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La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez del Grupo Parlamentario de Morena,:
Con su venia, presidente. El saqueo del país a los estados, la violencia, la corrupción, la impunidad, la falta de trabajo, los salarios ínfimos, la devaluación, la creciente deuda pública del país generada por los gobernantes en turno, nos tienen sumidos en una grave crisis económica, por eso nuestra labor como legisladores debe ser primordialmente en función de recuperar desde nuestra trinchera la estabilidad económica del país, generando medidas de control efectivas para evitar el saqueo que tanto daño nos ha hecho, realizando leyes que incentiven políticas públicas de inclusión de nuestros conciudadanos, donde todas las cadenas de producción sean incluidas. Debemos de favorecer el consumo nacional sobre la compra de productos extranjero.
No olvidemos que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da la facultad al Estado mexicano para ser el rector del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. En ese sentido para el Grupo Parlamentario de Morena es necesario tomar medidas de control con el fin de evitar el mal uso de los recursos que el día de hoy se pretenden aprobar a través del PEF 2017, por lo que se propone, para que los recursos económicos de que disponga la federación se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados de conformidad con el artículo 134 de nuestra Constitución Política.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya en los tomos del presupuesto y en sus informes trimestrales, y que entregue al Congreso el desglose del gasto neto total por programas y, en su caso, por proyecto, incluyendo las asignaciones correspondientes, así como el informe de adquisiciones de mecanismos de transparencia de riesgos significativos y de protección de los ingresos presupuestarios, es necesario que los conozcamos para poder tomar decisiones en beneficio del país.
El artículo 79 de nuestra Carta Magna establece, entre otras, las facultades de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la de fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda, las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios, el manejo la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
De igual manera establece la facultad de fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Sin embargo, dada la opacidad con la que se manejan dichos recursos, no se pueden determinar los grados de cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y de aquellos contenidos en los programas derivados del Plan Nacional del Desarrollo.
Si damos un vistazo al cuarto informe de labores correspondiente al libro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se demuestra el contexto de desinformación que existe respecto de la opacidad en el manejo de los avances y resultados obtenidos de monitoreo que se hace respecto del cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y de aquellos contenidos en los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-1018 por parte del Ejecutivo, por lo que para el Grupo Parlamentario de Morena resulta por demás grave que no se contenga de manera explícita la actualización de las metas en los indicadores de los programas presupuestarios, y que estas incluyan las que correspondan a indicadores de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
En ese sentido, se propone que dichas metas deban ser registradas en las matrices de indicadores para resultados a más tardar el último día hábil de febrero de 2017, en los términos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cuata Domínguez.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputada y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la tribuna para presentar reservas a los artículos 3, 7, 8, 16, 17, 19, 30 y el Anexo 1, la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por cinco minutos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias, con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, pueblo de México que nos ve por el Congreso. Acudo a esta tribuna a presentar un paquete de reservas a los artículos ya mencionados del dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto, relacionadas con lo siguiente.
Austeridad en el gasto; eliminación de partidas para la compra de publicidad oficial en medios electrónicos; tope a los salarios de todos los funcionarios públicos de todos los Poderes y órganos del Estado; eliminación de seguros médicos privados y sistemas de pensiones complementarios para el Poder Judicial; transparencia en la información presupuestaria, imposición de una leyenda preventiva al uso político de los recursos de los fondos del Ramo 33 y etiquetado de recursos para la prevención social del delito, de los recursos que ejerce el sistema nacional de seguridad pública.
Nuestro país atraviesa por la disminución de ingresos públicos derivada de un manejo irresponsable de la economía y el desmantelamiento de la industria petrolera, promovida por Peña Nieto y sus aliados del PAN.
Este año tenemos un presupuesto menor que el anterior, recortes en áreas fundamentales para el desarrollo nacional, como educación, salud, cultura e infraestructura productiva. Pero se mantienen intactos los sistemas de privilegio, que hacen que en México la clase política sea una clase social apartada de los mexicanos. Viven para reproducirse, para cuidarse y usar grandes cantidades del Presupuesto público en beneficio propio.
Por ello proponemos que el decreto de Presupuesto establezca límites a los salarios de la alta burocracia y todos los Poderes y organismos del Estado; que se sujeten a los máximos establecidos por la Constitución. Urge ajustar los salarios de este Congreso y del Poder Judicial y de los organismos autónomos que utilizan su independencia para asignarse grandes salarios y prestaciones desproporcionadas.
