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El Concepto de Autonomía.
Luis Ortega Morales
El concepto de autonomía no se refiere a un tipo de relación entre la universidad, el estado y la sociedad de manera abstracta, es decir, la autonomía no se define de una vez y para siempre. La autonomía es un concepto que expresa una historia y, en un momento dado, la situación de una relación, la cual ha sido resultado de condicionantes que tienen su curso histórico.
Además de su planteamiento abstracto formal, la autonomía tiene que analizarse históricamente.
La autonomía ha quedado definida, para el caso concreto de la UAP en la Ley Orgánica, en donde el Congreso del Estado les otorga la facultad de autogobernarse, es decir, de normar internamente sus relaciones y su gobierno, de administrar sus recursos económicos y materiales y organizar sus funciones. De aquí que el supremo órgano de la Universidad que ha conferido al Consejo Universitario, tenga la facultad de discutir y aprobar los distintos reglamentos que regirán la vida universitaria. (art. 6o)
Por otro lado el Programa de Reforma Universitaria Democrática de 1975 también define la autonomía y señala: "La UAP en la defensa y la lucha de las libertades políticas, ha enriquecido el mismo concepto de autonomía. El Consejo Universitario formuló una definición que es necesario apoyar y se basa en el respeto a los siguientes derechos":
a) Libertad de cátedra para el desarrollo de la ciencia y la enseñanza.
b) El autogobierno de los universitarios sin restricciones e interferencias del poder público.
c) El desarrollo en la Universidad de la actividad crítica, del pensamiento libre y del debate de los problemas económicos, políticos y sociales de nuestro país y del mundo.
d) El derecho de los universitarios, común a todos los ciudadanos, de participar en la vida política y de actuar en apoyo de los movimientos populares que buscan la transformación y el progreso de la sociedad.
e) El derecho a disentir de lo dicho y lo actuado por los gobernantes y actuar, en consecuencia, sin más restricciones que las que abarca la Constitución. La libertad de cátedra el programa lo define como "libre exposición de toda corriente y de reunión, así como libre disposición de locales y medios para utilizarlos".
Y esta libertad, para la Universidad no es una actividad pasiva y ajena, sino parte de su necesidad, por ellos se pronuncia por: ". . . impulsar decididamente la organización de los estudiantes, profesores y trabajadores, para que luchen por sus demandas específicas y por las exigencias de la Universidad como institución, es la base más firme para que la UAP cumpla su función democrática y transformadora de la sociedad. "
En el conjunto de su concepción, la Universidad reitera la incorporación de los objetivos futuros de los trabajadores, ser "factor de primera importancia en la lucha por el progreso social, la democracia y la plena soberanía del país"; expresa las contradicciones fundamentales de la sociedad"; la posibilidad de gestar en su seno "el movimiento universitario -estudiantil principalmente- que desarrolla tareas revolucionarias a lado de los trabajadores; fiel reflejo de la sociedad mexicana; juega un papel importante en la lucha por las libertades democráticas" y "en la solución democrática de los problemas del pueblo trabajador".
"Su destino depende, en última instancia de la transformación social" mediante el desarrollo de la conciencia social junto con el impulso de las fuerzas culturales, científicas y técnicas necesarias para la solución democrática; vinculación "con las necesidades concretas de la sociedad"; estimular la transformación de las fuerzas productivas" para posibilitar una "acción revolucionaria para cambiar las relaciones sociales existentes" "luchar por el reparto justo de la riqueza; por hacer desaparecer la explotación del hombre por el hombre; y de establecer la democracia en todos los ámbitos de la actividad social”[2] El Programa de Reforma plantea sus tareas en la acción, no solo entendidas como una contribución pasiva sino una actividad directa, siendo un "factor de lucha", gestando y jugando un papel; estimulando la transformación; participando. La relación de la Universidad con la sociedad es de PARTICIPACION DIRECTA.
Este planteamiento, de ninguna manera es abstracto, es más bien histórico, peculiar; una síntesis de la práctica de los universitarios que le dan a la universidad sus características.
Las relaciones de la universidad con la sociedad deben concebirse en un plano histórico. Es decir, el conjunto de relaciones que la universidad ha creado para la consecución de sus objetivos.
