domingo, 9 de octubre de 2011

LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA. LRT

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Durante los últimos años hemos observado que la crisis de la educación superior en México se acentúa. Esta crisis tiene variadas manifestaciones: un considerable incremento de la población estudiantil, restricción de subsidios a las universidades, favorecimiento a las ins­tituciones privadas (tanto en lo político como en lo económico) y una reiterada interven­ción en la vida universitaria por parte de fuerzas reaccionarias; las que en abierta violación a la autonomía universitaria pretenden frenar el desarrollo democrático e impedir que los centros educativos cumplan su carácter crítico y popular.
Estas características de la crisis contienen, entre otras, algunas derivaciones de índo­le política; por una parte, la tendencia del régimen dominante por prohijar un determinado modelo educativo acorde a sus intereses, como lo constituye el proyecto modernizador que se ajusta a su política desarrollista, y por otra, la tendencia de diferentes fuerzas so­ciales que pretenden asignar a la educación su verdadero carácter político y cultural, im­primiéndole a las universidades su función crítica, que consiste en el análisis metódico y objetivo de la realidad social.
De diversas maneras el régimen dominante ha fomentado a través de la implantación del Colegio de Bachilleres, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, etc., un modelo educativo que tiene por objeto plantear a su debido tiempo orientaciones que pongan a los estudiantes en mejores con­diciones para adaptarse a las oportunidades que ofrezca el mercado de trabajo.
Se trata, en otras palabras, de que las funciones educativas se plieguen a las activi­dades económicas en todos los niveles, lo que significa una actitud de subordinación al statu quo.
En otra parte de nuestra exposición abundaremos sobre el proyecto educativo que otras fuerzas sociales se plantean. Queda para otra ocasión también, el análisis de las ins­tituciones privadas, ya que nosotros consideramos su presencia, cada vez más ostensible, como manifestación de la crisis general de la educación superior en el país.
Lo evidente es que el Estado mantiene frente a la crisis de la educación superior y sus ma­nifestaciones una política que coloca a las universidades en situación delicada y pelfcrosa: el subsidio, que no es sino uno de los variados nexos que existen entre la Universidad y el Estado, está supeditado a las relaciones políticas entre ambos. De ahí que las fuerzas uni­versitarias interesadas en un proyecto de universidad progresista, que difiere esencialmente del de la clase dominante, se preocupen legítimamente porque los principios universitarios de autonomía y autogobierno en el marco de dichas relaciones, sean respetados.
De alguna manera hay que decirlo: en el principio de autonomía está la defensa de la Universidad y de los universitarios, de su gobierno interno, de sus métodos de enseñanza, de la libertad de establecer contacto con el pueblo.
La autonomía, a través de sus manifestaciones concretas frente a la crisis y la polí­tica estatal que la auspicia, adquiere un sentido más revolucionario y, a partir de ello, las funciones que esperamos razonablemente cumpla la Universidad,pueden elevar el pasado que nos agobia, por el futuro que nos espera.
La autonomía, este principio que hoy aceptan gran número de estados modernos, tiene su origen en la tradición jurídica de la civilización occidental. En México se funda con todo el sustento de los valores liberales de principios de siglo. Es ampliamente cono­cido el esfuerzo de Justo Sierra por lograr la independencia de la Universidad respecto del Estado.
Justo Sierra, primero, y los esforzados luchadores de 1929 (Gómez Arias, Azuela, Baltazar Dromundo y García Villalobos, entre otros) pugnaron porque la cultura y la ciencia tuvieran el espacio necesario para florecer y desarrollarse sin interferencias de nin­guna especie, incluida la del Estado. La generación del 29 de la Universidad de México, como se le conoce, propugnó también por la autonomía en los términos de autogobierno; esto es, en la facultad de los universitarios de elegir libremente a sus autoridades sin inter­vención del poder público. De 1929 a 1944 se dan diferentes luchas que en ese año (1944) culminan con la aprobación de la Ley Orgánica vigente en la UNAM.
Los forjadores de la autonomía universitaria en México tuvieron en cuenta, efecti­vamente, que la cultura y la ciencia encontraran espacios de desarrollo amplios e ilimita­dos. Sin embargo, a consecuencia de las condiciones objetivas de la sociedad mexicana, dichos valores estaban al margen de la realidad social.
La educación para la generación del 29 encerraba los principios más profundamente liberales. Ciencia sin compromiso y cultura por la cultura misma. La autonomía, en ese sentido, cumplió el papel de condicionante de dichos principios.
Durante lustros se prolongó la idea de que la igualdad, la justicia y la salvación hu­mana estaban en la educación. Se reprodujo en las universidades de México la ideología de la clase dominante. La autonomía, como otros principios, tenía su razón de ser en la ideología de la misma clase dominante. Aún hoy las funciones de la Universidad y la po­lítica económica del Estado se confunden en perjuicio de la autonomía universitaria. En la comunicación al Consejo Universitario, para fundamentar la creación de la ENEP, el rector de la UNAM refirió que permitirá posteriormente la creación de nuevas salidas la­terales y profesionales; que pongan a los estudiantes en mejores condiciones para adaptarse a ¡as oportunidades que ofrezca el mercado de trabajo.
De lo que se trata hoy es de encontrar el sentido real y el valor revolucionario de la auto­nomía universitaria, en coincidencia con el proyecto universitario que fuerzas sociales de­mocráticas están empeñadas en realizar. Es evidente que debemos diferenciar entre los distintos proyectos que al principio de este trabajo desdoblamos, en función de las impli­caciones políticas, para dar cuenta de la vinculación entre autonomía y el proyecto de educación que, reiteramos, las fuerzas democráticas están desarrollando.
El distinguido maestro universitario Javier Barros Sierra señaló que la autonomía universitaria fue móvil de esforzadas luchas de maestros y estudiantes por conquistarla primero, y después por consolidarla y aún ampliarla. El mismo Barros Sierra llevó a cabo en la Universidad Nacional un proyecto educativo que se ajustaba al desarrollo socio­económico de nuestro país. Sin embargo, nadie como el fallecido rector de la UNAM defendió en la práctica el principio de autonomía de una Universidad acorde al sistema político y de los métodos de gobernar del Estado Mexicano. En 1968 la autonomía uni­versitaria -más aún, la autonomía de un gran número de instituciones de educación superior del país- adquirió una dimensión distinta, radicalmente diferente, de la que en realidad fue concebida. Se dio una disyuntiva en ese entonces: prevalecía el régimen de libertad emanado del propio principio o éste se transformaba no en el texto de la ley, sino en la anulación de facto de dicha libertad.
La intervención del ejército y la acción irreflexiva por parte del Estado ante la insur- gencia estudiantil, pusieron en crisis el principio de autonomía que el conjunto de los uni­versitarios estaban interesados en mantener inviolable.
Después de los sucesos de 1968 un gran número de universitarios menospreciaron la trascendencia política de la Universidad y de la educación en su conjunto. Devino, in­cluso en algunos intelectuales de ideología netamente liberal, pesimismo a propósito de los principios y funciones de la Universidad. Este pesimismo fue resultado de la brutal repre­sión a que fueron sometidos numerosos grupos de universitarios,quienes consideraron que la autonomía era un valor ajeno al proceso revolucionario general. De cierta forma, los acontecimientos de 1968 son un elemento a considerar en el análisis del problema que nos ocupa. El interés del Estado por anular la autonomía universitaria en momentos coyun- turales como el indicado o en otros de evidente agresión a las fuerzas democráticas, estriba básicamente, en que para el Estado la autonomía tiene su modalidad en la subordinación de quienes la ejercen.
No son pocos los casos en los que las universidades han sido víctimas de la agresión externa. Ha sido el Estado directamente, grupos ultraderechistas, grupos paramilitares dis­frazados, quienes en el papel de agentes extrauniversitarios se han entrometido visiblemente en la vida universitaria. Sostenemos que la autonomía no sólo significa la ausencia de di­chas intromisiones, sino que también son necesarias ciertas condiciones al interior de las universidades las que permiten el funcionamiento autónomo de los centros educativos.
Una de estas condiciones es que en la Universidad el gobierno debe ser auténticamen­te democrático. Esto es, la posibilidad de que los universitarios trabajadores, profesores y estudiantes sean capaces de autogobernarse sin más limitación que las que marca la Cons­titución General de la República y su propia Ley Orgánica. Este autogobierno es garante de la autonomía universitaria. La participación en el método de gobernar y en el quehacer de la institución, incluye una decisión colectiva que puede en cualquier momento impedir la decisión unilateral y autoritaria, que deriva generalmente en el compromiso de cierta autoridad con el poder público o con otros sectores. Esta discusión colectiva en la solución de los problemas que afectan las funciones de la Universidad, genera una condición no me­nos importante para la vigencia de la autonomía: y es que la educación que se imparta, el proyecto educativo que los universitarios se plantean, debe fomentar otro tipo de conducta frente a la tradicional: el ascenso al manejo crítico y colectivo de los problemas económi­cos y políticos de la sociedad.
Autogobierno, discusión colectiva y el fomento de una actitud crítica, sólo pueden ser ga­rantizados en el marco de la autonomía universitaria, porque en ello se encierra el proyecto de universidad que grandes sectores y fuerzas sociales están interesados en promover.
El método que permite preservar y fortalecer la autonomía es el que ahonda en la presencia de dichos elementos; y con mayor fuerza, cuando éstos son vinculados a la reali­dad concreta.
Una forma de ampliación de este principio universitario lo ha sido sin duda la sindi- calización de trabajadores y profesores. Los principios de estas organizaciones universita­rias, por lo menos en su gran mayoría, coinciden globalmente con el proyecto de institu­ción democrática y crítica, donde se auspicia el cambio de conducta de los universitarios, tanto para con la propia Universidad como para con la sociedad.
No son las fuerzas sociales a las que nos hemos venido refiriendo, grupos de profe­sores, trabajadores o estudiantes aislados, un grupo homogéneo o una clase social deter­minada. Pero sí son una fuerza ideológicamente identificada con intereses políticos que le son comunes.
Por ello es que el sindicalismo universitario no reniega de la autonomía. Por el con­trario, la utiliza para sus propios fines. La autonomía permite al sindicalismo su amplia­ción democrática. Con ello se vence al autoritarismo y se rompe la rigidez de las normas tradicionales de gobierno. El férreo control del poder universitario piramidal se ve merma­do a consecuencia de esta práctica universitaria, en contraste con la conducta tradicional del sindicalismo extrauniversitario.
Los sindicatos universitarios deben considerar sistematizadamente un proyecto edu­cativo progresista que incluya entre sus principios básicos la autonomía universitaria. Por ahora es real que estas organizaciones, en su política cotidiana, se han convertido en sus reales defensores. Si a esto añadimos que los sindicatos universitarios se han ceñido a una lucha más general contra las formas autoritarias de control, confirmamos que la autono­mía se ha fortalecido con esta militancia de los universitarios.
Para sintetizar estas reflexiones podemos afirmar que la autonomía es algo más que la libertad académica, la libertad de enseñanza, de cátedra y de investigación; es el derecho de los universitarios para autogobernarse sin interferencias del poder público. Es la prerro­gativa de los universitarios para desarrollar la actividad crítica, el pensamiento libre, el debate y la discusión de los grandes problemas nacionales y del mundo.
Autonomía es el derecho de los universitarios para organizarse en defensa de sus intereses. Y es también la prerrogativa de actuar en la vida política, en apoyo de los mo« vimientos de transformación social que demandan las grandes masas populares, sin más limitaciones que las que marca la Constitución General de la República.
Estos derechos no deben hacemos olvidar que la Universidad tiene nexos con el Es­tado, tanto los señalados en las normas jurídicas, como los que en la vida cotidiana se hacen necesarios. En otras ocasiones hemos dicho que corresponde al Estado cubrir los gastos de la educación superior. Proporcionar subsidio a las universidades, sin restricciones de carácter político que vulneren su autonomía.
De cumplirse irrestrictamente esta obligación del Estado, se avanzaría seriamente en la consolidación de universidades abiertas a las grandes masas de jóvenes que reclaman su acceso ilimitado -y cada vez mayor en número—a las aulas universitarias. Se daría, al mismo tiempo, un serio golpe a la tendencia creciente a convertir los centros de educación supe­rior en instituciones de marcado carácter elitista.
Por ello el Estado debe abreviar la entregp u : adicional del subsidio a las universi­dades, a través de decretos o leyes que impusiera/ * los gobiernos federal y/o estatal, nor­mas de obligatoriedad sancionados a través de los mecanismos correspondientes.
No dudamos que la autonomía es producto de la civilización jurídica occidental y que, con el fin de esta última, la autonomía sufra el mismo destino. No debemos soslayar, empero, que aquí y ahora, la autonomía es la condición sinequanon para que cualquier proyecto educativo progresista sea instrumento de cambio, como la sociedad mexicana re­quiere urgentemente.






La Universidad es producto y expresión de la sociedad mexicana, es parte integrante de la superestructura social y expresa las contradicciones inherentes a la sociedad en que vi­vimos.
Así, inscrita en una determinada formación económico-social, obedece a los inte­reses de la clase en el poder y es una institución al servicio del régimen social del cual es su producto.
De esta manera contribuye al mantenimiento de las actuales relaciones de produc­ción, formando los cuadros técnicos y profesionales que el régimen necesita y reprodu­ciendo en parte o en todo la ideología de la clase dominante.
Pero como todo proceso social contiene en sí mismo su contradicción, la Universi­dad mexicana coadyuva al desarrollo de las fuerzas productivas, cuando, por una parte, impulsa la ciencia, la técnica y la cultura y, por otra genera en su seno los movimientos universitarios que desarrollan objetivos y tareas revolucionarias al lado de los trabajadores mexicanos.
Todo esto hace que la Universidad sea un nudo de contradicciones donde se refleja en manera objetiva, la lucha de clases exteriores y se genera una actitud crítica, aguda respecto de la problemática nacional, que con frecuencia la conduce al enfrentamiento ideológico con el régimen.
Ahora bien el nudo de contradicciones, da como primeros resultados la crisis en la cual se debate la Universidad mexicana. Esta afirmación, planteada por las fuerzas demo­cráticas del país, se ha convertido en una verdad evidente para todos los sectores políticos y sociales de México.
Los rasgos más importantes de la crisis educativa que señalamos en esta ocasión son los siguientes:
a)                           .   La masifícación creciente de la Universidad, como resultado de agudos problemas sociales.
b)                              .  La insuficiencia creciente de recursos financieros y de condiciones materiales in­dispensables para el quehacer universitario.
c)                              .   La ineficacia y prominencia de métodos y formas obsoletas de enseñanza tradi­cional para resolver los problemas que entraña la educación masiva.
d). La existencia, en muchas universidades, de estructuras político jurídicas, de go­bierno autoritario y la ausencia de democracia.
En cuanto al contenido de la enseñanza, en ella se manifiesta una clara desvincula* ción entre la teoría y la práctica y presenta los siguientes rasgos:
a)                          .        La enseñanza profesional sigue siendo su actividad principal, aún cuando en los últimos años se han hecho intentos por desarrollar la extensión universitaria y la investiga­ción científica,
b)                        . La enseñanza está organizada en estancos impermeables (planes de estudio verti­cales, cátedras sin ninguna relación entre sí, escuelas separadas por fronteras infranquea­bles, etc.).
c)                                .       Los planes y programas de estudio, en la mayoría de los casos, son un simple a- gregado de materias con una orientación anticientífica y reproductora de valores que for­talecen nuestra dependencia cultural, científica y técnica.
d)                               .       La educación sigue siendo, en lo esencial, informativa y basada en la transmisión oral del conocimiento.
Por otro lado el papel que hasta hace pocos años venía desempeñando la Universi­dad como mecanismo de promoción social que permitía realizar una alianza entre la pe­queña burguesía y la clase dominante, se ha visto minada por la situación contradictoria que origina por un lado la proletarización de un trabajo intelectual y por otro la estrechez del mercado profesional que arroja al desempleo a millares de egresados de las universida­des, pero que son, dentro de una perspectiva más amplia, un porcentaje mínimo dentro del cuadro general de desempleo y subempleo que afecta, hoy por hoy a más de nueve millones de mexicanos.
Para superar lo anterior algunos organismos oficiales han hecho suyos los pronun­ciamientos de una parte del sector privado en el sentido de que la educación superior no debe significar una carga para el estado y por diversos mecanismos se ha tratado de imple- mentar el sistema de becas crédito con objeto de evitar el contenido popular de la educa­ción superior y mediatizar el contenido crítico que pudiera dársele a la educación en algunas universidades.
Por su parte en el programa de Reforma Universitaria de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) elaborado, discutido y aprobado por profesores, estudiantes y trabaja­dores universitarios en 1975 y que sirvió de plataforma a la elección de rector, se presenta una salida justa a la crisis educativa antes señalada.
Esta solución quedó plasmada en el concepto de una universidad democrática, críti­ca y popular y desde ese año toda nuestra actividad ha estado dirigida hacia la realización de esa tesis.
Por universidad democrática entendemos aquélla en la que tanto su estructura como
todas sus formas de gobierno sean la expresión de la voluntad de las mayorías universita­rias.
Por universidad crítica entendemos aquélla basada en una concepción científica del universo, que abarque tanto al mundo de la naturaleza como al hombre y la sociedad que éste constituye.
Una universidad crítica es aquélla que sabe utilizar el pensamiento racional y apli­carlo a los problemas fundamentales de la sociedad, promoviendo aquellos cambios es­tructurales que promuevan un reparto justo de la riqueza y que tienda a hacer desaparecer la explotación del hombre por el hombre, y a establecer la democracia en todos los ámbi­tos de la vida social.
Por universidad popular entendemos aquélla ligada a las mejores causas del pueblo de México: sus luchas por la liberación de los obreros, campesinos y sectores populares.
También una universidad popular es aquélla que mantiene sus puertas abiertas a los grandes sectores de la población y que da oportunidad de estudio a decenas de miles de jóvenes que de otra manera quedarían totalmente marginados.
La Universidad Autónoma de Puebla, al defender su existencia como institución, ha desempeñado un papel importante en la lucha por las libertades democráticas, dentro y fuera de la Institución, lo cual ha enfrentado a violentas represiones como la masacre de jóvenes estudiantes acribillados por la policía el lo. de mayo de 1973 y como el asesinato de nuestros compañeros Joel Arriaga y Enrique Cabrera, en 1972. Los atentados terro­ristas y las campañas calumniosas contra profesores y trabajadores de la Universidad; la infiltración de provocadores y el impulso a la corrupción; la protección de pandilleros y la introducción de drogas han sido algunas de las formas con las que se ha intentado detener el proceso democratizador de esta Universidad.
Sin embargo, todos estos intentos han fracasado, y hoy día la Universidad Autóno­ma de Puebla se plantea nuevas metas y objetivos y de esta lucha ha ido surgiendo, cada vez con mayor claridad, la imagen de una nueva Universidad cuyos rasgos fundamentales son su carácter democrático, crítico y popular.
La Universidad Autónoma de Puebla, como cualquier otra institución de educación su* perior, tiene la obligación de producir profesionales, científicos, artistas, etc., de muy alto nivel académico, pero no sólo en función de los intereses y necesidades de las actuales estructuras económicas del país, sino además en función de los grandes problemas que afronta México, tales como salud, educación popular y vivienda, que afectan a la inmensa mayoría de mexicanos, y también en función de la independencia económica, política, científica y tecnológica de nuestro país.
Por lo que se refiere a planes y programas de estudio ha sido una preocupación nuestra que éstos sean sometidos a un examen crítico. Podemos decir que se ha dado un gran paso hacia adelante, cuando cada escuela o ha realizado un congreso interno para tra­tar este tipo de problemas o está preparándolo para una fecha futura próxima.
En el marco de la participación conjunta de profesores y estudiantes pretendemos dar a la enseñanza un contenido eminentemente social, de modo que los planes y progra­mas que se implanten sean estructurados en esta dirección y nos conduzcan a una educa­ción con las características siguientes:
Científica, es decir, sustentada en la comprensión de las leyes generales que rigen el curso de la naturaleza y de la historia.
Integral, globalizadora del conocimiento y de la verdad; la verdadera especialización no debe convertirse en parcialización del conocimiento en la mutilación de la totalidad, propiciadora de tecnócratas.
Activa, tenderá a superar la relación vertical profesor-alumno que coloca al estu­diante como sujeto pasivo, para integrarlo al proceso de aprendizaje.
Desalienante, encaminándola al encuentro del hombre consigo mismo.
Democrática, dando cabida a todas las corrientes del pensamiento y de la cultura universal, exceptuando las concepciones fascistas, fanático-religiosas retrógradas, ligadas a los intereses de los grupos monopólicos tanto nacionales como extranjeros.
Nacionalista, orientada a preservar y desarrollar nuestra identidad y nuestro patri­monio cultural e histórico.
Popular, es decir, dará preferencia a la clase trabajadora y tenderá a romper el eli- tismo característico de la universidad burguesa.
Queremos hacer especial mención al problema de la autonomía universitaria, que hoy por hoy se encuentra en el centro de los debates nacionales.
Para nadie es un secreto que en las universidades se ha conquistado un cierto espa­cio democrático en donde la posibilidad de disentir y actuar en un clima de libertad contrastan con la intolerancia, el autoritarismo y la represión que se manifiesta en otras esferas de la vida social y política del país.
Aplastar esta posibilidad parece ser el objetivo de esta nueva escalada en la que coinciden tanto los defensores del statu quo, como aquéllos que piensan que la trans­formación radical de la sociedad puede ser el resultado de un simple estado de ánimo o de un acto de voluntad.
Los universitarios de Puebla vemos con preocupación la dimensión que ha adquirido ya este proceso y reiteramos nuestra convicción de que, en momentos como éste, es im­prescindible la defensa de la autonomía de nuestras instituciones. Debemos rechazar las prácticas que se han venido imponiendo en la solución de los conflictos universitarios. El respeto, el trabajo político y las soluciones democráticas deben prevalecer en las rela­ciones entre los universitarios, al igual que en las relaciones entre el Estado y las universi­dades. Por estas razones nos manifestamos en contra tanto de las soluciones de fuerza, como de la adopción de soluciones a espaldas de los universitarios en condiciones que violan flagran temen te la autonomía, como ha sucedido en algunos de los conflictos que se han suscitado.
Somos partidarios de que la autonomía se convierta en una garantía constitucio­nal, de manera tal que la universidad cuente con un instrumento jurídico que sirva para restaurar la autonomía violada ya sea por particulares o por el propio Estado, siempre y cuando dicha legislación no se convierta en un instrumento de restricciones y limi­tador de la misma, puesto que su mantenimiento es condición necesaria para la conse­cución y fortalecimiento de la Reforma Universitaria.
En una Universidad democrática, crítica y popular concurren a la defensa de la autonomía universitaria profesores, trabajadores y estudiantes. Los dos primeros orga­nizados en sindicatos y los últimos en agrupaciones estudiantiles que concurren al gobier­no universitario.
Respecto a la sindicalización y la ley laboral, en numerosas oportunidades las autoridades universitarias hemos manifestado nuestro repudio categórico a cualquier legislación, que, como lo pretende el proyecto de modificación del Artículo 123 de la Constitución General de la República, tienda a establecer relaciones que en el fondo pueden resultar lesivas a la independencia de los sindicatos y atentatorias, en última instancia, de la autonomía universitaria.
Estamos plenamente convencidos de que es el Artículo 123, sin agregados ni enmiendas, el que debe regir las relaciones entre los sindicatos, las instituciones de edu­cación superior y el Estado.
Estrechamente ligado a este problema se encuentra el de una posible legislación, a nivel más amplio, donde se establezcan las relaciones Universidad-Estado y donde se definan conceptos tales como el de Autonomía Universitaria.
Otra de las fuerzas que poderosamente concurren a la defensa de la Universidad es el movimiento estudiantil que ha sido uno de los factores fundamentales y un impulsor importante de las transformaciones en la UAP. Pero no podemos dejar pasar inadvertida la posibilidad de emitir un juicio sobre el ultraizquierdismo de que el estudiante es tan proclive y que ha sido el marco supuestamente teórico para agredir a otras universidades.
Las actividades ultraizquierdistas representan posiciones aventureras que diluyen el movimiento estudiantil y provocan la agresión externa y el estancamiento, si no es que la destrucción, de los procesos democráticos en las universidades.
Una de las formas para combatir el ultraizquierdismo es la participación de todos los estudiantes en la toma de decisiones que afecten el interés de la universidad. Sólo así abierta y públicamente se puede frenar este tipo de manifestaciones que tan negativos resultados ha dado en otras instituciones.
Es una tesis largamente sostenida, y no de ahora, que la presencia de los partidos polí­ticos siempre ha sido una realidad y que éstos forman parte de la democratización uni­versitaria, ya que su presencia fortalece la actitud crítica, se convierten en parte inte­grante de la vida universitaria y con una expresión de su economía.
Aquélla que no se concibe sin lucha ideológica, sin posiciones combativas y críticas que sólo se manifiestan a través de la existencia de grupos organizados políticamente.
En un país tan profundamente despolitizado como México, la presencia absoluta­mente libre de partidos políticos en las universidades se convierte en una necesidad.
Por eso debemos estimular la presencia de partidos políticos en nuestras filas, a través de su organización, de sus plataformas, de sus programas y de su actuación en las tareas universitarias.


También queremos establecer con claridad que no existe el dilema entre lo acadé­mico y lo político; que plantear que existe una oposición irreductible entre la vida aca­démica y la política en una universidad es colocarse en una franca posición política nega­tiva que sólo favorecería como en el pasado, a la acción antidemocrática de un solo parti­do, el gubernamental, en detrimento de la vida democrática universitaria.
Debemos enfatizar que sólo a través de la claridad política es como se puede alcanzar claridad respecto a los problemas académicos, y que a la etapa de un pseudo-apoliticismo, debe suceder la etapa de una militancia política consciente, responsable.
Por ejemplo ¿cómo es posible superar nuestros niveles académicos y adecuados a la problemática de nuestro país si no tenemos previamente una posición política que explique la integración de la universidad a la vida real y concreta de México y la lucha de nuestro pueblo por la plena soberanía e independencia nacional?
Por esta razón vemos con simpatía la presencia de diversos grupos encuadrados dentro de partidos políticos nacionales, con programas políticos propios y pugnando por extender su influencia a masas cada vez mayores, lo que implicará, en el futuro, la posibi­lidad de una militancia partidista de todos los universitarios de acuerdo con su personal punto de vista.
Desde luego esto implica que la Universidad Autónoma de Puebla permitirá el libre juego de ideas, que estimulará el derecho a la organización de todos los partidos políticos que, desde luego, no levantan la bandera del fascismo y la ideología del imperialismo, pues contra estas fuerzas oscuras del presente nuestro pueblo, a través de su historia, ha luchado denonadamente y esta Universidad no puede sustraerse a las obligaciones que ha contraído con el pueblo mexicano.
Pero en este contexto es pertinente hacer la siguiente observación:
Aunque es bien cierto que nosotros enfatizamos la importancia de la militancia política en partidos y que estimularemos su desarrollo, también es cierto que ningún partido, debe estar por encima de la propia universidad.
Finalmente, y fuera del marco del problema anterior, queremos dejar sentada nues­tra opinión respecto a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES).
Es nuestra opinión que actualmente la ANUIES realiza una tarea fecunda de gran envergadura en el ámbito de las relaciones universitarias a nivel nacional, proporcionando ayuda a divenas instituciones, como en nuestro caso, y coordinando multitud de activi­dades de diversa índole.
Sin embargo, quisiéramos que ciertos rasgos de su actual estructura se reforzaran en beneficio de la universidad mexicana en donde necesitamos formar ciudadanos con una conciencia crítica y una conducta democrática. Necesitamos formar hombres cada vez más plenos, conscientes de su vida y de su época, cuyo fundamento moral sea la lucha por el progreso social y que, contribuyan a la construcción de una sociedad futura más justa.
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Ya hemos dicho que la definición de las principales orientaciones para el nuevo periodo tiene que ser el resultado de las apreciaciones sobre el nivel de desarrollo del proceso de Reforma Universitaria, visto no en función exclusiva de los acontecimientos internos sino también en su relación con la situación nacional y regional prevaleciente. No pretendemos exponer aquí una opinión total y acabada del proceso de Reforma y de sus característi­cas en los últimos tres anos, para ello necesitaríamos de un trabajo distinto y un espacio mayor.
Nuestro objetivo radica más bien en poner el acento en aquellos rasgos que de ma­nera central han venido caracterizando al proceso y que deben ser sometidos a una pro­funda discusión, para de ahí derivar correctamente las grandes tareas que los universita­rios tenemos enfrente.
En el ámbito nacional se mantiene un conjunto de elementos relacionados con la crisis de la estructura económico-social y con la crisis política, que lejos de atenuarse se han venido reproduciendo y agudizando. El cambio de un sexenio a otro, la nueva polí­tica que desarrolla el gobierno del presidente José López Portillo, la actitud y respuesta de los sectores organizados de la burguesía, los problemas de la recesión económica,etc., hacen posible observar cambios, reacomodos y diferenciaciones en las fuerzas sociales que se expresan en la vida nacional y en el propio Gobierno. Esta situación general repercute ahondando los rasgos que ya en 1975 señalábamos con respecto a la crisis de la educación superior y a la crisis de las universidades mexicanas. En este marco, distintos sectores y fuerzas han buscado alternativas que puedan representar soluciones a los grandes y com­plejos problemas por los que atraviesa la educación superior en el país. A nuestro modo de ver, estas alternativas reflejan los distintos proyectos que hoy aparecen como opciones para superar la crisis en que se debate nuestro país.
Este proceso contradictorio y complejo se manifiesta con todos sus elementos a ni­vel del Estado de Puebla, adquiriendo a la vez variantes y especificidades propias.
Podemos afirmar que internamente, salvo la agresión a la que fue sometida la Uni­versidad Autónoma de Puebla el 27 de abril de 1976,hemos atravesado por un periodo de relativa tranquilidad, producto del respeto y de la nueva imagen que la institución ha mos-
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trado al ir cumpliendo muchas de las tareas planteadas. Esto ha sido el resultado directo de la fuerza, de la combatividad y de la justeza con que ha actuado el movimiento univer­sitario al ir conquistando posiciones democráticas importantes.
Perc< esto tampoco quiere decir que hayamos estado exentos de provocaciones y ataques. Que ciertos intereses, sobre todo los más reaccionarios que existen a nivel nacio­nal y regional, continúen interesados en golpear a la U.AP. para impedir su desarrollo y someterla a su control y hegemonía. Esta situación se ha puesto nuevamente en eviden­cia ante el desarrollo del movimiento de lucha por incrementos al financiamiento univer­sitario. Por otra parte, han quedado en la impunidad, al igual que los responsables del asesinato de Joel Arriaga y Enrique Cabrera, los involucrados en la toma del Edificio Ca- rolino, sin que las autoridades correspondientes hayan hecho nada al respecto.
La Universidad Autónoma de Puebla, como parte de la superestructura social, ex­presa y se ve condicionada por las contradicciones fundamentales que emanan de la so- ciedad mexicana. Sin embargo, y a pesar de ello, la universidad ha puesto en marcha un conjunto de actividades que podemos resumir de la siguiente manera:
a)                     El mayor esfuerzo ha estado encaminado a la superación de los niveles académicos universitarios. Ahora existe en general, una situación académica mejor que la que tradicionalmente había tenido la institución. En ello ha coadyuvado el creciente apoyo para la adquisición y mejoramiento de instalaciones, laboratorios, bibliote­cas, etc.; el incremento de profesores de carrera <\e tiempo completo y medio tiem­po, que pasaron de ciento, ochen ta y tresen 1974 ? trescientos treinta y dos en 1977. La preocupación de los universitarios por esta problemática se manifiesta en diver­sos niveles y aspectos, desde la realización de congresos hasta la superación académica.
b)                     El impulso inicial que ha recibido la investigación comienza hoy día a rendir sus primeros frutos. Se han cumplido parcialmente dos de los objetivos fundamentales: la formación de un núcleo de investigadores egresados de la institución y el desarro- lo de la investigación propiamente dicha. Se cuenta con un número importante de investigadores en las áreas de ciencias sociales y físico naturales, con una proporción importante de maestros y doctores. Los primeros resultados han tenido una reper­cusión altamente positiva en los distintos eventos cien tíficos en que se ha participado.
c)                      En cuanto a la extensión universitaria se ha puesto la atención en actividades que benefician a distintas poblaciones rurales a través del servicio social, de planes de tra­bajo interdisciplinarios, de proyectos de obras de tipo social, etc., creando así, re­laciones y ayuda universitaria hacia los sectores de la población de más escasos re­cursos económicos. Internamente se ha desplegado una serie de actividades artís­ticas y culturales que a pesar de sus limitaciones contribuyen al desarrollo de la ex­tensión universitaria. En ello han participado el Departamento de Publicaciones, de Difusión Cultural, de Música, etc.
d)                     Se ha podido desarrollar una amplia política de construcciones para elevar el patri­monio universitario y acondicionar la universidad para cumplir sus distintas funcio­nes. (Escuela de Economía, Laboratorio y Escuela de Ciencias Físico Matemáticas, Escuela de Odontología y Escuela de Comercio).
e)                      El Hospital Universitario, entregado a la U,AP. en 1973 ha sido sometido a una con­tinua restauración con objeto de adaptarlo a las exigencias de la medicina moderna, a la prestación deservicio médico y a la enseñanza. En la modernización de esta uni­dad se han canalizado muchos de los esfuerzos de la institución. Aunque prevalecen todavía en algunos aspectos vicios y deficiencias que es necesario combatir para hacer del H.U. un instrumento más eficaz en el desarrollo universitario, se ha incrementa­do y mejorado sustancialmente el servicio médico para los universitarios y los sec­tores populares de la población. Igualmente, se han diseñado programas para incor­porar a estudiantes de otras escuelas (Medicina, Odontología y Ciencias Químicas) a los cursos de grado y postgrado.
f)                         Un logro de primera magnitud se ha plasmado en el rescate, preservación y reacon­dicionamiento para el servicio universitario de la Galería José Antonio Jiménez de las Cuevas, la Biblioteca José María Lafragua y la Hemeroteca Juan N. Troncoso.
g)                       Tampoco se ha descuidado la importancia que juegan las actividades deportivas que en muchas ocasiones han puesto en alto el nombre de la U.A J. en eventos naciona­les e internacionales, frente a instituciones que cuentan con más y mejores instala­ciones y altos presupuestos como son la U.N.AJML, el Instituto Politécnico Nacio­nal, etc.
h)                      Por último, no podemos soslayar que ha sido en este último periodo cuando los pro­fesores y trabajadores, en el pleno derecho de sus reivindicaciones económicas y po­líticas, han fortalecido su organización y avanzado en la formulación de sus tareas. Hemos de saludar con beneplácito estos acontecimientos en cuanto forman parte fundamental de la Reforma Universitaria.
Teniendo en cuenta estas breves consideraciones es factible llegar a la conclusión de que en el periodo que termina, la Reforma Universitaria ha tenido avances importantes y ha dejado sentadas las primeras bases para futuras transformaciones que vayan más allá de lo que hasta la fecha ha alcanzado. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de erro­res: Fallas de imprecisiones que en su conjunto conforman un bloque de problemas que entorpecen y retrasan el pleno desarrollo de la Reforma Universitaria. Necesitamos enca­rar esta situación con una profunda reflexión crítica y autocrítica para desentrañar las causas que los originan y crear las condiciones y las formas para su mejor solución.

A pesar de los avances, la estructura actual de la universidad en sus distintas esferas sigue siendo todavía de carácter tradicional, es decir, los logros hasta la fecha no han modi­ficado en el fondo la estructura académica, científica, cultural y organizativa de la U.Ai\ De tal manera que ante los problemas de la creciente masificación de la enseñanza, la falta de recursos financieros, la carencia de planificación, ete., la estructura universitaria no res­ponde y se ve continuamente rebasada hasta convertirse en un obstáculo para futuras trans­formaciones cualitativas. Ello permite y hace que los problemas y sus soluciones se tornen cada vez más complejos y difíciles. Esta situación se ve reforzada por la inexistencia de una nueva legalidad universitaria que, además de incorporar los avances democráticos, re- defina la forma y los métodos en que deben darse las relaciones entre los universitarios. Otro aspecto que actúa en igual sentido es el surgimiento de nuevos fenómenos que son producto del desarrollo del movimiento universitario (sindicatos, contratación colectiva, formas colegiadas de gobierno, etc.) y que chocan con la estructura actual, recrudeciendo y ampliando los problemas. La estructura universitaria muestra un alto nivel de concentra­ción en sus funciones, en la discusión y solución de los puntos que afectan la vida universita­ria. La descentralización se presenta, así, como una tarea fundamental en este nuevo periodo.
Por otra parte, se ha adolecido de una política planificada e integrada que asegure la plena participación universitaria, que determine las prioridades y las etapas del desarro­llo universitario.
La articulación de estos elementos ha dado paso a un desarrollo de la Reforma Uni­versitaria de manera heterogénea, creando desigualdad y desfases en la implementación del proyecto de una nueva universidad. Esto ha permitido en buena medida que aún se mantengan y reproduzcan elementos que no están acordes con los principios universita­rios. Nos referimos a los rasgos antidemocráticos y burocráticos, a la corrupción e irres­ponsabilidad administrativa y académica, etc. Estas actitudes y métodos entorpecen avan­ces mayores en el proceso.
En algunos aspectos de la vida universitaria estos datos se expresan con mayor fuer­za y hacen más difícil su combate; tal es el caso de la estructura administrativa, en donde las restructuraciones y avances se han visto bloqueados por la permanencia y arraigo de esas características. Podemos decir que la reforma administrativa es uno de los aspectos más débil de la institución y al cual debemos darle una atención prioritaria.
Un aspecto que ha incidido grandemente en el desarrollo y fortalecimiento de estos obstáculos ha sido el letargo en que ha estado sumido el movimiento universitario, espe­cialmente los estudiantes, quienes aún no han podido organizarse para elevar su peso polí­tico y académico en el conjunto universitario. La quietud del movimiento, posterior al 27 de abril y a la huelga de 1976, ha repercutido negativa) lente en cuanto a la participación, el dinamismo, el cuestionamiento y la exigencia de las demandas del movimiento, que se ven limitadas y subordinadas a otros elementos. Sin embargo, las acciones que últimamen­te han desplegado los universitarios indican con claridad un nuevo momento en la dinámica del movimiento, tanto en su acción interna como en su articulación con las luchas popula­res, aspecto ausente durante los últimos años.
Debemos ubicar como elemento central el hecho de que muchos problemas están íntimamente ligados, tanto con la necesidad de profundizar la democracia universitaria como con los métodos y mecanismos de gestión entre los universitarios y las instancias creadas por el movimiento.
De la discusión de estas apreciaciones, de su re formulación y enriquecimiento las autoridades universitarias, conjuntamente con los sindicatos y sectores universitarios, podrán determinar las orientaciones fundamentales para el futuro. Las grandes tareas que a la institución le corresponde impulsar para el próximo periodo deberán centrarse en los siguientes puntos:
a)                      Transformar radicalmente las estructuras académicas de investigación y de exten­sión universitaria.
b)                     Llevar a cabo una profunda reforma administrativa, acorde con las nuevas exigen­cias universitarias.
c)                       Profundizar la democracia universitaria e impulsar una nueva legalidad que contem­ple la formulación tanto de una nueva Ley Orgánica como de sus estatutos, que per­mitan la re definición de las relaciones entre los universitarios.
d) Determinar nuestra relación con el Estado Mexicano en función del fortalecimiento de la autonomía universitaria, del deber que tiene el Estado de financiar la educa­ción superior y media superior, y de la facultad de los universitarios para decidir de acuerdo con los ordenamientos legales (la Constitución, Ley Federal de Trabajo) la forma más adecuada de su legislación en el terreno universitario y laboral.
Desde comienzos del actual régimen ha estado presente en el ambiente universitario na­cional un proceso que tiene como objetivo buscar un nuevo marco para el desarrollo de las relaciones entre el Estado y las universidades públicas. Esto se encamina a ajustarías funciones universitarias y su contenido dentro de la llamada "alianza para la producción", de manera tal que respondan a las nuevas exigencias del desarrollo capitalista del país. En este proceso interviene, además del Estado, la burguesía en sus distintas fracciones,y ambos buscan desde varias posiciones y con proyectos similares resolver la crisis de la educación sin alterar en el fondo sus intereses históricos.
Un papel importante ha desempeñado la ANUIES, la cual está próxima a reunirse en Puebla para discutir y formular lo que podrá ser un Plan Nacional de Educación en el terreno de las universidades públicas. Paralelamente, el Gobierno y la burguesía han dado pasos concretos, a través de proyectos que bajo la concepción de la "escuela-empresa" y la '^universidad productiva", pretenden ir resolviendo en la práctica los grandes problemas que presentan la educación media y superior en el país.
Las alternativas que hoy se impulsan y aquellas que en el futuro puedan desarrollarse están orientadas principalmente a modificar la función social de las universidades sosteni­das por el Estado, restringiendo y violando el principio de la autonomía universitaria y pretendiendo imponer una legislación antidemocrática que impida a los universitarios decidir por ellos mismos el futuro de las universidades.
La agudización de la crisis educativa superior y media superior; las necesidades de educación para una población en continuo crecimiento y la importancia de que las uni­versidades contribuyan al desarrollo social, nos lleva a replantear toda la problemática con objeto de sentar las bases de un sistema nacional educativo más congruente con las deman­das y necesidades de los grandes núcleos de población. Es decir, somos partidarios de un sistema superior único, no sólo a nivel de las universidades públicas, sino que integre y articule a todos los sistemas educativos existentes (tecnológicos, normales, instituciones particulares, etc.), superando la actual dispersión y el caos académico. Este deberá ser un sistema planificado y diseñado nacionalmente para responder a las necesidades mediatas e inmediatas del país, pero nos opondremos terminantemente a cualquier intento de fede- ralización que restrinja y afecte el espíritu de libertad, democracia e independencia, ya que juntos forman la columna central de la universidad actual. Igualmente nos oponemos a que la planificación se realice al margen de los programas de desarrollo de las propias uni­versidades y como si fuera un problema estrictamente técnico y administrativo.
Reconocemos la obligación de participar en el desarrollo del país, pero también de­bemos enfatizar que dicho desarrollo debe ser realizado en función del bienestar de los sectores mayoritarios de la población. Al hablar de desarrollo social entendemos:

a)                     La independencia económica del país, sobre la base de !a creación de su propia tec­nología y del esfuerzo concentrado en el desarrollo de la investigación científica, que permita recuperar y fortalecer la soberanía nacional.
b)                     La elevación del nivel de vida de las masas trabajadoras y la reivindicación de sus plenos derechos políticos.
c)                      En resumen, apoyamos un desarrollo independiente, soberano y democrático de México que dé solución a los grandes problemas de la nación.
Las relaciones entre las universidades y ef Estado deben darse en función de tres aspectos básicos:
1.                      La autonomía universitaria.
2.                      El financiamiento.
3.                      La legislación universitaria.
1.     LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA. Este es el elemento fundamental para el funcionamiento de una orientación democrática, crítica y popular. La autonomía no significa separar a la universidad de las necesidades de los mexicanos, sino que es la condi­ción para que se desarrolle plenamente la capacidad creativa de los universitarios en el desarrollo de la ciencia y la cultura. Sus límites están determinados por el compromiso de la universidad con el pueblo de México, y sus aspectos centrales han sido ya planteados en el programa de Reforma Universitaria.
El reconocimiento de la autonomía como garantía constitucional debe ser incluido en el artículo tercero de nuestra Constitución, lo cual implicaría, en última instancia, el derecho a resolver internamente los conflictos que se presenten por diversos motivos in­cluidas las relaciones laborales, preservando los derechos fundamentales de los trabajado­res y, por tanto, la no utilización de la coerción estatal en los problemas universitarios.
2.      EL FINANCIAMIENTO. Por lo que se refiere al financiamiento, se debe dotar a las universidades de los recursos suficientes para la realización de sus objetivos, recursos que deben provenir fundamentalmente y básicamente del Estado Mexicano. La búsqueda de recursos adicionales no la descartamos siempre y cuando no represente el apoyo fi­nanciero fundamental. Nos oponemos terminantemente a medidas tales como:
a)                     Elevación de cuotas de inscripción a los estudiantes.
b)                     Implantación de becas crédito.
c)                      Imposición de nuevas cargas fiscales a los profesionistas egresados de las universida­des y centros de educación superior.
Por lo que se refiere a la distribución de los fondos destinados a las universidades, creemos que debe someterse a los siguientes criterios:
a)                     Requerimiento de los planes y proyectos de la-universidad.
b)                     Requerimientos surgidos del crecimiento de los sectores que la integran.
c)                      Demandas ocasionadas por alzas de precios de artículos de primera necesidad, me- joras salariales y prestaciones sociales para sus trabajadores.
d)                     Eliminación de criterios políticos o ideológicos en el otorgamiento de fondos.
3. LA LEGISLACION UNIVERSITARIA, Uno de los aspectos de la crisis de la Universidad mexicana es la inadecuación de su régimen jurídico. El conjunto de normas que regulan los distintos niveles de las relaciones entre los universitarios, y de éstos con el Estado y la sociedad, son ya insuficientes y obsoletas.
La necesidad de modificar las funciones de la universidad mexicana,su crecimiento y su desarrollo, así como las aspiraciones democráticas de los universitarios y el surgimiento de organizaciones de masas son, entre otros, los elementos que deben estar presentes en la formulación de una nueva legislación universitaria orientada a impulsar la realización de los objetivos de una educación democrática, crítica y popular.
Las relaciones laborales entre la universidad y el personal a su servicio (académicos, investigadores y administrativos) deberán respetar los derechos fundamentales de los tra­bajadores establecidos en el apartado "A" del artículo 123 constitucional y en la Ley Fe­deral del Trabajo, con las variantes necesarias en cuanto a la libre sindicalización, contra­tación colectiva, huelga y resolución interna de los conflictos laborales. Ello en atención al respeto del principio de autonomía universitaria, lo que se logrará a través de reformas a la Ley Federal del Trabajo en su título 6o. referente a trabajos especiales, y de cambios en las propias legislaciones universitarias.
En 1975, al plantear nuestra alternativa a las opciones burguesas en el terreno de la edu­cación superior, expresamos nuestra concepción respecto a la modificación de la función social de la universidad, al afirmar que ésta se logrará impulsando su conversión a una universidad Democrática, Crítica y Popular, a través de una transformación radical de la actual estructura académica, profundizando la democratización de su forma de gobierno y administración, y orientando el conjunto de sus actividades con base en el conocimiento científico y en la vinculación de la institución a la realidad económica y social del país, proyectándola como factor que impulsa su crítica y transformación.
Llevar adelante el contenido de esta concepción significa en sí mismo el desarrollo de un largo proceso donde se entrelacen y articulen todas las cuestiones universitarias. Tarea difícil y compleja que los universitarios han comenzado a desarrollar. Su vigencia sigue siendo plena y los logros aunque fundamentales aún son parciales. Por tanto, en esta pers­pectiva y para el próximo periodo es vital precisar aquellos aspectos a los cuales priori­tariamente tenemos que avocarnos para profundizar en la realización y transitar con paso firme en la construcción de un nuevo tipo de universidad.
Es poi tanto necesario detectar en cada una de las esferas de la vida universitaria las tareas centrales a desarrolla: en los próximos tres años, para establecer un profundo compromiso con el conjunto de los universitarios y lograr los objetivos propuestos.
1. LA DOCENCIA
Del balance que presentamos a la comunidad universitaria se desprende la imposter­gable necesidad de pasa¿ :n este nuevo periodo a desarrollarla transformación radical de la estructura académica universitaria, tanto en su nivel superior como medio superioi.

El incremento de instalaciones y recintos universitarios, el mejoramiento y amplia­ción de los laboratorios, el mayor acervo bibliográfico, la política de profesionalización de la enseñanza y el incremento de personal académico de carrera han creado las condiciones básicas para pasar ahora de manera fundamental a buscar cambios cualitativos que modifi­quen sustancialmente los niveles académicos de la U AJ\ Esta necesidad se desprende de las propias condiciones que nos impone la crisis educativa, pero también de la exigencia tanto de profesores como de estudiantes universitarios. Tal planteamiento se ha venido expresando cada vez con más fuerza, sin encontrar hasta la fecha la forma y los mecanis­mos más idóneos para su impulso.
Estamos conscientes que una tarea de tal magnitud no es sencilla ni rápida; por el contrario, presenta un alto grado de complejidad y su plena realización exige tiempo. Sin embargo, ello no puede detenemos, requerimos del mayor esfuerzo coordinado por parte de los universitarios para lograr su plena consolidación. Encarando el problema a través de una política global y planificación que precise los objetivos, las prioridades y las etapas de su implementación; política que debe ser elaborada con la mayor participación univer­sitaria y tomando en cuenta las distintas necesidades y características de las escuelas, ins­titutos de investigación y departamentos de apoyo académico.
En este proceso no podemos perder de vista lo vital que es la participación, con su propia actividad y con sus propias demandas, de los sectores ya organizados de la univer­sidad. Su participación bajo esta perspectiva es determinante.Por otra parte, debemos evitar enfrentar la transformación de la estructura de enseñanza de manera parcial y/o formal; debemos concebirla como un problema que en el fondo significa un cuestionamiento po­lítico a las acciones que en el campo de la educación desarrollan la burguesía y el gobierno. Por ello debemos verla no sólo desde su aspecto académico sino también en el político. Por último, es necesario prever la actitud de ciertas fuerzas que desde supuestas posiciones académicas pueden, en la práctica, oponerse a transformaciones profundas y progresistas.
Llevar adelante esta tarea requiere entre otras cosas las siguientes:
a)                     Transformar los planes y programas de estudio de acuerdo con los principios fun­damentales que ha formulado la Reforma Universitaria, es decir una enseñanza científica, integral, activa, desalienante, democrática, nacionalista y popular.
b)                     Crear los lazos y las vinculaciones orgánicas entre la enseñanza superior y la media superior, para que exista plena correspondencia entre estos dos niveles de enseñanza universitaria.
c)                      La solución de los problemas de la enseñanza medía y superior reclama prioridad y creciente atención, no sólo de las escuelas preparatorias, sino también de las escue­las profesionales y de las organizaciones sociales.
d)                     La U.AJP. debe poner a disposición de esta problemática todos los recursos necesa­rios. La cada vez mayor demanda de enseñanza media superior exige un compromiso de las próximas autoridades para formular y desarrollar un sistema regional de pre­paratorias con base en el conocimiento de las necesidades tanto en la ciudad como en el resto del estado y en consideración a las distintas zonas económicas de Pupbla.
e)                      Constituir a la mayor brevedad posible las coordinaciones académicas por áreas, que se den a la tarea de organizar y planificar los primeros trabajos, sistematizar las ex-


periencias y conocer los diversos problemas y generar su discusión. Posteriormente se podrán presentar al conjunto de la comunidad universitaria los proyectos iniciales para la definitiva creación de las coordinaciones académicas.
f)                         Vincular los planes y programas de estudio, de manera activa, a la investigación y extensión universitaria, formando éstas parte fundamental en la formación de los profesionistas egresados de nuestra Institución. Esto conllevaría a la necesaria modi­ficación de las estructuras en que se encuentran ubicadas la investigación y la exten­sión universitaria.
g)                      Modificar la función y el contenido de las tesis, así como los exámenes profesionales.
Este conjunto de tareas van a exigir que la U.AP. fortalezca las condiciones mate­riales y los recursos humanos indispensables que demanda todo cambio cualitativo pro­fundo, Ante esto es necesario fijar nuestra atención en varios puntos:
a)                      Disponer de mejores y más adecuados métodos de enseñanza que contemplen los más recientes adelantos en materia pedagógica, aplicados a los objetivos y a las con­diciones específicas de nuestra universidad.
b)                      La superación académica de los profesores universitarios y la permanente actuali­zación de sus conocimientos científicos y pedagógicos.
c)                       El fortalecimiento de la política de profesionalización de la enseñanza.
d)                      El incremento y reacondicionamiento de las instalaciones, laboratorios y bibliotecas.
e)                       La precisión de los objetivos y del papel que deben desempeñar los organismos académicos, tales como: La Coordinación General de Superación Académica, el Departamento de Planeación y Estadística, etc.
0 Buscar la manera de coordinar planificadamente a través de las instancias necesarias
todos los trabajos relativos a la superación académica, g) Una política de esta naturaleza va a exigir una jerarquización del actual presupuesto universitario, así como nuevos incrementos al subsidio de la U.AP.
La magnitud y el contenido de la transformación radical de la estructura académica, tiene que partir del previo conocimiento de las condiciones existentes en las distintas es­cuelas que forman la Universidad Autónoma de Puebla. Por tanto, una primera tarea que debe ser paralela a la formación de las coordinaciones académicas debe consistir en la ela­boración de un diagnóstico académico que pueda mostrar de manera precisa los objetivos que cada escuela en particular tiene con respecto a la formación de sus estudiantes, a los cambios académicos necesarios y a su proyección hacia el interior de la U.AP. y hacia la sociedad. A partir de este balance se podrá encarar la plena elaboración de los lincamien­tos generales que permitan la discusión en torno a la formación, objetivos y carácter de las áreas académicas para posteriormente, en un congreso universitario en donde parti­cipen el conjunto de profesores, trabajadores y estudiantes, se determine y apruebe una nueva estructura académica en la U.AP.
2. LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y LA EXTENSION UNIVERSITARIA
La transformación académica será imposible si nD tomamos en cuenta el papel que desempeñan en la formación de profesionistas críticcs, ia investigación y la extensión universitaria. La corta experiencia que la Universidad Autónoma de Puebla tiene en el des- arrollo de estos aspectos nos hace ver en todo su significado la necesaria coordinación y planificación entre estos aspectos y la docencia.
Bajo esta perspectiva debemos elevar el peso de las instancias de investigación y ex­tensión hacia dentro y fuera de la Universidad, buscar su integración respetando su relativa autonomía y dotarlas de las estructuras adecuadas para desempeñar sus actividades en un plan superior.
En el terreno de la investigación científica creemos que durante la próxima gestión universitaria es fundamental impulsar:
lo. Que el Instituto de Ciencias, instancia que hoy desarrolla la mayor parte de la inves­tigación científica, determine en función de los objetivos y tareas universitarias, su política de investigación y cuente con una estructura democrática de funcionamiento y coordinación.
2o. Impulsar el desarrollo de nuevos proyectos y fortalecer los existentes, de acuerdo con los objetivos, planes y prioridades que colectivamente determine el LC.U.A i\ (Instituto de Ciencias de la UAP.) y el conjunto de los universitarios. 3o, Desarrollar el espíritu de investigación entre los profesores y estudiantes universita­rios, que coadyuve a su formación profesional y al conocimiento científico de la sociedad.
4o. Para cumplir con los objetivos expresados en 1975, debemos ahora pasar a favorecer la investigación de tipo coy un tu ral (económica, social y política) que permita a la universidad participar con sus propias concepciones y alternativas en el debate local y nacional, con una posición crítica y científica, en los grandes problemas de la re­gión y del país.
5o. Crear las condiciones que permitan formar a un mayor número de investigadores egresados de la institución y desarrollar una creciente divulgación por todos los me­dios con que cuente la universidad a fin de dar a conocer los resultados de las dis­tintas investigaciones en curso.
Por lo que toca a la extensión universitaria debemos tomar en cuenta cuáles son las potencialidades que han sido escasamente desarrolladas y que en esta nueva etapa la mul­tiplicación y diversificación de sus tareas van a requerir una profunda y permanente dis­cusión para adecuarlas a las nuevas exigencias. Algunos aspectos a considerar en la política de extensión podrían ser los siguientes:
a) Fortalecer aquellas instancias que han venido desarrollando un trabajo permanente (música, bufete jurídico, publicaciones, etc.), a través del establecimiento de planes anuales que contemplen su interrelación y la superación de las deficiencias que han mostrado.


b)                     Propugnar las actividades de extensión a fin de abarcar todas las escuelas universita­rias incluyendo preparatorias, institutos y centros de investigación.
c)                       El mayor peso que estas actividades deben tener cotidianamente deben llevar al de­partamento de Extensión Universitaria y Servicio Social a coordinar de manera más efectiva los trabajos particulares de las distintas dependencias que lo constituyen, evitando permanentemente la centralización de las funciones.
d)                     Diseñar a la mayor brevedad posible un programa global de servicio social que fije los objetivos y criterios que faciliten y den un nuevo contenido a esta actividad, que permita el impulso de las brigadas interdisciplinarias y la construcción de campa* mentos de servicio social en la ciudad y en el campo.
e)                       Continuar fortaleciendo la extensión universitaria hacia las comunidades rurales y en el interior de la U.AJ\, dando ahora una mayor importancia al trabajo con los diferentes núcleos urbanos.
f)                        Continuar apoyando la política encaminada al rescate y conservación de los legados históricos de Puebla.
g)                       Buscar nuevos canales de difusión para las actividades culturales y artísticas, entre los cuales puede desempeñar un gran papel la obtención de Radio Universidad.
h)                      Dentro de la política de extensión debemos resaltar el significado de las publicacio­nes universitarias, diseñando una política acorde a los procesos de transformación que han de desarrollarse incrementando sus recursos financieros y humanos.
Especial interés reviste el Hospital Universitario, el cual desempeña paralelamente actividades de apoyo a la docencia y a los programas de extensión universitaria, dando ser- , vicio a los universitarios y a la población de bajos recursos económicos. Sin embargo, la importancia de estas tareas necesita una mayor definición y coordinación con los progra­mas académicos y de extensión universitaria. Por tanto, es fundamental que a nivel docente se establezcan los vínculos necesarios entre el Hospital Universitario y las escuelas de Odon­tología, Ciencias Químicas, Medicina y Enfermería para la realización de planes conjuntos, bajo la perspectiva de la formación de las áreas académicas.
El Hospital Universitario deberá incrementar y mejorar la forma y el servicio mé­dico que se brinde a los universitarios y al exterior, pues aún persisten deficiencias y acti­tudes que van en contra de la concepción que tenemos del Hospital Universitario.
Una tarea que apremia es la discusión con respecto a las modificaciones estructu­rales que normen el funcionamiento y la conducción del Hospital Universitario, que per­mitan una mayor participación democrática de sus integrantes. Paralelamente debemos buscar los mecanismos más apropiados para asegurar un mayor apoyo financiero del Estado hacia el Hospital Universitario.
De esta manera esta Institución podrá jugar en el futuro un papel de mayor enver­gadura para la Universidad y la sociedad.
3. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION UNIVERSITARIA
El gobierno y la administración así como sus métodos, instancias y mecanismos son elementos que juegan un rol principal para el mejor desarrollo de las demás tareas univer­sitarias. Ellas dependen en un cierto nivel de la flexibilidad y dinamismo del gobierno y
la administración, de la existencia de formas y mecanismos que aseguren la plena partici­pación democrática de los universitarios para la solución de sus problemas.
En esta esfera del quehacer universitario requerimos ampliar sustancialmente la de­mocracia, en cuanto es el elemento fundamental que anima y da pleno contenido al go­bierno y a la administración a través del ejercicio permanente de la autogestión, como método de conducción y transformación de la Universidad Autónoma de Puebla.
De entre las tareas a realizar resaltan:
1.       Impulsar una profunda reforma administrativa que adecúe el funcionamiento ins­titucional a los nuevos requerimientos que hoy nos exigen el crecimiento universitario y las demandas del movimiento, que permita combatir la centralización y todos aquellos elementos que tienden a entorpecer y desviar el proceso de Reforma Universitaria. Esta tarea no debe ser vista como un problema exclusivamente técnico y administrativo, sino como un problema cuyo fondo es político, en cuanto está encaminado a incorporar a los universitarios a la conducción real de la universidad. Entre los puntos que la reforma administrativa debe contemplar están los siguientes:
a)                      Combatir los residuos de corrupción y luchar en contra de la burocratización y los rasgos antidemocráticos que existen en varios niveles institucionales.
b)                     La introducción de métodos administrativos modernos y eficientes.
c)                       Reglamentar y delimitar las actividades y competencias departamentales, comba­tiendo la centralización y la inefkiencia.
d)                     Planificar toda esta actividad como parte integral de la planeación universitaria.
2.        Es vital el compromiso que las próximas autoridades deberán desarrollar antes del segundo semestre de 1979, para impulsar la discusión y la aprobación, por parte del Congreso del Estado, de una nueva Ley Orgánica y de un nuevo estatuto universitario, incorporando a la estructura universitaria los avances democráticos del movimiento que garanticen que las relaciones entre los universitarios sean plenamente democráticas. Entre los puntos que deberán ser contemplados están los siguientes:
a)                      Determinar las funciones y el papel del Consejo Universitario como máxima autori­dad en la U.AJ\ Darle un carácter paritario, incorporando a los representantes de los sindicatos, del Departamento de Extensión Universitaria, del Instituto de Cien­cias y de los demás organismos que en el futuro se crearán.
b)                     Reglamentar los derechos y obligaciones de los consejeros universitarios con base en el principio de revocabilidad.
c)                       Ampliar las facultades del Consejo Universitario como órgano que apruebe la polí­tica del gasto de la U.AP., a partir de la difusión y discusión anual del presupuesto universitario, previa consulta entre estudiantes, profesores y trabajadores, de acuerdo con los planes de desarrollo de su centro de estudio y de trabajo.
d)                     Reglamentar las funciones, derechos y obligaciones de la rectoría.
e)                       Determinar las funciones y competencias de los directores y coordinadores de las Escuelas e Institutos, así como las de los jefes de Departamentos.
jf) Establecer los procedimientos y mecanismos para la elección del conjunto de las
autoridades universitarias, que reflejen los avances democráticos alcanzados, g) Convenir las normas generales que aseguren el ordenamiento y la función de todos
los aspectos de la vida universitaria.
3.   Profundizar el contenido democrático de las instancias colectivas de gobierno dentro de las escuelas, discutiendo y enriqueciendo éstas; eliminando los elementos que entorpecen su funcionamiento; incorporando fundamentalmente al sector estudiantil en el ejercicio de la crítica y la vigilancia, haciendo uso del principio de revocabilidad.
4.    No es posible perder de vista el papel que en la reforma administrativa debe jugar el SUTUAP, considerando que, en ningún caso, las modificaciones administrativas pudieran traducirse en disminución del personal administrativo. En función de los legítimos dere­chos de los trabajadores, la Institución y el SUTUAP deberán establecer la manera más adecuada para resolver este problema.
5.    Para un buen desarrollo de las relaciones laborales entre la U.AP. y sus trabajado­res académicos y administrativos, es fundamental que la Institución determine con preci­sión su política laboral. En el caso del personal académico y de investigación es imposter­gable la creación del departamento de personal.
El proceso de construcción de una nueva Universidad no está aislado del acontecer más general; se encuentra inmerso en la lucha por la transformación social. Esto sólo será po­sible en la medida que se extienda y profundice la unidad consciente y organizada de los universitarios y de éstos con los trabajadores de la ciudad y el campo que hoy luchan por transformaciones democráticas y revolucionarias.
La nueva etapa de la Reforma Universitaria y las tareas a desarrollar requieren de una mayor y mejor participación de los estudiantes, profesores y trabajadores de la Universi­dad, pero también de un cambio en las formas de concepciones con que se deberá impul­sar. La etapa que iniciamos deberá permitir una elevación del nivel ideológico y político de los universitarios poblanos. Las transformaciones estructurales deben conllevar también la modificación de la mentalidad universitaria.
Los universitarios deberán ejercer un mayor derecho en la participación y la con­ducción democrática de la U.A.P. La crítica, la autocrítica y la vigilancia deberán ser per­manentes hacia los órganos de gestión universitaria y a sus integrantes, para garantizar la vigencia de los principios democráticos universitarios en todos sus niveles.
La responsabilidad y el compromiso de los sectores organizados de la Universidad tendrá que ser en magnitudes mayores, tanto en la profundización de su democracia in­terna, como en la elaboración de sus alternativas y en la contribución al fortalecimiento de la democracia universitaria en general.


En varias ocasiones hemos manifestado la importancia que deben jugar los estu­diantes universitarios, por ser el grupo mayoritario y el más directamente relacionado con las transformaciones académicas, de extensión e investigación. Hemos observado con preo­cupación que el movimiento estudiantil no ha logrado organizarse de manera democrá­tica e independiente. Creemos, sin embargo, que cada día es mayor la inquietud estudiantil por la superación académica y por obtener una mayor participación en la conducción de los problemas de la U.A.P., asi' como por alcanzar una vinculación efectiva en la búsqueda de alternativas a los problemas de la mayor parte de la población.
El reciente auge del movimiento estudiantil nos hace pensar en su próxima organi­zación; ante ello, la Institución y las organizaciones sociales de tipo sindical deberán dar plena cabida a sus reivindicaciones de participación democrática y a sus demandas acadé­micas.
La reforma universitaria en cuanto movimiento, debe contemplar su vinculación orgánica con el movimiento democrático de la región para fortalecer su carácter revolu­cionario y contribuir desde su propia perspectiva a la superación de las carencias que hoy mantienen grandes sectores urbanos y rurales.
De la comprensión cabal del significado de esta vinculación y de su ejercicio perma­nente, del fortalecimiento del sindicalismo universitario independiente, de la organización de los estudiantes, de la elevación de la conciencia política e ideológica de los universitarios, y de la consecusión de los objetivos que nos planteemos para este período, dependerá que la Universidad Autónoma de Puebla avance firmemente en su transformación democrática, crítica y popular, que permita sortear y superar los obstáculos internos y externos que pretendan actuar en contra del proceso. Sólo así, éste será verdaderamente irreversible y duradero.
Las condiciones imperantes a nivel nacional y regional a propósito de la educación superior y media superior nos hacen prever la magnitud y la dificultad que tenemos que enfrentar para profundizar la reforma universitaria. Una vez más estamos convencidos de que sólo la acción de las masas, su nivel de conciencia y movilización, son los únicos elementos capaces de llevar a la práctica las tareas planteadas.
En este sentido, hacemos un llamado a los universitarios y a sus organizaciones so­ciales, a los grupos académicos y a las personalidades democráticas, a desarrollar una pro­funda y eficaz discusión del material de trabajo que presentamos, para poder elaborar posteriormente el proyecto definitivo incorporando todas las sugerencias y alternativas propuestas.
No debemos circunscribir esta discusión y análisis al evento de cambio de autorida­des, sino prolongarlo de manera permanente como norma universitaria para el próximo periodo.
Por último, quisiéramos hacer un llamado a la comunidad universitarias vigilar el cumplimiento democrático del proceso electoral y a denunciar cualquier acto de provoca­ción interno o extemo que esté encaminado a impedir que sean los universitarios pobla­nos los únicos capaces de decidir su futuro.
Puebla, octubre 7 de 1978.
LA REFORMA UNIVERSITARIA: CAMINO DE SUPERACION Discurso de toma de posesión del cargo de rector, para el periodo
1978-1981. (7 de octubre de 1978)
Hace tres años, en un acto semejante al que ahora realizamos, tuve el honor de rendir pro­testa en cumplimiento de nuestros mandatos legales, para ocupar el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Puebla, después de haber sido electo como tal a través de una jornada democrática, con la participación activa de las bases universitarias de este centro
de educación superior»
Hoy se repite este hecho, pero nos encuentra más maduros, más unidos, más cons­cientes de nuestra fuerza, de nuestras convicciones y de la justeza de nuestros ideales, plasmados en los documentos que hemos llamado Programa de Reforma Universitaria.
En estos tres años, esta universidad ha recorrido un largo camino de superación en todos sus órdenes: académico, organizativo y administrativo; y ha logrado éxitos realmen­te espectaculares, que han sido motivo de orgullo y satisfacción de toda la comunidad uni­versitaria y que han tenido reconocimiento en los medios sociales de nuestro país.
Hemos logrado conquistar el respeto hacia nuestra máxima casa de estudios y la actitud que hacia ella se manifiesta es muy distinta a la que en años anteriores se tenía. Nuestra imagen se ha vigorizado.
Quisiera, con motivo de esta ceremonia, hacer referencia a los aspectos que en nues­tro concepto merecen consideración especial y que se refieren a los logros realizados por los universitarios poblanos en estos tres últimos años.
En primer lugar es digna de mención la consolidación del proceso democrático ini­ciado en 1972, con la administración del químico Sergio Flores, en los seis años de activi­dad y ejercicio práctico de la democracia universitaria.
Hoy día, nuestra universidad ha sentado las bases de un proceso auténticamente de­mocrático e irreversible, que se manifiesta desde las formas de gobierno que existen en las diferentes escuelas de la universidad, hasta la elección del rector de la institución, pasando por las diferentes instancias de gobierno de nuestra casa de estudios.


Podemos decir con entera satisfacción que han sido relegadas al olvido y definitiva­mente canceladas, las viejas formas despóticas y antidemocráticas de gobierno del pasado, aunque aún permanecen en algunos lugares ciertos rasgos antidemocráticos. Como es justo reconocerlo, también es justo afirmar que estos rescoldos del pasado están siendo elimina­dos paulatinamente y no son parte, ni remotamente, de las formas de relación interuniver­sitarias que ahora norman nuestra vida institucional.
La manifestación más clara de esta auténtica y genuina apertura democrática se pre­senta, primordialmente, en el acceso y participación de las grandes masas universitarias en la toma de decisiones, en la búsqueda colectiva de mejores formas de organización y des­arrollo, en la presencia de un sindicalismo auténticamente independiente, que coadyuva al enriquecimiento de nuestra experiencia y de nuestra teoría.
También se manifiesta por la libertad de expresión, que es actualmente una de las normas que prevalecen en la Universidad Autónoma de Puebla, en la discusión en torno a los problemas candentes, tanto de nuestra propia institución, como de los de la región, del estado y del país.
Por otra parte, es digna de mención la presencia de partidos y grupos políticos dentro de nuestra universidad, que en uso de la libertad,norma ya consolidada en nuestro ambien­te, participan abierta y claramente en la problemática, aportando lo mejor de su esencia a la configuración de una universidad democrática, crítica y popular.
No podemos dejar pasar la oportunidad de plantear en esta ocasión, uno de los pos­tulados en los que se asienta nuestra estructura democrática, que es la posibilidad de libre asociación para todos los universitarios poblanos, esto permite la presencia de otros parti­dos, de otras organizaciones políticas, incluyendo a los grupos de derecha, grupos religio­sos y al propio partido oficial del gobierno de México.
Salvo las organizaciones de corte fascista, como los que alguna vez padeció esta uni­versidad, salvo los grupos de corte imperialista y enemigos acérrimos de la democracia, que actualmente están cobrando nueva vida y tratanto de impedir y desviar el desarrollo de­mocrático que emerge impetuoso en México; salvo estos grupos, todos los demás tienen derecho, si así lo desean, a participar abierta y francamente en la vida interna de nuestra universidad.
Lejos de los universitarios poblanos está la idea de que sólo tienen derecho a la par­ticipación los grupos y partidos de izquierda. Aunque es cierto que a éstos se debe el nuevo horizonte de libertad en que vivimos, también es cierto que sería una actitud mezquina y antidemocrática el impedir la emergencia de grupos con una ideología y una línea política opuesta a la nuestra.
Será en el debate diario, dentro de las normas de respeto mutuo, donde se aclararán las concepciones y donde surgirá el programa que se considere que debe normar el futuro desarrollo de nuestro país y de nuestra universidad. Hasta ahora los grupos y partidos po­líticos, a los que hacemos referencia, no se han manifestado como tales. Ignoramos las razones y somos respetuosos de sus decisiones. Solamente queremos dejar en claro cual es y será nuestra posición al respecto.
Entre los aspectos más destacados de la estructura de la Universidad Autónoma de Puebla, se encuentra el relativo a la autonomía universitaria, tema muy debatido en la actualidad, sobre la cual se ciernen graves peligros, si no sabemos protegerla.
Se puede decir que ha tocado en suerte a la Universidad Autónoma de Puebla, a tra­vés de las luchas en defensa de sus libertades, enriquecer el concepto de autonomía uni­versitaria, que debe contener como aspectos esenciales los siguientes:
A. Libertad de cátedra para el desarrollo de la ciencia y la enseñanza.
g El autogobierno de los universitarios libremente decidido, sin restricciones e interfe­rencias del poder público. C El desarrollo de la actividad crítica y el debate de los problemas económicos, políti­cos y sociales de nuestro país y del mundo. D El derecho de tos universitarios a participar en la vida política y de actuar en apoyo a los movimientos populares que buscan la transformación y el progreso de la socie­dad, dentro de los marcos constitucionales.
Planteado el problema en estos términos, la autonomía universitaria resulta ser una condición necesaria para el desarrollo en los campos de la ciencia y la cultura.
Vistas así las cosas, la autonomía no significa el aislamiento del universitario del con­texto social en el que está inmerso, sino todo lo contrario. Significa que hará el más libre uso de su poder generador de ideas y de creación de valores, tanto materiales como espiri­tuales. Sus límites están determinados sólo por las obligaciones que la universidad ha con­traído con el pueblo de México.
Haciendo una síntesis muy apretada de nuestro concepto de autonomía universita­ria, podemos decir que es la esencia misma de la vida de nuestra actual institución; y que, cualquier lesión que sufra, repercutirá desfavorablemente en el resto de la estructura.
De aquí la necesidad de salir en su defensa de modo decisivo y no permitir que sea vulnerada, por más atractivo que pudiera parecer cualquier intento de transformar su con­tenido. No en vano los grupos más reaccionarios que existen en nuestro país enfocan sus ataques en el sentido de modificar y restringir el contenido de la autonomía universitaria, y es por esto que debemos estar vigilantes y alertas respecto al proyecto de legislación uni­versitaria nacional, que se pretende establecer, postulando con énfasis especial el concepto de autonomía universitaria.
Estrechamente ligado con lo anterior, aparece el problema de la nueva ley orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla, cuya vigencia data del año 1960.
En esos dieciocho años, la universidad ha sufrido cambios y transformaciones pro­fundas, que no están contempladas en la actual legislación universitaria.
Por lo anterior afirmamos que la mencionada legislación ya no satisface las necesida­des de la nueva universidad, que ha sido rebasada con creces y que no solamente no refleja la realidad objetiva de la institución, sino que en ocasiones actúa como un freno al desarrollo universitario. Estamos convencidos de que esta es una opinión compartida por la inmensa mayoría de los universitarios poblanos.
La necesidad de modificar las funciones de la universidad, así como los aspectos de­mocráticos, junto con su crecimiento y desarrollo, son entre otros, los elementos que debe­rán estar presentes en la formulación de la nueva legislación universitaria, acorde con el tiempo que se vive.
Como ejemplo de la falta de adecuación de la actual legislación, basta mencionar la importancia de los sindicatos universitarios, que constituyen una de las características prin­cipales de nuestra nueva estructura y que, sin embargo, no están incluidos en la Ley Orgá­nica, Algo semejante ocurre con las formas colectivas de gobierno que predominan en la mayoría de las escuelas de la Universidad Autónoma de Puebla y cuya existencia no está contemplada en la legislación. En lugar de estas modalidades aparecen las formas anquilo­sadas de gobierno, reiteradamente superadas en la praxis cotidiana de la vida institucional.
Por eso, repetimos, debemos darno* de inmediato a la *j.rea de elaborar un proyecto de ley orgánica en el que incluyan los aspectos novedosos de h vida universitaria; que garantice 'a preservación de todas aquellas nonnas democráticas del -nevo tipo de relacio­nes que constituyen el signo distintivo de la Universidad Autónoma de Puebla; y que las liberen de tas contingencias y peligros que pudiesen presentarse en el futuro.
Dentro del marco de la reforma universitaria, que plasma io^ inhelos de la comuni­dad universitaria, se advierten dos grandes capítulos, la reforma académica y h reforma administrativa.
Por lo que se refiere a la reforma académica, creo que se logrará a través de una trans­formación radical de la actual estructura académica, que aún deja mucho que desear y que mantiene en vigor formas que distan mucho de las metas contenidas en los planes de reforma universitaria.
Hay que agrupar las escuelas en función de las áreas de conocimiento, oponiendo a la parcialización del conocimiento, la actividad interdisciplinaria y los troncos comunes de estudio, que den a los estudiantes una visión profunda y amplia de los diversos campos del conocimiento, ligados a una determinada carrera profesional. En fin,nuestra meta debe ser proporcionar una educación científica, sustentada en la comprensión de las leyes genera­les que rigen e) curso de la naturaleza y de la historia, una educación integral, globaliza- dora del conocimiento, que haga que la necesaria especialización no se convierta en par- cialización y mutilación del conocimiento. Una educación activa y no pasiva, que haga al alumno partícipe en la búsqueda de la verdad científica; una educación desalienante, que lleve al hombre al encuentro de sí mismo y del mundo en que vive y se desenvuelve. Para que eleve su conciencia como miembro activo de un mundo en continuo proceso de cam­bio. Una educación democrática, que de cabida a todas las corrientes del pensamiento y de la cultura universal, ligada profundamente a la vocación democrática y liberadora de nuestro pueblo.
Pero una condición sirte qua non para la realización plena de estas normas, radica en la capacitación y superación constante del profesorado de esta institución. Creemos que es necesario abandonar los criterios conformistas tan cómodos, que entrañan pereza inte­lectual; que debemos lanzarnos a la búsqueda constante de nuevos conocimientos, de nue­vos métodos pedagógicos y de nuevos recursos didácticos, que nos capaciten para desem­peñar con eficacia nuestro papel de conductores de las jóvenes generaciones, que llegan a la UAP.
Ser maestro es una grave y delicada responsabilidad, pero tengo la convicción de que este espíritu de renovación está en la conciencia de todos y cada uno de los maestros de esta Universidad. No en vano han ocurrido tantas transformaciones, tantos sacrificios y tantas luchas, en las que han sucumbido algunos entrañables compañeros nuestros, como Joel Arriaga, Enrique Cabrera, Alfonso Calderón y otros más.
íntimamente ligada al desarrollo académico, se encuentra la reforma administrativa, sin la cual serían vanos los esfuerzos de superación académica. Es necesario planificar esta actividad en función de la planeacion general de la universidad. También es menester in­troducir métodos modernos y eficaces de administración universitaria, reglamentando y estableciendo claramente funciones y responsabilidades. Este es el momento propicio para barrer definitivamente los restos de burocratismo y corrupción que aún permanecen en al­gunos sectores.


Tanto los métodos como las instancias y mecanismos de la administración, deben adecuarse a las complejas y crecientes necesidades que entraña el crecimiento y desarrollo de la universidad.
Pero dentro de la actividad que bien pudiéramos llamar de superación administrati­va, debemos señalar, ocupando lugar primordial, el problema de la superación profesional de los trabajadores administrativos, vieja aspiración varias veces expuesta, pero hasta ahora aplazada. Creo que ha llegado el momento de responder afirmativamente a esta noble y genuina aspiración del trabajador universitario, elevando su eficiencia técnica y mejorando, como consecuencia, su nivel de vida, mediante una remuneración adecuada a sus necesida­des y a su creciente capacidad administrativa.
Pasando a otro orden de ideas, debemos referirnos al problema del financiamiento de la educación superior, en general, y de la UAP, en particular. Uno de los postulados bá­sicos de la universidad popular es el libre acceso a la educación de todos los jóvenes con deseos de superarse a través del estudio de una carrera profesional y, de preferencia, abrir las puertas de las universidades a los jóvenes provenientes de las clases populares de nues­tro país.
Ante el problema del financiamiento de la educación superior, nosotros mantene­mos el criterio, sostenido públicamente y abiertamente en cuanto foro ha estado a nuestro alcance, que es obligación del Estado otorgar los subsidios necesarios para el desarrollo de las universidades. Esto implica que rechazamos enfáticamente cualquier tipo de solución antipopular que pretenda hacer recaer en el estudiantado el costo de la educación superior. De no ser así estaríamos propugnando una educación elitista, ajustada a la clase social económicamente privilegiada, traicionando los intereses populares; así, pues, la educación casi gratuita seguirá siendo una de las demandas básicas de nuestro programa de reforma universitaria y la lucha por adecuados aumentos de subsidio continuará siendo una de las tareas fundamentales de la nueva administración.
Por lo que se refiere a la adquisición de los fondos necesarios para el desarrollo de la vida institucional global, es necesario que éstos se otorguen siguiendo una serie de normas entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
A.                     Subsidios adecuados a los planes y proyectos elaborados por la universidad.
B.                     Que los subsidios estén acordes con el crecimiento de la población estudiantil. Y además, que consideren la elevación de precios de los artículos y las justas demandas de aumentos salariales y otras prestaciones que los trabajadores planteen.
C.                    Que en el otorgamiento de subsidios se eliminen los criterios políticos o ideológicos, que en nada ayudan a las altas finalidades de la educación superior.
La nueva etapa de la reforma universitaria y todas las tareas que de ella se despren­den, requieren de la participación organizada de toda la comunidad, estudiantes, profeso­res y trabajadores. Sólo la participación activa de ellos garantiza el éxito de la empresa, pues es evidente que no se trata de una tarea que pueda descansar tan solo en los hombros de una persona o de un grupo de hombres.
La participación debe ser considerada no sólo como un deber, sino también como un derecho que permita la elevación de los niveles ideológicos y políticos de los universi­tarios, pues las transformaciones implementadas también se reflejan en la constitución de una nueva mentalidad.
Es deber de los universitarios ejercer el derecho a la participación, pues sólo de esta manera tendrán, también, el derecho al ejercicio de la crítica, a la vigilancia del estricto cumplimiento de la reforma universitaria y a la vigencia de las normas democráticas que ella implica. La responsabilidad debe ser colectiva y manifestarse en la participación, tam­bién colectiva y organizada, de las bases universitarias.
En tomo a este problema de la participación, queremos mencionar el siguiente hecho y darle el peso que le corresponde. De los tres sectores que conforman la Universidad Autónoma de Puebla, dos de ellos, profesores y empleados, se encuentran organizados a través de sus respectivos sindicatos. Sólo los estudiantes permanecen sin organización al­guna, cosa que nos parece totalmente indebida y nada satisfactoria.
En varias ocasiones hemos manifestado la importancia que corresponde a los estu­diantes universitarios, por ser el grupo mayoritario y el más directamente relacionado con las transformaciones académicas, de extensión y de investigación.
Hemos observado, con preocupación, que el movimiento estudiantil no ha logrado organizarse de manera democrática e independientemente. Creemos,sin embargo que cada día es mayor la inquietud estudiantil por la superación académica y por obtener mayor participación en la conducción de los problemas de la UAP, así como por alcanzar una vinculación efectiva en la búsqueda de alternativas a los problemas de la mayoría de la población.
El reciente auge del movimiento estudiantil nos hace pensar en su próxima organiza­ción. Para ello, la institución y las organizaciones sociales de tipo sindical deberán dar ple­na cabida a sus reivindicaciones de participación democrática y a sus demandas académicas, como se plantea en el proyecto de plan de trabajo para profundizar la reforma universitaria, correspondiente a 1978-81.
Quisiera, por último, referirme a un aspecto de vital importancia y que merece nues­tra mayor atención.
Me refiero al programa de Reforma Universitaria, que ha venido siendo desarrollado desde su publicación en 1975; y que contiene en forma clara y explícita los objetivos, me* tas y formas de consolidación de nuestra universidad democrática, crítica y popular.
En la introducción del documento mencionado se asienta lo siguiente: El objeto fundamental del presente programa es el de continuar el proceso de reforma universitaria democrática. El programa no es fruto de las ideas o de la imaginación de una persona o grupo de personas. El programa debe ser la expresión sistematizada de las necesidades del proceso de reforma:
El movimiento no se ha limitado a plantear los fines inmediatos de un sector univer­sitario, sino que ha incorporado los objetivos futuros de los trabajadores, obreros y cam­pesinos mexicanos.
Por ello ha sido también un movimiento profundamente popular. Se considera que el presente programa, que trata de asimilar la historia del movimiento, la historia de la lu­chaf sea tomado como un proyecto. Un proyecto que se verá enriquecido de la única ma­nera en que ésto es posible, es decir; de la misma manera en que se ha forjado: con la par­ticipación de las masas, con su organización y con sus luchas (Por una Universidad Demo­crática, Crítica y Popular: proposiciones para un programa de reforma universitaria: 1975).
El proyecto de plan de trabajo para profundizar la reforma universitaria, que ha sido profusamente difundido entre la comunidad universitaria, es, como su título lo indica,


tm proyecto que tiene por finalidad prolongar y profundizar el programa de reforma uni­versitaria.
Este nuevo proyecto contiene ideas cuya aplicación nos ayudará a implementar una serie de medidas y a precisar las tareas centrales que debemos impulsar en los tres próxi­mos años, para ir construyendo los diversos aspectos del programa de reforma universita­ria e ir haciendo realidad las demandas de las bases universitarias.
El proyecto para 1975-1981, está estructurado de tal manera que puede convertirse en el elemento que genere la discusión y permita realizar un análisis crítico de la proble­mática universitaria, que nos permita recoger las opiniones de todo el conjunto de univer­sitarios, las cuales serán tomadas como las bases de un programa definitivo, que pueda ser considerado como la expresión genuina de la volutad de todos los universitarios poblanos.
La Universidad Autónoma de Puebla atraviesa en estos momentos por uno de sus períodos de mayor empuje, de mayor decisión y de consolidación. Largo ha sido el camino recorrido dentro del proceso de desarrollo universitario. Pese a los obstáculos y a las agresiones su­fridas, este desarrollo se ha mantenido vigoroso y pujante, como lo demuestran de modo cotidiano las acciones que esta universidad ha emprendido en ios diversos campos, cultural, científico, social y político.
Debemos tener claridad y percatarnos de que este desarrollo es un lento proceso ascendente, progresivo, realizado con el apoyo y el entusiasmo de todos los universitarios; que el día que ese apoyo falte, en ese momento, se paralizará todo. La universidad perderá su vigor juvenil y correrá el peligro de regresar a etapas que hoy por hoy, están totalmente superadas.
La lucha por construir una universidad democrática, crítica y popular, atraviesa por múltiples dificultades. Existe la posibilidad de que la UAP caiga en manos de sus enemigos. No pasa día sin que recibamos informes de que se está urdiendo tal o cual complot contra la UAP, sus dirigentes y sus miembros más destacados.
Por esta razón es que, desde esta tribuna, hago un llamamiento a toda la comunidad universitaria, para acrecentar la firmeza de sus convicciones, mantener una actitud de com­bate y hacer efectiva su participación en las tareas que nosotros mismos nos hemos im­puesto de modo consciente.
Hago un llamado a los universitarios, a sus organizaciones sociales, a los grupos aca­démicos y a las personalidades democráticas de Puebla y del país, a mantenernos unidos en tomo al Programa de Reforma Universitaria; y sobre todo, unidos en el empeño de verlo realizado con la participación de todos.
Estoy sinceramente convencido de que estamos creando el modelo de la universidad mexi­cana del futuro. Que la Universidad Autónoma de Puebla está dando una contribución va­liosa al establecimiento de la democracia en nuestro país y a los métodos y formas de re­solver los problemas con la participación de las masas, aboliendo los viejos métodos y formas antidemocráticas, que hasta ahora siguen predominando en nuestra nación.
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ella.
GRACIAS:

Tal es nuestra responsabilidad histórica y estoy seguro de que seremos dignos de
Puebla, noviembre 10 de 1978,


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