Proponemos que para el ejercicio fiscal de 2017, no se puedan ejercer recursos públicos federales en la contratación o pago de seguros de gastos médicos privados, correspondientes a la partida 14403 y en el pago de seguros de separación individualizado, con cargo a la partida 1404 del Presupuesto.
No existe justificación alguna para que nuestros altos funcionarios no se inscriban al ISSSTE o paguen de su bolsillo atención médica privada, si ese es su deseo. Es moralmente inaceptable que mientras se recorta presupuesto de Salud y debilitan a las instituciones públicas de seguridad social, se eroguen cuantiosos recursos para mantener un sistema de privilegios.
Proponemos eliminar los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia e integrar los saldos disponibles a la Tesorería de la Federación. Para ello estamos adicionando dos párrafos a la fracción VIII y que se modifique el último párrafo del artículo 16, para establecer que el 31 de enero de 2017, los saldos que dispongan los fideicomisos 80692, pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito, y el fideicomiso 80694 apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario, sean integrados por el Consejo de la Judicatura a la Tesorería de la Federación, para ser distribuidos entre las instituciones de educación superior, conforme a los criterios establecidos por este presupuesto.
Dentro de este paquete de austeridad, proponemos asignar cero pesos para la contratación de publicidad y propaganda en medios electrónicos por parte de cualquier institución del Estado. Se propone la utilización exclusiva de los tiempos asignados al Estado en los medios de comunicación electrónica.
En este mismo sentido, proponemos que las obras y acciones realizadas con recurso del muy famoso fondo de los moches, del Ramo 23, se incluya la leyenda donde se diga que esta obra fue realizada con recursos del presupuesto federal, no del gobierno federal, que no es promovida ni patrocinada por ningún partido político.
Por último, presento reserva para reasignar mil millones de pesos del Ramo 3 para pasar al Ramo 17 a la Procuraduría, para fortalecer a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en su actividad de búsqueda y localización de los más de 28 mil hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, reportados como desaparecidos, a fin de que el Estado garantice justicia a las víctimas y familiares ante esta tragedia nacional que lacera a nuestra sociedad.
Espero contar con la sensibilidad de este pleno y que hayan oído por lo menos el contenido de estas reservas. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ernestina Godoy. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada Ernestina Godoy Ramos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
La diputada Delfina Gómez Álvarez: Buenas noches, diputados, diputadas, presidente. La primera reserva que hago es precisamente para incrementar el presupuesto del Instituto Nacional de la Infraestructura, Inifed, ya que en México del total de escuelas de educación básica, públicas y privadas en el país, solo el 24 por ciento cuenta con infraestructura en lo que se refiere a rampas para personas con discapacidad y solo el 10 por ciento tiene instalaciones sanitarias habilitadas para este sector de la población.
Los resultados del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, revelan que 96 mil 130 centros educativos carecen de rampas para sillas de ruedas o personas en muletas, mientras que 102 mil 548 no disponen de adecuaciones en los sanitarios para personas con discapacidad.
Las carencias de infraestructura especial impiden que los 565 mil niños que presentan algún problema físico o mental acudan a la escuela y únicamente alrededor de 73 mil lo hacen, y una gran parte no concluye sus estudios debido a la falta de accesibilidad en los planteles.
La legislación en la materia indica que todos los edificios públicos deben contar con rampas de acceso, sanitarios acondicionados para personas en sillas de ruedas y cualquier otro equipamiento que se requiera en el inmueble.
La inclusión de personas con discapacidad en educación es, más que un deber, una obligación. Las instituciones públicas y privadas deben realizar acciones y tomar decisiones tomando en cuenta a todas las personas de la sociedad, con la finalidad de construir una sociedad más justa y equitativa y con las mismas condiciones y oportunidades para todos los mexicanos.
Si bien en estos años han aprobado recursos para instalar bebederos en los planteles escolares, estos han sido insuficientes. En este año nuevamente los recursos aprobados para el programa de la reforma educativa se destinará un 54 por ciento para colocar bebederos en los inmuebles escolares y se da la asignación que es equivalente a mil 556 millones de pesos.
Por ello consideramos los diputados de Morena que es necesario incrementar el monto de los recursos destinados a la instalación de los bebederos, con la finalidad de lograr que por lo menos 80 mil escuelas equivalentes al 45 por ciento del total de planteles en México, cuenten con bebederos y sobre todo garantizar que cuenten con suministro de agua potable.
Por otro lado, también consideramos que se debe de incrementar el presupuesto destinado para el programa para el desarrollo profesional docente. Reiteradamente el secretario de Educación ha manifestado que la reforma educativa no se reduce en la aplicación de exámenes punitivos, sino que son exámenes estandarizados que permiten detectar las necesidades en la formación de los profesores y con la finalidad de atenderlas se ofrecerían cursos para actualizar y capacitar a un millón de docentes aproximadamente.
Con el propósito de ofrecer actualización, se destinó en el Presupuesto de Egresos del año 2016 un total de mil 809 millones de pesos, cantidad que fue recortada en el mes de mayo a mil 309 millones de pesos.
Sin embargo, hasta el tercer trimestre la Coordinación Nacional de Servicios Profesional Docente, únicamente ha ejercido 16 millones de pesos. Ahora, nuevamente en el dictamen del Presupuesto de Egresos para 2017, se disminuyen los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
A cuatro años de la aprobación de la reforma, la Secretaria de Educación Pública no ha sido capaz de atender las necesidades de actualización profesional del magisterio.
Los diputados de Morena consideramos que la capacitación del docente es de vital importancia para transformar el modelo educativo de la nación. Y por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, pedimos consideren estas adecuaciones presupuestales para que podamos ser congruentes con el nuevo modelo educativo y ser líderes del mismo, porque estamos convencidos de que la educación debe de ser un tema trascendental para esta Legislatura, priorizando la capacitación de nuestros maestros.
Y la siguiente reserva se refiere precisamente al artículo 8o., del Decreto de Presupuesto de Egresos de 2017, en lo que se refiere a materia de seguridad pública. La reserva que se presenta establece que en el artículo incluye la cantidad de 5 mil millones de pesos para el otorgamiento de subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México, y en su caso a las entidades federativas que ejercen de manera directa o coordinada a función mejor conocida como Fortacef.
Sin embargo, en su párrafo segundo dice que este subsidio será destinado para los conceptos y conforme a los lineamientos que establece el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en alineación con los programas como prioridad nacional. Aquí es donde hay el problema, ya que solamente este reparto de este recurso se da a 300 municipios dejando fuera a 2 mil 148 municipios que no reciben el apoyo, en los que habitan alrededor de 40 millones de personas, es decir, un tercio de la población del país.
Este artículo deja en estado de indefensión al 33 por ciento de la gente para que viva sin ninguna posibilidad de acceder a la seguridad. Además cuando se prioriza el reparto de recursos, el 28.1 por ciento de la fuerza municipal nacional, es decir, el 30 por ciento de los policías, no acceden al programa Estrella, que según ha dicho el gobierno en materia de seguridad.
Cuando hablamos de priorizar a este número de municipios, realmente lo que se hace es discriminar, por lo tanto sentimos que es una responsabilidad constitucional de todas las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Lo que proponemos es una redistribución de los recursos para que alcancen para todos los municipios y añadir un segundo párrafo que diga: que el 70 por ciento de la cantidad señalada en el párrafo anterior, que se distribuya en los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México conforme a las reglas Fortaseg, que sea el 30 por ciento restante distribuido entre los restos de los municipios.
Por lo tanto es una exigencia que en cumplimiento con el mandato constitucional de todos y cada una de las autoridades de seguridad, demos y brindemos seguridad a todos los mexicanos, y por ello les pido votemos a favor para que se presente esta reserva como una posibilidad. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Gómez Álvarez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión las propuestas presentadas por la diputada Delfina Gómez. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Para presentar propuestas de modificación al artículo 9, 16, 19, 32, sexto, y una adición de un artículo recorriéndose la numeración y diversas modificaciones al Anexo 1, tiene el uso de la tribuna el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por siete minutos.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Estamos orgullosos porque hoy Morena cumple con defender al pueblo y vota en contra del presupuesto 2017 que promueve el mal gobierno y no le quita privilegios a la alta burocracia. Demostramos que no somos un partido palero y que somos el único grupo independiente de este país.
Vengo a presentar reservar a los artículos 9, 16, 19 y 29, así como la adición de un nuevo artículo del dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017. En la reserva al artículo 9 se propone que los recursos del Fondo Regional que según observamos en el primer, en el informe trimestral tiene que solo tres estados lo han ejercido. Se propone que esos recursos que no se utilicen sean reasignados a programas sociales, salud y educación.
También en este artículo y en los artículos 16, 19 y 29 del dictamen se propone que se transparente el uso de los recursos públicos, estableciendo que en cumplimiento con las obligaciones de transparencia establecidas en la normatividad de la materia, se publique la información no solo en las páginas de internet de las entidades gubernamentales, sino también en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La propuesta de un artículo nuevo del dictamen se realiza por la importancia de transparentar los recursos que se destinan a la ejecución de los proyectos de asociación público-privada. Como ustedes recordarán, el año pasado esta Cámara aprobó la iniciativa del Ejecutivo que reformó diversas disposiciones de esta ley. El objetivo de dicha reforma a la cual nos opusimos, consistió en disminuir la rendición de cuentas de estos proyectos y mermar la atribución de esta Cámara de decidir sobre los egresos de la Federación.
El monto máximo de gasto anual programable para proyectos de APP que se establece en este decreto es de 33 mil 622 millones de pesos, y el monto total de inversión de los proyectos que aparecen en el Anexo 5 A es de 26 mil 222 millones de pesos. Es decir, se le está dando un cheque en blanco a la Secretaría de Hacienda por 7 mil 400 millones de pesos y no tenemos información de estos proyectos.
Según el artículo 14 de la Ley de las Asociaciones Público-Privadas, la Secretaría de Hacienda debe hacer pública y presentar ante la Cámara de Diputados los estudios de viabilidad técnica, económica, financiera y jurídica, pero no se hace de esta forma. La opacidad es la regla de este tipo de proyectos.
Es por esta razón que durante esa discusión nosotros hicimos observaciones y también en la de transparencia, para que estos proyectos sean del conocimiento de los ciudadanos, porque como acostumbra la mayoría de esta Cámara, simulan ser transparentes, pero están en contra de la verdadera transparencia.
Queremos que el pueblo de México sepa que este Presupuesto sigue descapitalizando a Pemex y CFE, es un Presupuesto en el cual las remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos siguen en las nubes.
También sigue la opacidad, porque nos encontramos con proyectos, los cuales no se sabe ni siquiera cuál es su viabilidad, ni siquiera hay estudios, revisando la página de Transparencia.
Tenemos un ejemplo en el nuevo Hospital del ISSSTE de Mérida, fíjense nada más, Yucatán, que es muy tranquilo, ahí nos van a llevar a uno de los amigos del mafioso más grande, el innombrable, por cierto. No lo voy a nombrar ni vale la pena, pero ahí lo van a llevar a Yucatán para que se lleve una mochada muy grande en la construcción de este hospital, y así les puedo ir citando una gran cantidad de proyectos, que no me va a alcanzar el tiempo, pero con ese ya tenemos un ejemplo.
Es por ello que en la adición de este nuevo artículo al dictamen propongo que la Secretaría de Hacienda deba rendir cuentas cuando se autoricen nuevos proyectos de APP no contemplados en el Presupuesto. Asimismo se solicita que la versión pública de los contratos sea publicado en CompraNet y en la plataforma nacional de Transparencia y que la Secretaría rinda un informe pormenorizado de los proyectos.
En otras de mis reservas también establezco la importancia de aumentar el Presupuesto al campo de nuestro país, que sabemos que aunque reasignaron, como lo hicieron el año pasado, esperamos que en enero, a ver si no cuando tome posesión el nuevo presidente de Estados Unidos vayan a hacer un nuevo recorte, como lo hicieron el año pasado. Sin embargo, aquí nosotros estamos proponiendo que se amplíe el presupuesto al campo, en el caso del Ramo de Sagarpa.
Por eso les digo a todos: ya basta de opacidad, basta de ser cómplice del régimen económico de saqueo y basta de vender al pueblo por unos cuantos millones.
Morena tiene dignidad y le dice: No a los moches. No a la deuda pública. Sí al bienestar. Sí a la inversión al campo y la lucha contra los privilegios y la corrupción. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Castro Vázquez.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el diputado Rogerio Castro. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
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