MANIFIESTO CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA DEMOCRACIA EN PUEBLA

SICLA. Sistema de Información Clasificada         
Información Documental

A LA OPINIÓN PÚBLICA

La democracia en Puebla ha sido nuevamente mancillada por el gobierno estatal y municipal, como sucedió en el avilacamachismo, el diazordacismo, con Nava Castillo y Bautista O’Farril. De nueva cuenta, las consignas anticomunistas y anti oposicionistas resuenan en las filas de la intolerancia y el autoritarismo de los gobernantes que satanizan a los dirigentes populares. Como siempre, pretextando el cumplimiento de la Ley, pretenden callar la voz y hasta la presencia de sus opositores encarcelando a los dirigentes. Reaparecen los presos políticos y de conciencia.

En el estado de Puebla las juntas auxiliares ejercen “la autoridad local”,  y tienen el carácter de representantes populares ante el ayuntamiento que pertenecen. Los presidentes municipales interviene directamente influyendo en favor de los candidatos que les son afines.

En todo el estado de Puebla se manifestó el descontento en los municipios de Chíetla, Chinconcuautla, Huaquechula, Huatlatlauca, Lara Grajales, Pahuatlán, Tecali, Tlatalauquitepec, Tehuacán, Tulcingo del Valle. A la fecha se mantienen los conflictos en los municipios de Santa Clara Ocoyucan, San Pedro Cholula y Puebla.

En el municipio de Santa Clara Ocoyucan las juntas auxiliares de San Bernardino Chalchihuacan, Santa Martha Hidalgo y Santa María Malacatepec sostienen un plantón, las presidencias municipales cerradas y demandan nuevas elecciones porque fueron suspendidos los procesos electorales, en una confrontación de cerca de 15 años con Antorcha Campesina. En el municipio de Cholula, la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, en demanda de la anulación de las elecciones, se ha declarado como “gobierno popular”. En todos estos casos, las autoridades impuestas, con apoyo de los presidentes municipales y del gobierno del estado, despachan en casas particulares.

La protesta ha sido provocada por la actitud de cerrazón de las autoridades municipales, por el uso permanente del fraude electoral, la violación de la convocatoria y los convenios, como métodos para sostener el control político y económico del municipio.

En el municipio de Puebla, el 24 de abril se suspendieron las elecciones en San Baltasar Campeche y en San Sebastián de Aparicio, debido a que sus habitantes quemaron la paquetería electoral. La gran mayoría de las impugnaciones son en contra de miembros del Partido Revolucionario Institucional. Los habitantes de la ya legendaria San Miguel Canoa, fueron dispersados con balas de goma en el centro de la ciudad de Puebla.

La protesta más fuerte ocurrió en el antiguo municipio indígena náhuatl de San Francisco Totimehuacán, que en 1962 fue agregado con una parte de su territorio como Junta Auxiliar del municipio de Puebla. El 21 de junio se presentaron las autoridades municipales para darle posesión al presidente y desalojar a los ciudadanos  -que se habían instalado en plantón desde el 24 de abril-, acompañados de 200 granaderos y 20 perros amaestrados, generando por cuarta ocasión un enfrentamiento con los habitantes “donde los golpes y lluvia de piedras por más de 20 minutos crearon un escenario de alta tensión”. Los policías golpearon y arrastraron a la gente y detuvieron a 10 personas entre los que se encontraban los dirigentes y escolares que pasaban por el lugar, acusados de motín, resistencia de particulares, lesiones dolosas, daño en propiedad ajena, ataques a las autoridades, ataque a las vías generales de comunicación. Estos denuncian que fueron golpeados por la policía en el trayecto hacia las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado.

El gobierno del estado ha declarado que su mediación ha terminado dando carta abierta a la represión y a la violencia,  acotando que no es viable la repetición de las elecciones  puesto que “el grupo minoritario no goza de legalidad ni legitimidad”.

Los movimientos postelectorales, se han convertido en verdaderas luchas por la democracia, la limpieza electoral, contra el autoritarismo y por la liberación de los presos políticos. Hasta ahora solo se ha intentado imponer unos resultados por ellos calificados. La respuesta del gobierno municipal que encabeza Enrique Doger Guerrero, ha sido “abrir juicio a los responsables de interrumpir violentamente el proceso, por delitos electorales”, acusando previamente a sus contrincantes y lejos de negociar y reconocer el descontento de la población, insisten en que “las denuncias no será retiradas para que no queden impunes los delitos que cometieron diversos manipuladores”. En una clara violación a la Constitución General y con una actitud fascista, señalan que “grupos minoritarios alteran el orden” y que no tolerará más el cierre de calles o la toma de presidencias municipales”, que “es un grupo político quien está detrás de los manifestantes ... llama a “retirarse de la población”, ya que son “externas” a ella y “tienen como objetivo dañar al gobierno de la ciudad”, como mencionó el propio presidente municipal Enrique Doger Guerrero.

Se recurre al viejo método policiaco de amenazar a los que supuestamente “manipulan por puros intereses políticos”. Si “insisten -dice el secretario de gobernación municipal- acuérdense que existen averiguaciones previas abiertas y un proceso judicial, que pueden ser citados a declarar y si se les encuentra responsables de estar gestando otro acto violento pueden ser procesados” y agrega: “pero siguen vigentes las denuncias en contra de los agitadores como el perredista Luis ortega Morales. ... quien se apostó en el lugar con el supuesto objetivo de enarbolar causas sociales, sin embargo solo quiso incorporar adeptos hacia López Obrador”, ‘para terminar diciendo que “las denuncias ya fueron interpuestas ante la autoridad correspondiente para que no queden impunes los delitos que cometieron diversos manipuladores”, como lo informaron los medios de comunicación el pasado 22 de junio.

Por todo lo anterior los abajo firmantes demandamos:

1.                  Respeto al derecho constitucional de tránsito, de opinión y manifestación en el Estado de Puebla.

2.                  La inmediata liberación incondicional de Angel Luna Rosas, Luis Alberto Carmona, Eduardo Luna Rosas, José Luis Rosas González, Miguel Luna González, Luis Alberto Luna González, Marino Atenco, Juventino Rosas Rosas, Armando Bernal de Lázaro y Juan Flores Serrano.

3.                  El retiro de la policía

4.                  El cese de la persecución y las amenazas en contra de los dirigentes

5.                  La adopción de medidas y reformas legales para que los presidentes municipales saquen las manos de los procesos electorales, se utilicen padrones confiables como los del IFE y estos sean regulados por órganos ciudadanos imparciales.

6.                  Apertura de un diálogo abierto sobre el federalismo y municipalismo, las Juntas auxiliares y los mecanismos de elección de autoridades.

7.                  Cese de la campaña fascistoide de descalificación y amenazas de aplicación de “supuestos expedientes judiciales abiertos” que se han desatado en contra  del Lic. Luis Ortega Morales, asesor de los dirigentes, promovida personalmente por el secretario de gobernación  del Municipio de Puebla, Omar Álvarez Arronte.