Para un balance completo, debe partirse de este conjunto de relaciones, de cómo la universidad se ha relacionado con los diferentes estratos sociales; como contribuye a la solución de sus problemas; cómo logra que a través de la universidad y de sus funciones propias, los universitarios participan en la vida política y apoyen los movimientos populares, como íntegra "LA EDUCACION A LA VIDA".
De aquí que las relaciones de la universidad con respecto del Estado debe ser de CRITICA, es decir de ejercer el derecho de "disentir de lo dicho y lo actuado por los gobernantes" y actuar. Por ello se afirma el respeto al pensamiento libre y rechaza
las "interferencias del poder público"[3] El Programa de Reforma es un programa que pretende que la universidad y los universitarios participen en las soluciones de los problemas de los obreros, campesinos y trabajadores, con una posición crítica ente las medidas del gobierno, impulsando el trabajo académico y científico y la organización de los estudiantes, de los profesores y de los trabajadores.
Si entendemos este conjunto de conclusiones del Programa, como resultado y síntesis de un largo proceso histórico y como resultado directo del movimiento universitario, tendremos entonces que tomar una posición ante el. Y no hay otro camino más que el de continuarlo, profundizándolo o rechazarlo para su sustitución. Esto último, en términos prácticos significa desarrollar las medidas de gobierno, de administración de legislación necesarias para destruirlo hasta ahora construido.
Lo que actualmente propone la rectoría es principalmente lo segundo, un cambio de rumbo en la trayectoria de la UAP, sobre la base de establecer unas relaciones "nuevas" con la sociedad, con el estado y -lo más importante-, con los universitarios.
En una potencia denominada "Hacia un nuevo enfoque de las Relaciones Universidad-Sociedad" Humberto Sotelo y Alfonso Vélez Pliego logran su objetivo que es proponer un "nuevo enfoque", pero con relación a la historia de la UAP.
Este supuesto "nuevo" enfoque tiene como objetivo romper con la historia universitaria y su proceso de enfrentamiento y de democratización, para introducir -o más bien reintroducir- un VIEJO enfoque enarbolado por el Dr. Soberón y muchos otros representantes del gobierno y de los sectores más conservadores de este.
Su argumentación y su fundamentación deben buscarse en un lugar distinto de la ponencia, pues el análisis de las distintas posiciones que plantea no contribuye a explicar la necesidad de ese cambio. Simplemente plantean la diferencia de posiciones, por cierto desubicadas de su contexto histórico, de las necesidades a que respondían y los intereses que defendían.
El "nuevo- viejo" enfoque que nos lleva a un plano abstracto de defensa de la autonomía, en favor de otra abstracción que es la defensa de la cultura. No arranca de la historia poblana y de su inmersión en la historia mexicana. Para ello es importante recordar lo que dice Pablo González Casanova "en el terreno del análisis resulta inútil para desentrañar el movimiento histórico y político. No considera este a partir de la vida nacional, de las clases concretas y sus facciones, de las instituciones del poder real y sus expresiones jurídicas, normativas. Los modelos y sistemas no aparecen como resultado del movimiento histórico, y el movimiento político no es el principal objeto de análisis. En esas condiciones todo se va a denunciar lo formal y en clasificar lo real. Es el camino sin fin de las definiciones de conceptos. Se busca aplicar el mejor a la realidad, y se gasta un esfuerzo enorme en ajustes, discutiendo los de otros autores y proponiendo el propio "[4]
Bástenos señalar dos ejemplos:
1. En la página 25 con el fin de estudiar dos posiciones extremas compara la posición de Antonio Carrillo Flores escrito en 1944 como expresión del apoliticismo en las universidades, sin considerar nada más que el sólo texto y, por otro lado, la plataforma electoral del PPS para argumentar la improcedencia de la autonomía y la libertad de cátedra, escrito en 1982. No media entre ellos más que la comparación extrema de los textos.
2. En la siguiente página al citar que la relación partido-universidad "es orgánica en la medida en que los partidos políticos forman parte de la universidad" la interpreta como una defensa a la instrumentalización de la universidad por los partidos políticos, lo cual, si se quiere debatir tal cosa, debe hacerse tomando elementos de la práctica concreta del PCM en la administración universitaria y no del texto que se cita.
En fin Vélez y Sotelo proponen:
1. La Universidad puede intervenir en la marcha pública y en el Estado mismo. También en la formación de intelectuales.
2. Es un campo fundamental de disputa ideológica y política y rea de poder, lo que provoca, por parte del Estado, de los partidos políticos y de grupos, apoderarse de ella y así tener espacio para incidir en la vida política y cultural del país.
Plantea que en la universidad "tratan de intervenir todos los actores sociales. . . (y) todo el mundo en mayor o menor medida intenta instrumentarla "prevaleciendo las presiones "soterradas", "veladas", lo cual objetivamente vulnera la autonomía universitaria".
De este señalamiento plantea la conclusión política de que "proteger la independencia de la universidad frente al Estado, los partidos, los organismos empresariales, sindicales, etc. , es reguardar a la universidad de toda clase de grupos de presión".
Esta posición coincide con la expresada ya en 1976 por el Lic. Clemente Valdés, abogado general de la universidad Autónoma Metropolitana, quien señalaba, en su ponencia a favor del apartado "C".
El mantenimiento de la autonomía de la Universidad requiere una vigilancia constante para conservar su independencia no sólo frente a la intervención de los gobiernos federal y local. “requiere, igualmente, luchar constantemente por mantener su independencia frente a grupos o sectores, que con un poder económico o político, pudieron tratar de llegar a controlar o dominar la institución; se trata de grupos económicamente fuertes o de grupos políticamente importantes sean estos iniciativa privada, partidos políticos o sindicales. "
Como la frontera entre violar la autonomía y respetarla está entre las presiones "soterradas" y "veladas" y en las relaciones "transparentes y abiertas", es claro el camino que debe tomarse para adoptar un principio de defensa de la autonomía.
Los autores introducen para reforzar sus puntos de vista una disyuntiva que ellos mismos dicen en falsa entre los que denominan AUTONOMIA REAL o la sujeción al Estado u otros sectores sociales. Salen de ese embrollo proponiendo una "red de relaciones la universidad con el poder público y determinadas instancias de la sociedad civil".
"Relaciones transparentes y abiertas, suscribiendo todo un complejo de acuerdos y convenios de colaboraciones con entidades públicas y de la sociedad civil (sindicatos, partidos, cooperativas, etc.) que soliciten los servicios de la universidad en un marco de respeto absoluto de la autonomía universitaria" El planteamiento general y relacionado con las fronteras de definición práctica de autonomía, reduce el concepto a un plano ético y moral, que se resuelve con el sólo hecho de que los diversos actores sociales" expongan sus requerimientos y exigencias concretas a la universidad". En un gran esfuerzo ejemplificador separa los intereses de los empresarios, del estado, de la iglesia y de las distintas corrientes político-ideológicos el país, incluyendo "los intereses de determinadas fracciones o grupos del poder público y/o la sociedad civil combate como "sumamente nociva la existencia de universidades `alineadas`. Esta concepción hace falta rasa de la historia y sobre todo de la diferencia de intereses entre quienes son empresarios incluso monopolistas y las corrientes ideológicas y las pequeñas organizaciones culturales de la sociedad civil. Al colocarlas en el mismo plano ante la autonomía universitaria, hace del concepto una total abstracción, pero más abstractas son en caso las relaciones entre la universidad y los diversos intereses que la circundan. No es de extrañarse que a partir de esta abstracción propongan "forma de participación idóneas, para no vulnerar la autonomía universitaria- en la problemática concreta de las universidades lo cual coadyuvaría a desestimular su interés por constituir universidades propias, alineadas". Es decir, formas para hacer participar a la iglesia, a los empresarios y al estado.
Convenios de colaboración con todas las clases sociales y con todos los intereses económicos, sociales y políticos es la fórmula para contrarrestar “las presiones `veladas`, subrepticias, hacia la universidad El entorno social, en la página 24, se transforma en "los principales problemas que vive la nación" y por sus limitaciones y carencias de obtener "suficientes elementos y/o puntos de referencia" para laborar el diagnóstico que sirvan de base para la elaboración de los planes y programas de estudio, se requiere "del apoyo y/o colaboración de determinadas entidades del poder político. . . y de determinadas entidades de la sociedad civil sindicatos, cooperativas, partidos, etc. , (el etcétera debe incluir a la Iglesia, los empresarios, los grupos de interés, `grupos confesionales`. . . acuerdos de cooperación y de trabajo con tales entidades, y agrega: “poner en marcha diversas iniciativas y proyectos. . . " * (1)
Rechaza la universidad apolítica, la universidad militante, la universidad partícipe y en general llama a combatir todas las formas de instrumentalización de la universidad en general y de la cultura en general; como corolario, plantea la necesidad de transformaciones y cambios en el interior de las propias instituciones, redefiniendo las relaciones entre las propias universidades, que posteriormente se va a transformar en la defensa de la autonomía universitaria” que también puede ser violada por otros sectores o grupos, alguno de los cuales, inclusive son universitarios "cita el Dr. Soberón que el mismo texto apunta. (p. 20)
Gonzalo Armienta Calderón, ex rector de la universidad de Sinaloa[10] , señaló en la audiencia pública sobre el apartado "C". No podemos soslayar el importante tema de la autonomía universitaria. Ella es sin lugar a duda, el pedestal sobre el que se levanta nuestro irrestricto respecto y nuestra indefectible veneración a los principios de la libertad de cátedra y de pensamiento. Y la autonomía universitaria no sólo se calcula cuando interfieren en las universidades elementos grupos de presión y de poder extraños a su normal desenvolvimiento. También se viola, y de manera flagrante, cuando los grupos sectarios se apoderan de sus puestos de mando e impiden que las diversas corrientes del pensamiento germinen y fructifiquen en la mente joven y apasionada de sus estudiantes. Por esto es que nos preocupa profundamente que por cuestiones que son extrañas a la vida académica de la universidad, se paralicen sus actividades, porque esto constituye una forma de presión que rompe con su autonomía" [11] Es importante hacer notar que la ponencia que comentamos data de 1985; que el grupo político que hoy detecta el poder burocrático universitario, desde enero de 1982, fijó su posición política y que a principio de 1984 propuso a diferentes universitarios la constitución de una nueva organización política, basada en la militancia universitaria y con miras de incidir en el conjunto de la sociedad. Esta medida era una respuesta a las resoluciones del II Congreso Estatal del PSUM que los excluía de su participación política nacional y estatal en dicho partido, a pesar de las resoluciones del I Congreso Nacional.
Estos presentan argumentos basados en la hipótesis de la maduración de la sociedad civil independiente de los partidos y de los sindicatos que se logra con la creación una cultura política. Esta cultura política se separa de aquella concepción, que es afín a los partidos políticos y al estado, de que los partidos y los sindicatos son los ejes fundamentales del quehacer político y en este proceso está aumentando y diversificando “la capacidad de asociarse voluntariamente al interior de la sociedad civil creando, ampliando y garantizando nuevas opciones de participación: el robustecimiento de organizaciones populares.
En este discurso pasan a señalar que la universidad es un espacio de la sociedad civil que "despliega un papel destacado en la lucha cultural y a lo largo de toda la sociedad, es decir, redimensionar la intencionalidad y el quehacer de la universidad en la sociedad civil. . . llevar a la universidad a cumplir un sólido papel político en la lucha cultural, desarrollándose vínculos más significativos e institucionales en la sociedad civil", construir un movimiento universitario con personalidad propia" a través de planes de estudio, investigaciones, docencia, servicio social, extensión. "Construir un movimiento transformador que consiste la formación de una voluntad colectiva que sea el sujeto de transformación"[12] Este planteamiento completa la posición que eleva al primer plano de la lucha por eliminar las actitudes coercitivas del estado y los intentos de instrumentalización tanto del Estado como de los partidos políticos, de los empresarios, Iglesia, organizaciones sociales, etc. , que se resuelve con la firma de convenios con todos ellos, donde la universidad partícipe en la elaboración de la perspectiva gubernamental y que todos estos participen en la elaboración de los planes universitarios, estableciendo convenios de colaboración mutua.
Una perspectiva de este tipo -según lo proponen- sólo es posible con el fortalecimiento de la universidad como parte de la sociedad civil y como productora de cultura. Es la defensa de la cultura lo que la universidad protege y es sólo a través de aquella como se puede participar en el entorno social. Por ello es posible tener nuevas formas de participación política distintas a los partidos y sindicatos y esta puede ser en la sociedad civil y en la universidad por medio de la cultura.
La concepción de autonomía como participación en los problemas de los trabajadores de México los autores la sustituyeron por un nuevo enfoque de participación con todas las clases.
