sábado, 27 de julio de 2013

Gravar con el IVA a los alimentos y medicinas significaría 50 mil mdd al año en recaudación

Gravar con el IVA a los alimentos y medicinas significaría 50 mil mdd al año en recaudación

Reuters

La reforma fiscal, que dejaría exenta una canasta de productos básicos, implicaría también alza de tributos a los más ricos, señalaron.

Mexico DF. El gobierno de México propondrá cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a rubros sensibles como alimentos y medicinas, una medida impopular que se sumaría a un alza de tributos a los más ricos en una reforma fiscal dirigida a elevar la débil recaudación en la segunda economía de América Latina.

Varias fuentes vinculadas con la iniciativa, que el presidente Enrique Peña Nieto prevé presentar en septiembre, dijeron que el objetivo es elevar los ingresos tributarios en unos 50 mil millones de dólares o 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

La reforma, que el Gobierno considera clave para impulsar la economía, incluiría extender el IVA del 16 por ciento a los alimentos -sobre todo los procesados- y a las medicinas, dejando exenta una canasta de productos básicos como frijol, tortilla o huevos, y medicinas de uso frecuente, dijeron las fuentes.

México ha discutido durante años si esos productos -actualmente con tasa cero- deben ser gravados con el IVA, el segundo impuesto que más recauda y que representa casi una tercera parte de lo que el Estado obtiene por tributos.

Especialistas consideran que esa es una vía expedita y segura para elevar la baja recaudación tributaria del país desde el nivel actual cercano a un 10 por ciento del PIB.

El Producto Interno Bruto de México fue de 1.18 billones de dólares en 2012.

El oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) llama ahora a aprobar sin tabúes varias reformas económicas clave que en el pasado fueron rechazadas por considerar que afectarían a los sectores más pobres del país de 117 millones de habitantes.

En el pasado, el PRI se opuso a la aplicación del IVA para alimentos y medicinas cuando el ahora ex gobernante Partido Acción Nacional (PAN), en el poder durante 12 años hasta noviembre del 2012, lo propuso.

En un esfuerzo para demostrar unidad y consenso en torno a las propuestas de Peña para "modernizar" la economía, el PRI tuvo que cambiar este año varios de sus documentos internos que antes le prohibían expresamente votar a favor del IVA en alimentos y medicinas.

Según cálculos de algunos legisladores, el hoyo fiscal en las finanzas públicas por mantener la tasa cero en alimentos y medicinas será este año de 1.2 por ciento del PIB.

Sacrificios para todos

Ahora de regreso a la presidencia que perdió en el 2000 tras haber gobernado la mayor parte del siglo XX, el PRI también planea proponer a los legisladores medidas dirigidas a que los más ricos paguen más impuestos.

"Una reforma hacendaria total, ortodoxa y clara implica sacrificios para todos", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, del partido oficialista.

Según las fuentes, el techo del 30 por ciento de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas naturales y para empresas, podría subir hasta un 37 por ciento para los que más ganan. No obstante, la tasa tope aún no está definida y podría ser menor.

El Gobierno también planea incluir en el proyecto un gravamen a las ganancias en la bolsa de valores, según las fuentes. La inversión en el mercado de capitales actualmente está exenta del pago de impuestos, no así en los instrumentos de deuda.

La iniciativa oficialista consideraría además suprimir regímenes fiscales especiales que permiten a cientos de grupos de contribuyentes pagar menos impuestos mediante subsidios o diferir el pago del ISR hasta por cinco años, además de las renegociaciones de créditos fiscales impagados.

Adicionalmente se baraja la posibilidad de eliminar las devoluciones fiscales que reclaman grandes empresas manufactureras de bienes que compran insumos con IVA pero cuyos productos llegan al consumidor final con tasa cero.

"La reforma va a transitar por la supresión de regímenes especiales, gravar las operaciones bursátiles, transitar de la tasa cero a exentos", dijo el diputado Tomás Torres, del Partido Verde Ecologista de México, una fuerza aliada al PRI.

Otro flanco que se atacaría es regularizar el pago de impuestos de los pequeños contribuyentes, cuya evasión fiscal se estima en más del 0.5 por ciento del PIB.

El PRI no tiene mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras legislativas y debe negociar la reforma sobre todo con el derechista PAN, que es proclive a estos proyectos, o con partidos pequeños.

El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), la otra gran fuerza política en el Congreso, está en contra del IVA a alimentos y medicinas, pese a haber firmado un pacto político con el PRI y el PAN para impulsar reformas.

El Gobierno también ha dicho que la reforma fiscal buscará, mediante incentivos, que empresas y personas pasen a la economía formal desde la informal, que le resta al país unos 4 puntos del PIB, según cifras de la Secretaría del Trabajo.

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Milicia y Justicia / Michoacán es hoy la misma película de 2006


Milicia y Justicia / Michoacán es hoy la misma película de 2006

Jesús Aranda

En diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa inició la fallida "guerra contra el narcotráfico" en su estado natal, Michoacán, con el envío de miles de elementos del Ejército Mexicano y de policías federales. Como ha quedado demostrado, las fuerzas federales arribaron a esa entidad sin contar con información de inteligencia indispensable, ni con la preparación táctica y estratégica para cumplir con la encomienda del entonces, Presidente de la República.

Hechos que parecieran aislados nos hablan de la irresponsabilidad cometida por Calderón, quien con sus políticas equivocadas generó un estado de violencia sin precedentes que continúa en los casi ocho meses de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los recientes actos de violencia en Michoacán que obligaron a reconocer al Presidente Peña Nieto que hay espacios en Michoacán que se han perdido y han pasado "lamentablemente" a manos del crimen organizado.

Lo cual derivó en el envío de más soldados y policías federales a esa entidad.

Parece la misma película vieja de diciembre de 2006, que no ha dejado más que muerte, inseguridad y fortalecimiento de la delincuencia organizada en Michoacán.

En esta ocasión Peña Nieto giró instrucciones para establecer una coordinación correcta entre el Ejército, la Policía Federal y las autoridades locales, además de apoyar al gobierno estatal en la atención a las demandas sociales.

A diferencia de hace casi ocho años, el Ejército y la Armada –no menciono a la Policía Federal, porque no ha demostrado con hechos en este gobierno que está lista para asumir su responsabilidad de combatir al crimen organizado- tienen a su favor que ya cuentan con una estructura de información e inteligencia con la que no contaban en 2006.

Llama la atención, la reciente ceremonia de graduación de los Cursos de Mando y Estado Mayor General, Estado Mayor Aéreo y Estado Mayor Conjunto de la Escuela Superior de Guerra, en la que el director de la Escuela Superior de Guerra (ESG), general Jaime López Reyes, anunció que el Ejército Mexicano comenzó la transformación de su sistema de educación militar para superar los desafíos que enfrenta el país por el combate al crimen organizado.

¡Casi ocho años después de que el gobierno mexicano declaró la guerra al narcotráfico!, hace unos días, se graduó la primer generación de 75 alumnos de la ESG, quienes tendrán la función de fungir como asesores del Alto Mando, de los comandantes de Regiones, Zonas Militares y Unidades del Ejército en el combate a los grupos de la delincuencia organizada.

Estos hechos constituyen una buena y una mala noticia.

La buena, que los militares estarán mejor capacitados para enfrentar a un enemigo que, pareciera, le ha tomado la medida a los soldados.

Y la mala, que al acentuar la preparación de cuadros para combatir al narcotráfico, quiere de decir que los soldados no regresarán a los cuarteles por un largo tiempo.

Prisión domiciliaria para Gutiérrez Rebollo

La decisión del segundo tribunal unitario de conmutar la sentencia de prisión por la prisión domiciliaria, es un gran triunfo para el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien actualmente es atendido en el Hospital Central Militar.

De entrada, la justicia federal ratificó que Gutiérrez Rebollo sigue siendo un general del Ejército Mexicano, a pesar de haber sido encarcelado acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Además, abre la puerta para que el militar demuestre en tribunales federales su inocencia en un juicio que, se espera, sea apegado a derecho.

Por lo pronto, se espera que en los próximos días, la Defensa Nacional determine en dónde compurgará su sentencia Gutiérrez Rebollo. Lo más seguro es sea en una casa de retiro para generales del Ejército, en donde el alto mando garantice la seguridad de quien fuera zar antidrogas.

