Milenio - Trata de personas en pleno centro histórico de Puebla

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Trata de personas en pleno centro histórico de Puebla

En los primeros seis meses de este año se han realizado nueve operativos contra esas bandas; los resultados son 89 víctimas rescatadas, 23 detenidos y seis casas aseguradas.

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La trata de personas en el centro histórico de Puebla condujo a que en el primer semestre de este año las autoridades realizaran nueve operativos, en los cuales rescataron a 89 víctimas de ésta y otras 12 entidades. Seis inmuebles fueron asegurados y hubo 23 detenidos.

Los operativos fueron realizados por la procuraduría poblana y la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Los inmuebles están en calles cercanas al zócalo y la catedral de la ciudad. Las denuncias anónimas revelaron la ubicación de vecindades o locales que operan como hoteles, botaneros o chelerías, donde mujeres, adolescentes y niñas son obligadas a ejercer el sexoservicio.

"No sucede solo en Puebla, sino en todo el país; el fenómeno de trata es difícil de combatir, porque hay grupos con mucha movilidad, incluso a escala internacional", afirmó el procurador Víctor Carrancá.

"Entre los 23 detenidos no ha habido autos de libertad; los procedimientos siguen y solo tenemos dos órdenes de aprehensión no ejecutadas. Pronto llegaremos a las condenas", aseguró. No obstante, reconoce que ninguno de los detenidos pertenece a bandas del crimen organizado.

EL "ZONA ZENTRO"

Ricardo Herrera, titular de la Unidad de Seguimiento al Delito de Trata en Puebla, contó la historia del "Zona Zentro", un departamento en una vecindad de la calle 12 Poniente, en el centro histórico. "Este inmueble fue cateado en septiembre y se encuentra bajo investigación. Si lo ves desde afuera, no te das cuenta de que realizaba la función de hotel, porque el departamento se fue agrandando por dentro mediante la interconexión con otros departamentos" explicó.

Cruzando la puerta principal que da a la estancia, una lona colgada de la escalera anuncia el giro mercantil: "Zona Zentro, habitación 80 pesos". Al lado, un pasillo de dos metros de largo fue adaptado como taquilla. El pago por servicio sexual era adicional y, al hacerlo, los clientes recibían un preservativo de la Secretaría de Salud del DF. Herrera describió que las víctimas y sexoservidoras esperaban sentadas en sillas de plástico colocadas en la estancia, junto a los lockers donde las mujeres guardaban sus pertenecías.

La taquilla funcionaba también como cabina de vigilancia. Desde ahí eran monitoreados los puntos clave del inmueble, incluidas puertas y pasillos. "Aquí fueron rescatadas 13 víctimas, hubo un detenido y 24 clientes fueron remitidos como testigos", dijo el fiscal. En compañía de las autoridades, MILENIO recorrió el lugar, que hoy se encuentra cerrado y en condiciones insalubres, a 10 meses de su clausura.

Tras el operativo, todo quedó revuelto: colchas, sábanas, botas, papelería, notas, cables, paquetes de sándwiches, cajas de papel sanitario, botellas de agua, condones usados. La antigüedad del inmueble fue disfrazada para agrado visual de la clientela: los dormitorios se pintaron de rosa y amarillo, el maltratado techo se ocultó con lienzos blancos, el cableado de los sistemas de videovigilancia se cubrió con tablarroca y la visibilidad al exterior se anuló con láminas y vidrios ahumados. En realidad, todos, habitantes y vecinos del lugar, sabían qué pasaba allí.

Pero en el "Zona Zentro" la trata de personas no fue el único negocio —comenta el fiscal Herrera—, pues junto a la estancia estaba un servicio de "cafetería" para clientes y víctimas. Orinar y defecar tenía también un precio: cinco pesos. Irónicamente, los tratantes y personal del lugar eran gente de fe: al menos eso revela el altar montado junto a la entrada en honor a San Judas Tadeo por aquello del trabajo, San Martín Caballero para la protección del negocio, San Ramón para acallar los chismes y la virgen de San Juan de los Lagos como patrona de los favores difíciles.

