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Estudiantes normalistas y nicolaitas se incorporaron al trabajo político en distintas comunidades campesinas con la intención de realizar una reforma agraria radical. La respuesta fue violenta por parte de caciques y propietarios rurales con la complicidad del gobierno arriaguista.
La formación de la CCI, de la CNED e, inclusive, de la Unión Nacional de Mujeres (UNM), le permitió al PCM incidir más abiertamente en movilizaciones y conflictos campesinos, estudiantiles y femeniles, que definitivamente influenciaron ideológicamente a los sectores estudiantiles michoacanos.
El antecedente directo de la movilización universitaria fue el proceso de selección de rector realizado en julio de ese año de 1966. Las campañas de los distintos candidatos (Melchor Díaz Rubio, Nicanor Gómez Reyes, Eugenio Aguilar Cortés, Jesús Bravo Baquero, Salvador Bolaños Guzmán, Guillermo Morales Osorio, Manuel Cázares Ramírez y José Guzmán Cedeño y Jesús Arreola Belman) se habían intensificado desde el mes de abril. La Junta de Gobierno se empeñó en no ceder a la injerencia que desplegaba el gobernador Arriaga, quien a toda costa quería imponer a su candidato (Arreola Belman), y “no renunciaba al propósito de apoderarse de la Universidad […] subterráneamente las brigadas de choque de [Mario] Ruiz Aburto, [del PRI estatal] obedeciendo sus órdenes, promovían disturbios en los planteles para presionar a favor de determinado candidato”. La Junta de Gobierno reivindicó el principio de la autonomía universitaria –fijado en la Ley Orgánica de 1963– para que a través de la vía de la auscultación, complementada con las audiencias debidas, la propia comunidad universitaria, luego de conocer el currículo y los méritos académicos de los contendientes, se pronunciara a favor o en contra de tal o cual candidato. A partir de los resultados de la auscultación, la Junta de Gobierno seleccionaría en definitiva al futuro rector.
La tensión en la ciudad de Morelia en los últimos días del mes de julio fue tremenda. Había una atmósfera densa y se presagiaba la intervención violenta del aparato policiaco estatal. Los miembros de la Junta de Gobierno fueron objeto de fuertes presiones por parte del gobernador, quien llegó al grado de apostar espías para tenerlo al tanto de lo que se discutía en el seno de las prolongadas reuniones de la Junta de Gobierno, que finalmente decidió que en sustitución del rector saliente Alberto Bremauntz, el doctor Nicanor Gómez Reyes ocuparía la rectoría de la Universidad Michoacana. Al conocer la nominación, Arriaga Rivera estalló en furia: “Yo les di la autonomía y ustedes la entregan a los comunistas”, gritaba.
La ceremonia de toma de posesión se llevó a cabo el 3 de agosto de ese año de 1966 y fue presidida por los miembros de la Junta de Gobierno, el gobernador Arriaga Rivera, el secretario general de Gobierno, Rafael García de León; el general Félix Ireta, Jefe de la XXI Zona militar; así como por los directores de las distintas facultades de la Universidad y los presidentes de las sociedades de alumnos y profesores. En su discurso, el nuevo rector ofreció poner todo lo que estuviera a su alcance con el propósito de que la Universidad mejorara su nivel académico, impulsando las carreras ya existentes y proyectando nuevas carreras sobre todo de carácter técnico. También “ofreció dar ayuda a ‘La Casa del Estudiante’, y pidió al estudiantado allí presente que olviden las rivalidades entre ellos mismos y se dediquen a prepararse lo mejor posible”.
La tregua concedida por el gobernador ante los hechos consumados en la Universidad Michoacana, duró escasamente dos meses.
La represión de octubre de 1966
La ruptura vendría a partir del descontento universitario por la disposición de la administración estatal para el alza en las tarifas al transporte urbano, que favorecía ostensiblemente a los permisionarios de la Sociedad Cooperativa Valladolid, empresarios del transporte ligados e identificados con el gobierno del estado, dejando sin efecto un convenio entre la Universidad y los concesionarios de las líneas del autotransporte que otorgaba un subsidio a los estudiantes. Entre fines de septiembre y los dos primeros días de octubre de 1966, de manera espontánea los grupos estudiantiles aglutinados en la FEUM, encabezada por Raúl Galván Leonardo, Efrén Capiz y Oscar Trasviña, y cuyos contingentes en su mayoría habitaban las Casas del Estudiante, iniciaron una respuesta popular en contra del incremento a los costos del transporte. Mediante volantes y a través de mítines se hicieron escuchar por toda la ciudad de Morelia, sobre todo en aquellos lugares donde había concentración de numerosas personas: principales avenidas de la ciudad, mercados, plazas públicas, jardines y parques públicos, escuelas y en los propios camiones del servicio de transporte.
El 2 de octubre de 1966 se convocó a un mitin en el Portal Matamoros en el centro de la ciudad de Morelia, y hasta ahí acudieron numerosos contingentes estudiantiles. Rodeaban la zona los policías judiciales Fernando González (alias El Piporro), Julián Martínez y Reynaldo Medina comandando grupos de choque integrados por jóvenes pagados por el partido oficial a través de su Juventud priísta (iban encabezados por Martín Guzmán, quien era su presidente, acompañado por Ricardo Esquía, Carlos Velazco y Luis Ayala) y con lujo de violencia les sustrajeron el equipo de sonido. Aún así pudieron llevar a cabo el mitin porque Raúl Galván Leonardo, el líder de la FEUM, regresó a la concentración con otro aparato de sonido. Durante el mitin se pidió libertad a los presos políticos y se solicitó la rebaja en las tarifas del transporte urbano.
