La Jornada de Oriente - Puebla - Sociedad y Justicia
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Valdemar Gutiérrez Fragoso, prepara la designación de un dirigente en Puebla que le garantice ser afín a sus intereses, una vez que lograra mantenerse en el cargo hasta 2018, luego de que así lo decidiera la mayoría de delegados de forma arbitraria y bajo arreglos previos en la Asamblea Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se realizó en Nayarit la semana pasada.
Fernando Rojas Cristerna, ex dirigente de esta organización, denunció que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) está destituyendo, con el pretexto de ser corruptos y vender plazas, a los integrantes de la dirigencia local que no puedan manipular y le sean incómodos, lo cual calificó como un retroceso democrático del sindicato, y agregó que estas acciones podrían ser en complicidad con el gobierno federal, ya que el dirigente nacional también es diputado por Acción Nacional.
El último caso de remoción –refirió– fue el del secretario de Conflictos, Felipe Meza, el cual sucedió el pasado lunes y fue para evitar –afirmó– que Meza quedara como secretario general de esta sección del SNTSS, pues legalmente le correspondía al tener la tercera cartera más importante, y debido a que Carmen Pérez Chelini, secretaria del Interior, se encuentra destituida.
Rojas Cristerna explicó que la salida de Reyes Hernández Rosas, quien se desempeñaba como el secretario general del sindicato en el estado, también se enmarca en este proceso de represión sindical debido a que se mantuvo distante al dirigente nacional, además de que participó como candidato a diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); por lo que la razón no tuvo que ver con problemas de salud, como se indicó.
Entrevistado durante el seminario los Contratos Colectivos de Trabajo de Protección Patronal, que se llevó a cabo el día de ayer, lamentó las acciones intimidatorias de Valdemar Gutiérrez en contra de los miembros del actual Comité Ejecutivo local, y no descartó nuevas destituciones.
El ex dirigente sindical mencionó que la prórroga de seis años más que se le otorgó a Valdemar Gutiérrez para estar al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social es un retroceso en relación con los avances democráticos que existían en la organización.
Fernando Rojas señaló que de acuerdo con los estatutos del sindicato, Reyes Hernández tiene licencia, la cual le puede durar hasta seis meses, pues el puesto de secretario general es irrenunciable. Explicó que en ese tiempo se fraguará la imposición del nuevo líder, una vez que Aarón Torres Meza sólo está como encargado de despacho.
Indicó que aunque después de seis meses en que se ausente un secretario general del SNTSS se podría convocar a un proceso electoral, descartó que así suceda y previó que a través de un congreso de delegados se legitimará al líder local que le convenga a Valdemar Gutiérrez.
Agregó que antes de la salida de Reyes Hernández, el Comité Ejecutivo Nacional ya había destituido a varios integrantes del Comité Ejecutivo local vinculados con su grupo.
Finalmente, manifestó que Valdemar Gutiérrez será el primer dirigente del sindicato nacional del IMSS que duré en el cargo 12 años, lo cual es “totalmente antidemocrático”, por lo que ya existen inconformidades por parte de los trabajadores en Puebla, quienes como consecuencia de ello ya no podrán ejercer su derecho sindical.
SICLA. Sistema de Información Clasificada. Puebla, México, América Latina
UAP. Autonomía, Violencia y Represión
pPrimera y segunda parte de la historia de la UAP
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miércoles, 20 de octubre de 2010
jueves, 14 de octubre de 2010
90% de los contratos colectivos de trabajo es de protección patronal, denuncian
La Jornada de Oriente - Puebla - Economía
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
En el estado y el país, 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo es de protección patronal, los cuales no sólo perjudican los derechos de los trabajadores, sino también, aunque parecería lo contrario, frenan la productividad laboral debido a la falta de negociaciones reales entre empleados y empleadores.
De acuerdo con el movimiento denominado Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección Patronal (CICCPP), de 14.6 millones de trabajadores que cotizan en el IMSS, sólo 1.5 millones pertenecen a sindicatos democráticos; el resto, es decir, más de 13 millones de asalariados forman parte de organizaciones autoritarias, como la CTM, FROC y CROC, o no pertenecen a ninguna agrupación sindical.
En Puebla las cifras son únicamente unos 45 mil trabajadores pertenecen a agrupaciones que permiten su participación y casi 400 mil tienen que avalar las negociaciones entre sindicatos y patrones sin ser tomados en cuenta o ni siquiera cuentan con sindicato. En el último caso, los salarios y prestaciones otorgados están debajo de lo que marca la ley.
El coordinador de esta campaña internacional, Gabino Jiménez Velasco, ofreció ayer una rueda de prensa, junto con la organización Centro de Atención al Trabajador (CAT), para anunciar que se realizará el seminario “Los contratos colectivos de protección patronal: el desafío de generar productividad y trabajo digno” el próximo 19 de octubre en la sede del Sindicato de Telefonistas, con el fin de analizar este tema.
Jiménez indicó que los contratos colectivos de protección patronal son un modelo de simulación laboral que únicamente benefician a los líderes sindicales y a los patrones, pues su objetivo es mantener bajos salarios y prestaciones, así como evitar inconformidades por las malas condiciones de trabajo.
Por mantener estos contratos, los líderes sindicales –agregó– reciben pagos millonarios de los empresarios y en caso de algún descontento se encargan de despedir a los trabajadores involucrados. El activista explicó que los asalariados que laboran bajo dicho esquema ni siquiera saben que están afiliados a algún sindicato, lo cual es permitido por los gobiernos federal y estatal, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje se conforma con que los líderes sindicales avalen las acciones de las compañías, sin verificar si los mismos cuentan con legitimidad, debido a fines políticos, ya que contribuye al corporativismo.
Gabino Jiménez señaló que esta situación también afecta a las empresas, pues el conflicto provoca que los trabajadores no contribuyan aumentar la competitividad, la cual no tiene que ver con otorgar bajos salarios y prestaciones, sino al contrario. Por ello es urgente permitir que los trabajadores se organicen fuera de la tutela de los empresarios, pues el diálogo bilateral logrará el beneficio de ambos actores.
Añadió que los contratos colectivos de protección patronal son tan rentables que hasta hay despachos que se dedican a venderlos. En tanto, las juntas de arbitraje local y federal se niegan a transparentar el número de contratos colectivos de trabajo y el nombre de los líderes sindicales.
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
En el estado y el país, 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo es de protección patronal, los cuales no sólo perjudican los derechos de los trabajadores, sino también, aunque parecería lo contrario, frenan la productividad laboral debido a la falta de negociaciones reales entre empleados y empleadores.
De acuerdo con el movimiento denominado Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección Patronal (CICCPP), de 14.6 millones de trabajadores que cotizan en el IMSS, sólo 1.5 millones pertenecen a sindicatos democráticos; el resto, es decir, más de 13 millones de asalariados forman parte de organizaciones autoritarias, como la CTM, FROC y CROC, o no pertenecen a ninguna agrupación sindical.
En Puebla las cifras son únicamente unos 45 mil trabajadores pertenecen a agrupaciones que permiten su participación y casi 400 mil tienen que avalar las negociaciones entre sindicatos y patrones sin ser tomados en cuenta o ni siquiera cuentan con sindicato. En el último caso, los salarios y prestaciones otorgados están debajo de lo que marca la ley.
El coordinador de esta campaña internacional, Gabino Jiménez Velasco, ofreció ayer una rueda de prensa, junto con la organización Centro de Atención al Trabajador (CAT), para anunciar que se realizará el seminario “Los contratos colectivos de protección patronal: el desafío de generar productividad y trabajo digno” el próximo 19 de octubre en la sede del Sindicato de Telefonistas, con el fin de analizar este tema.
Jiménez indicó que los contratos colectivos de protección patronal son un modelo de simulación laboral que únicamente benefician a los líderes sindicales y a los patrones, pues su objetivo es mantener bajos salarios y prestaciones, así como evitar inconformidades por las malas condiciones de trabajo.
Por mantener estos contratos, los líderes sindicales –agregó– reciben pagos millonarios de los empresarios y en caso de algún descontento se encargan de despedir a los trabajadores involucrados. El activista explicó que los asalariados que laboran bajo dicho esquema ni siquiera saben que están afiliados a algún sindicato, lo cual es permitido por los gobiernos federal y estatal, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje se conforma con que los líderes sindicales avalen las acciones de las compañías, sin verificar si los mismos cuentan con legitimidad, debido a fines políticos, ya que contribuye al corporativismo.
Gabino Jiménez señaló que esta situación también afecta a las empresas, pues el conflicto provoca que los trabajadores no contribuyan aumentar la competitividad, la cual no tiene que ver con otorgar bajos salarios y prestaciones, sino al contrario. Por ello es urgente permitir que los trabajadores se organicen fuera de la tutela de los empresarios, pues el diálogo bilateral logrará el beneficio de ambos actores.
Añadió que los contratos colectivos de protección patronal son tan rentables que hasta hay despachos que se dedican a venderlos. En tanto, las juntas de arbitraje local y federal se niegan a transparentar el número de contratos colectivos de trabajo y el nombre de los líderes sindicales.
miércoles, 10 de junio de 2009
CROC, cómplice de las listas negras en la región de Tehuacán: Barrios
La Jornada de Oriente - Puebla - Economía
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, denunció que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) es “cómplice de todas las violaciones laborales en Confecciones Mazara, promotora de una”lista negra”que circula entre empresarios de aquella región para que no contraten a trabajadores que defienden sus garantías laborales.
El activista manifestó que “la CROC, la cual tiene firmado un contrato colectivo de protección patronal, el cual desconocen los obreros y en más de cuatro años esta central no ha hecho nada para reclamar aumento salariales. El secretario general es Jaime Sergio Hernández Machorro, quien además es abogado litigante defensor de varios maquileros. Este sindicato charro era el que le ofrecía protección sindical a Vaqueros Navarra”.
Barrios añadió que las marcas para las que trabaja Confecciones Mazara hoy en día son: Dickies, Workrite, Pendleton, Aristos. La maquila es parte del Grupo Navarra, especializado en la fabricación de camisas. Tiene una producción diaria de 10 a 12 mil prendas. La hechura cuesta aproximadamente entre unos 20 a 30 pesos por pieza, pero adquieren un valor en el mercado de hasta 700 pesos o mucho más.
“La ganancia es enorme y los salarios que se pagan son muy bajos. El más alto en costura es de mil 100 pesos semanales y el más bajo es de 450 pesos”, aseguró Barrios Hernández.
Sobre la lista negra, el defensor de los derechos humanos expresó que “en la maquila de Tehuacán y la región, esta forma de represión empezó a usarse a partir de las luchas sindicales de 2004–2005 en las plantas de Tarran Apparel Group, cuyo copropietario más famoso es Kamel Nacif, con el objetivo de discriminar y castigar a los obreros y costureras que participaron en la creación de la Coalición Constitucional de Tarran”.
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, denunció que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) es “cómplice de todas las violaciones laborales en Confecciones Mazara, promotora de una”lista negra”que circula entre empresarios de aquella región para que no contraten a trabajadores que defienden sus garantías laborales.
El activista manifestó que “la CROC, la cual tiene firmado un contrato colectivo de protección patronal, el cual desconocen los obreros y en más de cuatro años esta central no ha hecho nada para reclamar aumento salariales. El secretario general es Jaime Sergio Hernández Machorro, quien además es abogado litigante defensor de varios maquileros. Este sindicato charro era el que le ofrecía protección sindical a Vaqueros Navarra”.
Barrios añadió que las marcas para las que trabaja Confecciones Mazara hoy en día son: Dickies, Workrite, Pendleton, Aristos. La maquila es parte del Grupo Navarra, especializado en la fabricación de camisas. Tiene una producción diaria de 10 a 12 mil prendas. La hechura cuesta aproximadamente entre unos 20 a 30 pesos por pieza, pero adquieren un valor en el mercado de hasta 700 pesos o mucho más.
“La ganancia es enorme y los salarios que se pagan son muy bajos. El más alto en costura es de mil 100 pesos semanales y el más bajo es de 450 pesos”, aseguró Barrios Hernández.
Sobre la lista negra, el defensor de los derechos humanos expresó que “en la maquila de Tehuacán y la región, esta forma de represión empezó a usarse a partir de las luchas sindicales de 2004–2005 en las plantas de Tarran Apparel Group, cuyo copropietario más famoso es Kamel Nacif, con el objetivo de discriminar y castigar a los obreros y costureras que participaron en la creación de la Coalición Constitucional de Tarran”.
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