Por cierto, el compromiso asumido por el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda en el sentido de que no permitirá la violación de los derechos humanos de los soldados sujetos a proceso penal hace abrigar esperanzas al general brigadier Ricardo Martínez Perea, quien, a diferencia de Gutiérrez Rebollo, no ha logrado ser atendido en el Hospital Central Militar, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional se rehúsa a reconocer que el general Martínez Perea sigue siendo integrante de las fuerzas armadas.

Martínez Perea espera demostrar su inocencia en un Consejo de Guerra Extraordinario, habrá que ver si el alto mando castrense otorga las condiciones necesarias para que el juicio sea conforme a derecho.

La Secretaría de Marina y los barcos de Pemex

Una de las primeras propuestas que le hizo el entonces secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot a Vicente Fox, cuando ésta asumió la presidencia en diciembre del año 2000, fue la de construir en los astilleros de la Armada de México barcos para Pemex, para así reducir la dependencia del extranjero y también como una forma de incentivar la industria nacional y la creación de empleo.

Seis años después, el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza hizo una propuesta semejante a Felipe Calderón, adicionalmente le propuso que la Armada apoyara la construcción de barcos camaroneros con energía de punta. Los marinos construyeron incluso una embarcación prototipo que finalmente fue donada a un instituto de investigación.

Calderón tampoco hizo caso.

Este jueves, se anunció que Pemex y la Secretaria de Marina (Semar) informaron un convenio para la construcción de 22 embarcaciones de la flota menor de la paraestatal, destinadas al transporte de combustible.

El acuerdo tiene vigencia hasta el 2014 y establece que Pemex Refinación detallará a la Semar sobre las características técnicas de las embarcaciones, así como los plazos de ejecución, los programas de trabajo, y supervisará la construcción de las mismas.

Falta ver si el compromiso se traduce en hechos y si por fin, el gobierno federal voltea sus ojos hacia el mar e impulsa acciones para la construcción –con el apoyo de la Armada de México– de barcos para Pemex y para renovar la flota pesquera nacional.

jaranda@jornada.com.mx

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Al bachillerato con 2 aciertos

Al bachillerato con 2 aciertos

Laura Poy Solano

Al bachillerato con 2 aciertos

Al dar a conocer los resultados del concurso de selección 2013 de ingreso al bachillerato, en el que 280 mil 96 aspirantes cumplieron con los requisitos para ser asignados a un espacio educativo, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), informó que a partir de este año se eliminó el requisito de lograr al menos 31 aciertos de un total de 128 posibles, por lo que un aspirante obtuvo un lugar con sólo dos respuestas correctas.

En conferencia de prensa, Javier Olmedo, vocero del organismo, destacó que de los 310 mil 163 candidatos que se registraron, cerca de 10 por ciento (30 mil 67) no cumplieron con los requisitos necesarios para acceder a una institución pública de educación media superior. De ellos, 11 mil 936 no se presentó al examen, mientras que 18 mil 131, es decir, 5.8 por ciento del total de aspirantes no obtuvo su certificado de secundaria.

Por lo que respecta a quienes alcanzaron los puntajes más bajos, ya que el promedio de aciertos este año fue de 71, indicó que hubo un aspirante con dos respuestas correctas, a quien le fue asignado un plantel para cursar su bachillerato.

"No podemos juzgarlo por tener dos aciertos en el examen. No sabemos qué factores hayan incidido para que obtuviera un resultado tan bajo, pero sería interesante averiguar por qué."

Agregó que en promedio quienes no alcanzaron 31 aciertos, aunque no dio a conocer la cifra total, "se agrupan en su mayoría en un rango de 29 a 30 respuestas correctas".

Los aspirantes clasificados como con derecho a otra opción (CDO) fueron 33 mil 695 jóvenes (12 por ciento) debido a que no alcanzaron el puntaje suficiente para acceder a algunas de las 20 opciones que podían elegir, o porque no obtuvieron un promedio mínimo de siete para ingresar al bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes aún podrán elegir los espacios disponibles hasta el próximo 2 de agosto.

Del total de quienes podrán acceder a un espacio en el bachillerato, informó que 246 mil 401 ya fueron canalizados a alguna de las nueve instituciones participantes. De ellos, 32.1 por ciento, es decir, 79 mil 148 lograron quedarse en su primera opción, pero si se consideran las cinco primeras, la cifra se eleva a 74 por ciento.

Agregó que este año cinco jóvenes alcanzaron el máximo puntaje con 127 de 128 aciertos, y otros siete obtuvieron 126. En el primer caso, tres solicitaron su ingreso al IPN, y dos más a la UNAM.

Con 127 aciertos, Francisco Emmanuel Anaya González solicitó estudiar en el Centro de Estudios Científico y Tecnológico (Cecyt) Juan de Dios Bátiz Paredes, del Poli , que exigía un puntaje mínimo de ingreso de 105.

Sinead Alejandra Rojas Hernández, con igual puntaje, fue asignada al Cecyt 13 Ricardo Flores Magón, que requería al menos 95 puntos para ingresar. También en el IPN, estudiará Cristian Ulises Martínez Lule, quien solicitó acceder al Cecyt 7 Cuauhtémoc, para lo que debía alcanzar por lo menos 91 aciertos.

En el caso de la UNAM, los dos mejores puntajes en el examen, fueron Alma Rosa Páes Alcalá, quien optó por solicitar su ingreso en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Oriente, para lo que debía obtener un mínimo de 93 aciertos, y Roberto Misael Robles Cervantes, quien fue asignado a la Prepa 5 José Vasconcelos, la cual solicitaba al menos 103 aciertos.

Como cada año, la institución con la demanda de ingreso más alta fue la UNAM, que sólo recibió a 22.3 por ciento de los 160 mil 546 adolescentes que solicitaron su ingreso; le sigue el IPN con 15.8 por ciento del total de las solicitudes de acceso, y un total de 22 mil 261 lugares asignados, y las preparatorias del estado de México con 15.4 por ciento de la demanda, es decir, 47 mil 689 aspirantes quisieron ingresar a sus aulas.

Jóvenes rechazados protestan porque la actual política educativa insiste en llevar a los estudiantes a modalidades técnicas "que no preparan para la vida, sino sólo para el trabajo" María Luisa Severiano

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Apuesta la SEP por un modelo educativo dual aula-empresa

Apuesta la SEP por un modelo educativo dual aula-empresa

Laura Poy Solano

Apuesta la SEP por un modelo educativo dual "aula-empresa"

■ Arranca en el Conalep plan piloto apegado al estilo alemán

A partir del próximo ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsará el programa piloto de educación dual para el bachillerato en México en planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), con el que se busca que los alumnos se formen tanto en el aula como en un espacio de trabajo, aseguró Candita Gil Jiménez, directora general de esa casa de estudios.

Cabe destacar que la funcionaria anunció con antelación que este modelo formativo se aplicará en 10 entidades y en al menos 21 centros escolares de la institución y podrán participar alumnos de cinco carreras en esta primera etapa.

Explicó que en colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la subsecretaria de Educación Media Superior, que encabeza Rodolfo Tuirán Gutiérrez, y el colegio "estamos trabajando muy fuerte con el modelo dual en nuestro país, pero ahora retomando el esquema de formación alemán".

Destacó que se buscará el apoyo financiero del sector empresarial, pero también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la Cámara de Diputados para impulsar este proyecto de formación, pues el modelo dual, que se aplica desde hace 20 años en el Conalep, podría adaptarse a un esquema de gran escala y de acuerdo con las características actuales del país.

Por su parte, la subsecretaría de Educación Media Superior ha dado a conocer que a partir de septiembre próximo se pondrán en marcha dos modelos piloto de formación dual en bachillerato.

En el primer caso, más apegado al modelo alemán, los estudiantes podrán formarse al menos dos años en un espacio laboral y uno en el aula, mientras que en el segundo sólo contarán con dos semestres de formación en la práctica laboral y cuatro en la escuela.

El pasado 8 de julio, en una reunión con el gobernador Rubén Moreira y otros funcionarios de Coahuila, Tuirán Gutiérrez informó que con esta propuesta educativa se buscará resolver los problemas de pertinencia en la educación que se imparte en el bachillerato, pero también elevar la empleabilidad de los egresados de este nivel educativo.

Anunció que en esta etapa piloto del proyecto de formación dual, que será sometida a una evaluación, participarán al menos 60 empresas, y podrán sumarse estudiantes de carreras con alta demanda como técnicos matriceros, electrónica, mecatrónica e industriales, aunque la meta es alcanzar 160 especializaciones diferentes.

Aumentan la matrícula

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, anunció el pasado 18 de julio que la meta sexenal para la aplicación del modelo de educación dual en el Conalep es aumentar su matrícula en 10 mil estudiantes, con la participación de 300 planteles y un 50 por ciento de su oferta educativa.

La sociedad "debería pensar qué hacer con estos jóvenes que quieren estudiar, pero tienen deficiencias en su formación académica", plantean expertos. En la imagen, día del examen único Prometeo Lucero

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¿Qué hacer si todos quieren UNAM o Poli ?


¿Qué hacer si todos quieren UNAM o Poli ?

Ariane Díaz

¿Qué hacer si todos quieren UNAM o Poli ?

■ "Terquedad del Estado que tengan que ir al Conalep a fuerza": experto

El Estado debería analizar si sigue ofreciendo alternativas de educación media superior, como los centros de estudios tecnológicos, o si esos recursos los destina a instituciones a las que la mayoría de los estudiantes aspiran, señaló Angel Díaz Barriga, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, a propósito de los resultados del examen de selección para ingresar a la educación media superior, dados a conocer ayer.

"Ha sido una terquedad del Estado decir que tienen que ir al Conalep a fuerza. Si los estudiantes están demandando otra cosa, veamos si se lo podemos dar", afirmó el experto.

"Ciertamente estamos en un contexto donde la mayoría de la sociedad mexicana aspiraría a ingresar a la UNAM o al Instituto Politécnico Nacional (IPN); en ese sentido, el Estado tendría que discutir hasta dónde convendría que la UNAM y el IPN fueran las instituciones que ofrecieran estos estudios en la zona metropolitana", apuntó.

Este año se eliminó el requisito mínimo de 31 aciertos y el resultado más bajo obtenido fue de dos aciertos, de acuerdo con la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems). Aún con el resultado, el aspirante obtuvo un lugar en un bachillerato de la zona metropolitana.

Sobre el tema, Díaz Barriga sostuvo que en lugar de "rasgarse las vestiduras" la sociedad "debería pensar qué hacer con estos jóvenes que quieren estudiar, pero tienen deficiencias en su formación académica".

Recordó la experiencia de Finlandia, país que al término de la educación básica ofrece un año extra para aquellos estudiantes que se considera no tienen los conocimientos necesarios para pasar al siguiente nivel.

"Sé que esto sería muy costoso para México, pero si el país quiere apostar a la calidad de la educación, debería encontrar un mecanismo de este tipo, una especie de cursos remediales para estudiantes que muestran interés en estudiar pero que no tienen el logro académico esperado".

Por su parte, Hugo Aboites, académico de la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, se refirió al examen único como "injusto y discriminatorio" y reviró el argumento de que todos los jóvenes tendrán lugar en una institución pública al afirmar que "todos pueden entrar a la casa, pero unos a la azotea y otros a la sala; es decir, unos entran a la UNAM o IPN, que son opciones que abren un futuro promisorio para los jóvenes que sepan aprovecharlo, y otros son Cetis o Conalep, donde la deserción es altísima. Esa es la injusticia".

Jóvenes rechazados de las instituciones de educación superior realizan un mitin en las instalaciones del Ceneval en Altavista María Luisa Severiano

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Superan al IVA los beneficios fiscales que otorgará Hacienda

Superan al IVA los beneficios fiscales que otorgará Hacienda

Roberto Garduño

Superan al IVA los beneficios fiscales que otorgará Hacienda

■ En 2013 se dejarán de recibir $643 mil millones, equivalentes a 3.87% del PIB

Durante el ejercicio fiscal 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgará beneficios fiscales –a través de los llamados gastos fiscales– por 643 mil 419 millones de pesos, equivalentes a 3.87 por ciento del PIB, cifra mayor a la que se espera recaudar por concepto de IVA durante el mismo ejercicio, cuya cantidad se calcula en 622 mil 626 millones de pesos.

La Cámara de Diputados, mediante el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), refiere que los gastos fiscales significan "la renuncia recaudatoria de la autoridad fiscal bajo el argumento de que funcionan como impulso de la actividad económica, y su existencia se encamina a la protección de determinados segmentos de la población sin que contribuyan a la distribución de ingresos".

El gobierno federal dejará de recaudar por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales. Todo ello establecido en varias leyes que en materia tributaria se aplican a escala federal.

Para el ejercicio fiscal del presente año la autoridad hacendaria estimó que los gastos fiscales ascenderán a 643 mil millones de pesos, y 80 por ciento de esa cifra está integrada por tres conceptos básicos: tasas reducidas, exenciones y subsidios.

Las tasas reducidas impactarán a la menor recaudación de impuestos con un monto de 205 mil 756 millones de pesos. En ese rubro se incluye la tasa cero en alimentos, la tasa cero en medicamentos y la tasa de 11 por ciento de IVA en las regiones fronterizas del país.

Las exenciones también se consideran gastos fiscales, porque dejan fuera del alcance del gravamen algunos tipos de altos ingresos. Esto representa una renuncia recaudatoria del orden de 187 mil 755 millones de pesos.

Los subsidios ascenderán a 131 mil 732 millones; los diferimientos, que son considerados gastos fiscales porque son esquemas a través de los cuales se evita o se reduce el pago de impuestos en el presente, pero compensados en el futuro, sumarán 20 mil 96 millones de pesos. Y las deducciones que afectan la integración de la base gravable del impuesto que se trate implicarán una renuncia recaudatoria de 29 mil 612 millones de pesos.

El centro de estudios del Poder Legislativo refiere que la Secretaría de Hacienda dio a conocer por primera vez el monto de gastos fiscales (aquellos que se dejan de recaudar por el erario federal) en noviembre de 2002. En aquella fecha se estimó que el gobierno dejaba de recaudar 329 mil 446 millones de pesos debido a los beneficios fiscales.

Para 2007, Hacienda realizó cambios sustantivos en su cálculo de presupuestos de gastos fiscales. Lo dividió en tres apartados: el primero implicó el fundamento legal para la elaboración del documento, así como la descripción de la función del presupuesto de gastos fiscales; el segundo lo integró la definición de los gastos fiscales y el tercero, al que se denominó principales resultados, dio a conocer una estimación total para los años 2007 y 2008 de 581 mil 193 millones de pesos (5.9 por ciento del PIB) y 604 mil 556 millones (5.7 por ciento del PIB), respectivamente. En aquella época se incorporó a la estimación el subsidio a las gasolinas.

También para 2009 y 2010, el presupuesto de gastos fiscales se estimó en el orden de 464 mil millones de pesos (3.9 por ciento del PIB) y 502 mil 533 millones (4 por ciento del PIB), respectivamente, que en contraste con las estimaciones realizadas en el año previo disminuyeron considerablemente porque la SHCP incorporó la cuantificación del efecto de la evasión fiscal, a fin de aproximar dichas estimaciones a la recaudación potencial que podría obtenerse de eliminar los tratamientos diferenciales.

Imagen de archivo de un mitin para informar sobre el aumento de gravámenes Jesús Villaseca

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Superficial y discriminatorio el examen único: MAES


Superficial y discriminatorio el examen único: MAES

Ariane Díaz

Superficial y discriminatorio el examen único: MAES

Con una jornada cultural que incluyó bailes y globos frente a las instalaciones del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) denunció que el examen único para ingresar al nivel medio superior es una "medición discriminatoria y superficial para determinar el futuro escolar y social" de miles de jóvenes.

Añadió que la existencia del organismo "condensa los últimos años de políticas educativas neoliberales, basadas en falacias como que 'sólo los mejores' merecen educarse, que la evaluación es indispensable en el diseño de las políticas educativas y que los indicadores a evaluar deben estar estrechamente vinculados con las necesidades de las grandes empresas trasnacionales, no así de la población".

También criticó que con el examen único "a 310 mil jóvenes de la zona metropolitana se les impone como condición indispensable el pago de más de 300 pesos".

Una centena de jóvenes acudió a las instalaciones del centro que desde mediados de la década de los noventa ha aplicado más de 30 millones de exámenes, donde al término de la festiva protesta se leyó un pronunciamiento.