Al parecer olvidan que el México capitalista implica la existencia de una gran masa de trabajadores en condiciones paupérrimas de vida con disminución de ingreso, por un lado y por el otro, ganancias exorbitantes de los poseedores del capital. El entorno social no puede ser otro y la participación de la universidad en estos problemas implica la toma de posición no solo declarativa, sino de participación en la solución de los problemas de la mayoría, con los límites que imponen sus funciones, pero en una definición, clara, nítida y no soterrada. La universidad no puede separarse de esta realidad social y en ella tendrá que participar.
Sin embargo la decisión de participación está decidida no por una concepción abstracta de universidad sino en relación a sus componentes, a la mayoría del Consejo Universitario, de los directores de escuelas, de los consejos de gobierno y en particular de la burocracia universitaria. No de la cultura, sino del proceso de realización de “la cultura “como producción de vida y de realidades.
El concepto de autonomía está ligado a la historia de la defensa de la autonomía y de las agresiones a la universidad y a los universitarios, en contra de quienes han violado la autonomía universitaria. Señalar esto es defender al mismo tiempo los principios y las normas que la mayoría de los universitarios han decidido en el marco de su institucionalidad. El movimiento universitario y los componentes de la universidad, el complejo de relaciones universitarias, de sus niveles de estructura orgánica para la docencia, la investigación y la extensión universitaria, que está determinado por la participación individual y colectiva de los universitarios, de sus organizaciones gremiales, culturales y políticas.
Este es un concepto que los universitarios han creado a lo largo de la historia de defensa de la universidad contra el estado, que han intentado determinar la estructura, el gobierno y el contenido de sus funciones; de dominarla y apoderarse de su gobierno. Lo mismo ha sucedido con la derecha poblana. Ambos han actuado como bloque de fuerzas contra la universidad y la mayor de las veces en una franca unidad contra las decisiones de los universitarios.
Por ello debemos buscar entre los conceptos de autonomía en los marcos del movimiento universitario y en la defensa de las normas de organización democrática que se ha dado en la universidad; en el respeto al contenido de su enseñanza y de las formas que adopte la extensión, perfilados en la identificación de sus principios y la difusión de estos al conjunto de la sociedad; participando en la transformación social y en la necesidad de modificación de aquellas estructuras y formas de organización social que los estudios científicos universitarios han permitido definir.
Solamente en esta dinámica podemos encontrar la necesidad de un "nuevo" enfoque en las relaciones universitarias, como resultado de un cambio en la interpretación histórica y de redefinición que han puesto siempre de las tendencias conservadoras; cambiar la defensa de la universidad de las agresiones del estado y de la derecha por la defensa contra los sindicatos, organizaciones populares, partidos políticos y también, de las organizaciones de los universitarios y de sus diversas tendencias de pensamiento.
De modificar la colaboración y participación con los trabajadores, obreros y campesinos mexicanos, por la necesidad de firmas de colaboración con el estado, empresarios, iglesia, partidos políticos, etc.
A través del órgano de información oficial, la rectoría fijó su posición política ante el gobierno manifestando: “Los Universitarios aspiramos a mantener relaciones normales y respetuosas con el estado, sus órganos y sus representantes. El carácter público de la institución y las condiciones concretas en las que se actúa suponen un acuerdo básico de entendimiento con el poder político".[13] La demanda de esclarecimiento de los asesinatos de Joel Arriaga, Enrique Cabrera, Alfonso Calderón, los mártires del 1º. de mayo de 1973 son aspectos de los que se hace responsable al gobierno del PRI y no a un régimen particular. Por ello la negativa de los universitarios para permitir la entrada de los recintos de la UAP a los funcionarios gubernamentales estatales y federales.
En el curso de la presente administración los acercamientos gobierno del estado son evidentes y se han repetido continuamente los actos oficiales universitarios que son inaugurados por el gobernador o funcionarios estatales, también es evidencia la presencia del rector en estos gubernamentales no protocolarios.
La presencia de Marcial Campos Reyero presidente de la Junta de Mejoras y hasta el otorgamiento, de una mención honorífica a este, es evidencia de los esfuerzos por lograr lo más pronto posible el más cercano entendimiento; así se puede entender la defensa ultranza del representante de la Junta de Mejoras como abogado de la UAP cobrando un salario correspondiendo que le proporciona la universidad.
Oficialmente la historia de la UAP según las agendas termina hasta 1956. El periodo de los enfrentamientos con el Estado no se anota. Para esto ya no hay historia; esta se a ido adecuando. En la agenda de 1984, la Cronología apunta denuncias contra el gobierno local y federal e ilustra movimientos democráticos y de izquierda. En 1985 la denuncia se desvanece llegando al extremo de olvidar la masacre del primero de mayo de 1973. En la agenda de 1986 se da por terminada toda historia.
La instrumentalización universitaria tampoco es una aberración, está íntimamente vinculada a las posibilidades de utilización del poder universitario, del presupuesto, de la contratación del personal de base y principalmente de confianza, de tener al servicio y en provecho de una fracción, grupo, partido o persona todos estos aspectos y además el conjunto de los funcionarios universitarios. Del uso del presupuesto universitario para generar consenso.
La instrumentalización y las posibilidades de hacerla efectiva está íntimamente ligada con el ejercicio del poder, distinto de los mecanismos democráticos, alejado de las bases universitarias. Es la realización de un nuevo enfoque sin contar con el consenso de los universitarios y sin haber desarrollado los mecanismos de información necesaria. Es estrictamente imponer un viejo enfoque basado en el poder de la democracia universitaria. La instrumentalización es un fenómeno íntimamente ligado a la problemática de la democracia.
Todos los grupos políticos y sociales pretenden obtener algún beneficio colectivo y particular de la universidad pero son muy pocos los que pretenden instrumentalizarla ya que son muy pocos los que tienen las posibilidades de aspirar al poder de la universidad.
La instrumentalización es algo ajeno a la historia reviente de la UAP es una deformación del proceso democratizador y de defensa de la autonomía. La instrumentalización se impone desde fuera del proceso o como una deformación burocrática de este. Es la posibilidad para fines previamente definidos y desde fuera, sin la participación y el consenso de los universitarios. Para evitar la instrumentalización debe regularse del poder y es la democracia el elemento más eficaz.
Sería muy útil efectuar el estudio de los diferentes intereses que se pusieron en juego en los distintos momentos de disputa del poder universitario y dilucidar las posibilidades de instrumentalización que han efectuado a la UAP; sus niveles y su taxonomía, pero ese lado pesimista de la historia universitaria es una tarea que por ahora no interesa. Nosotros, por el contrario hemos desarrollado un estudio desde las modificaciones de la democracia y esa óptica nos ha ayudado a clasificar los mecanismos que los movimientos universitarios han puesto en operación para impedir los abusos del poder.
El objeto de nuestro trabajo es caracterizar el actual rectorado de la UAP, pero hemos tenido que basarnos en distintos elementos, ya que sin ellos sería difícil acercarse a la realidad. Analizar las proposiciones de transformación universitario junto con su práctica y un balance de lo realizado hasta ahora es básico para demostrar cualquier definición de nuestro objeto de estudio.
[3] Las expresiones de los Universitarios no pueden considerarse, bajo ningún concepto, violatorias de la autonomía universitaria. Las garantías constitucionales se encuentran establecidas para mantener incólume la Constitución y para preservar el orden constitucional frente a los atropellos y excesos de las autoridades gubernamentales que disponen del poder para violar y conculcar las garantías en comento, donde resulta absurdo y ajeno al Derecho pretender que los universitarios "violan" la garantía constitucional de la autonomía, ya que el único deudor de esta es el poder público frente al cual se establecen garantías constitucionales. Las manifestaciones y expresiones de los universitarios sólo pueden entenderse como parte del ejercicio de la autonomía universitaria [4] El Estado y los Partidos Políticos en México. ERA, 1982 p. 30. * Con esos apoyos se comprende que no pudiese practicar una política ni muy innovadora ni muy coherente. "Historia de América Latina", Alianza Universidad (T. Halperin Dongh "Historia Contemporánea de América Latina). [10] Quien en 1970 fuera impuesto por la Junta de Gobierno y enfrentó a uno de los más importantes movimientos por la democratización universitaria y que provocó, después de dos años de lucha, que el ejército, la policía y un grupo paramilitar atacara las instalaciones universitarias con un saldo de dos preparatorianos muertos, varios heridos y el secuestro de los dirigentes estudiantiles [11] La Universidad en el Mundo número especial 2 de septiembre de 1976, pp. 57 y 58 [12] Jaime García Barrera, Febrero de 1984 p.7 [13] Semana Universitaria No. 127. 25 de enero de 1982