Al término del mitin, los estudiantes se dirigieron a las oficinas del PRI lapidándolas, y persiguiendo y enfrentando a los grupos de choque de las juventudes priístas con palos, cadenas y varillas de acero. Cuando la masa estudiantil se presentó en las oficinas de la Procuraduría de Justicia del estado para exigir la devolución del aparato de sonido, fue encarada a balazos. El saldo del encuentro fue de varios heridos a manos de los policías judiciales, quienes al disparar sus armas hirieron de muerte al estudiante nicolaita Everardo Rodríguez Orbe –quien de hecho no había participado en los acontecimientos recientes y sólo en el último momento había convenido con sus compañeros el traslado en su auto del equipo de sonido.
Frente a la agresión suscitada, los estudiantes enviaron un telegrama de protesta al Presidente Díaz Ordaz, exigiendo su intervención y la del Congreso de la Unión para enjuiciar y destituir al mandatario local, a quien se le señaló como el responsable de haber ordenado las acciones ofensivas de la policía judicial. A partir de ese momento el movimiento estudiantil cobró mayor fuerza; al día siguiente, 3 de octubre, se declaró la huelga universitaria, reiterando la exigencia de no alza al transporte público y de que éste se municipalizara. También se exigió castigo para los asesinos del estudiante (los policías Fernando González, Julián Martínez y quince sujetos más del grupo de choque priísta), quienes de hecho fueron detenidos y consignados ante el Juzgado Segundo de lo Penal.
Con apoyo directo de las autoridades universitarias encabezadas por el Consejo Universitario y el rector Nicanor Gómez Reyes, la demanda al Congreso de la Unión de la desaparición de poderes en el estado, cobró inusitada relevancia porque el sector político gubernamental y un grupo reducido de universitarios cuestionaron que las autoridades universitarias –a las que se les identificaba como cardenistas- tomaran partido de manera explícita en contra de la política del gobernador, lo que provocó que se ahondara todavía más la polarización establecida entre los bandos políticos; sobre todo porque el Consejo y el rector declararon en su sesión del 3 de octubre que “el actual gobierno del Estado ha perdido todo contacto positivo con el pueblo y siendo de imperiosa necesidad la elevación del nivel de vida de las clases proletarias del Estado, y el cese de las constantes represiones a campesinos, obreros y estudiantes”. En estas declaraciones, además, se ponía énfasis en que la suspensión general de actividades era una decisión de la FEUM, encabezada por Raúl Galván Leonardo; del CEN, lidereado por Francisco Rodríguez Oñate, y de la Federación de Profesores de la Universidad Michoacana (FPUM), presidida por Jaime Labastida (quien también era presidente de la Sociedad de Profesores de la Facultad de Altos Estudios), con el aval del propio Consejo Universitario y el rector.
Por su parte, el gobernador Arriaga Rivera pretendió ese mismo día 3 frenar esas demandas con el cese de Mario Ruiz Aburto, quien presidía el PRI estatal y había sido señalado no sólo como el instigador del grupo de choque agresor de los universitarios, sino por el hecho de que mantenía a esos jóvenes delincuentes (mejor conocidos como porros) al interior de las aulas universitarias para amedrentar a estudiantes y profesores. Arriaga adujo también que ni siquiera tenía conocimiento del alza a las tarifas del transporte urbano. Pero esta estrategia no rindió los frutos deseados; por el contrario, se exacerbó aún más el conflicto.
Ambos bandos se acusaron mutuamente de haberlo generado, utilizando la descalificación, ya fuese en la prensa escrita, por medio de volantes, en los mítines o en declaraciones verbales. Asimismo, esta confrontación trascendió evidentemente esas demandas concretas de no incremento de las tarifas del transporte, para situarse en definitiva en un plano trascendente de carácter ideológico que enfrentó a los distintos actores políticos involucrados en el conflicto. La lucha se entabló, en última instancia, entre dos proyectos políticos. A uno y otro bando se sumaron distintas organizaciones e instituciones políticas; hubo un partidismo extremo y un discurso muy polarizado, no sólo por parte de los grupos en conflicto, sino también de parte de la prensa local y de circulación nacional.
Ese mismo día 3 las brigadas estudiantiles se repartían por todos los rumbos de la ciudad de Morelia, inclusive en las radiodifusoras, para hacerse escuchar entre la población, “invitándola a adherirse a su causa”. Además, los estudiantes detuvieron camiones y los llevaron a la céntrica avenida Madero para bloquearla, justo frente al edificio del Colegio de San Nicolás. Dos grandes concentraciones se llevaron a cabo ese día, y en ella hubo más de 3 mil estudiantes y gente del pueblo, refrendando su demanda de desaparición de los poderes del estado.
Al día siguiente, 4 de octubre, la movilización estudiantil fue en aumento, luego de que se concentraran más de 15 mil personas en el funeral del estudiante asesinado, y a donde acudieron estudiantes de diversos rumbos del estado (Zamora, Uruapan, Apatzingán), invitados por los dirigentes de la FEUM a unirse al movimiento.
Durante el funeral tomaron la palabra estudiantes y profesores universitarios, entre los que destacó Jaime Labastida, quien se pronunció por la caída del “gobierno que no satisface los intereses populares”, así como el propio rector Gómez Reyes, quien aseguró que el conflicto rebasaba el ámbito universitario porque las demandas eran de carácter social, originadas en “la injustificada voracidad del monopolio camionero y que la Universidad fiel a su tradición continuaría por el camino que el pueblo le había señalado”.
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