PUEBLA, Pue., (apro).- La determinación del gobierno del estado de modificar la ruta del teleférico para que no llegue hasta el Barrio del Artista, no es suficiente, pues el resto de las estaciones siguen en la zona de monumentos, advirtió el Comité de Ciudadanos en Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla.
Aunque Bernardo Huerta Couttolenc, secretario de Transportes (ST) del estado, anunció que la estación terminal del recorrido, que se empezó a construir en el Barrio del Artista, donde fue demolida una casa del siglo XVII conocida como Casa del Torno, quedaría anulada para que el recorrido se reduzca 200 metros y llegue sólo hasta el Barrio de San Francisco.
De esta forma, el gobierno del estado busca que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) finalmente otorgue el permiso para la obra, en la que se contempla una inversión de 200 millones de pesos, se concluya, pese a que se inició sin contar con las licencias que obliga la ley.
Al mostrar el plano de la zona de monumentos, la historiadora Rosalva Loreto, hizo ver que, pese al cambio, la obra en todo el resto de su trayecto sigue en área protegida.
Consideró que sería un error que el INAH otorgue el permiso sólo por esta modificación, pues aún "estaría violando leyes internacionales de conservación de sitios y monumentos".
La insistencia del gobierno del estado, de construir este teleférico como un nuevo atractivo turístico, ha ocasionado que las organizaciones civiles Comité en Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla y la Fundación Toussaint interpusieran un amparo ante un juzgado federal.
También, la organización de la Unesco, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) ha advertido sobre el impacto que tendría esta obra para el paisaje arquitectónico de esta ciudad, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Incluso, han iniciado los trámites para solicitar ante la Unesco que Puebla sea incluida en la lista de Patrimonio en Peligro.
Las agrupaciones civiles han señalado que luego de que por diversas vías se ha demostrado que el gobierno del estado inició ilegalmente la obra sin contar con permisos y que incurrió en un delito federal al demoler una casa que se encontraba en el Catálogo de Bienes Inmuebles Protegidos, el INAH tiene ya suficientes argumentos para ordenar que las torres, que ya están construidas parcialmente, sean desmanteladas.
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