"¿Cómo pretende el secretario Chuayffet que los jóvenes mexicanos tengamos vocación científica si las instituciones a las que somos enviados la gran mayoría de los aspirantes a la educación media superior tienen como principal objetivo capacitarnos para el trabajo como empleados? ¿Cómo si nuestros centros de enseñanza tecnológica están muy lejos de ser centros de investigación y se limitan a la enseñanza de manuales técnicos", cuestionaron.

El experto en temas educativos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Hugo Aboites, apuntó que el examen único es un mecanismo que acelera la deserción y que "poner una condición económica para ejercer un derecho va en contra del derecho mismo", en alusión al costo de la prueba.

Sobre el anuncio que hizo la Secretaría de Educación Pública de un "ambicioso" plan de becas, el MAES respondió que "si de verdad quieren fortalecer la retención escolar, lo primero que tienen que hacer es cancelar el examen único, aunque ello signifique dejar de alimentar con millones de pesos al año al Ceneval".

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El outsourcing en la reforma laboral


El outsourcing en la reforma laboral

Arturo Alcalde Justiniani

El outsourcing en la reforma laboral

Bajo las figuras de subcontratación, outsourcing, sustitución patronal o contratación por honorarios, se realiza uno de los fraudes sociales y laborales más crueles contra millones de mujeres y hombres que en nuestro país viven de su trabajo. Por estas vías, se les despoja de sus derechos más elementales: el salario que merecen, una jornada de trabajo digna, la seguridad social y estabilidad laboral. En fin, su presente y futuro personal y familiar.

Al hablar de outsourcing o subcontratación no nos referimos al servicio temporal y especializado que se presta a empresas, a las que por sí mismas no sería rentable ni productivo asumir estas actividades. Es lógico, por ejemplo, que si se compra un motor Siemens, las labores de mantenimiento las pueda llevar a cabo esa misma compañía con personal propio. Nos referimos por tanto, al creciente número de contrataciones que se realizan con el fin de esquilmar a los trabajadores de sus derechos, abusar de su indefensión con contratos precarios, omitir el pago del reparto de utilidades (prestación constitucional en vías de extinción) y también de incumplir obligaciones fiscales y de seguridad social. Hablamos de este cáncer que se multiplicó no sólo con la complacencia de las autoridades, sino incluso con su promoción en todas las ramas de industria, con la excusa de que era la vía idónea para ser más competitivos y productivos. Se planteó como producto neto de la globalización y se admitió el argumento de que al limitarlo se ahuyentaría la inversión en nuestro aparato productivo.

La iniciativa de Felipe Calderón para reformar la ley laboral en 2012 planteó crear el régimen de subcontratación mediante el cual, el patrón denominado "contratista", ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores en favor de un contratante que fija las tareas de las obras contratadas. Calderón, de manera irresponsable y atrapado por la camarilla que lo asesoraba en estos temas, estableció tan solo dos condiciones para autorizar esta forma de suministro de personal: que el contrato fuese por escrito y que se registrara a los trabajadores en el régimen de seguridad social, nada más. Con esta propuesta se habría dado manga ancha a abusos aún mayores de los existentes, convirtiendo un régimen de excepción en regla general. Se habría roto con un principio de protección elemental con consecuencias incalculables.

En buena hora, el Congreso de la Unión estableció una serie de requisitos para permitir el régimen de subcontratación, a nuestro juicio no los suficientes, pues hubiera sido deseable que se estableciera el impedimento de subcontratar las labores del objeto social de la empresa, como ocurre en otros países; también, establecer un registro público de empresas subcontratistas sujetas a fiscalización y sanciones más eficaces en casos de abuso.

El Congreso de la Unión aprobó, en su artículo 15 A, tres requisitos para admitir este régimen de contratación especial, a saber: la subcontratación no puede abarcar la totalidad de las actividades, debe justificarse por su carácter especializado y no puede comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. La disposición es clara: "De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se entenderá como patrón para todos los efectos de esta ley". En otro artículo, el 15D, se establece también que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales.

En la etapa final del proceso legislativo, algunos grupos empresariales y despachos que vienen haciendo un gran negocio en este sucio mercado de subcontratación irregular de personal intentaron que se diera marcha atrás a esta regulación. Finalmente no lo lograron. Sin embargo, decidieron seguir presionando para que la norma no entrara en vigor. Estamos hablando de los principales empresarios de México; por ejemplo, Bancomer, que durante siete años se ha ahorrado gigantescos recursos a costa de los trabajadores, a través de la figura de una sustitución patronal mediante la cual no reconoce a un solo trabajador como propio. Existen indicios de que la presión empresarial ha logrado algunos avances, entre otros, que las autoridades laborales permitan el incumplimiento de la ley que ya tiene ocho meses de vigencia y renuncien a fiscalizar los centros de trabajo.

El objetivo de esta red de lobistas es por lo pronto impedir la acción gubernamental en contra de la violación a derechos laborales y, más tarde, promover una reforma legal que cancele los requisitos aprobados. Las empresas defraudadoras han pagado fuertes recompensas a los personeros encargados de esta tarea; algunos ejecutivos de estas empresas son particularmente activos porque saben que buena parte de los recursos que no son entregados a los trabajadores por reparto de utilidades se han convertido en gigantescos bonos en su favor.

Es lamentable que no haya el debido contrapeso a este intento de reversa. En el gobierno priva el pragmatismo y la ausencia de interés en los temas laborales. Por su lado, los líderes de las principales centrales, con algunas excepciones, están atrapados por el interés de mantener ¨su negocio¨; no osan contradecir a las empresas y a los abogados patronales, ya que éstos los proveen de los contratos colectivos de protección, son ellos los que les dan de comer y también los que mantienen sus privilegios.

Favorecer la contratación irregular incrementa el empleo informal que hoy el Ejecutivo Federal promete revertir a través de un programa especial. Esta nueva propuesta debería incluir como primer compromiso, regularizar a los miles de trabajadores contratados por honorarios o, simplemente, sin seguridad social en los distintos niveles de gobierno; así se lograría un avance fundamental en este propósito. Un segundo compromiso consiste en hacer cumplir la ley del trabajo en materia de subcontratación, ya que ésta se ha convertido también en otra fuente de informalidad laboral. Se trata de definir si existe congruencia en esta materia.


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Educación: una reconsideración necesaria


Educación: una reconsideración necesaria

Enrique Calderón Alzati

Educación: una reconsideración necesaria

En días recientes, me llamó la atención una nota aparecida en varios periódicos sobre una licitación realizada y suspendida por la Secretaría de Educación Pública para adquirir un alto número de computadoras (laptops) con objeto de atender a varios miles de profesores y probablemente a cientos de miles de estudiantes de primaria, en tres estados de la República.

El proyecto pareciera seguir con algunas variantes las estrategias de los gobiernos que le antecedieron en esta materia, las cuales terminaron siendo objeto de duras críticas por sus numerosos errores, sus altos costos y sus escasos resultados, pues esos programas, que en general debieran servir para mejorar sensiblemente la educación, hasta ahora han producido beneficios prácticamente imperceptibles, en comparación con los altos costos que representan, en virtud de que para ser útiles y apoyar la educación, ellas solas no bastan si no son debidamente integradas al desarrollo de contenidos, a programas de capacitación y actualización de los profesores en torno de su utilización adecuada, y a modificaciones en los planes de estudio que integren el uso de la tecnología, lo cual hasta ahora no se ha hecho.

A discutir estos temas estaré dedicando algunos de mis próximos artículos, por ahora sólo quisiera referirme a un aspecto que forma parte de la licitación suspendida, y esto es en referencia a que la nota habla de que los sistemas operativos que se mencionan como parte de la licitación sean Linux; este hecho me llama la atención, pues si bien es cierto que el sistema es utilizado en los equipos de cómputo de la UNAM y en algunas otras instituciones de educación superior y media superior, principalmente en la ciudad de México, éste no ha sido el caso de la Secretaría de Educación Pública y de los miles de computadoras instaladas en las escuelas públicas de todo el país, las cuales operan con el sistema Windows desarrollado por Microsoft.

No es mi intención utilizar este artículo para iniciar una polémica sobre las ventajas de Windows y Microsoft versus las de Linux y del software libre que corre sobre esa plataforma. Considero que cada opción tiene sus ventajas y desventajas y que existen muchos expertos que podrían ayudar a la secretaría a tomar la mejor decisión, de acuerdo con los objetivos y restricciones de la institución y del sistema de educación básica en su conjunto.

