miércoles, 20 de agosto de 2014

En defensa de la autonomía universitaria Luis Ortega Morales

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En defensa de la autonomía universitaria
Luis Ortega Morales
La historia moderna de la Universidad de Puebla, inicia el 4 de abril de 1937, cuando el gobernador del estado Maximino Ávila Camacho transforma el Colegio del estado en Universidad de Puebla. Con excepción de breve rectorado del LIc. Horacio Labastida, es la etapa sombría de la UP. El extremo fue la iniciativa del gobernador general Rafael Avila Camacho de militarizar la Universidad en 1953, y en 1956, quiso despojar a la Universidad de Puebla del nivel de Preparatoria
En 1956 se da la lucha por la autonomía universitaria y su defensa que abarca hasta 1973. La Ley Orgánica de 1963, le dió el ejercicio pleno de la autonomía, otorgándole al Consejo Universitario el carácter de máxima autoridad y el nombramiento del rector y los directores de escuelas. Durante el rectorado del Dr. Manuel Lara y Parra se abrió la enseñanza universitaria a las amplias capas de la población y se iniciaron las primeras trasformaciones académicas en la enseñanza, la investigación y la fundación de nuevas escuelas. Este proceso fue muy conflictivo, ya que se enfrentaron diversos grupos, primero de la derecha, específicamente el FUA, la iglesia y los empresarios en 1961-1963, con quien se disputó el control de la Universidad y dio como resultado el encarcelamiento de dirigentes como Enrique Cabrera, Zito Vera y Márquez. El FUA fue derrotado ejemplarmente. En 1964, la Federación de Estudiantes Universitarios y el Consejo Universitario, encabezaron la protesta contra la represión a los lecheros que, después de grandes movilizaciones, terminaron con la renuncia del gobernador. El gobernador interino, Aarón Merino Fernández inició una labor de divisionismo y de corrupción y encabezó la iniciativa para privatizar la Universidad por medio de una nueva legislación, que creaba el patronato e imponía cuotas del 50% del costo de estudios a los estudiantes.
En 1966-67, después de desconocer al rector Manuel Lara y Parra, el rector José F. Garibay Ávalos, encabeza junto con los dirigentes del Directorio Estudiantil, una campaña contra el grupo democrático, que termina con la destrucción de la escuela de Físico-Matemáticas. En 1968, el enfrentamiento se dió con el grupo santillanista. Esta etapa fueron asesinados los universitarios, Marco Antonio Márquez, ... A partir del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se inicia la aplicación de una política hacia la educación superior, para responder y contrarrestar la influencia del movimiento de 1968 en las instituciones. Es el período de los movimientos guerrilleros urbanos y campesinos, del “jueves de corpus”, de la guerra sucia, del combate a la política educativa y del sindicalismo universitario y de la persecución, encarcelamiento, tortura y asesinato de los jóvenes opositores en especial los universitarios.
El nuevo gobernador desde 1969, Rafael Moreno Valle, apoya a los grupos universitarios que promovieron la separación de la UAP de las escuelas de Ciudad Universitaria y la fundación de una nueva universidad y su embestida con el grupo pandillero de “La Saleroza”. Los enfrentamientos provocaron nuevos asesinatos que culminó nuevamente con la derrota de la derecha, la mayoría del Consejo Universitario en manos de las fuerzas democráticas y la renuncia del gobernador.
En 1972, se desarrollan cambios importantes en el desarrollo académico y de gobierno universitario, pero el proceso fue interrumpido, ahora con un enfrentamiento directo con el gobernador interino. Fueron asesinados los dirigentes universitarios Joel Arriaga Navarro y Enrique Cabrera Barroso y otros cinco jóvenes más, el 1 de mayo de 1973. Este enfrentamiento termina con la renuncia del Gobernador Gonzalo Bautista O’Farril.
Desde entonces se inicia el proceso de la construcción de la Universidad Democrática, Crítica y Popular y el pleno ejercicio de la Autonomía Universitaria, con un impulso a la vida académica, la investigación científica, la extensión universitaria y la difusión cultural, la profesionalización de la enseñanza, el crecimiento escolar, presupuestario y la fundación de nuevas escuelas. Esta etapa se desenvuelve con los rectorados del Quim. Sergio Flores Suárez y el Ing. Luis Rivera Terrazas, hasta el rectorado del maestro Samuel Malpica Uribe.
Después de un proceso de disputas internas en la que es electo rector el Lic. Alfonso Vélez y posteriormente el maestro Samuel Malpica Uribe, el gobierno federal impone a nivel nacional una política de control presupuestario, de disminución de la matrícula, de regulación de la autonomía y las relaciones laborales, que implican presiones presupuestarias, que hundieron a la Institución en fuertes problemas de sobrevivencia, que se resuelven con un golpe al rector Samuel Malpica, la suspensión del subsidio, el nombramiento de una junta de gobierno, la elección de un nuevo rector, que recae en el Lic. José Doger Corte. Este,con el apoyo del gobierno y de los grupos golpistas, introduce plenamente la política educativa del gobierno federal, encabezada por Carlos Salinas de Gortari y Manuel Bartlett Díaz, de desalentar a la universidad pública, reduciendo la matrícula hasta en un 50% y alentando la educación superior privada. Los rectores, José y Enrique Doger así como Enrique Agüera, se incorporan a las esferas del poder político del gobierno estatal y participan como miembros y candidatos del partido oficial. Estos recibieron los más importantes incrementos de subsidio, con el que desarrollaron obras faraónicas, retornando las prácticas, de enriquecimiento inexplicable y el tráfico de influencias. Es la etapa de los rectores empresarios. Durante este período se rehabilitan las relaciones con el gobierno, los empresarios, la iglesia, que llega hasta otorgar el doctorado Honoris Causa al arzobispo de Puebla, y se recupera el esquema de la universidad privada, en las figuras del Patronato universitario, los sorteos universitarios.
Actualmente, las universidades públicas en México se desarrollan con base en presupuestos limitados, decididos desde el gobierno federal, que restringen el crecimiento de la matrícula y la contratación de profesores de carrera, los nuevos proyectos se deciden en negociaciones de subsidios extraordinarios y por medio de bolsas con recursos limitados con proyectos concursables. La docencia y la Investigación se desarrollan fuera de los ámbitos universitarios por medio de concursos nacionales entre los investigadores, que incluyen a las universidades y empresas privadas, en el Sistema Nacional de Investigadores y el CONACyT. Con estos mecanismos las universidades prácticamente han perdido su capacidad de autogobierno para decidir la administración de sus recursos y el desarrollo de sus instituciones y de su personal.

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