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OCDE. Educación superior
La educación superior constituye una de las claves de la modernización de
México, dada su capacidad de dotar al país del capital humano necesario para
crecer de manera sostenida, alcanzar una mayor integración social y
desarrollarse plenamente. En los últimos 50 años, el acceso a la educación
superior ha pasado del 1% al 26.2% en el grupo de jóvenes entre 19 y 23 años
de edad. A pesar de este importante aumento, el nivel de formación
universitaria en el conjunto de la población es todavía muy inferior al
promedio de la OCDE, pues alcanza al 19% de la población entre 25 y 34 años
de edad y tan sólo al 9% de los que se encuentran entre los 55 y los 64 años,
en comparación con promedios del 35% y el 20% en el conjunto de la OCDE,
respectivamente.
El gasto en la enseñanza de nivel superior se incrementó 78% entre 1995 y
2008. Sin embargo, dado que el volumen de estudiantes inscritos creció
también con mucha rapidez, el gasto por estudiante sólo aumentó en 16%. El
sistema mexicano de educación superior sigue enfrentando desafíos en materia
de equidad. Para afrontarlos con eficacia, habría que asegurarse de que los
apoyos gubernamentales, en forma de becas y préstamos estudiantiles, se
dirijan a quienes verdaderamente los necesitan. Por esta razón, la reforma del
financiamiento de la enseñanza superior debería comprender tres medidas
fundamentales: 1) evaluar si el equilibrio actual de distribución de costos es
sostenible y si refleja adecuadamente la importancia relativa de los beneficios
sociales de dicha enseñanza; 2) mejorar la transparencia de la asignación de
fondos a las instituciones y hacerla más congruente con la estrategia global
de educación superior; y 3) ampliar significativamente el sistema de apoyo a
los estudiantes de bajos recursos.
Recomendaciones claves de la OCDE
- de la asignación de fondos a las instituciones y
ampliando y haciendo más equitativos los mecanismos de apoyo a los
estudiantes de escasos recursos.
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Innovación, ciencia y tecnología
Durante muchos años, México ha realizado inversiones insuficientes en
ciencia, tecnología e innovación. Como resultado, el potencial de crecimiento
de su economía es inferior al de otros países. Esta situación debe mejorar,
si México aspira a alcanzar un nivel de competitividad comparable al de otras
economías emergentes. Según los indicadores disponibles, el nivel general de
innovación en México es realmente bajo, no sólo en comparación con otros
países de la OCDE, sino también con las economías emergentes más
dinámicas. El gasto en Investigación y Desarrollo (IyD) como porcentaje del
PIB sigue siendo inferior al 0.5%, en contraste con un promedio superior al
2.3% en el conjunto de la OCDE y cercano al 1.7% en China. México debería
aprovechar plenamente sus recursos para impulsar un desarrollo basado en el
conocimiento y aprovechar sus activos en la materia, que comprenden polos de
excelencia en la educación superior y la investigación científica, un acervo
considerable de técnicos e ingenieros altamente calificados, una rica cantera
de emprendedores y, sobre todo, una población joven.
Innovación, ciencia y tecnología
Los bajos niveles de innovación en México pueden atribuirse a la
existencia de un marco poco propicio y a deficiencias en la dirección del
sistema mexicano de innovación. Esto explica la persistencia en ese ámbito de
un nivel insuficiente de inversión, tanto pública como privada. Los desafíos
son múltiples. El grado de competencia sigue siendo bajo en sectores
estratégicos para la innovación, como las telecomunicaciones, la producción
y distribución de energía y el transporte. Es indispensable mejorar las
capacidades del capital humano en todos los niveles y sectores de la economía.
Las nuevas empresas basadas en nuevas tecnologías y las compañías
innovadoras deben tener mejor acceso al financiamiento privado. También
persisten muchas barreras reglamentarias que obstaculizan la actividad
empresarial y deficiencias en materia de gobierno corporativo que reducen los
incentivos para promover la eficacia y la innovación.
México debe intensificar sus esfuerzos para mejorar el rumbo del sistema
nacional de innovación, garantizando prioridades claras y su aplicación
eficiente. Este esfuerzo debe incluir: una mejor coordinación entre las
secretarías de Estado y los organismos responsables de la elaboración y
ejecución de las políticas; la implantación de una evaluación más
sistemática y de mejores mecanismos para incorporar los resultados de la
evaluación en la formulación de las políticas y la asignación de recursos;
y la descentralización de las políticas de fomento de la innovación. Todo
esto debe ir acompañado de un esfuerzo paralelo orientado a fortalecer la
capacidad institucional, financiera y de infraestructura de las diferentes
regiones, a fin de que puedan elaborar y aplicar sus propias estrategias.
Es muy importante realizar esfuerzos presupuestarios para apoyar la
inversión en IyD e innovación, introduciendo reformas orientadas a:
garantizar una mayor eficiencia del gasto; utilizar más los apoyos directos
que los incentivos fiscales; y proceder a la simplificación y la
reestructuración de los sistemas de ayuda directa, así como a la ampliación
de los programas, con el fin de mejorar las sinergias entre la IyD pública y
privada en ámbitos prioritarios, como la salud, la energía, la gestión del
agua y el suministro y la seguridad de los alimentos, entre otros.
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