Lo que me parecería un error verdaderamente lamentable sería ignorar las repercusiones que esa decisión pueda tener en el sistema de educación básica de todo el país, considerando los miles de escuelas equipadas con computadoras que hoy utilizan Windows, y que empezarían a sufrir las consecuencias de tener que utilizar equipos incompatibles entre sí.

No tengo dudas de que es posible cambiar de un sistema a otro, pero tampoco de que este proceso llevaría todo el sexenio y tendría un costo mucho mayor al que puedan tener los nuevos equipos, para que al final de la administración, la situación de atraso y estancamiento sea la misma con la que hoy operan las escuelas, pero con Linux. No dudo que en esta decisión se han consultado expertos, que seguramente piensan que se trata de un cambio fácilmente realizable, sin tener una idea de los problemas reales que implica llevar estos cambios a todas las escuelas del país.

Por otra parte, pensar que se puedan tener unas escuelas con computadoras Linux y otras con computadoras Windows es igualmente aberrante, pues ello implicaría de facto mantener dos proyectos tecnológicos en desarrollo, cuando en la realidad no se ha contado con la capacidad de instrumentar uno solo en los dos últimos sexenios. Ello implicaría contar con dos versiones de cada programa de software educativo, de los muchos con que ahora cuenta la secretaría, de revisar cuáles de estos vale la pena cambiar y cuáles no, pero la sola revisión es algo que la secretaría trató de hacer con el programa de habilidades digitales y simplemente no pudo hacerlo, en todo el sexenio anterior.

De igual manera, pensar en tener un programa diferenciado de preparación de los profesores, dependiendo de los equipos que tengan sus escuelas, constituiría una empresa francamente absurda, algo así como querer armar un rompecabezas con millones de piezas, y además llevar un sistema de control de su avance. Por todo esto, espero que la Secretaría de Educación Pública reconsidere este proyecto y reoriente sus esfuerzos para lograr el avance que el país necesita para mejorar la calidad de la educación y su impacto en el desarrollo nacional.

Con la sola información dada a conocer por la prensa, el proyecto aparece como una operación aislada, destinada a equipar a las escuelas de tres estados, Colima, Tabasco y Sonora, lo cual indica que no se está pensado en una experiencia piloto, sino en un programa de gran dimensión que no puede ni debe ser instrumentado en forma aislada al resto del sistema educativo nacional, porque además de ignorar la existencia de las computadoras instaladas previamente en esos estados, lleva a todas las dificultades y contradicciones ya mencionadas.


Consulte www.siclapueblanoticias.blogspot.mx

viernes, 26 de julio de 2013

Informe 2012-2013 Diputada Joaquina Navarrete. Labor legislativa

El informe sobre la actividad legislativa ya está. Falta 1. Las gestiones y otras activiadades de la oficina y 2. Todas las actividades en la sociedad que me tienen que entregar Alejandro y Rosy


Diputada Joaquina Navarrete Contreras Informe 2012-2013

Labor legislativa

Desde el inicio de la LXII Legislatura que fue instalada el 1º de septiembre de 2012, he estado cumpliendo con nuestra labor como diputada federal electa por mayoría relativa, del 20 Distrito, que está ubicado en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl. Desde este espacio quiero reiterar el apoyo que me prestaron los 58, 295 electores, que votaron por mi y que hicieron posible un contundente triunfo, sobre el PRI y los demás partidos.

Electoral 2012.png

Al término del Segundo período de sesiones, he sido promovente de tres iniciativas, las cuales corresponden dos de ellas a reformas y adiciones a la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y la tercera que reforma diversos artículos de la Ley de Vivienda. Además he suscrito  2 iniciativas y me he adherido a otras 61, haciendo un total de 65 iniciativas en las que he participado.

Las iniciativas que he promovido

1.    Proyecto de decreto que reforma el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 20-Noviembre-2012.

Propone "Incluir el maltrato y la violencia dentro de las prohibiciones constitucionales en respeto a la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas".

Esta iniciativa considera que en México, los niños y jóvenes tienen una realidad que parte del entorno familiar, social, cultural, económico y politico en el cual se desenvuelven, donde el abuso del poder es parte de nuestra cultura. El ambiente escolar tiene su continuidad en la familia, en el barrio y la colonia, en el trabajo, en el taller del padre o en el abandono de los padres por la migración, en el cuidado del abuelo, los hermanos, los tíos, en el abuso de los familiares, de los hermanos mayores, los primos o los vecinos, la comadre y el compadre que se inmiscuye en la vida familiar o en el hacinamiento de la vida urbana.  

"Por ello el abuso y maltrato que sufren los niños y jóvenes, proviene de la sociedad violenta, de la cultura de la inseguridad, del abuso, la corrupción, el tráfico de influencias, el caciquismo, el corporativismo, el clientelismo, el compadrazgo y el peculado. La emorme influencia que ha creado el caciquismo sindical, llamado charrismo, para ascender al liderazgo y al enriquecimiento ilícito, se complementa con la pobreza de los municipios, la debilidad del federalismo y la corrupción de los funcionarios, policías municipales, estatales y federales. Este entorno explica mejor el maltrato y la violencia hacia los  niños y niñas, hacia las y los adolescentes y hacia las y los jóvenes. Como resultado de la Guerra contra la delincuencia organizada que ha involucrado a las zonas urbanas del país, así como la existencia de los 9 millones de "ninis" y los migrantes, ha afectado a los jóvenes y niños que son víctimas de esta violencia generalizada, que han encarcelado a sus hermanos y hermanas, madre y padre, familiares y hasta a ellos mismos. A raiz de esta Guerra, y la decision de declarar culpables de delitos graves a jóvenes desde los 14 años, los y las policías municipales, estatales y federales, los y las autoridades ministeriales y judiciales, ven en cada jóven de esa edad que camina en las calles como un delincuente potencial y, sobre todo, aquellos que se reunen en pequeños grupos. Sistemáticamente los y las policías detienen como posibles consumidores de drogas, traficantes, asesinos o integrantes de la delincuencia organizada, a todos los jóvenes a partir de los 14 años. Estos servidores públicos han desarrollado una cultura de agresión permanente contra estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

2.    Proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue presentada el 26-Febrero-2013.

Esta iniciativa pretende "Establecer que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte, la cultura, el arte, el conocimiento de la literatura, la comunicación, los valores éticos y cívicos y los derechos humanos, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. El trabajo que realicen los internos será remunerado y será considerado también, como un medio para contribuir en el sostenimiento de su familia. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto".

Argumenté que

En México, los reclusos no cuentan con procesos de readaptación y reinserción en la sociedad, pues el trabajo y la capacitación para este y la educación, hasta ahora son optativos. El modelo de política criminal ha demostrado ser erróneo, pues se basa en la prisión y el endurecimiento de las penas y no por la educación, la cultura y el trabajo, sobre todo porque el gasto no se ve como una inversión para la rehabilitación, sino como una simple erogación, que no tiene frutos. El incremento de la criminalidad, resultado de la persecución desmedida de supuestos delincuentes, que en una gran cantidad son chivos expiatorios, resultado de la Guerra desatada por la anterior administración federal, incrementó fuertemente la población en los reclusorios y por tanto el hacinamiento. Es evidente que se requieren verdaderas medidas para reducir estos males y optar por un Nuevo sistema, más humano y social, basado en la educación y la cultura.

Todo trabajo requiere una remuneración justa, pero además el derecho al trabajo es parte de la condición humana, pero al trabajo, a su vez no puede ser obligado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta con el principio XIV sobre el tema del trabajo en reclusion y dice:

"Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo".

En los reclusorios mexicanos, los talleres o, en su caso, de herramientas y materiales necesarios son muy escasos, así como el personal técnico para capacitar a los internos. A pesar de que la educación y el trabajo son el principal instrumento para la consecución de la reinserción social,  no se cuenta con esta base fundamental.

Ambas iniciativas están pendientes en la comisión de Puntos Constitucionales.

Además, propuse una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicada en la Gaceta parlamenaria el 14-Mazol-2013.

En esta iniciativa digo que

El derecho a la vivienda es un derecho humano y garantía constituida, otorgada y protegida por el párrafo VII, del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por ser considerada el espacio territorial de la familia, constituye el pilar que sustenta a la sociedad, que es la base del Estado Mexicano.

Por ello es necesario que todas las familias, disfruten de una vivienda digna, dentro del contexto del Sistema Nacional de Planeación Democrática y del Sistema Nacional de Vivienda.

Conforme a las estadísticas institucionales, México cuenta con un rezago considerable de viviendas, presentando problemas graves de hacinamiento, viviendas mal construidas y de mala calidad, con materiales y deterioros importantes. Esto es más grave en las comunidades alejadas de los centros de servicios públicos, de las fuentes de trabajo, educación y salud.

La tiene como objetivo dejar claramente establecido que los programas de vivienda son parte del marco del Sistema Nacional de Vivienda y del Sistema de Planificación Nacional Democrática y que estos se realizan con apego a los principios del desarrollo territorial planificado y sustentable, con equilibrio de los diversos ordenamientos federales, estatales y municipales y pretende promover que los poderes de la federación, los estados y municipios, así como los entes, organismos y organizaciones privadas y sociales, postulen y coadyuven en programas y proyectos de vivienda en estos programas.

Además, establecer que la vivienda es un área prioritaria de carácter social para el desarrollo nacional. Por ello es necesario establecer que la federación y las entidades estatales y municipales en coordinación, establezcan políticas, programas y mecanismos que faciliten a las familias del sector no asalariado el acceso a los medios para adquirir o construir una vivienda digna o mejorar su vivienda, además de promover la creación o fortalecimiento de organismos o dependencias especializadas en desarrollo agrario, territorial, urbano y social, en materia de vivienda que permita el fortalecimiento de la infraestructura orgánica, financiera, jurídica y social, que les lleve a evolucionar y establecerse como entes autosustentables, en beneficio de su población no asalariada de menores ingresos y que se faciliten los accesos al financiamiento público, a través de entidades estatales y municipales, adicionales a las entidades privadas que los ofrecen y que el Ejecutivo federal canalice y destine directamente recursos federales a los estados y municipios para que a través del crédito y o subsidio federal, estatal y o municipal.

Además que se construyan estrategias y líneas de acción para crear los mecanismos que permitan fortalecer, a los estados y municipios en la creación de organismos paraestatales y paramunicipales de vivienda, así como para crear desarrollos urbanos, agrarios, rurales, y sociales, infraestructura de proyectos y urbanización de suelo, para desarrollar los proyectos de vivienda económica, progresiva, popular o social, así como crear las estrategias, políticas y líneas de acción para crear mecanismos que permitan generar o fortalecer a las medianas y pequeñas empresas, cooperativas o de solidaridad social, dedicadas a la edificación, construcción y desarrollos de viviendas y para la asignación, propiedad o tenencia del suelo o de la vivienda a las familias beneficiaras y mejorar sus espacios de convivencia, estimulando la coparticipación de la población.

Sobre esta iniciativa, la mesa directiva de la Cámara de Diputados emitió el 13 de mayo de 2013 una prevención al presidente de la Comisión de vivienda, para que se presentara el correspondiente dictamen, sin embargo, dado que en el mes de mayo se vencía el plazo, era necesario que se solicitara una prórroga, por parte del presidente de la comisión, a quien recurrí, para que realizara el trámite. Sin embargo, para este trámite era necesaria la aprobación de la Junta directiva, la cual era imposible reunirla en el período de receso de la Cámara. Esto hacía imposible que se solicitara la prórroga y mucho más que se dictaminara, pues si la Junta directiva no podía reunirse, mucho menos el pleno de la Comisión. Por tal motivo, opté por retirar la iniciativa, para presentarla en el siguiente período de sesiones del que inicia el 1º de septiembre de 2013.  

Además de la iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Vivienda, presentaré a partir del mes de septiembre las iniciativas que reforma y adiciona la ley reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones, que pretende dar facilidades a los profesionistas recién egresados para obtener su licencia y ejercer su especialidad lo más pronto posible y otra que reforma y adiciona la Ley de Planeación y el Artículo Reglamento de la Cámara de Diputados  para incorporar a los municipios, cooperativas, empresas solidarias y organizaciones sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, como participantes en los procesos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo que debe entregar el titular del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión y que  este poder colegiado pueda discutir y opinar sobre el contenido, además de incorporar los puntos de vista que se aprueben en las comisiones, para garantizar que proteja y promueva el empleo, la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y la cultura, además de que promueva "mecanismos y programas dirigidos a la población de menores recursos del sector no asalariado con el objeto de que cuenten con acceso  a financiamiento social", señalando que: "Es responsabilidad del Congreso de la Unión examinar y opinar sobre Plan Nacional de Desarrollo enviado por el Ejecutivo Federal; analizar, discutir y apobar las observaciones que haga a este Plan, así como vigilar la conducción de la planeación nacional del desarrollo, de la participación ciudadana democrática de los grupos sociales".

Con motivo de la discusión sobre la reforma constitucional en materia de transparencia y anticorrupción que se discute en las comisiones unidas de Puntos constitucionales, Reglamento y Prácticas parlamentarias y en la de Transparencia y anticorrupción de la Cámara de Diputados, he decidido reforzar el punto de vista de los senadoresy en especial la iniciativa del compañero Alejandro Encinas, presentando una iniciativa de reforma constitucional que le de autonomía y capacidad de resolución al Instituto Autónomo de Aceso a la Información Pública y Protección de datos personales.

Además he suscrito dos iniciativas:

1.    Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.

Sustituir a las "Juntas de Conciliación y Arbitraje", tanto federales como locales por "Jueces Laborales", federales y locales, dependientes del Poder Judicial.

Pendiente Publicación en Gaceta: 21-Febrero-2013

 

2.    Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, que suscribieron diversos grupos parlamentarios.

Prever en la ley, la obligación del Estado Mexicano respecto a la prestación de los servicios educativos a nivel medio superior. Prever que la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos; así como, incluyente e intercultural, definirá y desarrollará programas educativos de contenido regional que retome la herencia cultural de sus pueblos, así como el impulso del conocimiento y respeto como forma de vida y razón de ser de los pueblos originarios. Considerar en la estructura del Sistema Educativo Nacional, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como sus facultades. Prever que el sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades. Considerar como derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, exigir de las autoridades educativas la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos presupuestales; así como, asistir a recibir asesoría u orientación relacionada con el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos. Incluir un Capítulo IX, denominado "Del Servicio Profesional Docente", con el objeto de establecer las bases para la estructura, organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional Docente, que será obligatorio y permanente y que deberá garantizar la debida transparencia y objetividad en la evaluación de los méritos e idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

Pendiente Publicación en Gaceta: 29-Abril-2013

Las otras 61 iniciativas a las que me he adherido y que han sido propuestas por diversos diputados, se pueden consultar en la página de internet del Congreso con toda facilidad.

Por otro lado, en el mes de octubre de 2012, los días 2 y 18, presenté dos puntos de acuerdo en las sesiones plenarias, que no fueron aceptados.

1       Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a efectuar una distribución igualitaria en razón de género de las comisiones ordinarias y especiales de la LXII Legislatura.

2   Punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar Solución a la Problemática de los Trabajadores Mineros en Cananea y en toda la República Mexicana.

 

Actividad en las comisiones de la Cámara de Diputados.

He sido designada para pertenecer a tres comisiones, la de vivienda, de la cual soy secretaria; la de Seguridad pública y la de Transparencia y anticorrupción, a las cuales pertenezco como integrante. Las comisiones de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el Reglamento que la regula, determina que las comisiones deben reunirse cuando menos cada mes. Estas presentan sus respectivos informes, que son publicados en la Gaceta parlamentaria. En el caso de la Comisión de Vivienda, a la que pertenezco como secretaria, me obliga a participar en la Junta directiva, la cual desarrolla actividades especiales y reuniones previas a las sesiones ordinarias de  las comisiones.

Según el informe al mes de febrero de 2013, presentado por la Comisión de vivienda, nos informó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Vivienda en el lapso que comprende este informe 15 iniciativas y 1 minuta, las cuales no han sido discutidas[1].

Reuniones de la comisión

En el periodo octubre de 2012-febrero de 2013, se convocaron a tres reuniones plenarias, dos se llevaron a cabo y una hubo falta de quórum.

• De instalación de la Comisión de Vivienda, 23 de octubre.

• Ordinaria, 22 de noviembre. Se presentó el programa anual de trabajo.

• Ordinaria, 17 de enero, (no hubo quórum).

La Comisión de Vivienda convocó dos eventos, uno con el director del INFONAVIT, Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, el 17 de abril y el otro con la Unidad de Servicios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 5 de abril de 2013 y a los cuales asistí.

