90% de los contratos colectivos de trabajo es de protección patronal, denuncian

La Jornada de Oriente - Puebla - Economía
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
En el estado y el país, 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo es de protección patronal, los cuales no sólo perjudican los derechos de los trabajadores, sino también, aunque parecería lo contrario, frenan la productividad laboral debido a la falta de negociaciones reales entre empleados y empleadores.
De acuerdo con el movimiento denominado Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección Patronal (CICCPP), de 14.6 millones de trabajadores que cotizan en el IMSS, sólo 1.5 millones pertenecen a sindicatos democráticos; el resto, es decir, más de 13 millones de asalariados forman parte de organizaciones autoritarias, como la CTM, FROC y CROC, o no pertenecen a ninguna agrupación sindical.
En Puebla las cifras son únicamente unos 45 mil trabajadores pertenecen a agrupaciones que permiten su participación y casi 400 mil tienen que avalar las negociaciones entre sindicatos y patrones sin ser tomados en cuenta o ni siquiera cuentan con sindicato. En el último caso, los salarios y prestaciones otorgados están debajo de lo que marca la ley.
El coordinador de esta campaña internacional, Gabino Jiménez Velasco, ofreció ayer una rueda de prensa, junto con la organización Centro de Atención al Trabajador (CAT), para anunciar que se realizará el seminario “Los contratos colectivos de protección patronal: el desafío de generar productividad y trabajo digno” el próximo 19 de octubre en la sede del Sindicato de Telefonistas, con el fin de analizar este tema.
Jiménez indicó que los contratos colectivos de protección patronal son un modelo de simulación laboral que únicamente benefician a los líderes sindicales y a los patrones, pues su objetivo es mantener bajos salarios y prestaciones, así como evitar inconformidades por las malas condiciones de trabajo.
Por mantener estos contratos, los líderes sindicales –agregó– reciben pagos millonarios de los empresarios y en caso de algún descontento se encargan de despedir a los trabajadores involucrados. El activista explicó que los asalariados que laboran bajo dicho esquema ni siquiera saben que están afiliados a algún sindicato, lo cual es permitido por los gobiernos federal y estatal, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje se conforma con que los líderes sindicales avalen las acciones de las compañías, sin verificar si los mismos cuentan con legitimidad, debido a fines políticos, ya que contribuye al corporativismo.
Gabino Jiménez señaló que esta situación también afecta a las empresas, pues el conflicto provoca que los trabajadores no contribuyan aumentar la competitividad, la cual no tiene que ver con otorgar bajos salarios y prestaciones, sino al contrario. Por ello es urgente permitir que los trabajadores se organicen fuera de la tutela de los empresarios, pues el diálogo bilateral logrará el beneficio de ambos actores.
Añadió que los contratos colectivos de protección patronal son tan rentables que hasta hay despachos que se dedican a venderlos. En tanto, las juntas de arbitraje local y federal se niegan a transparentar el número de contratos colectivos de trabajo y el nombre de los líderes sindicales.