No hay manera de saber cuánto tiempo funcionó ni cuánto dinero generó el lugar que, aparentemente, estaba afiliado a la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles. La única pista es un cartel hecho a mano que quedó en el suelo tras el operativo: "Abrimos todos los días, también en Semana Santa".

TRATAMIENTO A VÍCTIMAS

Rescatar una víctima no es fácil. Érika Hernández, psicóloga adscrita a la procuraduría de Puebla, señala: "Las víctimas de trata que han llegado al albergue han sido mis pacientes más complicados, porque hay mujeres que fueron enamoradas por su tratante y otras que fueron amenazadas de muerte si no trabajaban para ellos. Todas tienen posibilidades de salir adelante, pero las que tuvieron miedo avanzan más rápido que las que están enamoradas".

Durante la terapia un equipo de mujeres psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas apoya a cada víctima a recuperar su identidad, a reintegrarse a su familia o a comenzar otra vida con un empleo modesto. Pese a la importancia de su labor, dice la psicoterapeuta, "es la parte más olvidada (por el gobierno estatal): a nosotros nos dan menos recursos o apoyos, porque no somos Ministerio Público".

El 3 de junio la SSP estatal anunció la elaboración de un censo de giros negros con base en la información de los 217 municipios, "aunque estos lugares cierran en un lugar y mañana abren en otro", sostuvo el procurador Carrancá.

Para realizar un operativo se requiere una investigación previa y coordinación con autoridades municipales, federales y de otros estados, así como órdenes de cateo. El procurador habló incluso de reuniones e intercambio de información con un grupo de la embajada estadunidense.

La Procuraduría confía en que, al concientizar a la sociedad poblana, habrá mejores resultados. "Entre más se hable de esto y la gente lo entienda, será menos indiferente. Que no se vea como un fenómeno al que nos podemos acostumbrar, que nos llamen al 089 para aportarnos datos, señalarnos lugares donde puede haber esa explotación y nosotros podremos actuar

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Obreros de maquila, nuevo blanco del hampa en Juárez

Obreros de maquila, nuevo blanco del hampa en Juárez

Balea el camión que llevaba a los trabajadores

Hay cuatro muertos, 15 heridos y un levantado

Una de las víctimas, sin identificar; 3 eran mujeres

Corresponsales

Periódico La Jornada
Viernes 29 de octubre de 2010, p. 2

Rubén Villalpando y Miroslava Breach

Ciudad Juárez, Chih., 28 de octubre. Un comando interceptó un camión de la maquiladora Eagle Ottawa y baleó a los trabajadores –la mayoría mujeres– que eran trasladados de la planta de la empresa, en Ciudad Juárez, a sus hogares, ubicados en comunidades de la región del Valle de Juárez; cuatro empleados murieron, 15 resultaron heridos y uno fue levantado.

A las 01:30 horas de este jueves, los obreros del tercer turno volvían a sus casas luego de laborar ocho horas, cuando sujetos a bordo de dos vehículos cerraron el paso al autobús, que junto con otros dos de la misma compañía, también con obreros, salían del poblado Caseta, municipio de Guadalupe Distrito Bravo, limítrofe con Fabens, Texas.

Según testigos, los pistoleros bajaron de los automotores; tres subieron al camión y desde la puerta abrieron fuego, con rifles de asalto, contra los empleados de la firma Eagle Ottawa –de capital canadiense–, la cual fabrica vestiduras de piel para vehículos.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), zona norte, Jorge González Nicolás, informó que los atacantes iban por una persona, ya que según versiones de los sobrevivientes, cuando los sicarios irrumpieron en el autobús, preguntaron por un sujeto, al que ubicaron, lo bajaron y se lo llevaron.

Reportes policiacos indican que de los 15 heridos, 12 son mujeres, con lesiones en piernas, tobillos y glúteos. Al parecer, ninguna de gravedad. Decenas de militares escoltaron el camión atacado, pues se temía que los gatilleros lo agredieran por segunda vez. La unidad, con número económico 6319, fue utilizada como ambulancia y conducida al hospital regional 66 del Seguro Social.

La FGE dio a conocer que las tres mujeres fallecidas fueron identificadas por sus familiares como Rosa Isela Escajeda Galindo, de 24 años; Rosalía Esther Vázquez Holguín, de 28, y María del Rosario Luna Fierro, de 37; la identidad del varón aún se desconoce, lo mismo del que fue levantado.