 

 

 

De la Comisión de Seguridad Pública[2],

En el periodo que abarca este informe destaca lo relativo a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la cual desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se trasladan las facultades relacionadas con seguridad pública, y el sistema penitenciario a la Secretaría de Gobernación, entre otras.

Reuniones Ordinarias

• Primera de instalación 25 de octubre[3],

• Segunda comisiones unidas con la de Gobernación, el 21 de noviembre[4].

• Tercera 11 de diciembre[5].

Cuarta. 10 de abril. Reunión de trabajo con el subsecretario de prevención y Participación ciudadana

Quinta. 25 de abril. Proyectos de dicatamen.

Iniciativas turnadas Pendientes 7, Aprobadas 3[6]. Desechada 3

Proposiciones con punto de acuerdo turnadas. Desechadas 11[7].

 

Reuniones interinstitucionales

1. Con el ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal. 7 de noviembre de 2012, en las oficinas de la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Asistieron los diputados Joaquina Navarrete Contreras,

2. Visita al Cefereso de Hermosillo, Sonora. No asistió.

3. Con el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación 20 de febrero.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, primero semestral de actividades

II. Iniciativas, minutas, observaciones del titular del Poder Ejecutivo federal y proposiciones turnados

Las referidas proposiciones con punto de acuerdo fueron desechadas por la mesa directiva en términos del artículo 184 del reglamento de la cámara de diputados; lo que fue comunicado a esta comisión el 8 de febrero de 2013, mediante oficio SSP/LXII/2.0276/2013.

6 Dictámenes aprobados por la comisión de transparencia y anticorrupción [8] y una opinión.

3 Asuntos retirados por sus autores[9]

IV. Resumen de las actas de cada reunión celebrada, con la lista de diputados y diputadas asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso que corresponda .

Reunión de instalación miércoles 24 de octubre de 2012

Reunión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción miércoles 21 de noviembre de 2012

Se presentó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión y fue votado por unanimidad en sentido aprobatorio por los Diputados asistentes.

Segunda Reunión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 28 enero 2013. En esta reunión se dio a conocer la Munuta del Senado turnada a la Comisión con fecha 21 de diciembre de 2012 y recibida en la misma el 8 de enero de 2013.

Reunión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción jueves 28 de febrero de 2013

Entre los asuntos agendados en el Orden del Día se encontraban la discusión y aprobación de tres dictámenes, uno en sentido positivo y dos en sentido negativo, y una opinión, esta en sentido positivo; de tal manera que en dicha reunión fueron aprobados[10].

En relación con la Munuta del Senado Reforma constitucional

Es una práctica recurrente de los gobiernos, principalmente de los titulares de los poderes ejecutivos, las modificacione a la ley para evitar la transparencia e impedir, a partir de ello que la rendición de cuentas sea expedita y firme. Uno de los principales elementos para lograr esa evasiva se puede lograr si se tiene el control de los miembros del órgano autonomo, lo cual a su vez se puede lograr si al mismo tiempo el ejecutivo tienen poder para su designación.

La rendición de cuentas es principalmente de quien ejerce la mayoría del presupuestos y no hay que buscarle mucho para saber que las leyes le dan a los titulares de los poderes ejecutivos la capacidad para el manejo de los presupuestos, así como su modificación. Es por ello, que el conjunto del poder ejecutivo tenen que transparentar totalmente sus ejercicios de gobierno, sus polítcas públicas y su presupuesto a través de un proceso de transparencia, de fiscalización y de rendición de cuentas, en el cual no participe el propio juzgado, es decir el Poder ejecutivo. Por ello, lo más sano para este proceso es que en el nombramiento de los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública no participe el Poder Ejecutivo y que el complemento básico para que este organismo ejerza su autoridad, es que sus resoluciones deban cumplirse a cabalidad y que no se posterguen o burocraticen con un procedimiento judicial de largo plazo. Es por ello que es fundamental que los resolutivos del IFAI sean inatacables.

El IFAI ha tenido desde su creación un importante papel en la información gubernamental y en el acceso a esta. Es por ello que es fundamental su fortalecimiento al constituirlo como un organismo verdaderamente autónomo e independiente.

El primer proyecto de dictamen entregado por la Comisión de Puntos constitucionales y que fue aprobado en lo general por el pleno de comisiones unidas el 29 de abril de 2013, respeta el punto de vista del Senado, el cual reproduce en la mayoría de sus términos.

El segundo proyecto de dictamen introduce cambios fundamentales a lo propuesto por el Senado y que son producto de las reservas propuestas por el PRI. Estos cambios son fundamentales porque modifican prncipalmente los términos de la autonomía e independencia del Instituto, entre otros aspectos también trascendentales.

1. La primera modificación importante y en sentido positivo es que mantiene a los municipios como parte de las competencias del Instituto[11].

2. El otro aspecto es que enlista los sujetos obligados[12].

3. En el proyecto del Senado se incluyen a los partidos políticos como sujetos obligados dIrectos, es decir, que el acceso a la infomación de estos ya no sea a través del IFE, sino que se puedan obtener directamente por el IFAI[13].

Y el segundo proyecto y la reserva del PRI proponen sólo "Los partidos políticos, en los términos que determine la legislación en materia electoral" dejándolos como sujetos obligados indirectos como lo señala actualmente la ley en materia electoral".

Esto lo ratifica en el punto VIII

4. En el apartado B del primer proyecto se establece que

"Las resoluciones del organismo (garante son) vinculatorias, (definitivas e inatacables) para los sujetos obligados"

Pero en el segundo proyecto proveniente de las reservas del PRI se le suprime estas características y se intoduce la posibilidad de que haya recursos ante la Suprema Corté de Justicia, diciendo

"Las resoluciones del organismo autónomo en el ámbito federal serán vinculatorias para los sujetos obligados. El Consejero jurídico del Gobierno, los Presidentes de las Cámaras de Senadores o de Diputados o los titulares de los organismos autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando (se fundamente que) exista daño o perjuicio al interés público o una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad o cuando la resolución emitida sea con motivo del ejercicio de la facultad de atracción"

Lo cual permite continuar con la práctica de ocultamiento de informacón.

5. Otro aspecto se refiere al nombramiento de los miembros del Instituto.

El primer proyecto proveniente del Senado señala

"Para (su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de (diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara) el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.)"

Además

"En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante"

Esta modificación es muy trascendente para la transparencia de la información pública y sobre todo para la auronomía e independencia del Inatituto.

Por todo ello, mi voto es en contra de este segundo proyecto de dictamen y hemos propuesto una iniciativa que rescata todas las virtudes del proyecto del senado, manteniendo la autonomía y la independencia del Instituto autónomo de acceso a la Información Pública y protección de datos personales.



[1] 1. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.Proponente: Diputado Ricardo Monreal Ávila. Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Estado: Proyecto de dictamen.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Proponente: Diputado José Antonio Hurtado Gallegos. Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Estado: Proyecto de dictamen.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.Proponente: Diputada Nelly María del Carmen Vargas Pérez. Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.Estado: Proyecto de dictamen.

4. Minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 43 Ter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (asunto pendiente de la LXI Legislatura). Estado: Pendiente.

5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Vivienda. Proponente: Diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortés. Grupo Parlamentario del PAN. (asunto pendiente de la LXI Legislatura).  Estado: Pendiente.

6. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda. Proponente: Diputado José Luis Ovando Patrón. Grupo Parlamentario del PAN. (asunto pendiente de la LXI Legislatura). Estado: Pendiente.

7. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Proponente: Diputado Víctor Manuel Lozano Jorrín. Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Estado: Proyecto de dictamen.

8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Proponente: Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales. Grupo Parlamentario del PRI. Estado: Proyecto de dictamen.

9. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE y expide la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado. Proponente: Diputado Miguel Alonso Raya. Grupo Parlamentario del PRD. Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Vivienda. Estado: Pendiente.

10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda. Proponente: Diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Grupo Parlamentario del PAN. Estado: Proyecto de dictamen.

11. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Proponente: Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik. Grupo Parlamentario del PRI. Estado actual: Proyecto de dictamen.

12. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Proponente: Diputado Ossiel Omar Niaves López. Grupo Parlamentario del PRI. Estado: Proyecto de dictamen.

13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, del ISSSTE y del Infonavit. Proponente: Diputado Silvano Blanco Deaquino. Grupo Parlamentario del PRD. Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda. Estado: Pendiente.

 

[2] Informe de actividades de septiembre de 2012-febrero de 2013

[3] Se hizo del conocimiento de los miembros de la comisión la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, con el propósito de incorporar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Finalmente, los miembros de la comisión fueron convocados a la discusión y al análisis de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 21 de noviembre, para lo cual el diputado José Ángel Ávila Pérez solicitó el dictamen correspondiente y una reunión previa por la junta directiva.

 

[4] En la reunión se discutió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada entre otros diputados por José Sergio Manzur Quiroga, del PRI, el 15 de noviembre de 2012.

Se discutió la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para –entre otros aspectos– establecer atribuciones a la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo funciones de coordinación de las acciones de la administración pública federal para cumplir sus acuerdos u órdenes. Desaparecen las Secretarías de Seguridad Pública, y de la Función Pública; se transfieren a la Secretaría de Gobernación las tareas en materia de seguridad, de policía federal, y las del sistema penitenciario federal y prevención del delito. Corresponde a la Secretaría de Gobernación presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del presidente de la República, y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

 

[5] Fue presentado el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respecto al Presupuesto de Egresos de 2013, que establece los principios generales para la elaboración de los proyectos productivos que se integren en la opinión que realizara la comisión respecto al Presupuesto de 2013, al cual se dio lectura. Una vez concluida ésta, los diputados hicieron manifiesto su interés de incorporar proyectos de inversión a la opinión que realizara la Comisión de Seguridad Pública respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de 2013.

Asimismo, fueron presentados los lineamientos específicos del Presupuesto de Egresos de 2013.

 

[6] 1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Promovente: Diputado Érick Marte Rivera Villanueva. Prórroga: Solicitada y otorgada. Estado: Aprobada.

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17 de la Ley de la Policía Federal. Promovente: Diputado José Francisco Coronato Rodríguez. Prórroga: Solicitada y otorgada. Estado: Aprobada.

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Promovente: Diputada María del Carmen Martínez Santillán. Prórroga: Solicitada y otorgada. Estado: Pendiente.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Promovente: Diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI). . Estado: Aprobada.

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Promovente: Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña. Prórroga: Solicitada y otorgada. Estado: Desechada.

6. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Promovente: Diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo. Prórroga: Solicitada y otorgada. Estado: Pendiente. Comisiones unidas con Justicia.

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Promovente: Diputado José Guillermo Anaya Llamas. Prórroga: Solicitada y otorgada. . Estado: Pendiente.

8. Proyecto de decreto por el cual se expide la Ley General de la Prevención Social del Delito. Promovente: Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero. Prórroga: Solicitada y aprobada. Estado: Desechada.

[7] 1. Por el que se exhorta al Congreso de Nuevo León a llevar a cabo una consulta amplia a efecto de contar con un diagnóstico real sobre la seguridad pública en la entidad, así como del desempeño de sus autoridades en la materia y, en su caso, realizar las adecuaciones y reformas legales conducentes. Promovente: José Arturo Salinas Garza (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

2. Por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a desplegar las medidas de seguridad correspondientes en los penales de sus respectivas demarcaciones, así como la constante vigilancia de los mandos penitenciarios. Promovente: Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Por el que se exhorta al gobernador de Coahuila a establecer expedita y eficazmente por la Secretaría de Seguridad Pública estatal medidas de seguridad en los centros penitenciarios de su jurisdicción. Promovente: José Guillermo Anaya Llamas (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a desplegar en sus demarcaciones medidas de seguridad y vigilancia constante de los mandos penitenciarios. Promovente: Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

5. Por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a garantizar la seguridad de los jóvenes profesionales que prestan servicio social en zonas rurales apartadas o aun en poblaciones pequeñas. Promovente: María Celia Urciel Castañeda (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

6. Por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación a prescindir del uso de la prueba del polígrafo en procedimientos de control de confianza y de selección de personal, y en las evaluaciones periódicas de los miembros de las corporaciones policiacas, y de los órganos de procuración de justicia y de reinserción social. Promovente: José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

7. Por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a implantar acciones para completar el proceso de certificación de policías estatales y municipales antes del 15 de diciembre de 2012. Promovente: Alicia Concepción Ricalde Magaña (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

8. Relativo a garantizar la seguridad del personal médico y pasantes de las unidades de salud en zonas de alto riesgo, debido a la violencia e inseguridad. Promovente: Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

9. Por el que se exhorta al titular de la SSP a actuar con arreglo a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos, en las operaciones del programa Guerrero Seguro. Promovente: Catalino Duarte Ortuño (PRD). Fecha de recepción: 27 de noviembre de 2012. Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

10. Para solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública que dé a conocer a la opinión pública la situación de las mujeres recluidas, y atienda la problemática que se suscita en los centros de readaptación social con este sector de la población, ajustándose a las leyes, los tratados y las convenciones que rigen la materia. Promovente: María de Jesús Huerta Rea (PRI). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

11. Para exhortar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Púbica, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Policía Federal a establecer en coordinación con las autoridades estatales operaciones permanentes en el aeropuerto internacional de Cancún, a fin de retirar las unidades irregulares que operan a través de concesiones federales foráneas en dicho destino turístico. Promovente: Lizbeth Loy Gamboa Song (PRI). Fecha de recepción: 12 de diciembre de 2012. Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

[8] 1. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2. Dictamen a la iniciativa por la que se modifican los artículos 1 y segundo transitorio de la Ley federal de Procedimiento Administrativo.

3. Dictamen a la iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 7 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

4. Dictamen a la iniciativa que adiciona una fracción VII, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 8 y se modifican los artículos 13 y 45 de la Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

5. Dictamen a las iniciativas por las que se reforman el artículos 69-E y se adicionan una fracción IV Bis al artículo 69 de la Ley federal de Procedimiento Administrativo.

6. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública federal, y se adiciona un artículo 8o. Bis a la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 

[9] Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. (Retirada por el diputado Juan Bueno Torio).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (Retirada por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (Retirada por la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales).

[10] – Se presentó el Dictamen por el que se aprueba la Minuta que desecha el Proyecto de Decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el cual al ser sometido a votación fue aprobado por unanimidad por el pleno de esta Comisión.

– Se presentó el Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII, del artículo 7 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el cual al ser sometido a consideración del pleno de esta Comisión fue aprobado por unanimidad.

– Se presentó el Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 1° y segundo transitorio de la Ley federal de Procedimiento Administrativo; el cual fue votado a favor por unanimidad por los Diputados integrantes de esta Comisión.

– También se presentó Opinión en sentido positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley federal de Responsabilidad Ambiental y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales; que fue aprobada por unanimidad por los Diputados presentes en la reunión.

 

[11] I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano (y) u organismo federal, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

 

[12] Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, son sujetos obligados:

a) Los Poderes de la Unión,

b) Los poderes de los estados de la Federación;

c) Los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal;

d) Los ayuntamientos y los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales del distrito Federal

e) Los organismos autónomos y las universidades públicas;

 f) Los fideicomisos públicos,

g) Toda persona física, moral o sindicatos o fideicomoso privado que reciba y ejerza recursos públicos; y

h) Los partidos políticos, en los términos que determine la legislación en materia electoral;

 

[13] "Se incluye como sujetos obligados directos a los Partidos Políticos, por ello en la ley reglamentaria debe establecer la mecánica de acceso a la información pública la cual deberá contener y describir las facultades de los órganos de primera instancia que atienden ésta información; en este sentido, se deben de crear comités de información al interior de los partidos políticos y eliminar del Instituto Federal Electoral la triangulación de las solicitudes de información; en consecuencia las determinaciones que los comités de información generan puedan ser verificables por el órgano garante, con ello se eliminaría acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asimismo, el propio IFE, ya no tendría que atender y resolver sobre la información requerida a los partidos políticos y su comité de información se vería disminuido considerablemente ya que solo atendería las solicitudes que se generen respecto a su actividad como institución; cabe referir, que las facultades de fiscalización continúan en el IFE y será aquel, quien determine la forma en que entregará la información relacionada con ésta materia; derivado de ello, se tienen que atender diversas particularidades entre ellas la competencia nacional al órgano federal y competencia al órgano local de Comités Estatales o Municipales, generar una homogenización en la legislación local; reglas sobre el gasto público y fiscalización; en consecuencia la normativa transitoria de la Ley General deberá establecer reformas al reglamento de transparencia del IFE, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que permita ésta nueva modalidad en sujetos obligados."

Por ello el proyecto del Senado establece:

"I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad."