Informe 2012-2013 Diputada Joaquina Navarrete. Labor legislativa

El informe sobre la actividad legislativa ya está. Falta 1. Las gestiones y otras activiadades de la oficina y 2. Todas las actividades en la sociedad que me tienen que entregar Alejandro y Rosy

Diputada Joaquina Navarrete Contreras Informe 2012-2013

Labor legislativa

Desde el inicio de la LXII Legislatura que fue instalada el 1º de septiembre de 2012, he estado cumpliendo con nuestra labor como diputada federal electa por mayoría relativa, del 20 Distrito, que está ubicado en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl. Desde este espacio quiero reiterar el apoyo que me prestaron los 58, 295 electores, que votaron por mi y que hicieron posible un contundente triunfo, sobre el PRI y los demás partidos.

Al término del Segundo período de sesiones, he sido promovente de tres iniciativas, las cuales corresponden dos de ellas a reformas y adiciones a la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y la tercera que reforma diversos artículos de la Ley de Vivienda. Además he suscrito  2 iniciativas y me he adherido a otras 61, haciendo un total de 65 iniciativas en las que he participado.

Las iniciativas que he promovido

1.    Proyecto de decreto que reforma el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 20-Noviembre-2012.

Propone "Incluir el maltrato y la violencia dentro de las prohibiciones constitucionales en respeto a la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas".

Esta iniciativa considera que en México, los niños y jóvenes tienen una realidad que parte del entorno familiar, social, cultural, económico y politico en el cual se desenvuelven, donde el abuso del poder es parte de nuestra cultura. El ambiente escolar tiene su continuidad en la familia, en el barrio y la colonia, en el trabajo, en el taller del padre o en el abandono de los padres por la migración, en el cuidado del abuelo, los hermanos, los tíos, en el abuso de los familiares, de los hermanos mayores, los primos o los vecinos, la comadre y el compadre que se inmiscuye en la vida familiar o en el hacinamiento de la vida urbana.  

"Por ello el abuso y maltrato que sufren los niños y jóvenes, proviene de la sociedad violenta, de la cultura de la inseguridad, del abuso, la corrupción, el tráfico de influencias, el caciquismo, el corporativismo, el clientelismo, el compadrazgo y el peculado. La emorme influencia que ha creado el caciquismo sindical, llamado charrismo, para ascender al liderazgo y al enriquecimiento ilícito, se complementa con la pobreza de los municipios, la debilidad del federalismo y la corrupción de los funcionarios, policías municipales, estatales y federales. Este entorno explica mejor el maltrato y la violencia hacia los  niños y niñas, hacia las y los adolescentes y hacia las y los jóvenes. Como resultado de la Guerra contra la delincuencia organizada que ha involucrado a las zonas urbanas del país, así como la existencia de los 9 millones de "ninis" y los migrantes, ha afectado a los jóvenes y niños que son víctimas de esta violencia generalizada, que han encarcelado a sus hermanos y hermanas, madre y padre, familiares y hasta a ellos mismos. A raiz de esta Guerra, y la decision de declarar culpables de delitos graves a jóvenes desde los 14 años, los y las policías municipales, estatales y federales, los y las autoridades ministeriales y judiciales, ven en cada jóven de esa edad que camina en las calles como un delincuente potencial y, sobre todo, aquellos que se reunen en pequeños grupos. Sistemáticamente los y las policías detienen como posibles consumidores de drogas, traficantes, asesinos o integrantes de la delincuencia organizada, a todos los jóvenes a partir de los 14 años. Estos servidores públicos han desarrollado una cultura de agresión permanente contra estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

2.    Proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue presentada el 26-Febrero-2013.

Esta iniciativa pretende "Establecer que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte, la cultura, el arte, el conocimiento de la literatura, la comunicación, los valores éticos y cívicos y los derechos humanos, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. El trabajo que realicen los internos será remunerado y será considerado también, como un medio para contribuir en el sostenimiento de su familia. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto".

Argumenté que

En México, los reclusos no cuentan con procesos de readaptación y reinserción en la sociedad, pues el trabajo y la capacitación para este y la educación, hasta ahora son optativos. El modelo de política criminal ha demostrado ser erróneo, pues se basa en la prisión y el endurecimiento de las penas y no por la educación, la cultura y el trabajo, sobre todo porque el gasto no se ve como una inversión para la rehabilitación, sino como una simple erogación, que no tiene frutos. El incremento de la criminalidad, resultado de la persecución desmedida de supuestos delincuentes, que en una gran cantidad son chivos expiatorios, resultado de la Guerra desatada por la anterior administración federal, incrementó fuertemente la población en los reclusorios y por tanto el hacinamiento. Es evidente que se requieren verdaderas medidas para reducir estos males y optar por un Nuevo sistema, más humano y social, basado en la educación y la cultura.

Todo trabajo requiere una remuneración justa, pero además el derecho al trabajo es parte de la condición humana, pero al trabajo, a su vez no puede ser obligado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta con el principio XIV sobre el tema del trabajo en reclusion y dice:

"Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo".

En los reclusorios mexicanos, los talleres o, en su caso, de herramientas y materiales necesarios son muy escasos, así como el personal técnico para capacitar a los internos. A pesar de que la educación y el trabajo son el principal instrumento para la consecución de la reinserción social,  no se cuenta con esta base fundamental.

Ambas iniciativas están pendientes en la comisión de Puntos Constitucionales.

Además, propuse una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, publicada en la Gaceta parlamenaria el 14-Mazol-2013.

En esta iniciativa digo que

El derecho a la vivienda es un derecho humano y garantía constituida, otorgada y protegida por el párrafo VII, del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por ser considerada el espacio territorial de la familia, constituye el pilar que sustenta a la sociedad, que es la base del Estado Mexicano.

Por ello es necesario que todas las familias, disfruten de una vivienda digna, dentro del contexto del Sistema Nacional de Planeación Democrática y del Sistema Nacional de Vivienda.

Conforme a las estadísticas institucionales, México cuenta con un rezago considerable de viviendas, presentando problemas graves de hacinamiento, viviendas mal construidas y de mala calidad, con materiales y deterioros importantes. Esto es más grave en las comunidades alejadas de los centros de servicios públicos, de las fuentes de trabajo, educación y salud.

La tiene como objetivo dejar claramente establecido que los programas de vivienda son parte del marco del Sistema Nacional de Vivienda y del Sistema de Planificación Nacional Democrática y que estos se realizan con apego a los principios del desarrollo territorial planificado y sustentable, con equilibrio de los diversos ordenamientos federales, estatales y municipales y pretende promover que los poderes de la federación, los estados y municipios, así como los entes, organismos y organizaciones privadas y sociales, postulen y coadyuven en programas y proyectos de vivienda en estos programas.

Además, establecer que la vivienda es un área prioritaria de carácter social para el desarrollo nacional. Por ello es necesario establecer que la federación y las entidades estatales y municipales en coordinación, establezcan políticas, programas y mecanismos que faciliten a las familias del sector no asalariado el acceso a los medios para adquirir o construir una vivienda digna o mejorar su vivienda, además de promover la creación o fortalecimiento de organismos o dependencias especializadas en desarrollo agrario, territorial, urbano y social, en materia de vivienda que permita el fortalecimiento de la infraestructura orgánica, financiera, jurídica y social, que les lleve a evolucionar y establecerse como entes autosustentables, en beneficio de su población no asalariada de menores ingresos y que se faciliten los accesos al financiamiento público, a través de entidades estatales y municipales, adicionales a las entidades privadas que los ofrecen y que el Ejecutivo federal canalice y destine directamente recursos federales a los estados y municipios para que a través del crédito y o subsidio federal, estatal y o municipal.

Además que se construyan estrategias y líneas de acción para crear los mecanismos que permitan fortalecer, a los estados y municipios en la creación de organismos paraestatales y paramunicipales de vivienda, así como para crear desarrollos urbanos, agrarios, rurales, y sociales, infraestructura de proyectos y urbanización de suelo, para desarrollar los proyectos de vivienda económica, progresiva, popular o social, así como crear las estrategias, políticas y líneas de acción para crear mecanismos que permitan generar o fortalecer a las medianas y pequeñas empresas, cooperativas o de solidaridad social, dedicadas a la edificación, construcción y desarrollos de viviendas y para la asignación, propiedad o tenencia del suelo o de la vivienda a las familias beneficiaras y mejorar sus espacios de convivencia, estimulando la coparticipación de la población.

Sobre esta iniciativa, la mesa directiva de la Cámara de Diputados emitió el 13 de mayo de 2013 una prevención al presidente de la Comisión de vivienda, para que se presentara el correspondiente dictamen, sin embargo, dado que en el mes de mayo se vencía el plazo, era necesario que se solicitara una prórroga, por parte del presidente de la comisión, a quien recurrí, para que realizara el trámite. Sin embargo, para este trámite era necesaria la aprobación de la Junta directiva, la cual era imposible reunirla en el período de receso de la Cámara. Esto hacía imposible que se solicitara la prórroga y mucho más que se dictaminara, pues si la Junta directiva no podía reunirse, mucho menos el pleno de la Comisión. Por tal motivo, opté por retirar la iniciativa, para presentarla en el siguiente período de sesiones del que inicia el 1º de septiembre de 2013.  

Además de la iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Vivienda, presentaré a partir del mes de septiembre las iniciativas que reforma y adiciona la ley reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones, que pretende dar facilidades a los profesionistas recién egresados para obtener su licencia y ejercer su especialidad lo más pronto posible y otra que reforma y adiciona la Ley de Planeación y el Artículo Reglamento de la Cámara de Diputados  para incorporar a los municipios, cooperativas, empresas solidarias y organizaciones sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, como participantes en los procesos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo que debe entregar el titular del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión y que  este poder colegiado pueda discutir y opinar sobre el contenido, además de incorporar los puntos de vista que se aprueben en las comisiones, para garantizar que proteja y promueva el empleo, la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y la cultura, además de que promueva "mecanismos y programas dirigidos a la población de menores recursos del sector no asalariado con el objeto de que cuenten con acceso  a financiamiento social", señalando que: "Es responsabilidad del Congreso de la Unión examinar y opinar sobre Plan Nacional de Desarrollo enviado por el Ejecutivo Federal; analizar, discutir y apobar las observaciones que haga a este Plan, así como vigilar la conducción de la planeación nacional del desarrollo, de la participación ciudadana democrática de los grupos sociales".

Con motivo de la discusión sobre la reforma constitucional en materia de transparencia y anticorrupción que se discute en las comisiones unidas de Puntos constitucionales, Reglamento y Prácticas parlamentarias y en la de Transparencia y anticorrupción de la Cámara de Diputados, he decidido reforzar el punto de vista de los senadoresy en especial la iniciativa del compañero Alejandro Encinas, presentando una iniciativa de reforma constitucional que le de autonomía y capacidad de resolución al Instituto Autónomo de Aceso a la Información Pública y Protección de datos personales.

Además he suscrito dos iniciativas:

1.    Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.

Sustituir a las "Juntas de Conciliación y Arbitraje", tanto federales como locales por "Jueces Laborales", federales y locales, dependientes del Poder Judicial.

Pendiente Publicación en Gaceta: 21-Febrero-2013

 

2.    Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, que suscribieron diversos grupos parlamentarios.