Con la voz entrecortada, familiares de las occisas mencionaron que Escajeda Galindo y Vázquez Holguín tenían cada una tres hijos cuyas edades van de los cuatro a los 11 años.

Señalaron que era su primer día laboral tras un convenio de receso.

Horas después del atentado, desconocidos realizaron dos pintas en muros de inmuebles de Ciudad Juárez, en las que el grupo delictivo La Línea(brazo armado del cártel de Juárez) se deslindó del ataque.

La de este jueves es la tercera masacre perpetrada en 10 días en Juárez: el 18 de octubre fueron ultimados nueve integrantes de una familia en la colonia Campestre Virreyes, y el 22 de octubre 14 jóvenes que celebraban una fiesta fueron acribillados en la colonia Horizontes del Sur.

En la capital del estado, mujeres de diversas organizaciones civiles, encabezadas por el ex diputado perredista Víctor Quintana, se manifestaron la mañana del jueves en el Congreso local para exigir a los legisladores que aprueben un exhorto para los gobiernos federal y estatal, y se ponga un alto a las masacres, que en dos años ha dejando decenas de muertos en siete matanzas ocurridas en la entidad.

Demandaron la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales, para que se frene la violencia del crimen organizado.

Saldo rojo

La jornada violenta en este estado incluyó otros 17 asesinatos cometidos entre miércoles y jueves, 11 en Juárez (donde suman 320 crímenes en lo que va de octubre) y el resto en la capital y los municipios de Guazapares, Jiménez, Aldama y Parral.

Entre los occisos figuran Fernando Ornelas, ex comandante de la Central de Inteligencia policial, y su hermano Hernán, ultimados por un grupo armado en un negocio de su propiedad en la ciudad de Chihuahua.

El ex policía fue involucrado en el robo de armas cometido en el centro de control de dicha corporación, en septiembre pasado, y luego exonerado por los jueces de garantías del tribunal oral al no encontrar pruebas en su contra. También fue señalado de brindar protección a La Línea.

En tanto, los 800 alumnos de la secundaria número 30, en la colonia Independencia II, de Ciudad Juárez, fueron desalojados antes de las 10 horas, luego de que directivos del plantel recibieron amenazas de presuntos criminales.

Por otra parte, en el fraccionamiento Pradera Dorada, también en Juárez, varios sujetos armados con rifles amenazaron a los encargados de tres papelerías, a quienes exigieron que paguen la cuota de protección o de lo contrario incendiarán los establecimientos.

Horas después, los dueños de las papelerías cerraron y comenzaron a sacar la mercancía.

Narcoviolencia

La unidad que trasladaba a los obreros de la empresa Eagle Otawa a sus domicilios fue utilizada como ambulancia para llevar a los 15 heridos a un hospital del Seguro SocialFoto Ap

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La de este jueves es la tercera 

Lamentable que Armenta excluya a Alcalá: Olmedo

MIlenio Puebla
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo calificó como lamentables las declaraciones del líder estatal de su partido, Alejandro Armenta Mier, quien a nombre de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, declaró que a la priista no le interesa contender por la candidatura al gobierno de Puebla en 2010.

La organización de mujeres al interior del PRI, no vamos a permitir actitudes misóginas en caso de detectarse y no vamos a permitir que en las candidaturas se reste, sólo por el hecho de ser mujeres, advirtió la legisladora.
No veo por qué cierren las puestas, porque en el PRI no hacen eso, agregó García Olmedo, quien analiza buscar la candidatura a la presidencia municipal de Atlixco.
García Olmedo rechazó que la postura de Armenta Mier responda a una actitud misógina, pero precisó que las priistas estarán atentas a que en Puebla el PRI cumpla con la cuota de género, con la ley. Es decir, que ninguno de los dos géneros rebase el 65 por ciento de las candidaturas para 2010.
“Alejandro Armenta es una persona que siempre ha mostrado apoyo y respaldo a las mujeres. Sin embargo, sí me pareció muy lamentable ese comentario (que Blanca Alcalá no buscará la gubernatura) porque todas y todos los que somos militantes de un partido político podemos aspirar”.
Incluso, la presidenta de la comisión Inspectora del Congreso de Puebla, a quien su fracción intentó destituir del cargo, advirtió que si detectan resistencia a las candidaturas de las mujeres, integrarán un frente para defender los espacios que a lo largo de los años han ganado con trabajo.

Aprueba Uruguay una ley contra acoso sexual. CIMAC

Regulará relaciones en el ámbito laboral y docente

Aprueba Uruguay una ley contra acoso sexual
Por Cristina Canoura
Montevideo, Uruguay, 1 sep. (CIMAC/SEMlac).- Una ley tendiente a prevenir y sancionar el acoso sexual, así como a proteger a las víctimas de ésta que se considera " forma grave de discriminación y de desconocimiento del respeto a la dignidad de las personas" fue aprobada por el parlamento uruguayo el pasado 18 de agosto.
La norma, que en junio no había conseguido el visto bueno de la totalidad del Senado, define como acoso sexual a "todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe."
Como se desprende del texto, la ley regulará las relaciones laborales y de docencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
El acoso sexual comprende requerimientos de favores sexuales que impliquen: "promesa, implícita o explícita, de un trato preferencial respecto de la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba; amenazas, implícitas o explícitas, de perjuicios referidos a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba; (…) exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo o de estudio."
Del mismo modo, involucra acercamientos corporales de naturaleza sexual, ofensivos para el destinatario o destinataria; el uso de expresiones (escritas u orales) o de imágenes de naturaleza sexual, que resulten "humillantes u ofensivas" para quien las reciba.
UN ÚNICO INCIDENTE PUEDE SER ACOSO SEXUAL
En la exposición de motivos que justifican la ley se reconoce esos actos entre personas del mismo sexo y se subraya que "las mujeres están mucho más expuestas a ser víctimas del acoso sexual porque carecen de poder y se encuentran en posiciones más vulnerables".
Se fundamenta, asimismo, que las mujeres "también corren peligro de padecer esta conducta cuando se las percibe como competidoras por el poder".
"Es una situación de violencia de género porque se apoya en patrones culturales, estereotipos y prácticas arraigadas en las relaciones de poder abusivas entre hombres y mujeres, que se reflejan tanto en el entorno privado y doméstico como en ámbitos de accionar social, como son las relaciones laborales o de docencia", refiere el texto.
También se considera el acoso sexual como "un problema de salud que repercute en el medio ambiente de trabajo generando riesgos de accidentes o enfermedades de carácter laboral" e "incidiendo negativamente en los niveles de rendimiento y productividad de las empresas".
Con 17 artículos, la nueva ley estipula que serán responsabilidad del empleador o directivo los actos de acoso sexual cometidos por sus dependientes u otra persona vinculada al lugar de trabajo o centro de actividad docente, "en tanto haya tenido conocimiento de su ocurrencia y no haya tomado medidas para corregirla."
Cuando el autor del acoso sexual fuera un trabajador dependiente, será sancionado de acuerdo con la gravedad del comportamiento, pudiendo ser despedido por notoria mala conducta y, en caso de ser funcionario público, la conducta será calificada de falta grave, explicita el texto legal.
La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo es la encargada de velar por el cumplimiento de la ley.
Además, será obligación del empleador o directivo de la enseñanza proteger la intimidad de las personas denunciantes o víctimas, "debiendo mantener en reserva las actuaciones que se cumplan, así como la identidad del o la víctima y de quienes sean convocados a prestar testimonio en las investigaciones."
Cuando los sindicatos reciban denuncias de acoso sexual, estarán facultados para concurrir ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social y a solicitar la constitución de la Inspección en el lugar de trabajo.
La víctima de acoso sexual tendrá derecho a reclamar al responsable una indemnización mínima por daño moral equivalente a seis meses de salario.
En caso de que la persona acosada sea despedida o sancionada en los siguientes 180 días después de haber interpuesto la denuncia, el despido será calificado de abusivo y dará lugar a la indemnización de seis meses de salario, que se acumularán al despido laboral común. Para calcular la indemnización se tomará como base el salario del trabajador responsable del acoso sexual.
09/CC/LG