Prever en la ley, la obligación del Estado Mexicano respecto a la prestación de los servicios educativos a nivel medio superior. Prever que la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos; así como, incluyente e intercultural, definirá y desarrollará programas educativos de contenido regional que retome la herencia cultural de sus pueblos, así como el impulso del conocimiento y respeto como forma de vida y razón de ser de los pueblos originarios. Considerar en la estructura del Sistema Educativo Nacional, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como sus facultades. Prever que el sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades. Considerar como derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, exigir de las autoridades educativas la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos presupuestales; así como, asistir a recibir asesoría u orientación relacionada con el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos. Incluir un Capítulo IX, denominado "Del Servicio Profesional Docente", con el objeto de establecer las bases para la estructura, organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional Docente, que será obligatorio y permanente y que deberá garantizar la debida transparencia y objetividad en la evaluación de los méritos e idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

Pendiente Publicación en Gaceta: 29-Abril-2013

Las otras 61 iniciativas a las que me he adherido y que han sido propuestas por diversos diputados, se pueden consultar en la página de internet del Congreso con toda facilidad.

Por otro lado, en el mes de octubre de 2012, los días 2 y 18, presenté dos puntos de acuerdo en las sesiones plenarias, que no fueron aceptados.

1       Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a efectuar una distribución igualitaria en razón de género de las comisiones ordinarias y especiales de la LXII Legislatura.

2   Punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar Solución a la Problemática de los Trabajadores Mineros en Cananea y en toda la República Mexicana.

 

Actividad en las comisiones de la Cámara de Diputados.

He sido designada para pertenecer a tres comisiones, la de vivienda, de la cual soy secretaria; la de Seguridad pública y la de Transparencia y anticorrupción, a las cuales pertenezco como integrante. Las comisiones de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el Reglamento que la regula, determina que las comisiones deben reunirse cuando menos cada mes. Estas presentan sus respectivos informes, que son publicados en la Gaceta parlamentaria. En el caso de la Comisión de Vivienda, a la que pertenezco como secretaria, me obliga a participar en la Junta directiva, la cual desarrolla actividades especiales y reuniones previas a las sesiones ordinarias de  las comisiones.

Según el informe al mes de febrero de 2013, presentado por la Comisión de vivienda, nos informó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Vivienda en el lapso que comprende este informe 15 iniciativas y 1 minuta, las cuales no han sido discutidas[1].

Reuniones de la comisión

En el periodo octubre de 2012-febrero de 2013, se convocaron a tres reuniones plenarias, dos se llevaron a cabo y una hubo falta de quórum.

• De instalación de la Comisión de Vivienda, 23 de octubre.

• Ordinaria, 22 de noviembre. Se presentó el programa anual de trabajo.

• Ordinaria, 17 de enero, (no hubo quórum).

La Comisión de Vivienda convocó dos eventos, uno con el director del INFONAVIT, Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, el 17 de abril y el otro con la Unidad de Servicios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 5 de abril de 2013 y a los cuales asistí.

 

 

 

De la Comisión de Seguridad Pública[2],

En el periodo que abarca este informe destaca lo relativo a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la cual desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se trasladan las facultades relacionadas con seguridad pública, y el sistema penitenciario a la Secretaría de Gobernación, entre otras.

Reuniones Ordinarias

• Primera de instalación 25 de octubre[3],

• Segunda comisiones unidas con la de Gobernación, el 21 de noviembre[4].

• Tercera 11 de diciembre[5].

Cuarta. 10 de abril. Reunión de trabajo con el subsecretario de prevención y Participación ciudadana

Quinta. 25 de abril. Proyectos de dicatamen.

Iniciativas turnadas Pendientes 7, Aprobadas 3[6]. Desechada 3

Proposiciones con punto de acuerdo turnadas. Desechadas 11[7].

 

Reuniones interinstitucionales

1. Con el ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal. 7 de noviembre de 2012, en las oficinas de la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Asistieron los diputados Joaquina Navarrete Contreras,

2. Visita al Cefereso de Hermosillo, Sonora. No asistió.

3. Con el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación 20 de febrero.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, primero semestral de actividades

II. Iniciativas, minutas, observaciones del titular del Poder Ejecutivo federal y proposiciones turnados

Las referidas proposiciones con punto de acuerdo fueron desechadas por la mesa directiva en términos del artículo 184 del reglamento de la cámara de diputados; lo que fue comunicado a esta comisión el 8 de febrero de 2013, mediante oficio SSP/LXII/2.0276/2013.

6 Dictámenes aprobados por la comisión de transparencia y anticorrupción ^[8] y una opinión.

3 Asuntos retirados por sus autores^[9]

IV. Resumen de las actas de cada reunión celebrada, con la lista de diputados y diputadas asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso que corresponda .

Reunión de instalación miércoles 24 de octubre de 2012

Reunión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción miércoles 21 de noviembre de 2012

Se presentó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión y fue votado por unanimidad en sentido aprobatorio por los Diputados asistentes.

Segunda Reunión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 28 enero 2013. En esta reunión se dio a conocer la Munuta del Senado turnada a la Comisión con fecha 21 de diciembre de 2012 y recibida en la misma el 8 de enero de 2013.

Reunión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción jueves 28 de febrero de 2013

Entre los asuntos agendados en el Orden del Día se encontraban la discusión y aprobación de tres dictámenes, uno en sentido positivo y dos en sentido negativo, y una opinión, esta en sentido positivo; de tal manera que en dicha reunión fueron aprobados^[10].

En relación con la Munuta del Senado Reforma constitucional

Es una práctica recurrente de los gobiernos, principalmente de los titulares de los poderes ejecutivos, las modificacione a la ley para evitar la transparencia e impedir, a partir de ello que la rendición de cuentas sea expedita y firme. Uno de los principales elementos para lograr esa evasiva se puede lograr si se tiene el control de los miembros del órgano autonomo, lo cual a su vez se puede lograr si al mismo tiempo el ejecutivo tienen poder para su designación.

La rendición de cuentas es principalmente de quien ejerce la mayoría del presupuestos y no hay que buscarle mucho para saber que las leyes le dan a los titulares de los poderes ejecutivos la capacidad para el manejo de los presupuestos, así como su modificación. Es por ello, que el conjunto del poder ejecutivo tenen que transparentar totalmente sus ejercicios de gobierno, sus polítcas públicas y su presupuesto a través de un proceso de transparencia, de fiscalización y de rendición de cuentas, en el cual no participe el propio juzgado, es decir el Poder ejecutivo. Por ello, lo más sano para este proceso es que en el nombramiento de los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública no participe el Poder Ejecutivo y que el complemento básico para que este organismo ejerza su autoridad, es que sus resoluciones deban cumplirse a cabalidad y que no se posterguen o burocraticen con un procedimiento judicial de largo plazo. Es por ello que es fundamental que los resolutivos del IFAI sean inatacables.

El IFAI ha tenido desde su creación un importante papel en la información gubernamental y en el acceso a esta. Es por ello que es fundamental su fortalecimiento al constituirlo como un organismo verdaderamente autónomo e independiente.

El primer proyecto de dictamen entregado por la Comisión de Puntos constitucionales y que fue aprobado en lo general por el pleno de comisiones unidas el 29 de abril de 2013, respeta el punto de vista del Senado, el cual reproduce en la mayoría de sus términos.

El segundo proyecto de dictamen introduce cambios fundamentales a lo propuesto por el Senado y que son producto de las reservas propuestas por el PRI. Estos cambios son fundamentales porque modifican prncipalmente los términos de la autonomía e independencia del Instituto, entre otros aspectos también trascendentales.

1. La primera modificación importante y en sentido positivo es que mantiene a los municipios como parte de las competencias del Instituto[11].

2. El otro aspecto es que enlista los sujetos obligados[12].

3. En el proyecto del Senado se incluyen a los partidos políticos como sujetos obligados dIrectos, es decir, que el acceso a la infomación de estos ya no sea a través del IFE, sino que se puedan obtener directamente por el IFAI[13].

Y el segundo proyecto y la reserva del PRI proponen sólo "Los partidos políticos, en los términos que determine la legislación en materia electoral" dejándolos como sujetos obligados indirectos como lo señala actualmente la ley en materia electoral".

Esto lo ratifica en el punto VIII

4. En el apartado B del primer proyecto se establece que

"Las resoluciones del organismo (garante son) vinculatorias, (definitivas e inatacables) para los sujetos obligados"

Pero en el segundo proyecto proveniente de las reservas del PRI se le suprime estas características y se intoduce la posibilidad de que haya recursos ante la Suprema Corté de Justicia, diciendo

"Las resoluciones del organismo autónomo en el ámbito federal serán vinculatorias para los sujetos obligados. El Consejero jurídico del Gobierno, los Presidentes de las Cámaras de Senadores o de Diputados o los titulares de los organismos autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando (se fundamente que) exista daño o perjuicio al interés público o una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad o cuando la resolución emitida sea con motivo del ejercicio de la facultad de atracción"

Lo cual permite continuar con la práctica de ocultamiento de informacón.

5. Otro aspecto se refiere al nombramiento de los miembros del Instituto.

El primer proyecto proveniente del Senado señala

"Para (su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de (diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara) el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.)"

Además

"En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante"

Esta modificación es muy trascendente para la transparencia de la información pública y sobre todo para la auronomía e independencia del Inatituto.

Por todo ello, mi voto es en contra de este segundo proyecto de dictamen y hemos propuesto una iniciativa que rescata todas las virtudes del proyecto del senado, manteniendo la autonomía y la independencia del Instituto autónomo de acceso a la Información Pública y protección de datos personales.

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[1] 1. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.Proponente: Diputado Ricardo Monreal Ávila. Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Estado: Proyecto de dictamen.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Proponente: Diputado José Antonio Hurtado Gallegos. Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Estado: Proyecto de dictamen.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.Proponente: Diputada Nelly María del Carmen Vargas Pérez. Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.Estado: Proyecto de dictamen.

4. Minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 43 Ter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (asunto pendiente de la LXI Legislatura). Estado: Pendiente.

5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Vivienda. Proponente: Diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortés. Grupo Parlamentario del PAN. (asunto pendiente de la LXI Legislatura).  Estado: Pendiente.

6. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda. Proponente: Diputado José Luis Ovando Patrón. Grupo Parlamentario del PAN. (asunto pendiente de la LXI Legislatura). Estado: Pendiente.

7. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Proponente: Diputado Víctor Manuel Lozano Jorrín. Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Estado: Proyecto de dictamen.

8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Proponente: Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales. Grupo Parlamentario del PRI. Estado: Proyecto de dictamen.

9. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE y expide la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado. Proponente: Diputado Miguel Alonso Raya. Grupo Parlamentario del PRD. Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Vivienda. Estado: Pendiente.

10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda. Proponente: Diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Grupo Parlamentario del PAN. Estado: Proyecto de dictamen.

11. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Proponente: Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik. Grupo Parlamentario del PRI. Estado actual: Proyecto de dictamen.

12. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Proponente: Diputado Ossiel Omar Niaves López. Grupo Parlamentario del PRI. Estado: Proyecto de dictamen.

13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, del ISSSTE y del Infonavit. Proponente: Diputado Silvano Blanco Deaquino. Grupo Parlamentario del PRD. Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda. Estado: Pendiente.

 

[2] Informe de actividades de septiembre de 2012-febrero de 2013

[3] Se hizo del conocimiento de los miembros de la comisión la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, con el propósito de incorporar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Finalmente, los miembros de la comisión fueron convocados a la discusión y al análisis de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 21 de noviembre, para lo cual el diputado José Ángel Ávila Pérez solicitó el dictamen correspondiente y una reunión previa por la junta directiva.

 

[4] En la reunión se discutió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada entre otros diputados por José Sergio Manzur Quiroga, del PRI, el 15 de noviembre de 2012.

Se discutió la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para –entre otros aspectos– establecer atribuciones a la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo funciones de coordinación de las acciones de la administración pública federal para cumplir sus acuerdos u órdenes. Desaparecen las Secretarías de Seguridad Pública, y de la Función Pública; se transfieren a la Secretaría de Gobernación las tareas en materia de seguridad, de policía federal, y las del sistema penitenciario federal y prevención del delito. Corresponde a la Secretaría de Gobernación presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del presidente de la República, y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

 

[5] Fue presentado el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respecto al Presupuesto de Egresos de 2013, que establece los principios generales para la elaboración de los proyectos productivos que se integren en la opinión que realizara la comisión respecto al Presupuesto de 2013, al cual se dio lectura. Una vez concluida ésta, los diputados hicieron manifiesto su interés de incorporar proyectos de inversión a la opinión que realizara la Comisión de Seguridad Pública respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de 2013.

Asimismo, fueron presentados los lineamientos específicos del Presupuesto de Egresos de 2013.

 

[6] 1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Promovente: Diputado Érick Marte Rivera Villanueva. Prórroga: Solicitada y otorgada. Estado: Aprobada.

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17 de la Ley de la Policía Federal. Promovente: Diputado José Francisco Coronato Rodríguez. Prórroga: Solicitada y otorgada. Estado: Aprobada.

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Promovente: Diputada María del Carmen Martínez Santillán. Prórroga: Solicitada y otorgada. Estado: Pendiente.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Promovente: Diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI). . Estado: Aprobada.

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Promovente: Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña. Prórroga: Solicitada y otorgada. Estado: Desechada.

6. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Promovente: Diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo. Prórroga: Solicitada y otorgada. Estado: Pendiente. Comisiones unidas con Justicia.

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Promovente: Diputado José Guillermo Anaya Llamas. Prórroga: Solicitada y otorgada. . Estado: Pendiente.

8. Proyecto de decreto por el cual se expide la Ley General de la Prevención Social del Delito. Promovente: Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero. Prórroga: Solicitada y aprobada. Estado: Desechada.

[7] 1. Por el que se exhorta al Congreso de Nuevo León a llevar a cabo una consulta amplia a efecto de contar con un diagnóstico real sobre la seguridad pública en la entidad, así como del desempeño de sus autoridades en la materia y, en su caso, realizar las adecuaciones y reformas legales conducentes. Promovente: José Arturo Salinas Garza (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

2. Por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a desplegar las medidas de seguridad correspondientes en los penales de sus respectivas demarcaciones, así como la constante vigilancia de los mandos penitenciarios. Promovente: Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Por el que se exhorta al gobernador de Coahuila a establecer expedita y eficazmente por la Secretaría de Seguridad Pública estatal medidas de seguridad en los centros penitenciarios de su jurisdicción. Promovente: José Guillermo Anaya Llamas (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a desplegar en sus demarcaciones medidas de seguridad y vigilancia constante de los mandos penitenciarios. Promovente: Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

5. Por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a garantizar la seguridad de los jóvenes profesionales que prestan servicio social en zonas rurales apartadas o aun en poblaciones pequeñas. Promovente: María Celia Urciel Castañeda (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

6. Por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación a prescindir del uso de la prueba del polígrafo en procedimientos de control de confianza y de selección de personal, y en las evaluaciones periódicas de los miembros de las corporaciones policiacas, y de los órganos de procuración de justicia y de reinserción social. Promovente: José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

7. Por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a implantar acciones para completar el proceso de certificación de policías estatales y municipales antes del 15 de diciembre de 2012. Promovente: Alicia Concepción Ricalde Magaña (PAN). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

8. Relativo a garantizar la seguridad del personal médico y pasantes de las unidades de salud en zonas de alto riesgo, debido a la violencia e inseguridad. Promovente: Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

9. Por el que se exhorta al titular de la SSP a actuar con arreglo a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos, en las operaciones del programa Guerrero Seguro. Promovente: Catalino Duarte Ortuño (PRD). Fecha de recepción: 27 de noviembre de 2012. Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

10. Para solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública que dé a conocer a la opinión pública la situación de las mujeres recluidas, y atienda la problemática que se suscita en los centros de readaptación social con este sector de la población, ajustándose a las leyes, los tratados y las convenciones que rigen la materia. Promovente: María de Jesús Huerta Rea (PRI). Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

11. Para exhortar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Púbica, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Policía Federal a establecer en coordinación con las autoridades estatales operaciones permanentes en el aeropuerto internacional de Cancún, a fin de retirar las unidades irregulares que operan a través de concesiones federales foráneas en dicho destino turístico. Promovente: Lizbeth Loy Gamboa Song (PRI). Fecha de recepción: 12 de diciembre de 2012. Estado: Desechada en términos del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

[8] 1. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2. Dictamen a la iniciativa por la que se modifican los artículos 1 y segundo transitorio de la Ley federal de Procedimiento Administrativo.

3. Dictamen a la iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 7 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

4. Dictamen a la iniciativa que adiciona una fracción VII, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 8 y se modifican los artículos 13 y 45 de la Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

5. Dictamen a las iniciativas por las que se reforman el artículos 69-E y se adicionan una fracción IV Bis al artículo 69 de la Ley federal de Procedimiento Administrativo.

6. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública federal, y se adiciona un artículo 8o. Bis a la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 

[9] Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. (Retirada por el diputado Juan Bueno Torio).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (Retirada por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (Retirada por la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales).

[10] – Se presentó el Dictamen por el que se aprueba la Minuta que desecha el Proyecto de Decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el cual al ser sometido a votación fue aprobado por unanimidad por el pleno de esta Comisión.

– Se presentó el Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII, del artículo 7 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el cual al ser sometido a consideración del pleno de esta Comisión fue aprobado por unanimidad.

– Se presentó el Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 1° y segundo transitorio de la Ley federal de Procedimiento Administrativo; el cual fue votado a favor por unanimidad por los Diputados integrantes de esta Comisión.

– También se presentó Opinión en sentido positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley federal de Responsabilidad Ambiental y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales; que fue aprobada por unanimidad por los Diputados presentes en la reunión.

 

[11] I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano (y) u organismo federal, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

 

[12] Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, son sujetos obligados:

a) Los Poderes de la Unión,

b) Los poderes de los estados de la Federación;

c) Los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal;

d) Los ayuntamientos y los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales del distrito Federal

e) Los organismos autónomos y las universidades públicas;

 f) Los fideicomisos públicos,

g) Toda persona física, moral o sindicatos o fideicomoso privado que reciba y ejerza recursos públicos; y

h) Los partidos políticos, en los términos que determine la legislación en materia electoral;

 

[13] "Se incluye como sujetos obligados directos a los Partidos Políticos, por ello en la ley reglamentaria debe establecer la mecánica de acceso a la información pública la cual deberá contener y describir las facultades de los órganos de primera instancia que atienden ésta información; en este sentido, se deben de crear comités de información al interior de los partidos políticos y eliminar del Instituto Federal Electoral la triangulación de las solicitudes de información; en consecuencia las determinaciones que los comités de información generan puedan ser verificables por el órgano garante, con ello se eliminaría acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asimismo, el propio IFE, ya no tendría que atender y resolver sobre la información requerida a los partidos políticos y su comité de información se vería disminuido considerablemente ya que solo atendería las solicitudes que se generen respecto a su actividad como institución; cabe referir, que las facultades de fiscalización continúan en el IFE y será aquel, quien determine la forma en que entregará la información relacionada con ésta materia; derivado de ello, se tienen que atender diversas particularidades entre ellas la competencia nacional al órgano federal y competencia al órgano local de Comités Estatales o Municipales, generar una homogenización en la legislación local; reglas sobre el gasto público y fiscalización; en consecuencia la normativa transitoria de la Ley General deberá establecer reformas al reglamento de transparencia del IFE, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que permita ésta nueva modalidad en sujetos obligados."

Por ello el proyecto del Senado establece:

"I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad."